8M, por un feminismo+

Por: Paola Badilla Vargas, Antropóloga.

En este 2021, y en medio de una pandemia global, de consecuencias catastróficas en materia social, laboral, económica y cultural, el lema de la ONU para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. Este promueve «la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas» (CSW65). Como mujer trabajadora, me siento plenamente identificada. No obstante, me parece relevante acotar que tales logros se construyen ciertamente con más espacios reales de toma de decisiones, más oportunidades, y más equidad tanto de género como económica, en la esfera pública y privada; con apoyo de todas y todos como sociedad y en especial como clase trabajadora.

Crecí en un hogar con una mujer como jefa de hogar, con solo primer grado de escolaridad, quien, si bien nos enseñó el valor del trabajo duro, la honestidad y el respeto; ella también respondía a patrones de su época, entre ellos el machismo. Entonces aun cuando tuve que hacer malabares entre mis deberes académicos y mis no renunciables quehaceres domésticos -a diferencia de los varones de la casa-, a quienes se les asignaba un tanto menos, no crecí creyendo que las mujeres debían tomar el poder, con el fin de hacer que ellos fueran los de los malabares. Como dice una amiga, no hay nada de constructivo en emplear los mismos mecanismos de un sistema opresor. -Sí, participar de la toma de decisiones, incluyente, no opresora a la inversa. Al contrario, traté de desaprender y motivar a la distribución de tareas de manera colaborativa, como equipo familiar. Es lo que se denomina ahora corresponsabilidad.

Al ingresar a la universidad, mi motivación se acrecentó. Por la equidad de género, por mostrar que las mujeres tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra comunidad, sobre nuestro país y el planeta. Tenemos derecho a igual remuneración por igual trabajo. A no ser discriminadas ni violentados nuestros derechos laborales, como sucede comúnmente en este país y alrededor del mundo. Incorporé lenguaje inclusivo porque me parecía una expresión reivindicativa y de visibilización. En varios momentos de mi vida, sufrí lo que ahora se nombra como «acoso callejero». Lamentablemente sé lo que ser tocada sin desearlo en la vía pública y en autobús – como tristemente continúa sucediendo. En esos años, no lo hablábamos, solo si podíamos le quebrábamos la sombrilla al fulano o acusábamos al «sátiro» a grito aturdidor.

Hoy, cuando se ha logrado la promulgación de una ley y se habla sobre el tema, sigo sin sentirme segura. Entonces, ¿Qué sucede? ¿Por qué se avanza en el papel, en lo punitivo, pero no en la conducta hostil hacia las mujeres? Ojo qué reconozco los logros alcanzados. Pero tengo preguntas y trato de dar respuesta desde mi propia experiencia de vida. Considero que parte importante del asunto tiene que ver con el señalamiento de los hombres como los responsables directos. Se ha, en no pocos casos, dibujado a los hombres como el enemigo. Esto olvidando conceptos claves como la interseccionalidad, el cual nos expande el lente de la superposición de categorías como la etnia, la clase, la identidad y la orientación. Es decir, validando que cada individuo tiene camisetas diferentes y ahí yacen las desigualdades persistentes. No todos los hombres son opresores; no todas las mujeres son oprimidassimplemente por serlo. Como dice Audre Lorde, «no puede haber jerarquías de opresión». Enfocar la discusión y apostar por resolver las desigualdades a partir de estas “jerarquías” -discutir sobre quien ha sufrido más y quien menos- conduce a más división.

Sí, por supuesto que hay poblaciones y grupos con historias de opresión milenarias y no pretendo obviar esto. Por el contrario, dirigir la atención hacia la superestructura de patriarcado, y un capitalismo separatista, basados en el divide y vencerás, tal vez nos permita encontrarnos desde las diferencias. Somos diferentes, pero eso no anula la necesidad de equidad y justicia social. Hay un sistema dominante que se nutre de prejuicios y desigualdades múltiples. ¿Qué tal proponer y hacer análisis incorporando el género, pero también la clase, la raza, la historia de vida? Desafiar todas las formas de poder estructural. Como trabajadora, considero que la toma de decisiones debe ser por un trabajo decente, por un modelo de país inclusivo y solidario, y eso es tan válido como tomar decisiones sobre la interrupción del embarazo o la posibilidad de las uniones legales entre personas del mismo sexo. Una agenda no es más importante que otra. Un grupo no es más relevante que otro. Y tanto mis compañeros como mis compañeras en la lucha pueden caminar junto a mí en esta reivindicación.

