El 75% de eurobonos serán para pagar deuda y sólo un 25% se destinará a la reactivación económica

  • De esa plata habría que pagar 75% en los próximos dos años y medio
  • El país se seguirá hundiendo sin una transformación tributaria estructural, es urgente realizar una auditoría ciudadana de la deuda

El país sigue siendo sometido a un estrangulamiento económico-financiero por una deuda pública imposible de pagar, sin hablar de los intereses más que obscenos que los acreedores exigen.

 Además, cada día que pasa nos convencemos más de la necesidad de la realización de una urgente Auditoría Ciudadana de la Deuda ante los monstruosos datos de esa deuda pública y las obligaciones que representa, sobre lo cual la gente es poco concientizada al respecto.

 La desesperación que está mostrando el gobierno Alvarado-Piza para que en la Asamblea Legislativa le aprueben el proyecto de ley para la colocación de nueva deuda por 6 mil millones de dólares, en lo que han denominado como eurobonos; no va aparejada con un esfuerzo sincero y honesto de transparencia en cuanto hablar con contundencia de las verdaderas razones del Poder Ejecutivo para embarcarse en una aventura de tal calibre.

 Según se hace público por parte del Ministerio de Hacienda, el país está contra la pared en cuanto a obligaciones de pago de deuda en el cortísimo plazo y esa plata no está disponible.

Solamente en este mismo año, 2019, hay que pagar $1.381 millones; para el 2020 la cifra es de $1.170 millones y de $1.944 millones en el 2021.

Hablamos de $4.495 millones para entregar a los acreedores internos en los próximos dos años y medio. ¡Para eso son los eurobonos, básicamente!

Esa descomunal cifra equivale al 75 % de los $6 mil millones que el gobierno Alvarado-Piza está pidiéndole a la Asamblea Legislativa que le autorice en el corto plazo pues, efectivamente, el país está ahogado en deuda.

 Si le creyéramos al gobierno Alvarado-Piza (algo sumamente difícil dado su desprestigio actual ante una abrumadora mayoría ciudadana enojada e indignada con el mismo), que esos $6 mil millones se ocuparían para reactivación económica; tan solo un 25 sería con tal fin pues, como se indicó, se debe honrar $4.495 millones en los próximos 30 meses (2 años y medio), en deuda que se debe pagar a acreedores nacionales: ¿Quiénes son?

Imposible que el país salga avante sin una combinación estratégica entre una transformación tributaria estructural (el informe legislativo sobre Los Papeles de Panamá abre el camino); una auditoría ciudadana de la deuda pública; un acuerdo nacional sobre la magnitud del déficit fiscal posible de tolerar; una reactivación económica para la inclusión social y para la promoción del bien común; y una reforma del Estado congruente al respecto, no la ideológicamente sesgada que se quiere imponer a costa de las libertades democráticas de organización sindical y del derecho constitucional de huelga.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestiona al ICD por trabajar con Plan Nacional sobre Drogas desactualizado

Al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) le corresponde diseñar el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, sin embargo desde el 2017 trabaja bajo el mismo documento.

La Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública cuestiona al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) por trabajar en un Plan Nacional sobre Drogas desactualizado, pese a la incursión y a lo habilidoso de las redes del narcotráfico y legitimación de capitales para lograr su cometido.

Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública enfatizó que existe una preocupación ciudadana en torno a la incursión del narcotráfico en el territorio nacional y que el último Plan Nacional sobre Drogas tenía una vigencia hasta el año 2017.

Ante dichas observaciones, el ICD indicó que actualmente “el Plan Nacional sobre Drogas está siendo sujeto a la actualización de su plan de acción, debido a recientes aprobaciones de políticas vinculantes, como la aprobación reciente del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la estructura base, pilares de acción y principales referencias, se mantienen en vigencia.

Otra de las inquietudes de la seccional es que presuntamente, el retraso en la elaboración del Plan Nacional de Drogas se debió que le delegaron dicha tarea al Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Sin embargo, en el documento en manos de la ANEP denominado “Observaciones técnicas y metodológicas al Plan Nacional Sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2018-2022”, trae una serie de correcciones, textos que no citan su fuente, posible plagio y además, se omite realizar cuatro ejercicios importantes que constituyen los pilares para el Plan Nacional.

