La ANEP, por medio de su Unidad de Desarrollo Organizacional, con el apoyo de la abogada laboral, Adriana Vargas Sánchez, lograron la reinstalación de un trabajador de la Municipalidad de Guatuso, de apellidos Ocón Martínez. Este último fu despedido desde el 18 de diciembre.
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¡Atención! Llamado a huelga para las municipalidades
Solidaridad de la ANEP con el pueblo trabajador de Chile
La Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP), visitó esta tarde la sede de la embajada de la República de Chile, ubicada en nuestro país, para solicitar al Gobierno chileno cesar la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra su pueblo, ya que está situación recuerda, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.
Compartimos la carta presentada por la ANEP ante la Embajada de la República de Chile
San José, 6 de noviembre de 2019.
S.G. 17-21-1688-19
Señor
Oscar Alcaman Riffo
Embajador de Chile en Costa Rica
Presente:
¡El Movimiento Sindical y Social quiere respuestas!
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos – ISP, organización global que representa a 20 millones de trabajadores/as públicos/as en el mundo y que en Chile aglutina a las Federaciones y Confederaciones del sector Público más importantes como ANEF, ANEJUD, AJUNJI, ASEMUCH, AFIICH, ANEIICH, CONFUSAM. CONFEMUCH, FENPRUSS, y del sector privado como FENATRAOS; viene por medio de la presente, a solicitar que el gobierno del Presidente, Sebastián Piñera cese la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra el pueblo de Chile, que sin duda nos recuerdan, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.
Por otro lado, sabemos que la actual Crisis Social que desde el 18 de octubre ha tenido al pueblo chileno bajo el lema “Chile despertó” en las calles de Arica a Punta Arenas, es la expresión espontánea que sintetiza las diversas demandas del país por acabar con un sistema que oprime y abusa sistemáticamente contra derechos humanos como el agua, la salud, la educación, la seguridad social y que la actual Constitución no contempla. Al contrario, ha permitido que se privaticen y mercantilicen durante más de 40 años.
El movimiento sindical y social en Chile viene denunciando hace décadas esta situación, y en estas casi dos semanas se ha sumado como actor a la principal demanda de la gente “una nueva Constitución” y ha planteado -al alero de “Unidad Social” que congrega a más de 200 organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles-, un pliego con 10 demandas laborales y sociales, y que no se continúe con la tramitación de los proyectos de Ley que van en contra de los derechos del pueblo, incluido el llamado a no ratificar por parte del Senado el TPP 11.
En tal sentido, creemos fundamental, avanzar hacia un cambio de la Constitución Política, cambio que necesariamente debe ser efectuado mediante una Asamblea Constituyente que ha comenzado con los cabildos que se están realizando desde el 24 de octubre autónomamente del poder y que en forma deliberativa debaten sobre el país que quieren tener.
Sectores Agrario y Rural presentarán pliego de peticiones al Gobierno ante crisis
Se concentrarán este lunes en la sede central del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Los sectores Agrario y Rural, integrantes del Encuentro Social Multisectorial (ESM), se concentrarán este lunes 27 de enero en la sede central del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con la intención de presentar un pliego de peticiones al Gobierno de la República, ante la crisis que encara el sector.
El pliego de peticiones, que también será entregado al Ministro del MAG, Renato Alvarado, consta de 8 puntos, en los cuales en su mayoría se solicita la aprobación de proyectos de ley que vendrían a dar un respiro a estos sectores.
Dentro de la misiva, los integrantes del Encuentro Social Multisectorial, también catalogan de “resultados nulos” las mesas de diálogo establecidas con el Gobierno desde agosto anterior.
“El mes de agosto, el Señor Presidente de la República oficializó el diálogo con los sectores que conformamos el Encuentro Social Multisectorial. Se establecieron mesas y espacios de trabajo, mismas que debían durar un período de hasta 3 meses para dar frutos positivos. Pese a los esfuerzos realizados en el tiempo trascurrido de aquel agosto a hasta la fecha, los resultados han sido NULOS. El Gobierno ha negado toda solución positiva que ayude a resolver los distintos problemas que fueron planteados en las mesas de diálogo de asuntos agropecuarios y de ruralidad”, indica el documento.
Según Ulises Blanco, representante del ESM, esta situación llevo a la decisión de concentrarse el día de hoy en las instalaciones del MAG, como una primera medida de presión, para ser escuchados por el Gobierno y el Ministro de la cartera.