Si bien reconozco la persistencia de la desigualdad por género, expresada en la brecha salarial, en la débil corresponsabilidad del cuido -tanto dentro del hogar como la casi nula participación estatal en el asunto-, el aumento de la violencia hacia las mujeres y el creciente número de femicidios, esto no debe motivarnos a las mujeres a excluir a los hombres de la lucha, condicionando como y desde donde pueden asumir su apoyo. Un ejemplo concreto los pronunciamientos de algunos Colectivos para la marcha del próximo lunes, donde se les recalca a los hombres que “respeten los espacios seguros de mujeres en la marcha” y seles “invita” a apoyar desde otros lugares como “hacerse cargo de las tareas domésticas ese día”. Hay legitimidad en la petición, pero percibo una jerarquía de opresión que nos sigue alejando de la tan necesaria equidad transversal. El día es de celebración para todas las mujeres, un día de reivindicación, en el que considero hay espacio para caminar todas y todos en unidad. No se siente una más segura acordonando un espacio.No se resta, se suma en la lucha.

Paola Badilla Vargas,  Es afiliada de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Magister En Estudios Latinoamericanos con énfasis en Desarrollo y Cultura por la Universidad Nacional de Costa Rica. Bachiller en Antropología por la Universidad de Costa Rica.

La pobreza sigue teniendo rostro femenino, ¿hasta cuándo?

– “Con agradecimiento eterno para las mujeres que lucharon por los derechos que disfrutamos hoy”

María Laura Sánchez Rojas, – Coordinadora Unidad de Capacitación y Formación
Lorena Chavarría Martínez – Directiva Nacional
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Este día nos lleva a recordar y agradecer por la vida de esas 100 mujeres costureras industriales de la fábrica Sirtwood, ubicada en Estados Unidos de América, quienes se levantaron en huelga un 8 de marzo de 1908, para demandar un salario digno, una jornada laboral de 10 horas y prohibir el trabajo infantil.

Fueron carbonizadas en la fábrica… a puerta cerrada les prendieron fuego; haciendo un cruel recordatorio de la quema de “brujas”; así se le calificaba a mujeres luchadoras, con amplio conocimiento y sobre todo con voz y criterio propio, de esta manera educaban a la sociedad, por medio del (mal) ejemplo de lo que le sucede a quienes reclaman, máxime si se es mujer.

Han pasado 113 años de este acontecimiento que se hizo público, pero a saber cuántos más hay en el anonimato y si no que lo digamos las mujeres de la actualidad, pero no cualquier mujer, entre nosotras hay diferencias claras, diferencias sociales y económicas principalmente.

Un breve repaso a los datos de la Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del año 2020, publicada el pasado 4 de febrero de 2021, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), nos demuestra que la pobreza continúa teniendo rostro femenino: fuerza de trabajo: femenina 985-masculina 1.46 millones. Población desempleada: 248 mil mujeres, 240 mil hombres. Población fuera de la fuerza de trabajo: 1.02 millones mujeres-577 mil hombres. Tasa de desempleo: 25.2% mujeres-16.4% hombres. Subempleo: mujeres 22.2%-hombres 19.7%.

A pesar que la indicada información no abarca lo referente al perfil de las mujeres afectadas, sabemos muy bien que son las mujeres jefas de hogar, discriminadas en sus lugares de trabajo, las que deben tener más de un empleo para justo cubrir, y en muchos casos no totalmente, las necesidades básicas, que ya antes de la pandemia era difícil llegar al fin de mes o al pago de servicios públicos, esta situación la hizo mucho, mucho más difícil, según lo evidencia la Encuesta Continua de Empleo.

Muchas de estas mujeres, no levantan su voz por temor o peor aún, por creer no ser merecedoras de derechos y aunque es posible que desconocen la historia del 8 de Marzo, en el imaginario colectivo represor se mantiene vigente la “quema de brujas, la quema de mujeres que se hacen escuchar”, pero no se puede evitar preguntarse ¿no es que se nos quema, al cercenar nuestros derechos, al violentarnos, al invisibilizarnos, al irrespetarnos con frases sexistas, cuando nos levantan la voz y nos tratan con palabras y frases groseras, pero no somos merecedoras de una disculpa, cuando nos pagan menos cumpliendo las mismas funciones y atestados, cuando debemos callar para no perder el empleo?