Los cuales son: 1)Documental y participativo que permita conocer los principales problemas que enfrenta el país en la materia,  2) documento de análisis conjunto de actores decisores políticos para la identificación vía consenso de los principales desafíos como país se tiene  que abordar de manera integral y equilibrada,  3) Uno en el cual se definan las prioridades y se tomen las decisiones consensuadas a partir de éstas, o sea, se precisen de los enunciados de política pública que permitirá intervenir positivamente  la realidad nacional, 4) Uno final, meramente técnico, que operacionalice mediante diversas iniciativas, intervenciones, programas o proyectos de índole intersectorial e institucional, las políticas públicas definidas por los actores decisores competentes.

“En ANEP, hemos recibido informaciones que indican un aparente incumplimiento de deberes, así como el presunto pago a un ente externo para la realización sobre el Plan Nacional de Drogas, pese a que la realización del mismo es competencia única del ICD; según así lo establece la Ley 8204”, indicó Anchía.

Anchía explicó que según fuentes cercanas a la ANEP, el pago aparentemente fue realizado por medio de una donación de la Embajada de los Estados Unidos y a pesar de que reiteradamente se ha solicitado la información explícita al Director del ICD, Guillermo Araya, el mismo responde con evasivas o de manera omisa.

“Mientras el narcotráfico evoluciona, no se detiene y sigue penetrando nuestro territorio, a la fecha se trabaja en la elaboración de un plan que debió estar listo a inicios del 2018, o sea, se trabaja con plan del periodo 2013-2017”, agregó.

No es ninguna sorpresa que se baje la categoría en seguridad aeroportuaria por parte de la FAA

Cuando recibimos la noticia de la baja en la categoría asignada a Costa Rica, de parte de la Administración Federal de la Aviación (FAA), de aspectos de seguridad aplicados en Costa Rica, no nos sorprendimos, de antemano sabíamos que esto sucedería, y la cosa puede aún ser peor. Ya que se aproxima una Auditoria de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que con este precedente vendrá con una especial rigurosidad.

Nuestra organización sindical, cuenta con la digna representación de funcionarios que laboran en las distintas terminales aeroportuarias del país, Policía de Control de Drogas (PCD), Policía Profesional de Migración (PPME) y, por supuesto, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA). Es por ello que, con conocimiento de causa se han cuestionado algunas de las decisiones, facilidades, convenios y administración que ha permitido y/ impulsado Aviación Civil, especialmente en materia de seguridad, donde ha quedado claro, carecen de un interés sobre el tema, o conocimiento real del mismo.

“En la Policía Aeroportuaria hemos participado activamente en las recomendaciones y confección de protocolos y procedimientos de atención de diferentes situaciones que se presentan, o previniendo, las que se podrían presentar. Hemos advertido también sobre el crecimiento de pasajeros que circulan en las terminales aéreas, y el desmejoramiento del personal ante esta situación, situaciones que se vuelven desventajosas para las diferentes Policías que se encuentran en estas terminales aéreas”, afirma el presidente de la Seccional ANEP-SVA, Tony Chavarría.

Nuestro país afronta un crecimiento en la demanda del servicio aeroportuario, pero lamentablemente, de forma paralela la región entera experimenta un incremento de las actividades delictivas, sin mencionar la posibilidad de que llegue el momento en que nuestra patria observe actos de terrorismo. Por ello, desde ANEP abogamos a diario por establecimiento de verdaderas políticas criminales y de seguridad ciudadana. Pero de forma contraproducente (y posiblemente por un interés económico de particulares) en Aviación Civil, lejos de fortalecer el tema de la seguridad, lo debilita al imponer seguridad privada en la mayor puerta de ingreso y egreso de personas del país, la terminal de Juan Santamaría. Y eso se da ante el silencio cómplice y reprochable del Poder Ejecutivo.

Por ello reiteramos, no es sorpresa esta categoría asignada, es solo el primer reflejo de las pésimas decisiones tomadas por Aviación Civil en materia de seguridad aeroportuaria, en confabulación con el gobierno, que demuestra cada vez que puede, que sus intereses no son los mismos del pueblo, sino que comulga con las preocupaciones del gran capital neoliberal; y bueno, la seguridad no es tema prioritario.