Compartimos el pliego de peticiones
ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL
SECTORES/AGRARIO Y RURAL
SAN JOSÉ 27/01/20
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
El mes de agosto, el Señor Presidente de la república oficializó el diálogo con los sectores que conformamos el Encuentro Social Multisectorial. Se establecieron mesas y espacios de trabajo, mismas que debían durar un período de hasta 3 meses para dar frutos positivos. Pese a los esfuerzos realizados en el tiempo trascurrido de aquel agosto a hasta la fecha, los resultados han sido NULOS. El Gobierno ha negado toda solución positiva que ayude a resolver los distintos problemas que fueron planteados en las mesas de diálogo de ASUNTOS AGROPECUARIOS y de RURALIDAD; por lo tanto, los aquí presentes, hacemos formal protesta por la lentitud y negativa del gobierno para resolver los problemas que afectan a los habitantes de las zonas rurales de nuestro país y aseguramos, no volver a nuestras fincas, parcelas o casas, hasta que el GOBIERNO defina, en documento debidamente firmado y con tiempos bien definidos que sean aceptables para nosotros, el cumplimiento de los siguientes acuerdos:
- Convocar el proyecto de ley DE RECATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO, AGROALIMENTARIO Y FORESTAL. Borrador que ha estado en discusión desde hace meses, cuyo texto final se le envió a Casa Presidencial.
- Otorgar el pago diferenciado de servicios ambientales, por un área de diez mil hectáreas en las zonas que han sido predeterminadas en la mesa de Ruralidad.
- Retirar de corriente Legislativa todos los proyectos que atenten contra la estabilidad de la producción agroalimentaria y las instituciones que las tutelan. Asegurarnos, por escrito que no serán convocados nuevamente.
- Convocar el proyecto de fortalecimiento al PAI, por medio del CNP, que se negoció en la mesa de asuntos Agropecuarios.
- Convocar al proyecto de LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA Y EL USO DEL SUELO EN COSTA RICA. Presentado al Gobierno en la mesa de Ruralidad.
- Instalar la comisión bipartita, que redactará el proyecto de reformas de ley para garantizar la solución adecuada a los conflictos en precario, acordado en mesa de Ruralidad.
- 7.) Reorganizar el diálogo para, encontrar los concesos adecuados y hacerle los ajustes necesarios al proyecto de Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional
- Reorganizar el Diálogo para iniciar un proceso de revisión y ajuste a los TLCs y su adecuada administración.
ENCUENTRO SOCIA MULTISECTORIAL. SECTOR RURAL Y AGROALIMENTARIO
Ulises Blanco, Secretario Técnico.
Convocatoria: Asamblea General de medio período
ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE se reunieron con representantes de la ONU en la región
Los representantes de Naciones Unidas de la región, aceptaron que hubo un errado pronunciamiento e interpretación por diversos sectores en Costa Rica del papel de los Relatores Especiales de la ONU, desacreditando su análisis sobre el proyecto de ley en discusión, por lo que resaltaron su interés y la importancia de corregir esa interpretación lo más pronto posible.
La ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE se reunieron este miércoles 6 de noviembre, con la representante del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, Alice Shackelford, para conversar sobre el pronunciamiento de los Relatores Especiales de la ONU sobre el proyecto de ley anti huelgas que se discute en la Asamblea Legislativa.
En la reunión que se extendió por 2 horas, también participaron vía virtual desde Panamá, la representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Marlene Alejos y la oficial de Derechos Humanos, Sara Nuero.
Durante la reunión, los representantes sindicales explicaron a los representantes de Naciones Unidas la clara afectación a los Derechos Humanos que contiene el proyecto de ley N21.049, denominado proyecto anti huelgas y el claro ataque anti-sindical desde diversos frentes.
Además, describieron el desconocimiento que se tiene en el país y en los tres poderes del Estado, sobre el papel de los Relatores Especiales de la ONU, del sistema de Derechos Humanos, así como los compromisos y acuerdos suscritos por Costa Rica en esta materia.
Otra de las solicitudes por parte de ANEP, ASDEICE, UPINS Y SIICE es la aclaración por parte del Sistema de Naciones Unidas sobre el pronunciamiento y el papel que desempeñan los Relatores Especiales, ya que estos últimos fueron completamente desacreditados por diversos sectores.
Ante este escenario, los representantes sindicales solicitaron con urgencia la coordinación de una capacitación sobre Procedimientos Especiales de Naciones Unidas (Relatorías, OLs, Cartas de Alegaciones, etc.), como una preocupación para que el debate sobre el papel y mandato de esos órganos no sea tergiversado, disminuido o ignorado.
Por su parte, los representantes de Naciones Unidas de la región aceptaron que hubo un errado pronunciamiento e interpretación, por diversos sectores en Costa Rica, del papel de los Relatores Especiales de la ONU, desacreditando su análisis sobre el proyecto de ley en discusión, por lo que resaltaron su interés y la importancia de corregir esa interpretación lo más pronto posible.