Es imperativo que caminemos hacia una sociedad más democrática, inclusiva, respetuosa, igualitaria, equitativa, y esto supone de forma inequívoca avanzar en el reconocimiento y ante todo el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, progresar en mayor igualdad y equidad en el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo decente.

Como organización sindical responsable, nos corresponde reivindicar por medio de la incidencia política, para que se respeten los derechos laborales, sindicales, económicos, sociales, políticos de las mujeres trabajadoras, para que se garanticen puestos de trabajo seguros, sin algún tipo de violencia, sea laboral, sexual y/o política, asegurando una buena formación en salud ocupacional, poniendo en marcha los mecanismos que faciliten y certifiquen nuestra seguridad; así como cerrar brechas salariales y asumir el tema del cuido de nuestras familias, de manera conjunta y de esta manera abrir espacios para que las mujeres podamos contar con tiempo para capacitarnos y formarnos como personas trabajadoras y profesionales. Para que podamos responder la pregunta ¿hasta cuándo? Diciendo, hasta aquí…

Directivos de OBAS afianzan lucha en el sector productivo

A través de una reunión con los dirigentes de la seccional OBAS en Puerto Viejo de Sarapiquí, se lograron fortalecer varios puntos de cara a la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores del sector productivo.

Manifiesto de Sectores Sociales

LAS PERSONAS, ORGANIZACIONES Y SECTORES ABAJO FIRMANTES, HACEMOS DE CONOCIMIENTO PÚBLICO

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En el año de la conmemoración nacional del Bicentenario de la Independencia de la Patria, el 2021, la institucionalidad democrática costarricense está más vulnerable que nunca:

Cada vez más, miles de compatriotas sufren las consecuencias del desempleo, del aumento del costo de vida, de la reducción o congelamiento salarial, de la falta de oportunidades, de la exclusión de la economía, de la pobreza y de a desigualdad social.

Esta situación, que desde inicios del año anterior (2020), alcanzaba números preocupantes, se ha visto agravada llegando a cifras record alarmantes, ante la situación generada por “la llegada” del COVID-19 al país, por una parte; y por otra, la inoportuna respuesta del equipo económico del Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa, a la situación antes descrita.

SEGUNDO. Quienes deciden las políticas públicas, han visto en el doloroso momento nacional actual, una oportunidad para profundizar un modelo económico concentrador y excluyente:

Cada vez más, cientos de miles de compatriotas vemos con preocupación, indignación e impotencia, cómo a pesar de experiencias que vivió la sociedad costarricense el año anterior; el 2021 inicia con la insistencia desde Gobierno y desde la Asamblea Legislativa, en impulsar como respuesta a la crisis sanitaria, económica y social, decisiones cuyo rumbo y consecuencias no hacen sino convertir el difícil momento que atraviesa el país, en una oportunidad para profundizar la receta económica que concentra riqueza en pocas manos, la cual viene en marcha en nuestro país desde los últimos 30 años, descartando cada vez más compatriotas de la economía.

Ante la exclusión social y económica en ascenso, las decisiones económicas que se impulsan nos colocan, nuevamente, a la sociedad costarricense en un punto delicado de polarización relacionada con la distribución del ingreso. Un gobierno, cuya gestión genera el mayor rechazo ciudadano de la última década y cuya imagen continúa en caída libre; y un grupo de diputados que siguen perdiendo legitimidad política real por su excesiva y descarada inclinación a favorecer al gran capital; ni unos ni otros tienen la autoridad moral para seguir polarizando al país que requiere soluciones equilibradas.

TERCERO. Las medidas económicas que impulsan el Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa golpean a sectores claves para dinamizar la economía:

Es de suma preocupación, considerando el actual mega-período de sesiones extraordinarias que le otorga al Gobierno ocho meses para “mover sus hilos” en la Asamblea Legislativa, que lo inicie con iniciativas que afectan a sectores que dinamizan el mercado interno, el comercio, la producción, y a la sociedad costarricense en su conjunto; pero sin respuesta efectiva a problemáticas sectoriales reiteradamente señaladas. A saber:

  1. Negociaciones de Gobierno de cara a convenio con el FMI: Costa Rica no necesita de convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional. ¡Sobran alternativas! Como sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, vemos con enorme preocupación que se descarte la enorme cantidad de aportes, procedentes de diversas fuentes, que se han venido planteando a fin de que, desde lo nacional, nos aboquemos a construir las soluciones hacia la crisis fiscal del país, sin necesidad de que tengamos que atarnos a organismos financieros internacionales y, mucho menos, cuando se ha venido demostrando que hay recursos financieros internos para que, de modo, paulatino, diseñemos un camino costarricense de salida a esa crisis sin abruptos procesos de agudización del clima social nacional.

