Llamado urgente a la acción de los Estados en defensa de las/os trabajadoras/es, la garantía de los derechos y la democracia en actual el contexto de la crisis provocada por la pandemia del nuevo Coronavirus (Covid-19).
Por: CSA
La CSA en representación de sus más de 55 millones de trabajadoras/es en las Américas, llama la atención sobre varios elementos de orden político, social y económico para que la respuesta a la pandemia sea en favor de la población.
El mundo del trabajo se ha visto conmocionado a partir de la llegada del COVID-19. Se ha paralizado gran parte de la producción y con ello, millones de trabajadoras/es en las Américas se ven afectados de una forma u otra por los cambios laborales, muchos de estos enfocados en aspectos económicos y con claras repercusiones en los derechos humanos y laborales. Según la última evaluación preliminar de la OIT, el COVID-19 podría causar que 25 millones de personas queden desempleadas en todo el mundo. Los efectos directos sobre la región aún no están estimados, pero ante un cuadro de recesión económica y de aumento de la desigualdad en los últimos años, es de estimarse que sus consecuencias sean aún más nefastas para las/os trabajadoras/es.
En esa dirección la CSA demanda de los gobiernos la adopción de medidas urgentes a gran escala para mitigar los efectos negativos provocados por la parálisis económica a raíz de las crisis sanitarias generadas a nivel global. Es indispensable la solidaridad internacional coordinada para poder salir adelante y atender la pandemia sin que los más afectados sean los trabajadores/as y los pueblos.
En este sentido desde la CSA, expresamos lo siguiente:
1. La crisis actual encontrará la mejor salida posible si los gobiernos priorizan la vida, la salud, los empleos, los salarios y la protección social de las personas frente a los intereses de las grandes empresas y el capital financiero y fortaleciendo el rol del estado frente a la presión privatizadora sobre los servicios públicos. Igualmente, el Estado debe actuar firmemente frente a las empresas privadas que prestan los servicios de alimentación, salud y otros servicios necesarios e impedir que se imponga el interés de la ganancia, por sobre las necesidades de la población.
2. La CSA demanda la adopción de políticas de tasación de las grandes fortunas, las ganancias y la confiscación de los fondos ilícitos ocultos en las guaridas fiscales en todo el mundo, para atender esta emergencia. Nos oponemos firmemente a las políticas de disminución de salarios, despidos masivos, cierres compulsivos o cualquier medida que ponga a las/os trabajadoras/es a pagar el costo de esta pandemia. Igualmente, sobre la adopción de medidas sin las debidas consideraciones de los impactos económicos, sociales y psicosociales que están ocasionando serias dificultades a las/os trabajadoras/es, como lo son: el teletrabajo, las vacaciones compulsivas, suspensión de jornadas sin goce de salarios, así como el agravamiento de la violencia domestica hacia las mujeres, producto del confinamiento por la cuarentena.
3. Ratificamos nuestra solidaridad con las/os trabajadores/as de la región y del mundo que están enfrentando los efectos de esta pandemia. Asimismo, expresamos la necesidad de colocar en el centro de la respuesta a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, como son quienes viven en situación de calle y de pobreza extrema, las/os trabajadores en situación de informalidad, las/os trabajadoras/es domésticas/os, así como las/os trabajadoras/es de la salud, la alimentación, el aseo urbano y de otros sectores que están en la primera línea de lucha frente al virus.
4. Alertamos sobre las tendencias autoritarias y amenazas a la democracia que, bajo el discurso de los estados de emergencia, de conmoción interna y otras denominaciones están siendo adoptados por los gobiernos para enfrentar la crisis, pero que en verdad se traducen en la disminución de los espacios democráticos, los derechos políticos y el ataque a conquistas históricas de nuestras sociedades.
5. De manera especial la CSA denuncia las medidas adoptadas por varios gobiernos conservadores, de tendencias autoritarias y neofascistas, que en diversos niveles de la administración pública (nacional, estadal y municipal) se están aprovechando de la pandemia para adoptar políticas de destrucción de derechos, criminalización de la acción sindical y represión del legítimo descontento social ante los efectos sociales y económicos de la crisis.
6. Reconocemos y acompañamos las iniciativas de algunos gobiernos por atender la crisis con criterios de mayor equidad y justicia. Hacia ellos expresamos nuestra disposición de seguir fortaleciendo medidas de emergencia y políticas públicas permanentes, centradas en la justicia y la inclusión social.
7. Expresamos nuestra solidaridad y alentamos a las organizaciones sindicales en todos los países, que, en condiciones extremadamente desfavorables, mantienen una posición en defensa de los derechos de las/os trabajadoras/es y en contra de aquellos gobiernos y empleadores que pretenden aprovecharse de la crisis para profundizar la situación de precariedad de la población.
8. Desde la CSA acompañaremos las diversas iniciativas sindicales y sociales que se están adoptando para promover la protección de la población y los derechos de la clase trabajadora frente a la crisis.
