ANEP considera inoportunas e innecesarias “negociaciones” con el FMI

-No obstante, insta a delegación fondomonetarista para que contacte a sectores populares opuestos en cuanto a que Costa Rica no ocupa de “convenio” alguno con FMI

Costa Rica no ocupa de “convenio” alguno con el FMI. Rechazamos, de manera tajante, que el país se vea inmerso en una nueva confrontación social, misma que podría sobrevenir en fechas próximas.

Las “negociaciones” con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido que el que ya vivimos; estando el país al mando de un grupo ideológico macro-fiscal muy fanático; y, para peores, de contradicciones entre sí, pues un día sí y otro también, han venido mostrando carencias fuertes de coordinación efectiva sobre las cifras que le presentarán al FMI para que éste les dé su “bendición”.

El gobierno que encabeza Alvarado, por el descrédito profundo en que su imagen ha caído y la prácticamente nula de confianza en su gestión, la cual es repudiada ampliamente por la abrumadora mayoría del pueblo costarricense; ha perdido toda legitimidad política y tampoco tiene la menor pizca de autoridad moral, como para hipotecar el futuro del país con las regulaciones crediticias del FMI.

Por otra parte, no hay necesidad alguna de que nos sometan al estrés social de un “convenio” con el FMI. Resulta impresionantemente perverso que se nos obligue a ello, contándose en arcas públicas con una cantidad de dólares 4 veces superior a la que pretenden con las “negociaciones” con el Fondo Monetario Internacional.

Quieren que esta entidad le preste al país 1.450 millones de dólares, teniendo el sector descentralizado del Estado, un superávit de 7.000 mil millones de dólares; suma tan grande que equivale a 12,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

¡7 mil millones de dólares de superávits, compuesto en dos grandes grupos. El superávit libre: 46.2 %, equivalentes a unos 3.246 millones de dólares, por una parte. Por la otra, el superávit específico: 53.8 %, equivalentes a 3.782 millones de dólares.

Bastaría, únicamente, utilizar esos 3.782 millones de dólares del superávit libre que atesora el sector público descentralizado, para no caer en las garras del FMI. Nótese que esta cantidad es pocos más de 2 veces lo que Alvarado y su camarilla ideológica-financiera pretende con el indicado “convenio”.

Tales datos son de la propia Contraloría General de la República (CGR), por demás, fiel aliada político-ideológica de la camarilla gubernativa que está controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo. Los números indicados son tomados del documento Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020, emitido por la CGR.

Adicionalmente, se debe considerar que ya no se está hablando de tomar dineros de las reservas monetarias internacional en custodia del Banco Central de Costa Rica (BCCR); entidad ésta que tiene esa plata como de “su propiedad particular”, no del país.

Denunciamos que serán las personas trabajadoras asalariadas estatales las verdaderas víctimas socio-financieras de la patraña que se esconde con relación a este “convenio” con el FMI. El proyecto-Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, no representa esfuerzo fiscal alguno serio, sino que es una iniciativa de corte ideológico-totalitario, con peligrosas derogaciones de facto de preceptos constitucionales. ANEP lo rechaza totalmente y ni siquiera puede ser objeto de la más mínima negociación bajo su enfermizo contenido ideológico sesgado anti-obrero.

El “convenio” con el FMI solamente le sirve a los cada vez más reducidísimos grupos financiero-económicos que están en el control absoluto de la Casa Presidencial y de la Asamblea Legislativa. En ésta última, a no pocas personas diputadas, esos grupos les “tuercen los brazos”, así reconocido por un parlamentario gobiernista.

El gran problema es que están manejando la política fiscal del país de manera perversamente dogmática y con grave contenido ideológico, que no es el de la búsqueda y la promoción del bien común; ni mucho menos, las legítimas aspiraciones en cuanto a reducir la exclusión económica y la desigualdad social.

