Nuestra organización sindical considera que la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, ha desarrollado un accionar político contraproducente.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la salida de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho; así lo oficializó ante el Presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruishank Smith, mediante una carta enviada este jueves.
La Junta Directiva Nacional ANEP, en su sesión ordinaria No. 2213, consideró que la actual titular de la Defensoría de los Habitantes, ha desarrollado un accionar político contraproducente para los fines de defensa social de la entidad, lo cual ha provocado disminución en la credibilidad ciudadana en la Defensoría.
“(…) así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD”, indica la carta.
Para la ANEP es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la Defensoría de los Habitantes, especialmente en estos momentos que el país atraviesa por mucha desigualdad; y exclusión social y económica. Además, espera que las fracciones legislativas hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones “no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe -más ampliamente: a los y a las Habitantes-; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso”.
El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes explica que Catalina Crespo Sancho es considerada por los sectores sociales como la “Defensora de los Políticos”, debido a ello se han perdido espacio que en condiciones normales se podría facilitar el diálogo constructivo para la sociedad.
“En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables”, agrega.
La ANEP recalca que la escogencia del o la representante de la Defensoría de los Habitantes no debe tomarse a la ligera, es un tema muy sensible y urgente por lo que si se abre un espacio para nombrar a otro representante nos aseguraremos “de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos”.
La ANEP y su Junta Directa Nacional, realizaron un merecido reconocimiento a Luis Gerardo Obando Chavarría, trabajador de la Municipalidad de San José quien ha permanecido afiliado a nuestra organización por 22 años.
– En el noveno aniversario de la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, nuevas estimaciones de la OIT ponen de manifiesto el riesgo que corren estos trabajadores debido a la pandemia del COVID-19.
ILOGINEBRA (OIT Noticias) – Nuevas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que casi las tres cuartas partes de los trabajadores y las trabajadoras domésticas del mundo –más de 55 millones de personas– corren un importante riesgo de perder su trabajo y sus ingresos debido al confinamiento y a la falta de cobertura efectiva de seguridad social.
La amplia mayoría de estos trabajadores, 37 millones son mujeres.
Los datos de junio indican que la región más afectada es Asia Sudoriental y el Pacífico, donde el 76 por ciento de los trabajadores domésticos está en situación de riesgo, seguida de las Américas (el 74 por ciento), África (el 72 por ciento) y Europa (el 45 por ciento).
En este sector, la crisis ha afectado tanto a personas cuyo empleo es formal, como a quienes trabajan de modo informal, pero estos últimos representan el 76 por ciento de quienes pueden perder su trabajo u horas de trabajo. En países con medidas de confinamiento más estrictas, quien realizaba trabajo doméstico, estuviera empleado formalmente o no, no podía ir a trabajar. Así, algunas de las personas que tenían un empleo formal han tenido derecho al seguro de desempleo, pero no ha sido el caso de quienes trabajaban un situación informal, para quienes la inmovilización ha supuesto la pérdida de los medios de vida, no contar con una red de seguridad de respaldo, y verse en aprietos a la hora de poner alimentos sobre la mesa.
La pandemia ha agravado la situación preexistente. Solo el 10 por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico están al amparo de la seguridad social, lo que equivale a que los demás no tienen derecho a ausencias por enfermedad pagadas, acceso garantizado a la atención de salud, prestaciones por lesiones profesionales, o seguro de desempleo. Muchas de estas personas perciben una paga de no más del 25 por ciento del salario medio, por lo que carecen de ahorros con los que afrontar una emergencia financiera.
“La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad particular de los trabajadores y las trabajadoras domésticas informales, y la necesidad acuciante de que se les incluya efectivamente en el ámbito de protección laboral y social”, dijo Claire Hobden, Oficial Técnica de la OIT en trabajadores vulnerables, “la cantidad de mujeres afectadas es desproporcionada, pues son la amplia mayoría de quienes realizan esta actividad en el mundo.”
En algunas regiones, las trabajadoras domésticas son predominantemente inmigrantes que cuentan con su paga para mantener a la familia en el país de origen. Tanto el impago de los salarios como el cierre de los servicios del envío de remesas han puesto en situación de riesgo de hambre y de pobreza a las familias de estas mujeres.
