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• Impulsará legislación para imponer las primeras rebajas salariales

• ANEP rechaza radicalmente tan nefasta pretesión que, además, es golpe directo a la Caja

• Es hora de demandar impuestos especiales solidarios a las grandes fortunas hasta ahora intocadas e intocables

Esta nueva y perversa intención de Alvarado y del grupo real de poder de su entorno más íntimo (en el cual figuran círculos empresauriales de cuestionado comportamiento tributario a lo largo de los últimos tiempos), habrá de generar una profundización más grave y desestabilizadora del deterioro de las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ya muy golpeadas por la multimillonaria inversión en atención de la pandemia, por un lado, y, por otro, dadas las excesivas concesiones que se vienen dando para con las responsabilidades patronales, más allá de lo lógicamente comprensible.

En efecto, datos provenientes del prestigioso Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), de la también prestigiosa Universidad de Costa Rica (UCR), indicaron que para el año 2018 (obviamente, período pre-pandemia), aunque la Población Económicamente Activa (PEA), del sector Público representó apenas un 18 % del total de la misma, para la Caja los aportes provenientes de la misma significaron un 44 % de sus ingresos. Para el 2019, ya andábamos en el 45 %; es decir, casi la mitad de los ingresos de la Caja lo viene aportando la colectividad laboral estatal y, repetimos, en época de pre-pandemia.

Imaginemos y pensemos cómo estará esta relación para el primer semestre del presente año 2020, con tanta reducción de jornadas y de despidos en el sector Privado, lo cual hace más grave todavía en imponer reducciones salariales en el empleo público.

Si la intentona gobiernista para rebajar salariales fuese para aplicarlos a montos de un millón, o de un millón y medio de colones hacia arriba (aparte de dejar abierto el nefasto camino para reducciones salariales posteriores y a montos menores a los apuntados), incrementará el estrés financiero de la Caja en estos críticos momentos, amén de fortalecer las intentonas ya descaradas y abiertas para su privatización, tal y como lo plantean esos círculos empresauriales amigos de Alvarado.

Al continuar con esa lógica enfermiza en contra de las personas trabajadoras asalariadas que laboran para el sector Público, Carlos Alvarado Quesada y su gobierno, se aprestan para lanzar un nuevo ataque al mundo obrero estatal: presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para imponer lo que serían las primeras rebajas salariales, duras y directas, a las remuneraciones del empleo público; una peligrosísima iniciativa que, de manera contundente y categórica, la ANEP rechaza dejando constando por esta vía nuestra oposición rotunda al respecto.

Luego de muchísimos meses de combatir la perversa tesis, hoy completamente derrotada, de que el déficit fiscal se debía a los salarios estatales, empezar a rebajar salarios en el empleo público es la más incorrecta, aparte de injusta e inútil, medida que se pueda tomar para enfrentar, de manera estructural, el problema del déficit fiscal que, reiteramos, no tiene origen salarial alguno. Solamente hará gran daño social y económico, deteriorando más la ya precaria paz social.

Aparte del grave daño financiero a la Caja, enormes impactos negativos tendrían las entidades del sector financiero-bancario y cooperativista considerando, como bien se sabe, el altísimo endeudamiento salarial de las personas trabajadoras; endeudamiento muy fuerte en el caso de quienes laboran para el sector Público. Los créditos personales, de vivienda, de estudio y hasta de micro-emprendimientos se verán en puertas de colapso, de impago, no descartándose remates de casas y casos de familias en la calle.

Por otra parte, en lo económico-social, las rebajas salariales en el sector Público serán devastadoras, también, para la sostenibilidad de la maltrecha actividad productivo-empresarial, en épocas en que la necesidad de circulante en manos de la gente es más que vital para evitar el derrumbe económico total que, lamentablemente, cada día parece estar más cercano.

La gente en movilización organizada y pacífica debe actuar con firmeza y determinación para detener esta nefasta intentona del grupo de Alvarado y sus apoyaturas mediáticas, de continuar castigando y hostigando a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, gran parte de las cuales están en la primera línea de fuego del combate a la pandemia, por una parte; y, por otra, el sector Público resultará vital para la reconstrucción económico-social en la post-pandemia.

Tal movimiento debe, entre otras acciones urgente, exigir a la Asamblea Legislativa que se apreste a apoyar iniciativas de ley que ya están en su seno, tendientes a exigir de parte de los sectores económicamente muy adinerados, los súper-ricos, aportes tributarios solidarios extraordinarios, considerando que deben existir en su seno culturas de evasión impositiva que, entre otros factores, les ha contribuido a acumular las incuantificables fortunas que ya atesoraban antes de la pandemia.

Esta gigantesca tarea que deben acometer las fuerzas sanas de los movimientos sociales y patrióticos, también tiene la misión histórica de acometer la transformación tributaria estructural cuya ausencia ha venido permitiendo el robo de impuestos de, al menos, 3 mil 800 millones de dólares anuales; cifra conservadora y baja que pudo haber acumulado en la última década, tal cantidad que ahora es muy cercana a la cifra de endeudamiento público que está estrangulando ya al país.

Esa transformación tributaria estructural debe incluir lo concerniente para hacer algo con las extraordinariamente gigantes cifras de dinero sucio circulante en el sistema financiero-económico del país, el lavado, que expertos estarían situando entre los 6 y los 22 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), ¡anuales!

Hacemos un llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, así como a sus familias, para que se alisten a defenderse, desde las propias bases en sus respectivos centros laborales. Es un asunto de sobrevivencia, no de siglas sindicales.