ANEP pide investigar licitación otorgada por Municipalidad de San José para limpieza de tragantes por posible tráfico de influencias

Denuncia fue presentada ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Municipalidad de San José, denunciaron ante la Fiscalía General y la Contraloría General de la República (CGR), la adjudicación otorgada por parte del Concejo Municipal de SanJosé a la empresa Maquinarias, Camiones, Grúas de Centroamérica (MCGSA-WUEISA) para realizar el servicio de limpieza de tragantes del sistema pluvial de San José.

La solicitud de la ANEP, que también fue presentada ante la auditoría interna de la Municipalidad, radica ante el posible escenario de un tráfico de influencias y otras figuras delictivas, debido a la forma en que se otorgó dicha licitación pública (2019LN-00000-0015499999), que consiste en el alquiler por demanda de un equipo hidrovaceador para la limpieza de 14 mil tragantes y 4.200 pozos.

Denuncia recibida por la Fiscalía General

Según los hechos denunciados, el Área Financiera de la Municipalidad de San José informó que la empresa MCGSA-WUEISA no logró demostrar la capacidad financiera requerida, siendo que no reportó ingresos en los años 2017 y 2018, por lo que estaría violentando el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Dicho artículo indica: “Condiciones invariables. En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia”.

Sin embargo, la ANEP cuestiona que dicho criterio de la Dirección Financiera habría sido pasado por alto por parte del Gerente de Provisiones de Servicios del municipio josefino, emitiendo su propio criterio en el oficio GPS-396-2019, fechado el 26 de marzo, alegando que dichos incumplimientos financieros por parte de la empresa no deberían impedir el otorgamiento de la licitación. Con tal criterio, el Consejo Municipal toma el acuerdo de otorgar el contrato a la empresa MCGSA-WUEISA.

Recibido Contraloría General de la República

La denuncia también cuestiona que la empresa concursante habría traído el equipo especializado al país, esto, pese a desconocer si se le otorgaría la licitación. Situación que también se confirma en el oficio (del 26 de marzo) presentado por el Gerente de Provisiones.  Finalmente el contrato fue aprobado el 2 de abril.

 “Como puede verse, se colige que ya la empresa había invertido en la adquisición del equipo hidrovaceador nuevo, mismo que ya estaba en territorio nacional, por lo que lo obvio era garantizar el acuerdo del Concejo Municipal”, denuncia la Seccional ANEP-Municipalidad de San José.

Gerardo Cascante Promotor de la ANEP sobre la denuncia

Ante estos hechos, la ANEP presentó las denuncias respectivas ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José para que se realice las respectivas investigaciones.

Sindicatos del Poder Judicial denuncian penalmente a presidente de la Asamblea Legislativa por presunto delito de Legislación en Provecho Propio

Sindicatos Judiciales también interponen denuncia penal contra el diputado Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio

Por: Noily Ruiz, Periodista Sindicatos del Poder Judicial.

Cinco Sindicatos Judiciales presentaron la mañana de este lunes, dos denuncias penales contra los Diputados Carlos Ricardo Benavidez, Presidente del Congreso, y el Diputado del Partido Republicano, Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio, fundamentados en el Articulo 48, de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Los legisladores mantenían una obligación tributaria con el Ministerio de Hacienda, que se vincula dentro de alguno de los presupuestos de la amnistía, que posteriormente, fue dispuesta en la Ley 9635, misma que votaron sabiendo que les beneficia.

Como Diputados de la Asamblea Legislativa, al ser potenciales beneficiarios de una eventual amnistía tributaria, votaron negativamente contra una moción de orden propuesta por el Diputado José María Villalta, para solicitar al Ministerio de Hacienda la lista de potenciales beneficiarios de dicha amnistía tributaria.

Entre el 2018 y 2019, el Diputado Vargas Víquez, canceló la suma de diecisiete mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma un beneficio patrimonial ilícito.

En el caso del Diputado Benavidez, entre los años 2018 y 2019 canceló la suma de un millón setecientos mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma igual beneficio.

Los Sindicatos del Poder Judicial solicitan que se aplique la normativa para juzgar a miembros de los Supremos Poderes y se inicie con la investigación respectiva.

 

Sindicatos que interponen denuncia:
Luis Alonso Bonilla Guzmán
Secretario General del Sindicato de Servidores y Servidoras, Ex Servidores y Servidoras del Ministerio Público, SIMIPU.

Álvaro Rodríguez Zamora
Secretario General del Sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines, ANIC.

Mario Alberto Mena Ayales
Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, ANEJUD.

Hernán Campos Vargas
Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, SITRAJUD.