Quienes vivían en el lugar de trabajo en general han seguido trabajando en confinamiento con sus empleadores. No obstante, se sabe que han trabajado más horas a causa del cierre de las escuelas, y que están realizando tareas de limpieza más exigentes.
En otros casos, los propios empleadores se han visto en dificultades económicas y han dejado de pagar a quienes tienen trabajando en su domicilio, o incluso han dejado de pagarles aduciendo que no necesitan el salario porque no pueden salir.
En algunos países, se ha dado el caso de inmigrantes que ejercían el trabajo doméstico y vivían en casa del empleador, y que se han encontrado en la calle después de que el empleador se deshiciera de ellos por temor a contraer el virus, dejándolos expuestos a la trata de personas.
La OIT está trabajando con organizaciones de trabajadoras y trabajadores domésticos y organizaciones de empleadores para que se garantice la salud y el sustento de estas personas. Está realizando evaluaciones rápidas del nivel y tipo de riesgos que afrontan, para que los gobiernos puedan formular políticas que garanticen al menos una cobertura de seguridad social básica, y para que dispongan de acceso a una atención de salud esencial y una seguridad básica de los ingresos.
Estas medidas han aumentado el número de trabajadoras y trabajadores domésticos en el empleo formal, pero el porcentaje general de informalidad sigue siendo elevado. La OIT ha hecho un llamamiento a acelerar con urgencia las iniciativas destinadas a formalizar el trabajo doméstico a fin de proteger de futuras crisis a quienes trabajan en este sector.
Ante las declaraciones del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, de que son necesarias las inspecciones en las plantaciones agrícolas; la Seccional de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) alega de que la petición sería posible si se le asignan «los recursos necesarios para hacer un mejor trabajo en beneficio de la ciudadanía».
Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME explicó que al momento en que se retire a todo el personal dedicado a reforzar el control migratorio en las fronteras, las oficinas policiales regionales de Migración en San Carlos, Los Chiles, Las Tablillas, Upala y Sarapiquí quedarían con 37 oficiales para el trabajo diario, distribuidos de la siguiente manera:
San Carlos 12 Los Chiles 5 Las Tablillas 12 Upala 4 Sarapiqui 4
El horario es de 7 a.m. a 7 p.m., en dos turnos de 3×3. Sólo Upala y Sarapiquí trabajan de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. con un oficial disponible para fines de semana
Se estiman un faltante de 84 a 100 oficiales para la zona norte (sin contar la zona de Peñas Blancas), en el cual se pueda hacer un horario de 24 horas
–Informe policial presenta grandes y graves inconsistencias
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante el Ministerio Público la denuncia penal por la detención arbitraria e ilegal que sufrió el pasado 3 de junio el Secretario General de la organización, Albino Vargas Barrantes, en la zona de Talamanca, donde se solicita investigar cuatro posibles delitos.
En la denuncia que fue presentada este jueves 11 de junio, ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, figuran como imputados el alcalde de Talamanca, Rugelli Morales Rodríguez y Jorge Rojas González, Fiscal de la Fiscalía de Talamanca, a quienes se les achaca los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y denuncia calumniosa.
Sobre el delito de abuso de autoridad la denuncia indica que se estaría bajo este ilícito ya que “el fiscal no contaba ni con denuncia penal formal ni con informe policial alguno y si bien, el alcalde confirma su (la del fiscal) presencia en la Municipalidad, lo cierto del caso es que a pesar de que se da un conflicto de varios contra otros, éste, ordenando u cometiendo cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien, detiene para investigar y no investiga para detener”, esto respaldado en el artículo 338 del Código Penal.
Con respecto al delito de incumplimiento de deberes, éste se le achaca al alcalde de Talamanca Morales Rodríguez quien, en vez de recibir una documentación oficial contra el municipio y su persona, ordenó la detención de los representantes de la ANEP.
La denuncia presentada por la ANEP, también solicita que se investigue el posible delito de tráfico de influencias, ya que el propio alcalde de Talamanca confirmó en un medio de comunicación que, el fiscal Jorge Rojas se encontraba en su oficina durante los hechos.
