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Cuando se trata de sanciones disciplinarias impuestas a los y las funcionarias del Ministerio de Seguridad Pública, especialmente de quienes con orgullo visten la digna casaca policial, sin duda alguna, y modestia aparte, es ANEP la entidad con mayor conocimiento de causa de lo que ha acontecido y sigue sucediendo.

Aún en la retina de los oficiales rasos se encuentran situaciones como los aproximadamente 170 policías despedidos mediante el artículo 140.1 (por pérdida de confianza). Debido a que los mismos figuraban de alguna forma en alguna acusación penal (sin importar el estado de la misma), irónico en una función en la que, por su naturaleza, es usual ser parte de estos procesos. Además de eso, todos conocemos al menos un par de casos de compañeros sancionados con mano dura por asuntos como una publicación en redes sociales, pérdida de equipo, un altercado vecinal y consumo de alcohol, entre otros. Y ahora, recientemente, nos venimos enterando de numerosos casos de personal que, a pesar de la recomendación de sanción, del disciplinario legal, el Consejo de Personal se aparta y aplica despido.

Ah, pero ¿Existe igualdad en el tema sancionatorio? Definitivamente NO. Es un asunto histórico, sostenido en el tiempo y que, lamentablemente, pese a nuestras inocentes expectativas, no cambia con la presente Administración, a cargo del Ministro Soto.

Es sencillo, tenemos casos muy concretos, y estoy seguro que la “tropa” los recuerda todos: Un exdirector de Apellido Andrade que le robaron el radio en una actividad no laboral; una actual directora regional de apellido Chavarría, que se sometió a una suspensión del procedimiento a prueba, por peculado (si a nivel penal); un jefe de apoyo legal policial de apellido Arce que en medio de un siniestro natural fue encontrado completamente ebrio en tiempo laboral, otro jefe de apoyo legal de apellido Cordero, investigado por la Policía Fiscal; y recientemente el director de apellido Cubillo, acusado en sede penal por supuesta violación.

A estos casos hay que sumarle aquellas personas que han sido devueltas por mal comportamiento de becas dadas en el exterior, quienes han sido descubiertos utilizando los vehículos institucionales para fines personales (como un señor de SVA de apellido Pacheco), y otros que han sido parte de situaciones de violencia doméstica.

¿Qué tienen todos ellos en común? Dos cosas, que los implicados han tienen cercanía con la cúpula de turno y que ninguna de estas personas fue sancionada como lo dicta la normativa, a algunos ni siquiera se les abrió causa administrativa (como al señor Cubillo por ejemplo). Pero, de haber sido rasos fijo, fijo, los despiden. Esto nos demuestra que, si en el Ministerio de Seguridad Pública eres parte de esta “red de cuido” de altos mandos, con el contubernio del despacho ministerial, entonces se tiene la impunidad garantizada.

Esperamos ver los mismos argumentos dados por la licenciada Raisa Bravo en el oficio 848-2019-DDL, utilizados para “justificar” la razón por la que no se abrió causa administrativa de oficio al señor Cubillo, en otros casos, y es curioso que no se utilizaran estos mismos alegatos para evitar darle el despido por el artículo 140, inciso 1, ( C.Pol); en los muchos casos que las vías de derecho les ha indicado al Ministerio que lo han utilizado mal.

Sin duda alguna, esta desigualdad, falta de transparencia y de ética, por parte de los responsables de estas circunstancias a nivel administrativo, son una causa más de la indignación que sufren los compañeros policías del Ministerio de Seguridad Pública, y, por ende, una razón más para invitarlos a ser escuchados, y que nos acompañen este 24 de junio a las 9 de la mañana en ANEP, en nuestra gran manifestación de cuerpos policiales. ¡Porque la gente que nos cuida lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!

La solicitud fue dirigida a la Fiscal General, Emilia Navas, a la que también se le pide investigar el por qué  la patrulla involucrada fue enviada al Comando de Los Chiles y no se le aplicó la cadena de custodia correspondiente.

La Seccional ANEP-Fuerza Pública envió una nota dirigida a la Fiscal General, Emilia Navas, solicitando la apertura de una investigación contra el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, por el actuar de este último, luego de que se diera a conocer la muerte de tres oficiales de la Policía de Fronteras en la zona del Concho en Pocosol de San Carlos.

Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, explicó que la solicitud de investigación se da por un audio, en apariencia, emitido por el Ministro de Seguridad Pública, en un chat de WhatsApp, en el cual estaría brindando criterio de lo sucedido sin conocer los resultados finales de la investigación.  

Del audio se extrae lo siguiente “Buenas tardes, para aclararles ya un poquito más la situación, ya se procesó la escena del suceso, este, definitivamente no es un ataque externo, pudo haber sido un conflicto entre los mismos sujetos, los mismos oficiales, más o menos lo que ocurre es esto, ellos van hacia Ciudad Quesada a atender una cuestión de flagrancia en los tribunales, terminan a las siete de la noche y deben r egresarse aquí al sector de Crucitas, ellos pasan a tomar licor a un bar con los uniformes y las patrullas, una situación bastante lamentable que no debe ser, salen de ahí un poco tomados y cuando van de camino ocurre el incidente (…) De acuerdo al análisis uno de ellos tiene un, el que muere en el Hospital tiene un disparo de contacto en la cabeza al lado derecho, parece que este se auto elimina, porque el arma de él, en apariencia, la utilizaba, ya que los otros dos tienen las armas en el cinto, entonces parece que esta es la que se utiliza, le dispara a los otros dos en la cabeza y el posteriormente se auto elimina, no hay disparos externos todo ocurre dentro de la cabina en apariencia y eso es lo que OIJ nos está dando de momento (…)”.