Jorge Morales García
Secretario General del Sindicato de la Judicatura, SINDIJUD.

Conferencia de Prensa

Denuncia contra Carlos Ricardo Benavides

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Denuncia contra Otto Vargas

Denuncia Contra Otto Vargas by EugenioGuerrero on Scribd

Guarda parques baleado: Situación sociolaboral de este personal llega al límite

Relación dramáticamente inversa:
a mayor peligro, mayor deterioro de las condiciones de empleo y de trabajo

ANEP condena, con toda energía, la agresión con bala de que ha sido víctima un trabajador-empleado público, don Carlos Ugalde Carmona, del servicio de guardaparques del Estado, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); y, específicamente, en este caso, como servidor en el Área de Conservación de Osa (ACOSA).

El compañero, con enorme valentía y con conciencia plena de su responsabilidad de servicio público, se enfrentó a un comando narco, de esos que ya han tomado casi que control pleno de esa zona para sus actividades ilícitas

Este doloroso episodio muestra un punto de inflexión en la ya asfixiante situación del personal del servicio de guardaparques del país: prácticamente dejados a su suerte por los últimos gobiernos (incluido el actual), que muestran irresponsable desdén por su situación salarial, por sus precarias condiciones de empleo y de trabajo, por jornadas extenuantes que les sobre-explota, por la creciente peligrosidad de su quehacer, por la carencia de equipos técnicos y tecnológicos, por carecer de chalecos antibalas; y, especialmente, porque hace falta mucho personal.

Los guardaparques se exponen a los cazadores furtivos, a la delincuencia común, a las invasiones ilegales de tierras protegidas por parte de campesinos desesperados y por inescrupulosos que quieren hacer negocio con las mismas; y, como lo muestra este dramático caso, se exponen cara a cara al crimen organizado del narcotráfico, el cual les supera en dotación de equipamiento y de tecnología para realizar su ilegal quehacer en esas zonas geográficas del país que, presuntamente, son exhibidas ante el mundo como ejemplo de protección ecológica por parte de Costa Rica.

Miserablemente, el Estado les ha venido negando el pago de un reconocimiento salarial adicional por concepto de peligrosidad, de un 5 %, para “compesarles” el riesgo de vida (como ahora queda demostrado), y dado sus salarios sumamente bajos, congelados y ahora en reversión por cuanto se les aplica las perversas medidas del combo fiscal, hoy ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Este lunes 13 de mayo, a primera hora, ANEP demandará una reunión urgente, conjunta, con los ministros de Ambiente y Energía, de Seguridad y de Trabajo, con el fin de analizar el creciente y sistemático deterioro de la labor de los servidores guardaparques del país; cuyo creciente riesgo de vida en su estratégico quehacer, ya es del mismo calibre que la peligrosidad de los otros cuerpos de policía del país, también en condiciones de deterioro generalizado de la prestación de sus servicios.

Seccional Concesionarios del Cenada busca trabajo en conjunto con nueva Gerente General

La seccional ANEP-Concesionarios del Cenada se reunió con la nueva gerente general del PIMA-CENADA, Gabriela Brenes Mendieta con el objetivo establecer un trabajo en conjunto para el fortalecimiento del mercado. 

Durante la reunión los concesionarios tuvieron la oportunidad de realizar consultas a la nueva Gerente General sobre el futuro del mercado a corto, mediano y largo plazo, así como la visión de los mercados mayoristas regionales. 

Otros de los temas abordados fueron la modificación del reglamento interno del PIMA-CENADA; en temas como horarios, plaza, sectorización, entre otros.

También se abordaron puntos de  comercialización de los diversos productos que se distribuyen en el mercado y la necesidad de posicionar externamente al PIMA-CENADA ante la ciudadanía. 


El pacto por el nuevo directorio legislativo, “el de los Carlos”, agudizará la desigualdad y la exclusión social

-Gran aliento representa el mensaje pastoral de la Iglesia Católica

-Mantendremos nuestra firme posición de lucha y llamamos a una nueva articulación social

Ni una sola iniciativa de ley para beneficiar a las mayorías, especialmente a las estrujadas capas medias altamente endeudadas, así como a los sectores obrero-populares sumidos en la desesperanza y la precariedad económico-financiera, se incluyó en la nueva edición del pacto neoliberal, “el de los Carlos”, de la agenda parlamentaria para el período legislativo 2019-2020.