“…se desprende que la presencia del fiscal en la oficina del alcalde tal y como este último lo afirmó es factible de subsumirse en lo descrito por el numeral 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito cuando mediante un tráfico de influencias, el alcalde de Talamanca -influyendo en un servidor público- (el fiscal aquí imputado), prevaleciéndose de su cargo influyó en el fiscal para que éste haga un acto o resolución propio de sus funciones, de modo que genere un beneficio económico o ventaja indebido para sí o para otro”. Dicha ventaja podría apreciarse en un alcalde que no resolvería un tema laboral que le era álgido y en una protección velada a otro sindicato del cual no era asociado el funcionario que a nosotros (ANEP) había recurrido para la defensa adecuada de sus derechos”, indica la denuncia.
Denuncia ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción
Finalmente, la ANEP solicita al Ministerio Público investigar si durante los hechos, la detención y la indagatoria de los representantes de la ANEP se generó una denuncia calumniosa, ya que se cuestiona la forma en que se recabaron los testimonios, así como el propio informe policial.
Ademas, la organización sindical presentó una queja contra el Fiscal de Talamanca ante la Fiscalía General de la República, para que se investigue el actuar de Jorge Rojas González.
Cuestionamiento de informe policial
Para Mainor Anchía Angulo, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública y Directivo Nacional de la ANEP, con más de 9 años de carrera policial y 5 años en área administrativa, ambos en Fuerza Pública, existen varias inconsistencias claras y graves en el informe policial, lo que genera muchas dudas y cuestionamientos.
“En el punto 1 del informe policial se indica que a las 11:30 a.m. el subjefe de la delegación observa que en las instalaciones de la municipalidad (Talamanca) hay un disturbio, a las 11:32 a.m. llegan al municipio, a las 11:44 a.m. indican que se aprende a Albino Vargas, esto sin comunicárselo. Sin embargo, una hora después el supuesto detenido está brindando una entrevista en vivo con su celular a Noticias Repretel, lo que comprueba que aún no ha sido detenido, ya que de haber sido detenido debió realizarse el decomiso del celular e ingresar al aprendido a una celda de la delegación”, indica Anchía.
Otro cuestionamiento que realiza Anchía sobre el informe policial, es que este tiene el sello de la fiscalía de Bribri con una hora de recibido de las 16:02 horas, pero en el informe, en el punto 7, dice que fue confeccionado para los trámites a las 16:30 horas. “¿Cómo fue entregado antes?, esto permite la presunción que hay una irregularidad”
Dentro de las irregularidades más llamativas encontradas en el informe policial, se encuentra que el testimonio del sindicalista Winston Norman fue tomado a las 11:20 a.m., pese a que en el punto 1 del informe se indica que la Fuerza Pública se apersonó a la Municipalidad de Talamanca a las 11:32 de la mañana para atender la situación.
“Las horas descritas en el informe policial no concuerdan, como es el caso de la declaración de Winston Norman, algo completamente irregular. Incluso, se observa claramente que las entrevistas que confeccionaron los policías a los supuestos testigos fueron escritas por las mismas personas ofendidas, cuando debe ser el oficial quien transcriba la declaración. El informe está plagado de inconsistencias, que evidencias una manipulación de los hechos”, manifestó Anchía.
Los hechos
La detención de Vargas Barrantes y de las personas que le acompañaban se da luego de que éstos se presentaran en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.
Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo.
Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP.
Segunda denuncia
En próximos días, la ANEP presentará una segunda denuncia en contra de las mismas personas; denuncia colectiva a cargo de los tres asesores sindicales acompañantes de Vargas Barrantes, personal profesional integrante de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la agrupación y especialistas en organización de los colectivos laborales municipales, Álvaro Valverde Granados, Antonio Ortiz Fiorabanti y Gerardo Cascante Amador. Además, denunciarán los trabajadores despedidos de la Municipalidad de Talamanca, Jonathan Cascante Torres y Christian Rivera González, Presidente y Vicepresidente de la recién conformada Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Talamanca.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó esta tarde ante la Sala Constitucional un recurso de Habeas Corpus (No. 20-9861-007-CO) contra la Fiscalía de Bribri de Talamanca, luego de la detención del Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes y cinco personas en la zona de Talamanca al considerarla arbitraria e ilegal.