Las negociaciones con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido que el del año anterior. Particularmente, la naturaleza del desafío tributario que tenemos por delante, con su marcado sesgo regresivo; nos involucra en cuanto las características de los sectores sociales que estamos representando, castigados por ese sesgo de injusticia impositiva; de modo tal que no podemos aceptar más impuestos de orden regresivo. Por el contrario, llegó la hora nacional de que nos aboquemos a las transformaciones tributarias profundas que tengan como eje central, la progresividad fiscal.

  • Impuestos regresivos: Rechazamos, con vehemencia absoluta, que se pretenda imponerle más impuestos, todos de un profundo carácter regresivo, al pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo, el que a duras penas subiste con emprendimientos micro-pequeños y/o de economía social); recargándole el peso abrumador de un sistema tributario perversamente injusto. Lo anterior no sólo aumenta la desigualdad social sin atender la evasión fiscal y las exenciones tributarias; sino que, además, encarece el costo de la vida al pueblo trabajador; a la vez que pone en grave aprieto las actividades económicas-productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, castigándolas con nuevas cargas tributarias.
  • Venta de activos del Estado: Integrantes del equipo económico del Gobierno han insistido en días anteriores que no han renunciado a la venta de FANAL. Desde las distintas expresiones organizadas de los sectores sociales hoy reunidas expresamos un NO rotundo a la venta de FANAL. Así mismo rechazamos con contundencia, las intenciones anunciadas en diferentes oportunidades por la fracción legislativa del PUSC y otros grupos políticos, sobre sus intenciones de impulsar venta de activos en Instituciones como activos como el Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Nacional de Seguros (INS) y telecomunicaciones del ICE.
  • El proyecto de Ley de reducción de beneficios fiscales y ajustes de tarifas en rentas de Capital (expediente 22.369) que pretende elevar la renta, generar impuestos al trabajo y gravar los intereses sobre rendimientos del FCL y rentas de capital en cooperativas.Lo anterior afecta especialmente al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista con nuevos impuestos. Tal iniciativa debe desecharse, radicalmente,
  • El proyecto de ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336) que concentra en manos del Poder Ejecutivo potestades excesivas, que perjudican los derechos de las personas trabajadoras estatales, poniendo en riesgo la calidad de los servicios públicos, para que el Gobierno de turno pueda manipular a su antojo el régimen de empleo del Estado costarricense. Iniciativa contraria a la institucionalidad democrática costarricense porque violenta la Constitución Política, los derechos humanos, laborales y sociales. Este proyecto junto a dos legislaciones ya aprobadas (conocidas como el combo fiscal (2018) y la ley anti-huelgas (2019), forma parte de la tríada de legislación que pretende la destrucción del modelo de Estado surgido a partir de 1949, con la denominada Segunda República.
  • Incumplimiento Gubernamental del artículo 19 de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad (Ley 3859). Por ley el Estado incluya en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al dos por ciento del estimado del impuesto Sobre la Renta de ese período, para girar las asociaciones de desarrollo de la comunidad debidamente constituidas. Lo anterior no se ha cumplido dada la reducción unilateral e inconsulta de recursos para el desarrollo comunal. Situación que atenta contra la reactivación económica en las barriadas, contra la seguridad de las comunidades y hasta contra la lucha en la atención de la pandemia, ya que estas organizaciones están involucradas en todo lo que tiene que ver con su comunidad.
  • Desinterés del Gobierno en dar solución a la condonación de deudas del sector agropecuario. En nuestro país un sector significativo de la producción agropecuaria nacional, prácticamente se encuentra en la quiebra por las altas deudas, impagables todas, de productores, a quienes la contracción adicional del mercado interno producto del Coronavirus-19 terminará de llevar a la banca rota, con su impacto negativo consecuente en la soberanía alimentaria nacional. Ante esta situación, el Gobierno no ha mostrado interés alguno, en impulsar el avance legislativo para aprobar el expediente No. 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario, y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria.
  • Falta de política integral para atender el comercio de la micro-pequeña empresa del mercado interno: El Gobierno sigue debiendo una estrategia de acompañamiento real al comercio, especialmente a la micro y pequeña empresa orientada al mercado interno; que garantice la no extinción de su actividad económica, que no le contraiga aún más el consumo afectando la capacidad adquisitiva de sectores que dinamizan su flujo de caja, o bien a través de disposiciones no dialogadas o arbitrarias sobre su actividad económica.
  1. Inexistente control político sobre el abuso en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado: A pesar que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tiene en estudio 1047 casos de empresas por supuesto abuso en reducción de jornadas y suspensión de contratos durante la pandemia del Covid-19; la Asamblea Legislativa aprobó en recientes días el expediente 22.265, que permite una ampliación de tres meses más al mecanismo que permite que a trabajadores del sector privado se les suspenda o reduzca jornada y salario. Lo anterior sin que exista control político alguno ni atención expedita a este tipo de irregularidades, por parte de quienes impulsan este tipo de iniciativas en el Congreso.