La soberbia ideológica y la prepotencia peligrosa de esta camarilla ideológica en el poder, de la cual Alvarado es ya su más desprestigiado “gerente político”, les ha llevado a despreciar las más respetadas voces de procedencias diversas que han venido planteando alternativas al manejo del déficit fiscal con perspectiva nacional; pasando por la más que necesaria renegociación de la deuda pública y de su escandaloso y obsceno pago de intereses.

Instamos a la delegación del FMI a tomar contacto con las representaciones legítimas de los sectores populares que, con total transparencia y vehemencia, hemos venido adversando la maniobra de la camarilla gobernante con la propuesta de este “convenio”.

¡No hay alternativa para el pueblo trabajador costarricense que ya no se siente representado por la camarilla política de fanatismo ideológico que está controlando la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa!: la más amplia organización civil para la más amplia movilización social con el más alto contenido pacifista.

San José, domingo 10 de enero de 2021

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Segundo manifiesto en favor de la autonomía municipal y en contra del proyecto de Empleo Público

SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2018-2022

“Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

Este contundente criterio y concepto fue pronunciado durante las históricas sesiones parlamentarias que, con ocasión de la Asamblea Constituyente de 1949, dieron origen a la actual Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949; la cual consagró la Autonomía Municipal como una de las piedras angulares del nuevo proceso republicano que se abrió con la promulgación de esa Carta Magna, misma que, hoy 71 años después, todavía fundamenta nuestra institucionalidad como nación.

Otro diputado constituyente de ese gran acontecimiento histórico, la Asamblea Constituyente de 1949, también fue enfático al indicar lo siguiente: “Si se desea realmente otorgar a las municipalidades plena autonomía, deben desligarse del Poder Ejecutivo.”

Así nos lo ha recordado, de manera muy oportuna, el ciudadano don Manuel Hernández, en su reciente artículo Detractores de la autonomía municipal.

Quienes, dentro y fuera de este parlamento, se han convertido en detractores ideológicos y detractores políticos del régimen municipal costarricense, deben saber que no tienen el más mínimo respaldo en el seno de la comunidad institucional, política, social, laboral y comunal de las municipalidades de Costa Rica. Hablamos con la autorizada voz que nos da ser la expresión contundente de la clase trabajadora municipal organizada en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); a través de los compañeros y de las compañeras dirigentes laborales de base de la ANEP en los gobiernos locales, presentes aquí y con el beneplácito de quienes no pudieron asistir por diversas razones, para indicarles a ustedes, señoras diputadas y señores diputados, lo siguiente:

PRIMERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público representa, en el caso de los gobiernos locales costarricenses, una involución y un retroceso de siete décadas en el desarrollo de la institucionalidad democrática y republicana de las municipalidades.

SEGUNDO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público somete a las municipalidades a las decisiones circunstanciales de la Casa Presidencial de turno, en materia de gestión estratégica e integral de Recursos Humanos; y, por ende, invade los espacios autónomos de ejecución administrativo-financiera según las necesidades comunales. Se abre, así, un portillo, de consecuencias insospechadas pero temibles.

TERCERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público, sienta las peligrosas bases para abrirle paso a un modelo de Estado de corte autoritario-totalitario, excesivamente verticalista; modelo de Estado que existía antes de los dolorosos acontecimientos de la Guerra Civil entre costarricenses, ocurrida en marzo-abril de 1948, lo cual contribuyó o fue una de las causas de ese conflicto armado que le quitó la vida a, al menos, 2000 compatriotas de entonces.

CUARTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público, contiene groseras violaciones a nuestra Carta Magna del 7 de noviembre de 1949. Está plagado de ocurrencias, de inconsistencias, de improvisaciones irresponsables; mostrando su contenido esencial y sus torpes mociones consecutivas, un desprecio profundo de la jurisprudencia constitucional en materia de gestión ejecutiva y de relaciones obrero-patronales a nivel del Estado; un desdén caprichoso y soberbio por los informes previos de gran contenido histórico-jurídico y de solvencia moral internacional, preparados por valiosos especialista,; entre éstos, los de la propia ANEP, los cuales emitieron criterio vulgarmente despreciado por las personas legisladoras que han llevado la conducción ideológica y político-hegemónica del trámite de este nefasto proyecto.

QUINTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público es profundamente ideológico, al responder a los intereses de los sectores de mayor poderío económico, los cuales resienten la tardanza en la apropiación privada de las más relevantes empresas públicas propiedad de todo el pueblo costarricense; concibiendo esta perversa legislación como un paso fundamental en la ruta egoísta que le quiere imponer al país la plutocracia reinante.

SEXTO: Gran parte de las motivaciones fundamentales que impulsa el proyecto Ley Marco de Empleo Público, han sido generadas por la insana práctica de periodismo de odio, mediando matrices mediáticas que han intoxicado a la ciudadanía, con la ejecución de la más perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológica jamás desplegada contra grupo social alguno de personas costarricenses, en lo que va de lo que denominamos Segunda República. Una campaña propagandística que mandó al cajón de la basura las elementales reglas de un periodismo decente y equilibrado.

SÉTIMO: Las municipalidades están destinadas a ampliar su red de servicios públicos, fortaleciendo los que actualmente gestionan y asumiendo otros no menos relevantes; mismos que se brindan desde un Estado central colapsado por el pago exorbitante de los intereses de la deuda pública y de la deuda misma; razón por la cual, como legítimas representaciones obreras del personal municipal costarricense, indicamos que los gobiernos locales deben ser fortalecidos en las más diversas dimensiones para que potencien el desarrollo más integral a nivel de la comunidad; propiciando más empleo, más gestión de micro-pequeños y medianos negocios-empresas y actividades de economía social solidaria. Más programas de prevención social e integración ciudadana; más atención a la juventud; más apoyo a las madres jefas de hogar, más fortalecimiento para el pequeño y mediano productor agropecuario en los cantones donde corresponda; más recreación y cultura, más deporte y sano esparcimiento.

OCTAVO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público castra, de raíz, los indicados y otros aspectos del potenciamiento del desarrollo futuro de los gobiernos locales; con lo cual, se va a acrecentar los peligrosos niveles de exclusión económica y de desigualdad social que sufrimos en nuestros cantones y de los cuales, como personal municipal, hace que afrontemos a diario el dolor, las congojas y el sufrimiento de nuestros vecinos y de nuestras vecinas.

NOVENO: Los gobiernos locales nunca debieron ser considerados para incluírseles en esa nefasta legislación de empleo público; por demás, un proyecto que nunca fue exigencia o requisito para que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le dé un préstamo al país por 1.750 millones de dólares que Costa Rica no los necesita, pues las alternativas internas sobran para atender el problema de las finanzas públicas; problema que ninguna persona trabajadora municipal del país, ni nuestras respectivas autoridades en los gobiernos locales jamás generó.

DÉCIMO: Nosotros y nosotras, como personas trabajadoras honestas, asalariadas del sector municipal del país, régimen que es esencia misma de la maltrecha Democracia; nos comprometemos a desplegar todos los esfuerzos necesarios, en los más diversos ámbitos, tanto en lo local como en lo nacional, así como en lo internacional, para salvaguardar una de las herencias más sensibles de nuestra institucionalidad actual: la Constitución Política de 1949 y su constitucional régimen municipal. Recogemos ese legado de los padres y de las madres que fundaron el Estado Social de Derecho, en los procesos de lucha social previos a la Guerra Civil de 1948, así como en los que le siguieron a partir de la Carta Magna de 1949. Y ésta es nuestra consigna fundamental de lucha en estos históricos momentos: “Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

San José, lunes 22 de febrero de 2021.

ANEP-AyA dice no a la propuesta desubicada del nuevo presidente institucional de aumentar las tarifas por servicio de agua

La seccional considera que no es correcto trasladar a los usuarios los errores administrativos de la institución, mucho menos en tiempos de crisis

Lectura del manifiesto laboral en favor de la autonomía municipal y en contra del proyecto de Empleo Público

Lectura del manifiesto laboral en favor de la autonomía municipal y en contra del proyecto de Empleo Público por parte de los 61 municipios en donde la ANEP cuenta con afiliación, realizado este miércoles 17 de febrero a las 6:00 a.m.

