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ANEP entregó documento-propuestas para el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) entregó este lunes el documento-propuestas para el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTPBDC), donde se compila el resultado de varios años de ejercicio de pensamiento propositivo, generados por y desde la ANEP
Considerando lo anterior, amén de situarnos en la crisis política, económica, social y de salud en desarrollo, la ANEP ha considerado conveniente poner en manos de la ATTPBDC, algunos aportes propositivos generados por y desde la ANEP, en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales; documento que expresa el resultado de varios años de ejercicio de pensamiento propositivo, generados por y desde la ANEP, con base en su propia militante experiencia político-sindical cotidiana en los años de los TLC’s, partiendo del gran fenómeno sociopolítico del año 2000, el combo ICE, a la actualidad.
La autoría multisectorial de tales esfuerzos propositivos, cuyas identidades participantes (individuales y colectivas), se mencionan y honran en cada uno de los apartados de dicho documento, son reflejo de una sólida preocupación civil en cuanto a que Costa Rica empezó a abandonar la senda de la promoción del bien común y de la inclusión social, sin que la clase política se “percatara” de ello; al punto de que una vez llegada la pandemia del coronavirus Covid-19, ésta lo que hizo fue estrellarnos en nuestra propia cara de sociedad hasta qué punto habíamos llegado en cuanto a exclusión social y económica. Todos los indicadores, de las más diversas procedencias, son contundentes al respecto.
Sin temor a equivocarnos, la actualidad de los contenidos propositivos del documento Hacia una Costa Rica de justicia social real y efectiva con democracia verdadera: Algunos aportes propositivos generados por y desde la ANEP, en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales, entroncan con los nobles propósitos del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTPBDC),
Creemos que hay un nuevo contexto, a partir de lo que apuntamos en el párrafo inicial de la página 2 del contenido de la presente, para el desarrollo del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, que posibilita la reinserción de la ANEP; sobre lo cual algunas personas, con mucha honestidad e interés sano por su eventual y exitoso resultado, lo estarían recomendando. En todo caso, quisimos aprovechar la circunstancia histórica del momento y entregarle el documento ya mencionado con la respetuosa y reiterada solicitud de que su despacho proceda a compartirlo, si lo considera oportuno. De manera pública, nuestra iniciativa se ha de conocer.
De seguido, detallamos los contenidos de nuestro documento:
Documento-propuestas para el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTPBDC)Descarga
ANEP entregó documento-propuestas para el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabaja… by EugenioGuerrero on Scribd
ANEP rechaza, de manera contundente, proyecto de Empleo Público
De manera contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, con toda contundencia, el Expediente Legislativo No. 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público, a punto de dictaminarse en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Esta decisión, unánime y firme, de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la organización, se adoptó en su sesión No. 2217, de este viernes 30 de octubre de 2020.
Luego de un profundo análisis de dicho proyecto de ley, en sus distintas versiones, todas surgidas de la más irresponsable improvisación gubernamental, los defectos y las aberraciones de naturaleza político-jurídica contenidas en ese proyecto, provocan el más fuerte rechazo de la ANEP, así como de todo el mundo obrero y gremial de la clase trabajadora asalariada del sector Público.
El Expediente Legislativo 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público constituye una “colección” de violaciones al orden constitucional todavía vigente en el país, surgido en 1949; atropella compromisos-país, mediando las correspondientes legislaciones, contraídos con el orden jurídico-legal global: tanto a nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como de los sistemas continental y mundial en materia de Derechos Humanos (DD.HH.); los correspondientes al propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el que tutela la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otra parte, la creación de una mega-ministerio, una súper-cartera ministerial, por encima de la división constitucional de poderes, convertiría al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en una entidad de verticalista corte autoritario, al mejor estilo de estados totalitarios que sumieron a sus respectivos pueblos en vivencias de inenarrable dolor y sufrimiento. Esta circunstancia, quizás la más aberrante de este nefasto proyecto de ley, le desnuda en cuanto su carácter profundamente antidemocrático.