Para Anchía, llama poderosamente la atención que Michael Soto da por acreditado que los oficiales “salen de ahí un poco tomados”, cuando, en contraposición con esta afirmación existe la versión de la administradora, o propietaria del bar, quien ha indicado en los medios de comunicación, que los efectivos tomaron refrescos gaseosos. Además, dice el Ministro:” cuando van de camino ocurre el incidente” ¿Quién ha testificado en tal sentido?  

“Es necesario aclarar que, el Ministro ha reconocido públicamente que ese audio es suyo. Por lo que se solicita la investigación pertinente a la Fiscal General ya que existen varias cosas que, desde lo dicho por el Ministro de Seguridad, generan una serie de incógnitas, tanto a nuestra organización sindical, como a muchos de los funcionarios que portan el uniforme policial. Llama aún más nuestra atención que lo dicho en el audio y lo realmente encontrado en el lugar sea diferente en aspectos relevantes, como el número de armas, o los rastros de aparente sangre dentro del automotor”, indicó Anchía.

Sin cadena de custodia

Otro de los hechos denunciados por la seccional ANEP-Fuerza Pública es el manejo que le han dado a la patrulla involucrada en la fatídica escena, ya que esta fue trasladada al Comando Policial de Los Chiles, donde se encuentra sin ninguna custodia.   

Lo más grave del asunto, situación que solicitamos se investigue, son las razones por las cuales la patrulla involucrada en el suceso fue enviada el día de los hechos al Comando de los Chiles, según imágenes fotográficas que nos han enviado, sin que medien los procesos jurídicos, técnicos, criminalísticos, y demás, que requieren la cadena de custodia propia de un objeto que es, sin ninguna duda, objeto de posibles hallazgos probatorios que puedan dilucidar la verdad real de los hechos. Preocupa que ante este panorama, elementos importantes y reveladores que se pueden encontrar dentro de la patrulla, puedan perder su veracidad, para ser utilizados en la investigación”, cuestionó el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

Compartimos solicitud enviada a la Fiscal General Emilia Navas.

Seccional Fuerza Pública pide investigar a Ministro por actuar tras muerte de policías en Pocosol by EugenioGuerrero on Scribd

Se trata de los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.

Cuatro oficiales de la Fuerza Pública interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), ente adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.

Según indican los expedientes penales número 19-179-619,19-295-619, 19-296-619, 19-294-619, los hechos denunciados se deben a la destrucción dolosa de pruebas documentales por parte del CISED, las cuales serían claves en juicios laborales contra el MSP. Esta acción por parte del CISED tendría como objetivo afectar a los oficiales de la Fuerza Pública a fin de que sus reclamos laborales no puedan prosperar

Milene Arroyo Sánchez, abogada penalista de los oficiales de la Fuerza Pública que interpusieron la denuncia, explicó que durante los juicios laborales y en virtud de la normativa, es a la parte patronal a quien le corresponde aportar la prueba con la que se puede demostrar dichos extremos; ya que es el MSP quien la tiene en su poder y custodia.

«El CISED ha estado ordenando la destrucción indiscriminada del expediente personal del policía, registro de control de asistencia, registros de control de entrega de armas, archivos, bitácoras de entradas y salidas, tarjetas de marcas, constancias de planillas, contrato laboral, libros de roles. En estos documentos se llevaba el control de los horarios y jornadas laboradas para todos y cada uno de los servidores policiales y por ende de los policías que demandaron laboralmente, haciendo nugatorios sus derechos, ya que al no existir prueba que respalden sus reclamos se declaran sin lugar sus demandas”, explicó la defensora perteneciente al bufete 4A

Según la denuncia, la destrucción de documentos también se estaría presentando posterior a que el Juzgado de Trabajo previene al MSP de presentar dicha documentación, lo que se convertiría en un desacato a los mandamientos judiciales.   

“Aún más grave es el hecho de que en varios de estos casos a pesar de que el Juzgado de Trabajo le previno al Ministerio de Seguridad Publica, representado por la Procuraduría General, que presentara la prueba, luego de notificada de dicha prevención en forma dolosa, el CISED destruye posteriormente dicha prueba, desacatando los mandamientos judiciales de requerimiento de prueba y así consta en las actas de eliminación de documentos. Unido a ello en varias de las actas de eliminación se consignan hechos falsos. Lo cual evidencia que el Ministerio de Seguridad Pública busca evitar el pago de extremos laborales e indemnizatorios a favor de los servidores policiales”, indico la abogada penalista.

Para los denunciantes se podría estar ante el mayor fraude procesal de la historia de Costa Rica, a la vez, que indicaron que esto será solo el comienzo de una serie de denuncias, las cuales se incrementarán más adelante. 

“Nos encontramos ante el mayor fraude laboral en la historia del país y lo más alarmante es que ha sido realizado por el propio Estado, en este caso por el Ministerio de Seguridad Publica y de lo cual ha tenido pleno con el conocimiento, la Procuraduría General de la Republica. Sin embargo, en lugar de denunciarlo, la Procuraduría ha avalado e incluso defendido este delito ante los Tribunales de Trabajo”, finalizó la defensora.

Para la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública, este tipo de casos no deben quedar impunes y deben ser conocidos por la opinión pública, máxime que se estaría afectando a 15.000 servidores pertenecientes a todas las policías adscritas al MSP con la destrucción  sistemáticamente de toda la documentación que sirve de prueba en los procesos laborales para demostrar las horas extras, jornadas, días feriados y de asueto laborados.