COMO PERSONAL TRABAJADOR DE LA

MUNICIPALIDAD DE…

HACEMOS PÚBLICO EL SIGUIENTE MANIFESTO:

PRIMERO: Como costarricenses creemos en el imperio de la Constitución Política y de la Ley; normas fundamentales que sustentan nuestra convivencia civilizada; normas esenciales que hasta la fecha han dado base sólida a la autonomía del Régimen Municipal de Costa Rica.

SEGUNDO: Como personal trabajador al servicio de la comunidad en el seno del régimen municipal, estamos convencidos de que la base de la Democracia radica en el gobierno local, el de las municipalidades; pues éstas son la institucionalidad más cercana a las necesidades de la ciudadanía habitante de nuestro cantón.

TERCERO: Hemos estado dando seguimiento a las decisiones impulsadas por el presente Gobierno y por la actual Asamblea Legislativa en canto a atacar, una y otra vez, la institucionalidad democrática y republicana del régimen municipal de Costa Rica; y denunciamos ante la comunidad habitante de nuestro cantón de que ha llegado la hora de asumir una posición firme y valiente para salvar la autonomía constitucional de las municipalidades.

CUARTO: Hacemos público el más fuerte rechazo y repudio al proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo No. 21.336; el cual, no solamente pone en serio peligro esa autonomía constitucional del régimen municipal, sino que representa el sometimiento político y de gestión de nuestro gobierno legal a los designios de la Casa Presidencial de turno.

QUINTO: El indicado proyecto Ley Marco de Empleo Público representa un retroceso severo en materia de relaciones obrero-patronales en las municipalidades, generando en las mismas involución y retroceso en materia de derechos laborales y económico-sociales; así como gran inestabilidad y deterioro de la paz social.

SEXTO: Por el contrario, las municipalidades deben ser fortalecidas a fin de que en los dolorosos tiempos que vive nuestra Patria, ante el avance de las desigualdades y de la exclusión económica y social; pasen a ser generadoras de un mayor dinamismo de integración y de potenciamiento de más oportunidades para las personas habitantes del cantón, especialmente las que sufren desempleo como la población joven.

SÉTIMO: Nos comprometemos, a partir de este momento, a intensificar nuestra acción colectiva en defensa de la autonomía del régimen municipal, lo cual es asumir una defensa activa de la propia Constitución Política de la República.

OCTAVO: El próximo lunes 22 de febrero de 2022, una delegación obrera de nuestra dirigencia sindical se hará presente en las afueras de la sede de la Asamblea Legislativa, en San José; solicitando desde ya a las fracciones parlamentarias que se nos den atención debida y trato respetuoso.

MANIFIESTO PROMULGADO, LEÍDO A VIVA VOZ, A LAS 6 HORAS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2021, DESDE EL PLANTEL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE…

Trabajadores del Patronato Nacional de Ciegos conforman seccional

Trabajadores del Patronato Nacional de Ciegos conformaron, el pasado lunes, la seccional ANEP-PANACI, con el objetivo de defender la institución ante un posible cierre que dejaría a la población no vidente en un estado de vulnerabilidad.


Lo anterior debido a qué en la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para cerrar esta institución que brinda apoyo logístico a miles de personas ciegas

Unidad de Asesoría Jurídica logra reinstalación de trabajador despedido de forma arbitraria en la Municipalidad de Goicoechea

Este 2021, continúa el arduo trabajo de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP por la defensa de los derechos laborales de nuestra afiliación. En esta ocasión logrando la reinstalación de un trabajador de la Municipalidad de Goicoechea despedido de forma injusta e arbitraría.