La desaparición, prácticamente explícita, del concepto filosófico-político que animó la estipulación constitucional de Servicio Civil, lleva a la Dirección General de Servicio Civil a un estadio peor que el que presenta en la actualidad: del control de la Casa Presidencial pasa a “departamentalizarse” dentro del ente totalitario del Mideplan. El retroceso aquí es inaceptable para las conciencias democráticas de verdad.
El confuso e incomprensible sistema de evaluación de desempeño que propone este proyecto 21.336, convierte a la persona trabajadora empleada pública, en “esclava” de la jefatura intermedia, dado que dos evaluaciones consecutivas negativas, inferiores al 70 % produce el despido, ipso facto, sin indemnización alguna.
Decimos “esclava” por cuanto la negativa de concesión de favores sexuales, la diferencia de color partidario, los celos subjetivos por capacidades, malas relaciones interpersonales no canalizadas y más bien acumuladas, rencillas, militancia sindical, etc.; pueden convertirse en factores de peso al momento de la evaluación anual, sin que los derechos a la debida defensa y al debido proceso, sean considerados de peso como para imponer la máxima objetividad posible en el proceso evaluativo. Prácticamente, será la indefensión, la característica fundamental en tal sentido.
Las consideraciones críticas presentadas por la ANEP ante la indicada comisión legislativa, jamás fueron tomadas en cuenta. Pese a ser elaboradas por prestigiosos profesionales en el Derecho Laboral, de sólida formación y experiencia más que sobrada, nos sentimos burlados en cuanto al magno esfuerzo que realizamos para demostrar la perversidad antijurídica y anticonstitucional de ese proyecto 21.336.
Es por ello que pensamos que el sensible tema del empleo público debe discutirse en un foro “descontaminado” de los prejuicios ideológico-políticos y mediáticos que han vulnerabilizado las posibilidades de una discusión objetiva y transparente. Además, es más que notorio cuál es el clima sociopolítico reinante en el país y la naturaleza ultra-sensible de la paz social en estos momentos. Ese proyecto 21.336. solamente significa más gasolina en el fuego ardiente de la disconformidad social, prácticamente, generalizada.
El Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que está desarrollando la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), ofrece la posibilidad de que una discusión sana se dé en materia de empleo público. ANEP aspira a que así sea.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
San José, viernes 30 de octubre de 2020.
Juzgado de Trabajo ordena la reinstalación de trabajador de la Imprenta Nacional despedido ilegalmente
La reinstalación obedece a una falta presentada en el debido proceso, ya que el despido de Johnny Fernández, quien también es dirigente sindical de ANEP, no contó con la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo, según lo ordena el artículo 541 del Código de Trabajo.
Trabajadores solicitan garantías de salud ocupacional para ser trasladados a nuevas instalaciones
Trabajadores municipales de la Unidad de Construcción, Obras y Mantenimiento de Edificios de la Municipalidad de San José, solicitan al ayuntamiento josefino brindarles las condiciones de salud ocupacional optimas antes de realizar cualquier traslado de la unidad a una nueva sede.
La solicitud de los trabajadores se da luego de que este lunes autoridades municipales clausuran la bodega de esta unidad, luego de que un camión recolector de basura impactara la estructura, sin embargo, los trabajadores aducen que esta no sufrió daños mayores.
Representantes de la ANEP en la Municipalidad de San José indicaron que actualmente existe una solicitud al Ministerio de Salud para que evalué las condiciones con las que debe contar el nuevo inmueble para albergar las cuadrillas, además de un Recurso de Amparo presentado por otra organización sobre el mismo tema. Por lo que aducen que hasta que no se resuelva esta situación no realizarán el traslado
Recorte al presupuesto de Migración y Extranjería suspendería operativos, deportaciones y servicios que brinda la institución
– La institución entraría prácticamente a un cierre técnico
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) envió una carta a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, solicitando no realizar recortes al presupuesto 2021 destinado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), ya que esto significaría un cierre técnico de la institución, afectando directamente los servicios que ofrece dentro y fuera del país, así como el trabajo operativo que realiza la Policía Profesional de Migración en todo el territorio nacional.
