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Lecturas recomendadas: Pandemia (propuesta sindical), jornada de 8 horas y empleo público

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP ) comparte con usted tres temas de actualidad: Pandemia y la propuesta sindical, jornada de 8 horas y empleo público.

  1. Propuesta sindical-social para los tiempos de pandemia. 

La institucionalidad al rescate de los sectores laborales y productivos ante los efectos del covid-19 en el país- Una propuesta “desde la otra acera”. Entregada al Gobierno de la República desde el 14 de abril de 2020. Al 31 de julio de 2020 seguiremos esperando, al menos, acuse de recibo.

La institucionalidad al res… by EugenioGuerrero on Scribd

2. Jornada de 8 horas-«Flexibilización laboral»

Nuestro planteamiento de fondo con relación a la eliminación de la histórica jornada de 8 horas: «Posición de ANEP entregada el 24 de enero de 2020, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, con relación al Expediente Legislativo No. 21.182.

ANEP cuestiona proyecto de … by EugenioGuerrero on Scribd

3. Empleo público-Memorandum de comentarios técnicos sobre proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde su sede en Ginebra, Suiza. Interesante análisis.  No necesariamente debe ser considerado como la posición oficial de la ANEP. Ésta se dará a conocer cuando se nos cite por parte de la Asamblea Legislativa. 

Empleo Público Memorandum de Oit by Yariela Novo on Scribd

ANEP apoya a los conductores trabajadores de plataformas tecnológicas, no a las empresas transnacionales

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Ante errados cuestionamientos de algunos dirigentes de taxistas, aclaramos que defendemos a los conductores trabajadoras de plataformas tecnológicas quienes trabajan en la informalidad, no a las empresas transnacionales dueñas de las aplicaciones.

Se avecinan cambios violentos en Régimen de Pensiones IVM: ANEP no legitimará con su firma nueva agresión a la clase trabajadora

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•Mujeres tendrán que laborar 5 años más, hombres 3

•Monto de pensión quedaría en 40% del promedio salarial

Se espera para próximos días que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), imponga cambios violentos y modificaciones bruscas en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que representarán, sin la menor duda, una nueva agresión a la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector público como la del privado; agresiones anti-obreras que se imponen aprovechando la crisis de la pandemia del covid-19.

De entrada, la edad para acceder a la pensión de dicho régimen será de 65 años, indistintamente de si se es hombre, o de si se es mujer. En éste caso, las trabajadoras deberán laborar 5 años más del tope actual (59 años y 11 meses); los varones, pasarán de la fijación actual de 61 años y 11 meses, para tener que laborar 3 años más.
Por otra parte, el monto final a recibir por pensión quedaría en un 40 %, no ya el 60 % actual; y, ese 40 % sería producto del cómputo de los salarios devengados durante toda la vida laboral de la persona trabajadora cotizante para el régimen; ya no como en la actualidad que es el promedio cotizado durante 20 años de desempeño activo en el mercado de trabajo.

La posibilidad del retiro anticipado quedaría completamente descartada.

ANEP anuncia que con su firma no se legitimará una nueva agresión en contra de los derechos de la clase trabajadora; y, con vehemencia, exhorta al ciudadano Mario Devandas Brenes, integrante de la Junta Directiva de la CCSS, en representación de los sindicatos, para que no dé su voto en la sesión que está prevista para la adopción de estos cambios violentos y estas modificaciones bruscas en el régimen de pensiones más importantes del país.

La crisis financiera del IVM-CCSS tiene que tener un abordaje integral considerando las distintas causas que la generaron, ninguna de las cuales es atribuible a la parte cotizante obrera. Por ejemplo, las erráticas y riesgosas inversiones que habrían generado una considerable pérdida y que siguen un trámite en sede penal para determinar responsabilidades político-ejecutivas en la toma de esas deplorables decisiones. La impunidad se ha impuesto, lamentablemente.