Se trata de un funcionario de Limpieza de Vías de apellido Rivas, quien cuando llegaba al trabajo, el reloj marcador no le registraba las marcas de entrada, situación que se presentó durante las primeras dos semanas del mes de marzo del año 2020. Posterior a esta situación, dejó de utilizar el marcador debido a las recomendaciones emitidas por el propio municipio ante la alerta nacional sanitaria girada por el Ministerio de Salud por el Covid-19.

David Estrada, abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, detalló que el funcionario presentó varios testigos y pruebas demostrando que sí llegó a trabajar durante esos días, y que su ingreso lo hacía de forma temprana. Además, de que cumplía su trabajo e incluso de que realizaba sus marcas sin percatarse del mal funcionamiento del reloj marcador.

No obstante, el Alcalde de la Municipalidad de Goicoechea, Rafael Vargas Brenes, decidió despedir al funcionario bajo el argumento de que el reloj funcionaba bien, por lo que consideraba ausente durante esas dos semanas y media a el funcionario. Esto a pesar de existir prueba de que había trabajado durante ese tiempo.

Previo a aplicar el despido, el Alcalde había recibido una recomendación de archivar la causa por parte del Órgano Director del Procedimiento, no obstante, decidió realizar caso omiso de esta.

Sin embargo, para el abogado Estrada Zeledón, el más grave vicio fue que el alcalde resolvió utilizando documentos desconocidos para el acusado, violentando su derecho de defensa.

“La ANEP por medio de la UAJ, le brindó acompañamiento jurídico al trabajador y en el momento del despido se interpuso un recurso de apelación ante la jerarquía impropia del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José”, explicó Estrada

Evidenciando las nulidades evidentes cometidas por el Alcalde en el despido, el Juzgado decidió anular el mismo y en su lugar ordenó que el trabajador sea reinstalado inmediatamente con el pleno goce de sus derechos y el pago de sus salarios caídos.

MSP limita patrullajes ante falta de presupuesto

En días recientes conocimos de la exposición que hizo el Ministro Michael Soto en la Asamblea Legislativa, en dicha comparecencia, el señor ministro dijo: “De no aprobarse la solicitud de 15.500 millones de colones de presupuesto extraordinario para este año, a fin de solventar el recorte efectuado el año pasado, el Ministerio de Seguridad Pública podría verse obligado a cerrar varias delegaciones policiales, disminuir el patrullaje y dejar al policía sin equipamiento básico”.

Al efecto, hemos conocido que, en varias delegaciones policiales ya se está aplicando una disminución en el patrullaje preventivo, ello, producto de la disminución en el presupuesto para combustible. Así mismo, en ANEP tenemos constancia de problemas con chalecos vencidos, faltante de botas, delegaciones en mal estado, que no tienen locker para resguardo de las pertenecías de nuestros uniformados, carentes de un lugar para “estar”, de un espacio para las policías es periodo de lactancia, etcétera.

A nivel ciudadano, el tema también es complejo puesto que la mayoría de personas que transitan por las calles, quienes tienen su negocio o estén dentro de su vivienda quedan aún más desprotegidos antes la delincuencia, los cuales podrán aprovechar la nula presencia para ser certeros en sus asaltos, en la venta de droga y demás delitos que afecten a la población.

La carga se hace cada vez más pesada para nuestros uniformados, que no solamente deben lidiar con el incremento en la criminalidad, el irrespeto de un sector de la sociedad, los abusos y atropellos de un sector del mando, sino que, además deben soportar trabajar en delegaciones insalubres, con plagas de ratas o cucarachas, con equipo defectuoso o en mal estado, e inclusive, con la sobre carga que representa que les hayan asignado tareas de tránsito.

Por ello, sabidos del incremento en la incursión del narcotráfico y del crimen organizado en nuestro país, lo cual se concatena con un aumento en el desempleo, es oportuno que nuestros legisladores doten del adecuado y necesario presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, es urgente que la Administración, establezca planes remediales urgentes y en atención de prioridades, para fortalecer la seguridad ciudadana, desde la dotación de insumos y condiciones dignas para la población policial.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública al 8432-2880.