Además, coincidieron con la representación sindical de la importancia y urgencia de realizar una capacitación en conjunto, con sindicatos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y otros actores, para concientizar sobre los mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas
Otro de los factores de suma importancia para la representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es revalidar y dejar en claro la posición de que los sindicalistas son defensores de derechos humanos.
«ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE desean extender una mano a la Oficina ONU Costa Rica para caminar junto a otros sectores y actores de la sociedad en el mejor entendimiento y sentido práctico del papel de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas. Que no perdamos el mensaje de esos expertos y expertas de Naciones Unidas y que hoy, más que nunca, cerremos filas por construir un diálogo social constructivo», manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Tanto ANEP, como ASDEICE, UPINS y SIICE entienden su papel de reivindicación de los derechos de los trabajadores, pero también entiende que sus dirigentes, ahora catalogados también como defensores de derechos humanos, tienen una responsabilidad social que cumplir y la mejor manera de hacerlos cuando ya los causes nacionales parecen agotarse, es utilizar la institucionalidad internacional.
Sala Constitucional ordena solucionar deficiencias físico-sanitarias de 27 delegaciones policiales
La Sala Constitucional ordena al Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad Pública solventar las deficiencias sanitarias y estructurales que atentan contra la salud y dignidad de los funcionarios y usuarios de 27 Delegaciones Policiales, entre ellas las que se ubican en La Cruz (Guanacaste), Sixaola (Limón), el Roble (Puntarenas) y La Uruca (San José).
Lea: Sala Cuarta ordena intervención de siete delegaciones policiales en mal estado
La orden de la Sala Constitucional se da luego de que la Seccional ANEP-Fuerza Pública presentará un Recurso de Amparo en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Salud por el mal estado de las delegaciones. Este recurso de ampro se une a varios de la misma índole que ha interpuesto la seccional, en busca de mejorar las condiciones laborales de los policías.
Dichas delegaciones cuentan actualmente con una o varias órdenes sanitarias las cuales no se han cumplido o solo se han cumplido parcialmente, pese a que algunas datan del 2016.
Entre las deficiencias que presentan los inmuebles sobresalen: pisos deteriorados, estructuras ruinosas e insalubres, deficiente tratamiento de aguas negras e incumplimiento con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600), por ejemplo.
La resolución número 2019-21277,
que se origina en un recurso de amparo interpuesto por un directivo de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fue votada por
unanimidad este viernes 1° de noviembre y emplaza a Seguridad para que en un
máximo de 18 meses ejecute las acciones y gire las instrucciones necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto por Salud en las órdenes sanitarias
emitidas.
“Evidentemente la protección de la salud de los trabajadores es indispensable
para garantizar el respeto a su dignidad…el trabajador tiene derecho a ejecutar
las funciones que le competen en un ambiente apropiado, cuyas condiciones
garanticen la protección de su derecho a la salud”, señala la sentencia.
Delegaciones cuya situación sanitarias debe remediarse según la sentencia
Cuatro Cruces de Miramar, Miramar, Costa de Pájaros, Naranjo de Laurel, Paquera, Barranca de Puntarenas, El Roble de Puntarenas, San Mateo de Orotina, Chacarita de Puntarenas, Fray Casiano de Puntarenas, Potrero Grande de Buenos Aires, La Cruz, Sixaola, Isla Calero, Agua Dulce, San Jorge de Paso Canoas, Sierpe de Osa, Zona Americana Palmar Sur (La Casona), Drake de Osa, Hatillo Delta 11, Santa Ana de San José, Tirrases, San Isidro de Alajuela y La Uruca-Mata Redonda, así como los Puestos Policiales en Delta, Santa Cecilia de La Cruz y Conventillos.
(Video) La Asociación Nacional de Taxistas-Seccional ANEP solicita que se les exonere del pago del marchamo 2020
La Asociación Nacional de Taxistas-Seccional ANEP solicitó, este martes, al Consejo de Gobierno, que se les exima o exonere del pago del marcho del año 2020, debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de transporte de personas.
Para este grupo de taxistas, las congojas económicas de los taxistas no ha sido culpa de los concesionarios, sino más bien del Gobierno por no hacer cumplir la ley.
“La situación socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica, provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad, y pobreza en general”, indica la carta.
Algunas de las justificaciones para que se les exonere del pago del marchamo es que desde el año 2009, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), no ha actualizado los datos que alimentan la tarifa ordinaria de taxis, siendo omisa en realizar sus funciones básicas y obligando a los taxistas a cobrar tarifas mal calculadas.
Y aunque, se supone, que los servicios ilegales de porteadores se mantuvieron en el 2011, año en el que se aprobó la Ley 8955, para ponerle fin a los porteadores del transporte público. Actualmente, pese a contar con esa ley, se sigue practicando el “porteo” y el ministro de Transportes, haciendo poco o nada por detener este servicio ilegal.