Incluso, la discusión del recorte presupuestario llega en el momento que también se discute el Expediente Legislativo No.20.323 Reforma del artículo 11 de la ley No. 9428 Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, del 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de Policía Profesional de Migración.
Los recortes al presupuesto 2021 a la Dirección General de Migración y Extranjería, afectara de forma negativa la imagen de la institución y la del país, al no disponer de los recursos requeridos para brindar los servicios que por Ley y competencias le corresponde; lo anterior, sin obviar las consecuencias legales que se podrían presentar.
Servicios que se suspenderían:
• Envío de equipo a los consulados en todo el mundo para a emisión de pasaportes y atención a los costarricenses que radican fuera del país.
• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar deportaciones, con la afectación en viáticos y transporte al exterior, según el rebajo que plantean, la PPM se vería en la imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 18 inciso 4 de la Ley N° 8764, el cual reza: ‘Ejecutar el rechazo, la deportación y la expulsión de las personas extranjeras, cuando corresponda, de conformidad con el proceso reglado por la presente Ley’, ello por cuanto a través del proyecto supra se financian las subpartidas de viáticos y transporte al exterior.
• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar operativos y apoyo en diferentes puestos a lo largo y ancho del país, con la afectación en viáticos y transporte dentro del país.
• El servicio en Aeropuertos se vería perjudicado ya que los viáticos no alcanzarían para desplazar Policías a reforzar, cómo lo hemos dicho el Cuerpo Policial de la Policía Profesional es pequeño hay un gran faltante de personal para la gran operación que se tiene que desplegar de frontera a frontera
• El servicio podría ser lento y nuevamente se verían esas largas filas en los puestos de Control Migratorio.
• No se dotaría a los oficiales de la PPM del equipo e insumos necesarios e indispensables para la ejecución de sus funciones, tales como: chalecos antibalas, armas, uniformes, entre otros. Debido a la peligrosidad a la que se encuentran expuestos los oficiales durante sus labores operativas, y de no contar con este tipo de equipo, prácticamente se estaría limitando el accionar policial, lo cual incurriría incluso en un debilitamiento de la seguridad nacional e incumplimientos de las competencias que por ley corresponden.
• Algunas Oficinas Regionales se podrían cerrar porque la administración no podría pagar alquileres, en los últimos años el presupuesto ha disminuido y no se ha podido realizar construcción de oficinas o edificios propios de la institución.
• La atención a las personas víctimas de trata y tráfico de personas no seguirían atendiendo de la misma forma y la Ley la 9095 nos obliga a cierta atención a estas personas.
• La atención en los Centros de Atención de Personas Migrantes podría llegar a cerrar.
En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, esta requiere de mayor cantidad de plazas policiales, para cumplir de forma más eficiente y oportuna, sus responsabilidades de control migratorio establecidas en la Ley General de Migración y Extranjería (No. 8764).
En los años anteriores, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ha solicitado a la STAP, la creación de plazas policiales; sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias y directrices presidenciales, no ha sido posible la aprobación de mayor cantidad de plazas por parte del Ministerio de Hacienda. A la fecha se requieren 245 oficiales según oficio GRH-3760-08-2017 de fecha 22/08/2014 del Gestor de Recursos Humanos, Célimo Rodríguez Pagani
Otro de los señalamientos realizado por la seccional ANEP-PPME, son las dificultades que tienen para la capacitación en los cursos policiales a oficiales de nuevo ingreso; así como para la Carrera Policial a los que están de alta en la Policía Profesional de Migración.
