Conversamos con Jilma Judith, mujer jefa de hogar y jubilida, quien integra el Comité de Lucha por la Recuperación del ROP.
Etiqueta: Más Noticias
ANEP cuestiona ante CONASSIF nombramiento de Rocío Aguilar como Superintendente de Pensiones
–Rocío Aguilar no cumplió orden contralora de suspensión
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicita al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), brindar explicaciones de las razones que mediaron para nombrar a Rocío Aguilar Montoya, como nueva Superintendente de Pensiones.
Dentro de los cuestionamientos que plantea la ANEP al ente supervisor, se encuentran informar y dar a conocer sí se realizó un concurso público para el puesto, las bases respectivas del mismo, así como las personas participantes y la votación para el nombramiento; esto con el objetivo de demostrar que la elección de Aguilar Montoya no obedeció a una designación de corte político o a dedo.
En el documento enviado al CONASSIF, la ANEP también detalla y cuestiona que el puesto de Superintendente de Pensiones se entregó a una persona (Rocío Aguilar) que meses atrás burló una sanción que le correspondía cumplir de un mes de suspensión en su puesto anterior, como Ministra de Hacienda. “Aprovechando que la sanción aún no estaba en firme, renuncia a su cargo y evade el cumplimiento de su castigo”.
“La sanción de suspensión de 30 días sin goce de salario para doña Rocío solicitada por la Contraloría General de la República (CGR), en octubre del 2019, al señor Presidente de la República, se fundamenta en que ella, como Ministra de Hacienda, pagó compromisos del Gobierno con sus acreedores a principios de la administración actual, sin tener contenido presupuestario para hacerlo; es decir, sin estar autorizada realizó pagos con fondos públicos, o más sencillo, desvió fondos públicos, pues con su actuar y según la mismísima Contraloría ella fue responsable de un hueco fiscal de alrededor de 900 millones de colones”, indica el documento.
Para Rafael Mora Solano, asesor político de la ANEP, es inexplicable que una persona con estos atestados de incumplimiento en la función pública sea nuevamente colocada en un puesto como el de Superintendente de Pensiones, ya que Aguilar Montoya no solo violentó el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General por el cual sería sancionada, si no también incumplió con el “Deber de Probidad”, tal y como lo establece la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su artículo 3 (ver recuadro adjunto).
La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su Artículo 3, establece que: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”
Es decir, que, aunque para toda la ciudadanía y la opinión pública en general quedó claro que doña Rocío evadió de forma irresponsable la sanción que le correspondía y que causó un grave daño a las finanzas públicas; fue premiada con el puesto de Superintendente de Pensiones, por lo cual hacemos estos cuestionamientos ante el CONASSIF”, detalló Mora.
En el documento, ANEP recordó al CONASSIF, que son un ente público, por lo tanto, está sujeto a lo que establece la “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, así como, la “Ley de Control Interno”, por lo que también es responsable en el ámbito de la función pública con relación al “Deber de Probidad”.
Compartimos documento enviado al CONASSIF
ANEP cuestiona ante CONASSI… by EugenioGuerrero on Scribd
Señor Presidente: Usted no debe vetar el Proyecto de Ley 21.922
Rechazamos y condenamos la solicitud del señor Rodrigo Alberto Chaves Robles, Ministro de Hacienda quien, en nota dirigida al Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, le solicita el “veto parcial” de la que acaba de ser aprobada Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19, Expediente Legislativo No. 21.922
Como es del conocimiento de la opinión pública, el pasado martes 19 de mayo dicho expediente fue votado en segundo debate legislativo, con el respaldo de una amplia mayoría de diputadas y de diputados; a pesar de las presiones político-mediáticas y empresauriales de parte de personas y entidades ya sumamente reconocidas por sus posiciones ideológicas contrarias al papel de las instituciones estatales de servicio público en el desarrollo de la sociedad, como lo son las municipalidades.