Aprovecharse del ambiente sociopolítico y económico nacional contaminado por la pandemia del covid-19 para imponer tales cambios anti-obreros en el IVM, desborda toda lógica ética y moral, pues encubriría debajo de la alfombra, determinaciones puntuales de carácter fundamental que deberían emerger si se trata de una reestructuración de corto, de mediano y de largo plazo que le retornen la seguridad financiera a este régimen de pensiones, hoy severamente vulnerada por, repetimos, causas no obreras.

ANEP aboga por que tal decisión se postergue y que se abra la más transparente discusión, metodológicamente ordenada, multifactorialmente diversa, con suficiente base sociolaboral realmente legítima, con plazo definido para llegar o no llegar a acuerdos; y extra-muros institucionales.

ANEP alerta a las diversas organizaciones aglutinadoras del cuerpo obrero cotizante del régimen de pensiones IVM-CCSS para que se construya una única posición de perspectiva trabajadora, sin cálculos personalistas; a fin de brindarle a la clase trabajadora una posición férrea y sólida, sin demagogias legitimadoras para el fortalecimiento de las posiciones enemigas mismas de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

San José, miércoles 28 de julio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

¿Cuáles son los planteamientos de los diversos grupos que participan en la manifestación vehicular?

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Este lunes 27 de julio, grupos con diversas consignas se unieron en la manifestación vehicular para demostrar la realidad que enfrentan en medio de la emergencia sanitaria.

La ANEP comparte el manifiesto el cual contiene las reivindicaciones o planteamientos de los grupos participantes, quienes han visto la agudización de la crisis fiscal y las repercusiones sociales y económicas agravadas con la pandemia del covid-19.

Son muchas las familias desempleadas producto de la pandemia y muchas otras ya lo venían sufriendo desde antes.

Temas de Manifetación Vehíc… by Yariela Novo on Scribd

Manifestacion Vehicular

Gepostet von ANEP am Montag, 27. Juli 2020

Galeria

ANEP-PPME cuestiona Vicepresidenta de la República ante faltante de personal en Policía de Migración

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Los cuestionamientos se dan luego de la comparecencia de la Vicepresidenta de la República, Epsy Campbell en la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela de la Asamblea Legislativa sobre la situación de personal migratorio en puestos fronterizos.

Derecho de respuesta al periódico La Nación

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San José, sábado 18 de julio de 2020.

S.G. 17-21-2191-20

Honorable señor

Armando González Rodicio, Director PERIÓDICO LA NACIÓN

Por esta vía solicitó al medio de comunicación que usted representa un Derecho de Respuesta o Rectificación sobre la publicación realizada el miércoles 15 de julio del 2020 en el sitio web de La Nación, en la sección No coma cuento, así como en las redes sociales de su organización, con el titular #NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos, debido a que dicho titular presenta un claro agraviante hacia mi persona.

La solicitud de Derechos de Respuesta o Rectificación la realizo amparado en lo que establece la Constitución Política de Costa Rica, en su Artículo 29; así como en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Título III, Capitulo III, en los artículos 66, 67 y 69, perfilado por los diferentes fallos que ha emitido la Sala Constitucional, además, ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Como lo indicamos supra, la Honorable Sala Constitucional, ha fundamentado la sustentación del “Derecho de Respuesta o Rectificación”, de la siguiente manera:

«IIo.- Si lo pretendido por el recurrente es ejercer el derecho de rectificación y respuesta, cabe aclarar que los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan ese derecho, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y por ende, para efectuar por el mismo órgano de difusión su respuesta de conformidad con las reglas que establece el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De esta manera, el interesado deberá formular por escrito la correspondiente solicitud, ante el dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a que se publiquen o transmitan las manifestaciones que se proponga contestar, y se acompañará el texto de su respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. Ese texto deberá publicarse o difundirse -y tendrá que destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva-, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria y en los demás casos cuando se dé el próximo tiraje o transmisión que se hiciere después de ese plazo (…)» (Sentencia No. 7086-94, de las 13:24 hrs. del 2 de diciembre de 1994).