En el documento, que ya fue acogido para su estudio, la ANEP solicita la liberación del Secretario General de la ANEP, así como de los tres trabajadores de la ANEP que le acompañaban. Además, de dos trabajadores de la municipalidad de Talamanca afiliados a la ANEP.
“El Fiscal de Bribri detuvo a nuestros compañeros por una orden verbal, sin mediar una orden judicial o auto que ordene la privación de libertad de los sujetos detenidos. Por esto estamos solicitando se ordene a la Fiscalía de Bribri, la liberación inmediata de los señores Vargas Barrantes, Cascante Amador, Ortiz Fiorabanti, Valverde Granados, Cascante Torres y Rivera González”, detalló Rafael Mora, Asesor político de la ANEP.
Los hechos
La detención de Vargas Barrantes y las personas que le acompañaban se da luego de que estos se presentarán a en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.
Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo. D
Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP. Ha esto se une la negativa del alcalde de Talamanca a recibir el documento.
En declaraciones en vivo a Noticias Repretel, previó a su detención, el Secretario General de la ANEP denunció que los despidos obedecen “a una ejecución del Alcalde contra los trabajadores que no le dieron su apoyo durante las elecciones municipales, por lo que los trabajadores solicitaron la ayuda de la ANEP”.
“Como parte del proceso de defensa, habíamos acordado desplazarnos a esta localidad para explicar el manejo de este proceso con base a la Ley de la Reforma Procesal Laboral. Dentro de la gestión presentamos el documento (Conflicto de Carácter Económico y Social) a la Alcaldía, el espacio es muy pequeño y nos encontrábamos haciendo fila y de un pronto a otro irrumpen los personeros del sindicato local, nos empiezan a decir improperios; solicito que nos reciban el documento y en ese momento me sacaron a empujones, me tiran al suelo y me patearon; mis compañeros también fueron agredidos. El propio alcalde sale de su despacho y empieza a instigar de que saquen a la gente, por lo que la agresión adquiere un tono más dramático e intenso, afortunadamente se presenta la Fuerza Pública”, detalló Albino Vargas a Noticias Repretel.
Ante esta situación la ANEP estará presentando las denuncias respectivas ante los tribunales judiciales correspondientes, por lo que el Secretario General de la ANEP solicitó ser trasladado a medicatura forense o una clínica para su valoración.
Para construir un mundo más fuerte y resiliente a partir de la devastación económica, sanitaria y social causada por la COVID-19, así como las crisis de desigualdad y cambio climático que la precedieron, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben ir más allá y no quedarse en reformas estructurales guiadas por el fundamentalismo del mercado. Dos nuevos informes hacen una relación de décadas de políticas fallidas que debilitaron el contrato social y han vuelto a los países vulnerables a la pandemia y la crisis económica.
En una crisis mundial sin precedentes, millones de personas han perdido su empleo y se ven empujadas a la pobreza. Esta situación se produce inmediatamente después de una recuperación frágil e incompleta de la crisis financiera mundial de 2008-2009, en la que el hecho de abandonar rápidamente las políticas de estímulo para pasar a la austeridad, además de las embestidas contra los trabajadores y trabajadoras, socavaron fatalmente los progresos iniciales. El informe sobre el renovado impulso que el FMI concede a la oferta tras cuatro décadas de ajuste estructural y condicionalidad de austeridad: The IMF’s renewed supply-side push: Four decades of structural adjustment and austerity conditionality, esboza el papel central desempeñado por el Fondo en estas decisiones destructivas tomadas a raíz de la crisis financiera mundial como parte de un espectro más amplio de políticas fallidas.