Argumenta el ministro Chaves Robles que debe cumplirse, a rajatabla, con lo que establece la dañina Ley No. 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, más conocida como el “paquetazo fiscal”; misma que con su sola aplicación y antes de la pandemia del coronavirus covid-19, ya había logrado, con la imposición del impuesto al valor agregado (IVA), que muchos pequeños y medianos empresarios cerraran sus negocios y que quedaran muchas personas trabajadoras sin empleo.
La regla fiscal que impone la Ley 9635 es una norma fiscalista de corte ideológico y con fines determinados a limitar y disminuir la inversión social desde la esfera pública (como los gobiernos locales), con el último afán de debilitar la institucionalidad pública. Pero, además, es una norma que nunca debió aplicarse a las municipalidades puesto que como lo hemos dicho hasta la saciedad desde la ANEP, éstas entidades no son ni serán parte responsable del déficit fiscal; como tampoco, por cierto, lo es el empleo público responsable de ese déficit.
Y es que no se puede meter dentro de una regla fiscal al sector municipal por cuanto los ingresos de este sector, no dependen de la hacienda pública. Bien lo sabe el señor ministro Chaves Robles: las municipalidades generan sus propios ingresos y no dependen de los impuestos e ingresos que recibe el Ministerio de Hacienda.
Por eso, las señoras diputadas y los señores diputados que durante la aprobación del paquete fiscal, fueron secuestrados y obligados a aprobar tan nefasta ley para los y para las costarricenses, cayeron en razón; y, entendieron que lo prudente no sólo para enfrentar la pandemia del covid-19 y sus efectos después de que pase la misma, en las diferentes regiones del país y en todos los cantones, era liberar a las municipalidades de una anacrónica y desfasada regla fiscal que nunca debió aplicarse a los municipios.
Ahora sí, las municipalidades serán, a lo ancho y largo del país, ese brazo potente que fuera de la regla fiscal, se convertirá en la plataforma cantonal para el relanzamiento de los esfuerzos del sector productivo nacional y, por supuesto, ayudarán a generar alternativas de desarrollo y empleo en comunidades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Grave error cometería el Presidente de la República si desoye el clamor de los señores alcaldes y de las señoras alcaldesas, de los concejos de los 82 cantones de la República; así como de la comunidad civil, laborar y obrera de las municipalidades.
No menos grave es el desconocimiento político por parte de un ministro de Estado de la decisión “mayoritaria” de diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa que impulsaron y aprobaron el proyecto de Ley No. 21.922.
Desde la ANEP estaremos vigilantes y no claudicaremos en la defensa del sector municipal, del empleo público y de la inclusión social y productiva que demandan las micro-pequeñas y medianas empresas potenciales receptoras de soporte municipal en esta grave crisis social y económica que ya vivimos.
San José, miércoles 20 de mayo de 2020.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
ANEP, el Encuentro Social Multisectorial y Voces Unidas apoyan al Artista Nacional
¿Es bibliotecólogo del MEP? Seccional de ANEP detalla resultados de reunión con Directora de Recursos Humanos
El pasado 14 de mayo, la Seccional ANEP-Bibliotecólogos y Afines del MEP tuvieron la primera reunión con la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP), Yaxinia Díaz Mendoza en la expusieron varias de sus inquietudes laborales.
Algunos de los temas .abarcados fueron la actualización de funciones, trabajadores con títulos con enfoque en tecnologías y el enfoque a la docencia. Además, se sumó el horario de las labores.
¿Cuá fue la respuesta para cada una de esas inquietudes?
Actualización de funciones de los bibliotecólogos que laboran en el MEP: Se acordó realizar una propuestas de las funciones actualizadas, las cuales deberán presentar en un mes en una reunión junto con la directora de Recursos Humanos.
Bachillerato en Tecnologías de la Información y la Comunicación y Licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en docencia para ejercer la enseñanza en el área de bibliotecología: Con respecto a este tema se estará enviando la consulta a la Unidad de Análisis Ocupacional.