Se trata de una renovada agenda de iniciativas de ley contra el pueblo, al entrarse a una fase más agresiva del impulso del proyecto neoliberal contra la gente; luego de que se terminara de confirmar la degeneración política del PAC, al mandar éste al cajón de la basura su ya endeble ética política y su “peculiar” agenda de Derechos Humanos.

En “el pacto de los Carlos” (Carlos Alvarado Quesada y Carlos Ricardo Benavides Jiménez, nombres que le dan rostro a una clase política que se olvidó de las mayorías), no incluyó ni una sola iniciativa para, al menos, que se diese una tenue desaceleración del perverso proceso de crecimiento de la desigualdad; para, al menos, la materialización de algunos cambios (aunque fueran tímidos), en las no menos perversas cifras de la evasión y de la elusión fiscales, así como de las abusivas exenciones-exoneraciones.

Los grandes grupos económicos (legales unos, al margen de la ley otros), seguirán disfrutando de la apropiación indebida de los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), en robo de impuestos; y de los 6 puntos PIB de las 440 leyes que les eximen de tributar lo que al pueblo trabajador sí le cobran a diario.

Por el contrario, le darán un nuevo impulso al ya estrangulante proceso de endeudamiento público, con el proyecto de los eurobonos: 6 mil millones de dólares más de deuda para que el país supere, aumentando el ya grave riesgo de quiebra, la barrera de los 40 mil millones de dólares de endeudamiento de aquí al 2022.

“El pacto de los Carlos” jamás pensó en la regulación de los intereses de usura y su cobro obsceno en tarjetas de crédito; jamás pensó en regular la barbaridad en cuanto a los precios de los medicamentos; ambas medidas más que urgentes para una clase trabajadora altamente endeudada, especialmente en las capas medias de la sociedad.

Los que elaboraron “el pacto de los Carlos”, jamás pensaron en la paupérrima situación de los salarios mínimos en el sector privado; ni en el establecimiento de una canasta básica que, de verdad, permitiese una sana alimentación y un solidario y justo acceso económico a los sectores populares en los cuales ya se pasa hambre.

Total ausencia en “el pacto de los Carlos”, de un abc de reactivación económica materialmente concretable y constatable en el cortísimo plazo; para que, al menos, la juventud sin empleo (casi ya 100 mil personas), recibiese un mensaje de aliento de que su clase política piensa, con sinceridad, en la gravedad de su desesperanza.

Los proyectos neoliberales de educación dual, de reversión de la histórica jornada de las 8 horas establecida en el Código de Trabajo desde 1943, el ataque antisindical y la derogatoria del carácter constitucional del Derecho de Huelga, más la precarización del empleo público y el establecimiento del despido “exprés” en el mismo; indican una ofensiva más coordinada y estructurada todavía de la que presenciamos en el año legislativo que acaba de terminar, para posibilitar mayores niveles de explotación obrera y laboral y, por supuesto, más concentración de la riqueza.

Por el contrario, las iniciativas del pacto neoliberal en su versión actualizada, “el pacto de los Carlos”, en cuanto a contratación pública y los procesos de concesiones, bloquearán la necesaria auscultación ciudadana del uso de supermillonarias cifras de fondos públicos que se gastan sin la necesaria transparencia que amerita la gravedad de una crisis fiscal como nos la vienen pregonando.

A pesar de este panorama tan adverso para el pueblo trabajador, debemos celebrar el contenido de la homilía pronunciada por monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de San José, de la Iglesia Católica; y, Presidente de la Pastoral Social-Cáritas de Costa Rica; con ocasión de la celebración a San José Obrero, en la catedral metropolitana, este miércoles 1 de mayo de 2019.

Los señalamientos críticos que la Iglesia Católica formuló acerca de los perversos desajustes sociales y de la grave desigualdad que sigue creciendo en Costa Rica, deben recibir más atención de parte de las organizaciones populares y cívicas, especialmente de parte de los sindicatos. En el caso de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer, así lo haremos.