San José, domingo 12 de julio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

–Informe policial presenta grandes y graves inconsistencias

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante el Ministerio Público la denuncia penal por la detención arbitraria e ilegal que sufrió el pasado 3 de junio el Secretario General de la organización, Albino Vargas Barrantes, en la zona de Talamanca, donde se solicita investigar cuatro posibles delitos.

En la denuncia que fue presentada este jueves 11 de junio, ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, figuran como imputados el alcalde de Talamanca, Rugelli Morales Rodríguez y Jorge Rojas González, Fiscal de la Fiscalía de Talamanca, a quienes se les achaca los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y denuncia calumniosa.

Sobre el delito de abuso de autoridad la denuncia indica que se estaría bajo este ilícito ya que “el fiscal no contaba ni con denuncia penal formal ni con informe policial alguno y si bien, el alcalde confirma su (la del fiscal) presencia en la Municipalidad, lo cierto del caso es que a pesar de que se da un conflicto de varios contra otros, éste, ordenando u cometiendo cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien, detiene para investigar y no investiga para detener”, esto respaldado en el artículo 338 del Código Penal.

Con respecto al delito de incumplimiento de deberes, éste se le achaca al alcalde de Talamanca Morales Rodríguez quien, en vez de recibir una documentación oficial contra el municipio y su persona, ordenó la detención de los representantes de la ANEP.   

La denuncia presentada por la ANEP, también solicita que se investigue el posible delito de tráfico de influencias, ya que el propio alcalde de Talamanca confirmó en un medio de comunicación que, el fiscal Jorge Rojas se encontraba en su oficina durante los hechos.

“…se desprende que la presencia del fiscal en la oficina del alcalde tal y como este último lo afirmó es factible de subsumirse en lo descrito por el numeral 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito cuando mediante un tráfico de influencias, el alcalde de Talamanca -influyendo en un servidor público- (el fiscal aquí imputado), prevaleciéndose de su cargo influyó en el fiscal para que éste haga un acto o resolución propio de sus funciones, de modo que genere un beneficio económico o ventaja indebido para sí o para otro”. Dicha ventaja podría apreciarse en un alcalde que no resolvería un tema laboral que le era álgido y en una protección velada a otro sindicato del cual no era asociado el funcionario que a nosotros (ANEP) había recurrido para la defensa adecuada de sus derechos”, indica la denuncia.

Finalmente, la ANEP solicita al Ministerio Público investigar si durante los hechos, la detención y la indagatoria de los representantes de la ANEP se generó una denuncia calumniosa, ya que se cuestiona la forma en que se recabaron los testimonios, así como el propio informe policial.

Ademas, la organización sindical presentó una queja contra el Fiscal de Talamanca ante la Fiscalía General de la República, para que se investigue el actuar de Jorge Rojas González.

Cuestionamiento de informe policial

Para Mainor Anchía Angulo, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública y Directivo Nacional de la ANEP, con más de 9 años de carrera policial y 5 años en área administrativa, ambos en Fuerza Pública, existen varias inconsistencias claras y graves en el informe policial, lo que genera muchas dudas y cuestionamientos.

“En el punto 1 del informe policial se indica que a las 11:30 a.m. el subjefe de la delegación observa que en las instalaciones de la municipalidad (Talamanca) hay un disturbio, a las 11:32 a.m.  llegan al municipio, a las 11:44 a.m. indican que se aprende a Albino Vargas, esto sin comunicárselo. Sin embargo, una hora después el supuesto detenido está brindando una entrevista en vivo con su celular a Noticias Repretel, lo que comprueba que aún no ha sido detenido, ya que de haber sido detenido debió realizarse el decomiso del celular e ingresar al aprendido a una celda de la delegación”, indica Anchía.

Otro cuestionamiento que realiza Anchía sobre el informe policial, es que este tiene el sello de la fiscalía de Bribri con una hora de recibido de las 16:02 horas, pero en el informe, en el punto 7, dice que fue confeccionado para los trámites a las 16:30 horas. “¿Cómo fue entregado antes?, esto permite la presunción que hay una irregularidad”

Dentro de las irregularidades más llamativas encontradas en el informe policial, se encuentra que el testimonio del sindicalista Winston Norman fue tomado a las 11:20 a.m., pese a que en el punto 1 del informe se indica que la Fuerza Pública se apersonó a la Municipalidad de Talamanca a las 11:32 de la mañana para atender la situación.

“Las horas descritas en el informe policial no concuerdan, como es el caso de la declaración de Winston Norman, algo completamente irregular. Incluso, se observa claramente que las entrevistas que confeccionaron los policías a los supuestos testigos fueron escritas por las mismas personas ofendidas, cuando debe ser el oficial quien transcriba la declaración. El informe está plagado de inconsistencias, que evidencias una manipulación de los hechos”, manifestó Anchía. 

Los hechos

La detención de Vargas Barrantes y de las personas que le acompañaban se da luego de que éstos se presentaran en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.

Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo.

Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP.

Segunda denuncia

En próximos días, la ANEP presentará una segunda denuncia en contra de las mismas personas; denuncia colectiva a cargo de los tres asesores sindicales acompañantes de Vargas Barrantes, personal profesional integrante de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la agrupación y especialistas en organización de los colectivos laborales municipales, Álvaro Valverde Granados, Antonio Ortiz Fiorabanti y Gerardo Cascante Amador. Además, denunciarán los trabajadores despedidos de la Municipalidad de Talamanca, Jonathan Cascante Torres y Christian Rivera González, Presidente y Vicepresidente de la recién conformada Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Talamanca.