Nombramientos en propiedad y por inopia: Para el próximo año habrá un concurso y con las inopias se irá solucionando con los puestos que se ofrecen en la página de Recursos Humanos y que se les envía a los correos del MEP.
Diferenciación entre Bibliotecólogo de Centro Educativo 1 y el Bibliotecólogo de Centro Educativo: Esta es una clasificación hecha por la Dirección General de Servicio Civil, el cual se ampara en su principio, de la Ley de Carrera Docente. Sin embargo, es importante presentar una propuesta a Servicio Civil para buscar una equiparación en ambas clases de puestos, por lo que será una lucha a futuro.
Horario laboral y el período de vacaciones: En torno a este tema se hará el planteamiento para que se incluya el tema de la jornada laboral de las 40 horas semanales en la Convención Colectiva próxima, ya que la actual vence en este mes.
En cuanto a las vacaciones, se puede presentar una reforma a la Ley de Carrera Docente, donde se nos agregue como docentes, sin embargo se perdería la dedicación exclusiva. Nuestro parecer y el de muchos, es contraproducente al profesional de bibliotecología. Por lo que por nuestra parte no se continuará con tal consulta.
Bibliotecólogos y Afines expondrán sus inquietudes laborales a Directora de Recursos Humanos del MEP
Asesor Legal de ANEP logra exoneración de dos oficiales de la Fuerza Pública de procedimiento disciplinario
El abogado David Estrada, de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP logró ganar un procedimiento disciplinario que se le había establecido a dos afiliados de apellidos Castro y Céspedes, oficiales del Ministerio de Seguridad Pública.
“Los policías Castro y Céspedes se encontraban en su tiempo libre, caminaban por San José centro, cuando fueron abordados por un grupo de 2 mujeres y 2 hombres, quienes trataron de asaltarlos y le sustrajeron una batería externa a uno de ellos. Los oficiales intentaron resistirse al asalto, lo que dio lugar a una discusión entre las personas presentes y el evento ocasionó la llegada de agentes de policía que estaban patrullando por la zona”, indicó el abogado.
Las mujeres sospechosas del asalto trataron de acusar a los señores Castro y Céspedes de haberlas agredido, por lo que el Ministerio de Seguridad Pública les abrió un procedimiento disciplinario en su contra.
“No obstante, la UAJ-ANEP les brindó el acompañamiento legal a los dos afiliados y eventualmente, se demostró la inocencia de los dos policías por lo que se les estaba acusando y resultaron exonerados de toda responsabilidad disciplinaria” agregó.
El tren eléctrico puede esperar…¡La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no!
- Costo total de este proyecto equivale casi la mitad de lo que el Estado le debe a la CCSS
- Las reservas internacionales del país podrían financiar el aporte del país
- Demasiadas cosas faltan de ser auscultadas en este proyecto multimillonario
El proyecto multimillonario del tren eléctrico puede esperar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¡no!
El criterio oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en tal sentido, es que la más grande prioridad de la política pública, junto a la imperiosa necesidad de la reactivación económica y la generación de empleos de calidad bajo los principios de Trabajo Decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe ser atender con prontitud el grave problema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); básicamente generado por la deuda contraída por el Gobierno con esta imprescindible institución para la vida del pueblo costarricense, cuyo monto es, ya, sin discusión alguna, de ₡1 billón 900 mil millones… hasta este momento.
Se nos ha informado de que el proyecto del tren eléctrico ya no costará ₡703 mil 950 millones, por los 73 kilómetros que en un inicio se dijo que costaba construirlos. Esto es un promedio de ₡9 mil 643 millones por km.
Se indica que se han agregado 11 kilómetros más, para un total de 84, lo que eleva el costo total del proyecto a ₡855 mil millones.