Mantendremos firme nuestro espíritu de lucha y de denuncia; reforzamos nuestro sincero llamado a la construcción de nuevos espacios de articulación de la resistencia social que, si bien está en ebullición en las redes sociales, hasta ahora no es nada más que el ejercicio clásico del derecho al berreo, solamente que ahora en sofisticada versión digital.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General de la ANEP

Coordinador del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Primer año de actividad parlamentaria: una Asamblea Legislativa que se olvidó de la gente

  • Los “padres y madres de la Patria” se olvidaron de la gran mayoría ya que ni una sola ley fue aprobada para la reactivación económica, ni para atajar el crecimiento de la desigualdad, ni para empezar a corregir la gravedad de la injusticia tributaria

Al concluir el primer año del período parlamentario constitucional 2018-2022, la actual Asamblea Legislativa deja una enorme e injusta deuda con las miles de personas ciudadanas que con sus votos les llevaron a ocupar sus respectivas curules diputadiles; deuda que podemos resumir en los siguientes tres ámbitos:

Ni una sola ley para empezar a corregir la gravedad de la perversidad de la injusta estructura tributaria costarricense, la cual hace que quienes ganan menos tengan que pagar más, proporcionalmente hablando.

Ni una sola ley para empezar a cambiar la espantosa realidad de los 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que se dejan los ladrones de impuestos en todas las formas, algunas inimaginables, en materia de evasión y de elusión fiscales, con cobertura legal o sin ella.

Ni una sola ley para empezar a cambiar la no menos espantosa realidad de un abusivo sistema de exenciones y de exoneraciones fiscales que representa, en la actualidad, 6 puntos PIB.

Esos 14.5 puntos PIB significa la gigantesca cifra anual de 5 billones 75 mil millones de colones (¢5.075.000.000.000). Cada mes, las arcas públicas dejan de percibir unos 423 mil millones de colones (¢423.000.000.000); o, lo que es lo mismo, 14 mil cien millones de colones diarios. Más dramático aún: 587 millones 500 colones (¢587.500.000), ¡cada hora!

“No hay razón política, no hay razón ética, no hay razón moral para que esto permanezca intocado por la Asamblea Legislativa; a no ser, como suponemos, que los poderosísimos intereses de los meganegocios que se reproducen con tales cifras, tengan fuertes representantes parlamentarios, como se colige indudablemente”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Coordinador del Colectivo Sindical Patria Justa.

Para la ANEP, es inconcebible que no haya ni una sola ley para la reactivación económica en un país que tiene a casi 100 mil jóvenes sin trabajo y un índice oficial de desempleo por encima del 12 % (pero que es mucho mayor); en un país cuyas mayorías presentan altísimos niveles de endeudamiento; con salarios ya en proceso abierto de precarización y cuya fuerza de trabajo, en un 50 %, está en la informalidad y al margen de la Seguridad Social…

“No hay ni una sola ley para desacelerar el creciente, sistemático y sostenido proceso de crecimiento de la desigualdad, como lo sería la regulación del abusivo cobro de intereses en tarjetas de crédito y, en general, de los intereses de usura, por ejemplo. O, la regulación efectiva del precio de los medicamentos para bajarlos sensiblemente. O, para establecer una regulación financiera diferenciada para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), cuya afiliación es ciento por ciento de personas trabajadoras asalariadas sufriendo por esos intereses de usura, expoliadores de los ingresos familiares, cada vez más en caída libre”, agregó Vargas.

No se ha presentado ni una sola iniciativa para establecer una canasta básica realmente nutritiva, de acceso universal para las familias pobres, de ingresos bajos y medios, altamente endeudadas; una canasta básica que represente una inversión para prevención en salud y, por ende, economía nacional en materia de atención hospitalaria en un futuro, que es la medicina más cara.

Por el contrario, luego de la injusta aprobación-imposición, mediando trucos reglamentarios, le impusieron al pueblo la mal llamada ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, detestada ampliamente por la ciudadanía como ha quedado constando ya; y cuyo rechazo es más intenso y extendido hoy en día, cuando se avecina el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para agravar la situación de las mayorías populares, se disponen a aprobar un nuevo préstamo por $6 mil millones, solamente para favorecer los egos de una administración gubernativa más preocupada por quedarle bien al mercado financiero y a sus gestores de la banca; llevando a niveles realmente catastróficos un endeudamiento público y un más grave pago de intereses obscenos, que las clases populares no pueden soportar más seguir pagando.

Definitivamente, una Asamblea Legislativa totalmente aislada del sentir popular, ajena a las más básicas necesidades de la gente, aumentando el descrédito del sistema político y dando campo abierto a que siga la corrupción en todas sus manifestaciones.