POR TANTO: Anunciamos al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, a la clase política de todo signo:

  1. Nuestra decisión de unir esfuerzos, para hacer frente de forma conjunta, a las recién mencionadas iniciativas de ley y problemáticas irresueltas orientadas a golpear aún más el ya afectado ingreso del pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo); de la población productiva (micro y pequeña empresa y agricultura campesina), y de sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, que a través de diversos encadenamientos productivos dan su aporte al consumo del mercado interno y la activación de la economía.
  2. Nuestra férrea oposición a: las negociaciones y el convenio que impulsa el Gobierno con el FMI, los impuestos regresivos con que pretenden cargar más la crisis sobre las espaldas de los sectores populares, al proyecto de ley 22.369 que afecta con nuevos impuestos al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista, al proyecto 21.336 ley marco de empleo público que violenta los derechos sociolaborales, y a la venta de activos del estado.
  3. Nuestra exhortación urgente al Gobierno y  a los diputados y diputadas de la República: aprueben el expediente 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria. aprovechando además el sistema bancario nacional para el refinanciamiento de la agricultura campesina, trasladen al movimiento comunal los recursos que por ley le corresponde, necesarios para desarrollar proyectos en sus comunidades, implemente una política integral para atender el comercio de la micro y pequeña empresa del mercado interno, y atienda y regule abusos en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado
  4. Nuestra convicción profunda que el país requiere que la clase gobernante implemente soluciones orientadas a la reestructuración de la deuda pública, la revisión del pago y de las tasas de interés que la misma ha venido demandando; así como a considerar los casi 15 mil millones de dólares que el Estado tiene en custodia en sus diversas modalidades institucionales para impulsar una solución nacional al manejo de la crisis fiscal con acción paralela en la reactivación de la economía y en la protección del empleo.

El robo de armas en la Academia Nacional de Policía, fue la crónica de una muerte anunciada

En la Seccional ANEP Fuerza Pública, hemos venido señalando el constate debilitamiento de la seguridad ciudadana, su desmejoramiento paulatino es evidente en todo el país. Paralelamente, la delincuencia ha perdido el poco respeto que le tenía a las fuerzas de policía, así se ha visto en diferentes eventos; pero nada parecido con lo sucedido en la Academia Nacional de Policía, una institución vital en donde se capacita a las personas que desean servir al país desde algún cuerpo policial.

Sobre el particular suceso, se habían venido señalando una serie de situaciones en lo interno de la Academia Nacional de Policía, sede Guápiles, de las cuales vamos a transcribir lo siguiente:

“Cabe destacar que en muchas escuadras se encuentra faltante de personal y cuando un oficial sale a vacaciones, el personal que queda es muy escaso para cubrir la seguridad de todas las hectáreas que conforman la ANP en Guápiles, dejando a los escasos funcionarios trabajando solos en áreas asignadas que no tienen un puesto donde poder hacer sus necesidades fisiológicas, dejar pertenencias o escampar las lluvias, además de cubrir puestos solos en un área amplia de día y de noche, cuando lo establecido y conocido dentro de nuestra labor policial es que “la unidad mínima de un grupo de policías es un binomio, para cumplir a cabalidad la labor policial”. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el traslado de documento anónimo.