“Tras la crisis de 2008 causada por el sector financiero y los rescates financieros que se concedieron a los responsables, los trabajadores se convirtieron en el blanco de una ofensiva en toda regla contra la negociación colectiva, los derechos laborales y los servicios públicos. A medida que planificamos planes de recuperación económica del daño causado por la COVID-19, no podemos repetir los mismos errores de poner fin prematuramente a las medidas de estímulo y perseguir recortes drásticos en el gasto que socavan el crecimiento”, señaló Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU brindaron la oportunidad de recomenzar implantando una agenda universal para el trabajo decente, la igualdad de género, la protección social y otros aspectos positivos. Sin embargo, la energía se ha redirigido a promover los intereses de los inversores privados como la única forma de financiar el desarrollo sostenible. El Banco Mundial ha encabezado, tal como se detalla en el informe sobre el fundamentalismo del mercado y el Grupo del Banco Mundial, abordando desde los programas de ajuste estructural hasta la maximización de las finanzas para el desarrollo y otros elementos más: Market fundamentalism and the World Bank Group: from Structural Adjustment Programmes to Maximizing Finance for Development and beyond. La óptica adoptada por el Banco de maximizar las finanzas para el desarrollo aleja a la institución de las inversiones catalíticas y conduce a reformas políticas destinadas a beneficiar a los inversores privados extranjeros, o recurre incluso a la ingeniería financiera para proteger sus inversiones.
Desde el inicio de la COVID-19, más de 100.000 millones de USD han abandonado los países de mercados emergentes, lo que representa el caso de fuga de capitales más grande y rápido de la historia. Estos dos informes describen de qué manera las recomendaciones en materia de políticas del Banco Mundial y el FMI en relación con los mercados de capitales y la financiación para el desarrollo contribuyeron a la fragilidad, la financiarización y las entradas de capital privado especulativo. Ambas instituciones han frustrado simultáneamente la creación de empleos de calidad, los servicios públicos y las políticas de aumento de salarios.
De dejarse sin control, los estragos de la crisis actual agravarán tres décadas perdidas para el progreso del desarrollo. Los informes documentan un vuelco en el Banco Mundial y el FMI en la década de los años 1980, cuando la administración Reagan impuso un orden del día ideológico que cambió las operaciones de las instituciones financieras internacionales. Este giro inició la era de los programas de ajuste estructural que impusieron un conjunto estricto de políticas desreguladoras centradas en la oferta denominadas Consenso de Washington. Aunque esta camisa de fuerza se abandonó a principios de la década de los años 2000, los informes demuestran que desde entonces las instituciones financieras internacionales han seguido guiándose por el fundamentalismo del mercado, donde muchos de los cambios son más cosméticos que reformas sustantivas a las instituciones.
“La fuga masiva de capitales, las severas cargas de la deuda y los efectos de las políticas fallidas están lastrando a los países en desarrollo en un momento en que necesitan preparar planes de estímulo y reconstrucción inclusivos. Ya es hora de comprometerse a prolongar el alivio de la deuda por dos años suprimiendo las medidas de austeridad como condicionalidad y haciendo coincidir la inversión con los ODS, así como poner fin a las condiciones de los préstamos y al asesoramiento de políticas que promueven enfoques fallidos. Esto es especialmente necesario en los préstamos para la política de desarrollo del Banco Mundial y en los acuerdos de préstamo estándar del FMI que tendrán lugar después de la ronda actual de financiaciones para dar respuesta a las emergencias. Las instituciones financieras internacionales necesitan cambiar algo más que su retórica y concordar sus operaciones con las normas internacionales del trabajo, con políticas más realistas destinadas al crecimiento con prosperidad compartida y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
“El multilateralismo requerirá de una reforma a fin de asegurar la coordinación mundial de los planes de recuperación económica que aporten fondos mundiales de protección social para los países más pobres, redefina el alivio de la deuda con una condicionalidad para los ODS, proporcione inversiones y no austeridad, reequilibre las reglas comerciales con los derechos fundamentales del trabajo y las normas ambientales, cuente con un tratado sobre las empresas y los derechos humanos que exija la debida diligencia y reforme las normas fiscales para acabar con los paraísos fiscales. El FMI y el Banco Mundial no deben ser un obstáculo para el nuevo contrato social sobre el que ha de cimentarse la recuperación”, afirmó Sharan Burrow.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