LOS INFUNDIOS A LOS QUE NOS REFERIMOS:

En la nota publicada por los periodistas Silvia Artavia y Aarón Sequeira se manifiesta que mi persona difunde información falsa sobre el proyecto que impulsa el Gobierno. con relación a la reducción de la jornada laboral y el salario en el sector público, al indicar en mi cuenta de Twitter lo siguiente “¡Qué bonito! La rebaja salarial NO INCLUYE A LOS DIPUTADOS NI A LAS DIPUTADAS. Dizque ellos tienen un régimen distinto al cual se llaman “dietas”. ¿Será posible tal cinismo político?” (Subrayado mío).

Sin embargo, mi aseveración en redes sociales, con fundamento, quedó completamente respaldada durante la comparecencia de la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), señora Pilar Garrido Gonzalo, en la sesión de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, del 14 de julio del 2020, al ser esta última cuestionada por el diputado José María Villalta Florez- Estrada sobre como el proyecto no tocaba el salario de los diputados y diputadas, además ampliado a otras jerarquías del Gobierno.

Al respecto el señor diputado Villalta, manifestó lo siguiente en el plenario legislativo:

“El proyecto de ley está tan mal planteado que podría generar una nueva y más grave desigualdad: se les rebaja los salarios a las y los trabajadores del sector público, pero no a los altos jerarcas del Gobierno -con salarios más altos- que no están sujetos a una relación laboral con el Estado.

El proyecto de ley plantea reducir en un 15% la jornada laboral del personal de la Administración Pública. Pero nuestra jurisprudencia constitucional y laboral ha establecido de forma reiterada que los jerarcas como ministros de gobierno no están sujetos por una relación laboral y, por lo tanto, no tienen una jornada laboral que reducir. Así lo dejó claro la Sala IV, en el voto N.°369- 2009, donde afirman que ‘las labores que desempeñan los funcionarios públicos “gobernantes” son de naturaleza política, nombrados por el Presidente en atención, principalmente, a su afiliación partidaria, de manera que su relación con el Estado -como se indicó- no es laboral ni estatutaria’.»

Algo similar ocurre con los directivos de instituciones autónomas que ganan jugosas dietas. No están sujetos a jornadas laborales, por lo tanto, a ellos no se les aplicaría el rebajo salarial, sólo a sus subalternos. Pasa lo mismo con los diputados y diputadas. No hay una relación laboral con el Estado ni aplica una ‘jornada laboral’. La remuneración se rige por una ley especial y se paga por dietas.

Cabe mencionar y llama poderosamente la atención, que estos hechos noticiosos suscitados en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios un día antes de publicada la noticia “NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos”, (subrayado mío), ni siquiera fueron tomados en cuenta por los periodistas para elaborar la nota que me ataca, a pesar de que incluso se volvió un hecho noticioso nacional y tendencia en redes sociales. Sólo se avocaron a tomar en cuenta las manifestaciones de la ministra Garrido Gonzalo, misma que fue puesta en evidencia al suministrar datos inexactos y, posiblemente falsos, ante la opinión pública y en la misma Asamblea Legislativa sobre los alcances de la propuesta de Gobierno.

Entonces queda claro que no ha sido la ANEP, ni mi persona, las que hemos difundido información falsa. Queda clarísimo para nosotros y para la opinión pública que ha sido el Gobierno de la Republica, presidido por Carlos Alvarado Quesada y la indicada ministra de Estado, quienes con tal de afectar a la clase trabajadora y, especialmente, a los trabajadores del sector público, quienes han aportado en el mismísimo Congreso de la Republica, información incorrecta, inexacta y posiblemente falsa; la cual no sólo ustedes no han verificado y, al parecer, más bien se regocijan en hacer eco y propalar tales inexactitudes. ¡Claro!, es entendible: ustedes les fascina vilipendiar la lucha sindical y, por supuesto, a quien suscribe este derecho de respuesta y rectificación.

Por estos motivos, reitero en nombre, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, organización sindical que dignamente represento, la solicitud inicial del derecho de respuesta o rectificación bajo las mismas condiciones en las que fue publicada la nota que atenta contra mi imagen.