En atención de que los funcionarios que por temor a represalias pidieron el anonimato, hicieron énfasis en temas de ambiente laboral, se pidió la atención del Departamento de Salud Ocupacional, al mismo tiempo que se le remitió copia al Viceministro de Seguridad Pública, designado por el ministro Michael Soto para atender las gestiones de nuestra organización. Valga decir, que el faltante de personal, no se relaciona con la salida de las personas en proceso de formación que citó el viceministro Castillo, dichas personas no forman parte de la seguridad interna de la ANP, están en un proceso de formación para integrar después alguno de los cuerpos policiales del país.  

En relación con el manejo de armerías del Estado, desde ANEP, hemos planteado en el pasado reciente, la debilidad que hemos detectado en la mayoría de delegaciones policiales, en las cuales se manejan armas al margen de lo estipulado en el Manual para el Manejo y Control de Armas Estatales, que cita:

Armería: Espacio físico destinado para el almacenamiento y custodia física del armamento, que es propio de Órgano o Ente Público o bien o asignado a través del Arsenal Nacional, para el ejercicio de funciones policiales o de seguridad. Dicho espacio ha de cumplir con los requerimientos estructurales, establecidos en el presente Manual para el Manejo y Control de Armerías Estatales. La negrita y el subrayado son nuestros.

“La Armería debe tener paredes, piso y contrapisos de concreto; en el caso de existir cielos suspendidos y estos tengan comunicación con otras áreas del inmueble, se deberá de clausurar dicha comunicación; no podrán estar separadas del edificio principal, salvo justificación técnica avalada por la Dirección General de Armamento, ni colindar con áreas de almacenamiento y/o utilización de sustancias inflamables, alimentos, comedores, baños, celdas, dormitorios y oficinas de atención al público”.

Eso no se cumple en la mayoría de delegaciones policiales del país, como tampoco se cumple que se debe dotar a las unidades del adecuado personal para la seguridad perimetral de las instalaciones vitales, lo cual se tiene que resolver de forma urgente. Así como de inmediato se debe fortalecer la capacitación policial; algo que también hemos venido planteando, pero que se han rehusado en atender, tanto el Ministro de Seguridad, como el Director de la Academia Nacional de Policía.

No es más seguro el país que más policías tiene, pero es indubitable que se requiere fortalecer nuestra Policía; con más personal, mejores instalaciones, mayor y mejor capacitación y mejor equipo, entre otras cosas. Indudablemente lo sucedido en la Academia Nacional de Policía, debe servir para que, de una vez por todas se hagan las cosas bien.

Municipalidad de Talamanca deja sin salario a trabajador reinstalado

La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, presentó un recurso de amparo a favor del trabajador de la Municipalidad de Talamanca, Cristian Rivera, quien fue reinstalado en su puesto en noviembre del año pasado y no ha recibido el pago de su salario.

ANEP se reunió con el diputado Dragos Donalescu

La ANEP se reunió con el diputado independiente Dragos Dolanescu Valenciano y su equipo de trabajo para analizar el escenario político-social del país de cara a las negociaciones del Gobierno con el FMI, así como el estado del proyecto de Empleo Público que se discute en la corriente legislativa.

Ambas partes concordaron en que el escenario social es una bomba de tiempo, debido a las decisiones que se han tomado desde el Poder Ejecutivo en detrimento de la clase trabajadora del país.

Otro de los puntos en los que la ANEP y el legislador concuerdan, es que el país no requiere de un convenio con el Fondo Monetario Internacional, y que las soluciones están en las propias arcas del Estado.  

Para el diputado independiente, existen figuras a lo interno del Gobierno que, están del lado del FMI y no quieren entender que la solución a la crisis fiscal está en casa.    

En próximas horas, la ANEP sostendrá más reuniones similares con diputados y diputadas de otras bancadas legislativas con el objetivo de palpar el escenario político social de los próximos días y las posibles acciones.

ANEP presenta inconstitucionalidad para evitar que trabajadores se queden sin salario por deudas

Esto se debe a que la asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP presentó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 de la Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Por considerar que su redacción atentaba contra el salario mínimo inembargable de los trabajadores tanto del sector público como del sector privado, así como pensionados. Al permitir al patrono y a las instituciones crediticias aplicar deducciones al salario que abarque la totalidad de la remuneración del trabajador.