Pasar de un costo total de ₡703 mil 950 millones a ₡855 mil millones por 84 km, nos dice que, entonces, hubo un fuerte aumento de ₡151 mil 050 millones por esos 11 km. adicionales; es decir, ₡13.731 millones por cada uno de esos 11 km. adicionales. Algo no nos calza aquí…
Nótese que los 74 km iniciales salían a un promedio de 10.178 millones por km.; mientras que los 11 km adicionales, costarían 13.731 millones cada uno. ¿Qué pasó, entonces?
Al ser el monto ya oficialmente reconocido como deuda del Gobierno con la Caja, de ₡1 billón 900 mil millones, los ₡855 mil millones del nuevo costo del proyecto de tren eléctrico, vienen a representar casi el 50 % de esa deuda; para ser exactos, un 45%.
Con una decisión política contundente de parte del Poder Ejecutivo (y la cuestión de la pandemia del coronavirus covid-19 da argumentos de sobra), el ente financiero que presta los $550 millones para el proyecto del tren eléctrico, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bien puede considerar su redireccionamiento a fin de honrar la deuda del Gobierno con la Caja.
Es más, el país podría tener ambas posibilidades para considerar con seriedad, considerando el monto multimillonario de las reservas monetarias internacionales que superan los $8 mil millones: apenas un 6.8 % representan esos $550 millones que se quieren imponerle al país para el proyecto del tren eléctrico; si en que, en serio, están considerando la reactivación económica como algo fundamental en estos tiempos.
Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas a la más profunda auscultación político-financiera de un proyecto de tantísimos millones de dólares, en momentos en los cuales las prioridades de la política pública están más que claras producto de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; aunque ya antes de la misma, la deuda social acumulada por el país ya era de enorme envergadura, a juzgar por los índices de desempleo, de informalidad, de exclusión económica y de concentración de riqueza que venían golpeando a la Democracia misma.
Igual relevancia será tener precisión exacta de las firmas asesoras, consultoras, ingenieriles, jurídicas y de diversa especie que ya han entrado en escena como suele suceder en negocios tan multimillonarios como éste; tanto como es muy necesario dejar al desnudo si alguien ya está pensando en redituar, electoralmente y de cara a los comicios diputadiles de 2022, construyendo desde ya una plataforma personal.
En síntesis, en esto del tren eléctrico a la ciudadanía le falta mucha información y, especialmente, la de carácter transparente. El tren eléctrico puede esperar, ¡la Caja, no!
Seccional ANEP-INCOPESCA comparte criterio con jerarca de la institución sobre deterioro salarial
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria crítica convocatoria a manifestarse por caso detectado de Covid-19 en un centro penitenciario
Ante la convocatoria de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias para manifestarse en las afueras de la cárcel La Reforma, la Seccional ANEP-Policía Penintenciaria considera desafortunado el llamado ya que que podría generar incertidumbre y alterar negativamente el funcionamiento de los centros penitenciarios del país.
Para la Seccional hacer una convocatoria cuando las recomendaciones del Ministerio de Salud son de distanciamiento social y de quedarse en casa, podría ser imprudente.
Más desafortunado aún, es pretender que no se realicen los cambios de escuadra. El personal de seguridad no puede brindar un servicio permanente sin su respectivo descanso.
Es absurdo que se busque garantizar los derechos constitucionales de la población privada de libertad violentando los derechos humanos y fundamentales del personal que labora en nuestros centros penitenciarios.
La mejor manera de ayudar es evitando comunicados e información que alteren los ánimos de la población. El principio de universalidad de los derechos humanos implica que se deben garantizar para todos las personas y en una cárcel no sólo la población privada de libertad cuenta, también las personas trabajadoras.
No es posible que la crisis que estamos atravesando destruya el sentido común y la calidez humana que debe primar en tales circunstancias. Los servidores y las servidoras penitenciarias también tienen familia y se están sacrificando por la seguridad del país.
El mensaje que ayuda a la población privada de libertad es la que busca dignificar las condiciones de todas las personas y no las que están impregnadas de ocurrencias populistas.