Saludos.

Albino Vargas Barrantes Secretario General

Impuesto al aguinaldo: el acabose de la agresión a la clase trabajadora

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  • Furia obrera será indetenible.
  • Promotores de ingreso a la OCDE siempre lo ocultaron.
  • Una hora de evasión fiscal recuperada significa más de dos veces lo que pretenden recaudar con el impuesto a los aguinaldos.

De la manera más enfática y fuertemente vehemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su más fuerte rechazo a la descabellada idea que, presuntamente, estaría proponiendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mentado “club de los países ricos” que ahora admite en su seno a “convidados pobres” como Costa Rica.

Decimos “presuntamente” porque no podemos descartar que sean elementos político-“empresauriales” nacionales los que hayan ido al seno de la OCDE con esa nefasta idea, considerando que si ellos mismos lo hicieran el costo político les resultaría catastrófico, dado ya están pagando muy alto la factura por la cadena de medidas anti-obreras que vienen tomando en el marco de la pandemia y antes de la misma.

Es más, la “tímida” y pública inicial reacción gubernamental ante la propuesta de la OCDE, incrementa nuestra sospecha de que a ésta le “vendieron” la idea de que sea ella la que realice el trabajo sucio de formularla.

Específicamente, la jerarca ministerial de Mideplan, Pilar Garrido Gonzalo y su homólogo de Hacienda, Elián Villegas Valverde dijeron que el Gobierno “analizaría” la propuesta, cuando lo que correspondía era haber formulado un fuerte rechazo gubernativo, de primera entrada, a tan descabellada idea.

Pronosticamos que, si semejante idea empieza a tomar cuerpo y, peor aún, es puesta a trámite parlamentario, la ira socio-laboral sería incontenible, indetenible, pues el aguinaldo no solamente es considerado como una sagrada conquista obrera, por lo tanto, intocable (y hasta ahora intocada); sino que, los comerciantes, de manera especial, saben lo vital que para sus negocios resultan los miles de millones de colones puestos a circular en la economía en el mes de diciembre.

Nos atrevemos a decir que la reacción de repudio y rechazo sería espontánea y no costaría mayor esfuerzo una convocatoria a las calles.

Los ¢117 mil millones que generaría ponerle un impuesto al aguinaldo, significan menos de la mitad de lo que se evade en impuestos en una sólo hora, pues con base en la estimación (muy bajita, por cierto), del anterior exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, de que anualmente en Costa Rica el fraude fiscal-tributario es del orden de los $3 mil 800 millones, a la hora de hacer la conversión a colones, el robo de impuestos alcanza, ¡por hora!, casi ¢253 mil millones.

O sea, una hora de evasión fiscal recuperada, equivaldría a poco más de dos veces lo que quieren arrancarle por impuesto de renta a los aguinaldos.

Dejamos alertada a las conciencias obreras de los sectores privado y público para que se alisten a movilizarse, con las previsiones sanitarias de rigor, si resulta necesario la defensa del aguinaldo. Primero es el impuesto… luego se atreverían hasta plantear su eliminación.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Todo listo para la manifestación vehicular pacífica

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•Con respeto estricto a los protocolos sanitarios

•Habrá caminantes con distanciamiento físico entre sí

Tal y como se había anunciado con bastante antelación, este lunes 27 de julio se desarrollará la Manifestación Vehicular Pacífica, con respecto estricto a los protocolos sanitarios, prevista para iniciarse a partir de las 9 de la mañana, en Sabana Norte, al costado este del histórico edificio central del ICE. Se recorrerán importantes vías capitalinas.

Se dará a conocer un manifiesto conteniendo las reivindicaciones puntuales de los grupos participantes, reunidos en el marco del Encuentro Social Multisectorial; puntuales planteamientos que se dan en el marco de la agudización de la crisis fiscal y de sus perversas repercusiones en los planos económico-social, amén de los graves efectos que para éstos está teniendo la pandemia del covid-19.