En el año 2015, aparece el servicio de transporte ilegal Uber y pese a las solicitudes de los taxistas, el propio Gobierno, así como las diferentes entidades involucradas en el tema, así como el mismísimo Presidente de la República, se niegan a cumplir las leyes vigentes.
“Entre el 2015 y el 2017, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR) contratado por la ARESEP , mediante contratación numero: 12-ARESEP-2015, realizó el estudio de actualización y determinación de los valores de los parámetros operativos e indicadores de rendimiento de los servicios de transporte remunerado de personas modalidad taxi, (…) con dos años de estar operando ilegalmente en el país realiza muchos de los viajes que deberían de realizar los taxistas provocando un perjuicio económico a los taxistas”, agrega la carta.
“De no poder o tener voluntad el Gobierno de eliminar este pago para los concesionarios, les solicitamos que se autorice una línea de crédito en cualquier banco del Sistema Bancario Nacional, únicamente para los concesionarios de taxis, con cero requisitos, y con cero tasas de interés y a un plazo de seis meses contados a partir del mes de enero del 2020; pudiendo hacer abonos sin un monto mínimo”, finaliza el documento entregado al Consejo de Gobierno.
Carta entregada al Consejo de Gobierno
Carta de ANEP-Taxistas a Consejo Gobierno by EugenioGuerrero on Scribd
San José, martes 05 de noviembre de 2019.
ANEP apoya proyecto de ley N20.861 contra intereses de usura
La Asociación Nacional de Empledos Públicos y Privados (ANEP) se reunió con el diputado David Hubert Gourzong Cerdas para mostrar el respaldo al proyecto de ley contra los intereses de usura.
No más intereses de usura, 6.57 puntos del PIB se le saca al año a la gente
–Esto representa 2 billones 300 mil millones de colones
Los intereses de usura que se cobran en tarjetas de crédito, en la compra de electrodomésticos, en intereses de préstamos bancarios, créditos personales, casas de empeño y similares, representan uno de los más fuertes desencadenantes del proceso de desigualdad que sufre la sociedad costarricense.
| Intereses de usura | |
| Tiempo | Monto |
| Por minuto | 4 millones 436 mil colones |
| Por hora | 266 millones 203 mil colones |
| Por día | 6 mil 389 millones de colones |
| Cada mes | 191 mil 667 millones de colones |
| Por año | 2 billones 300 mil millones de colones |
El insistente reclamo obrero por una fuerte regulación en tal sentido, es una consigna sindical muy vehemente levantada hace bastante tiempo; al punto de que fue un emplazamiento directo de nuestra parte, con ocasión de la pasada campaña electoral presidencial, a los dos candidatos presidenciales (Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado), quienes afirmaron, en ese entonces, estar de acuerdo en proceder al respecto.
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA vemos con buenos ojos que se esté anunciando la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 20.561.
Según datos en manos de los diputados promotores de esta iniciativa, el interés promedio en los almacenes que venden a crédito electrodomésticos, es del 60 % y este tipo de consorcios megaempresariales, altamente concentrados en cuanto a su propiedad, se estarían ganando unos 883 mil millones de colones anuales en este tipo de intereses de usura; es decir, 2.52 puntos PIB. ¡Ganancias extraordinariamente abusivas! Nos preguntamos: ¿y cómo han sido sus declaraciones de impuestos?
La corriente sindical que representamos someterá a un exhaustivo análisis esta relevante iniciativa, de forma tal que la misma no represente “un alegrón de burro”, pues como dice el sabio refrán popular, “el diablo está en los detalles”.
Es más que evidente la naturaleza del poderío económico de estas entidades acreedoras bancarias y de los grandes consorcios empresariales detrás del negocio de los créditos a la gente.
Por tanto, se hace más que necesario que las entidades sindicales y civiles, le sigan la pista a la tramitación de esta iniciativa de ley, prácticamente, a diario, sin dejar de pronunciarse apoyando que este proyecto sea ley lo más rápidamente posible.
ANEP logra reinstalación de trabajador en la Municipalidad de Upala
La ANEP, por medio de su Unidad de Asesoría Jurídica, logró la reinstalación de un trabajador de la Municipalidad de Upala de apellidos Madriz Ordóñez, luego de que se declarara nulo todo el proceso de despido en su contra.
Así lo determinó el Juzgado de Trabajo de Upala, luego de que la abogada Priscilla Castro de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP presentara un recurso por jerarquía impropia, ya que los hechos por los que se despidió al trabajador no eran claros y concisos, violentando el principio de defensa. El recurso fue declarado con lugar, declarando la reinstalación inmediata del trabajador
Ahora la Municipalidad de Upala deberá hacer frente a los salarios dejados de percibir por parte del trabajador desde el día de su despido a la fecha. Además, deberá hacer frente a las costas.