Particularmente, los contenidos del manifiesto toman en consideración el drama social de las familias desempleadas producto de la pandemia, la de quienes ya venían sufriendo el flagelo de la informalidad y de quienes ya estaban sin trabajo, la creciente angustia económica asfixiante para las micro-pequeñas y medianas empresas; así como el agobio y el ataque constante al empleo público; son parte de los contenidos que serán bien remarcados con esta actividad.

En el acongojante y doloroso escenario nacional que abrió el coronavirus, se entiende que la Manifestación Vehicular Pacífica de mañana lunes 27, se considera como una primera acción dado que serán necesarias otras, pues dada la soberbia y prepotencia de la gestión de Alvarado, de su Administración, y del equipo de élite del gran empresariado que le rodea, no ha sido posible un diálogo social, transparente y fructífero, como lo exigen las condiciones de vida de deterioro ascendente para la amplia mayoría de las familias trabajadoras costarricenses. Diálogo real en el que venimos insistiendo desde el año 2018, sin encontrar voluntad política de la élite gobernante, y en el cual insistimos en tiempos de covid-19.

La actividad, de contenido abierto, también desea hacer un llamado a la unidad social de amplia base que permita construir, entre todas las fuerzas y sectores con interés de participar, una agenda conjunta con la visión y contenidos de quienes nos sentimos ya excluidos o a punto de serlo por una política económica que no está destinada para favorecer a la mayoría.

Se solicita a caminantes distanciamiento físico entre sí, uso de caretas o mascarillas y demás protocolos sanitarios.

San José, domingo 26 de julio de 2020.

Rebaja salarial en el sector público: golpear más duro a la Caja

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  • Movilizaciones obrero-sociales apoyaron su creación
  • Movilizaciones obrero-sociales deben defenderla

Para el año 2019, a pesar de que la fuerza laboral asalariada del sector Público apenas representó un 18 % de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo formal y con salario fijo, su aporte a las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), andaba por el orden del 45 % de los ingresos de tan vital institución para la salud de la población y para la vida democrática misma del país.

Durante los primeros seis meses del presente año 2020, en plena pandemia (aunque ésta nos llegó en marzo anterior), el conjunto del aporte obrero del personal asalariado del Estado para con las finanzas de la Caja ha crecido sustancialmente, si consideramos que la parte del aporte obrero privado ha mermado de manera significativa por la suspensión de contratos laborales, las reducciones de jornada, los despidos duros y abiertos.

Los datos provienen del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Incrementar las dificultades financieras de la Caja en estos durísimos momentos que muchos pensamos van a ser más dolorosos próximamente, mediando una rebaja salarial para el sector Público, viene a representar una especie de crimen social que ANEP condena enérgicamente.

La institución ya acumula enormes dificultades, no solamente por la acumulación de la deuda del Estado con ella sobre lo cual no se ve voluntad política alguna para empezar a saldarla como debe ser; sino que la han obligado a otorgar concesiones al empresariado con relación a las propias responsabilidades de éstos en cuanto patronos que parecen haber rebasado una lógica comprensible por las circunstancias, agravando más la reducción de ingresos que sufre.

Sin duda alguna, se están presentando diversas circunstancias que obligan a lanzar una alerta general a la población trabajadora del país, acerca de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta el más severo ataque de toda su historia pues los enemigos de siempre, los que ansían apropiarse de los servicios públicos de salud para convertirlos en mercado de negocios, se han descarado a tal nivel que ya plantean, sin asco, su privatización abierta como lo impulsa el sindicato patronal-empresarial más agresivo del país en contra del Estado Social.

Nada raro sería que la primera rebaja salarial en contra del empleo público esté concatenada para golpear más duro a la Caja, más allá de las insostenibles justificaciones fiscales que se vienen esgrimiendo en contra de las personas asalariadas del sector público.

Hay que señalar con el dedo cívico-popular acusador a quienes, de manera farisea, se rasgan las vestiduras a propósito del amor que dicen tenerle a la Caja pero que, en la práctica, están haciendo todo lo contrario para estrangularla. 

Si grandes e importantes movilizaciones obrero-sociales hubo en los años 40 del siglo anterior para que tuviéramos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); tocará a la generación presente (joven, adulta y adulta mayor), salir a defender su existencia, también mediando importantes movilizaciones obrero-sociales.

San José, lunes 13 de julio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP presenta denuncia disciplinaria laboral contra juez Contravencional del Juzgado de Bribri

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•  El juez indicó que no era de su competencia conocer los recursos de apelación por el caso de los trabajadores despedidos injustificadamente de la Municipalidad de Talamanca.
•  Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica concuerda con ANEP al considerar que le correspondía al Juzgado Contravencional de Bribri darle trámite a los expedientes.


La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso una denuncia en Inspección Judicial contra el juez Contravencional del Juzgado de Bribri, Víctor Orozco Zarate debido a que consideró que “dicho despacho era incompetente para conocer los recursos de apelación” que presentaron varios trabajadores por el despido injustificado realizado por el Alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez. 


De acuerdo con los hechos contemplados en la denuncia, el pasado 5 de junio, una trabajadora de apellido Selles, de la Municipalidad de Talamanca acudió al Juzgado Contravencional de Bribri a interponer el recurso de apelación contra la resolución administrativa de revocatoria del despido. Sin embargo, el Juzgado Contravencional de Bribri, declinó el conocimiento de este asunto al interpretar el artículo 159 del Código de Municipal y considerar que dicho despacho era incompetente para conocer este tipo de diligencias y ordenó remitir el asunto ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. 

El actuar del juez Orozco Zarate fue el mismo ante los otros recursos de apelación de despido injustificado presentado por otros tres trabajadores de la Municipalidad de Talamanca, tramitados bajo los expedientes número 20-000044-1537-LA, 20-000043-1537-LA y 20-000042-1537-LA.


Por su parte, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, elevó el caso al Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica solicitando un proceso de jerarquía impropia, ya que de acuerdo con la Reforma Procesal Laboral son los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía los que  conocerán en materia de trabajo (como Juzgados de Trabajo por Ministerio de Ley) de todos los asuntos, cualquiera sea su valor económico, correspondientes a su circunscripción territorial, excepto de los conflictos colectivos de carácter económico y social, siempre y cuando en su territorio no exista Juzgado de Trabajo. 

“Por lo que a criterio de la suscrita, contrario a lo considerado por el Juez Contravencional, ese despacho quedó facultado por ministerio de ley a conocer todos los asuntos con excepción de los conflictos colectivos de carácter económico y social, de ahí que no podría declararse incompetente para resolver un recurso de apelación por jerarquía impropia de su jurisdicción”, indicó la jueza del Primer Circuito Judicial Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Ana Naranjo Solano.


“Lo que nos preocupa es que los casos de los cuatro de los compañeros se encuentran prácticamente detenidos y es lamentable, por eso nosotros presentamos la denuncia ante la Inspección Judicial porque queda claro que el Juzgado Contravencional era el que debía de resolver. Lo que hace este juez es dilatar los procesos tan urgentes como es el recurso de apelación del despido injustificado”, explicó José Pablo Quirós, asesor legal de la ANEP.


Quirós agregó que la situación es preocupante, ya que este proceso puede durar años si no se revuelve con celeridad y la negativa del juez causa prejuicios graves a la parte más débil de la relación laboral, es decir, a los trabajadores quienes requieren volver a su puesto de trabajo lo más pronto posible. 


En la denuncia presentada ante Inspección Judicial, la ANEP incluyó varias pretensiones en contra del juez Víctor Orozco Zarate; entre las que se encuentran el traslado del Juzgado Contravencional de Bribri con el objetivo de evitar perjuicios a los pobladores de la zona de Talamanca, ante la incompetencia laboral del Juzgador denunciado. Además, que sea sancionado con la suspensión de su cargo por 20 días sin goce de salario por el incumplimiento de labores en la tramitación de los expedientes antes mencionados y que se le ordene tramitar sin dilataciones injustificadas, futuros procesos laborales o de otra naturaleza, que sean de su competencia.