ANEP presentó dos opciones de modificación al proyecto de ley Nº20.968

Representantes del Sector Municipal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregaron a los asesores legislativos de la diputada Aracelly Salas, dos propuestas de redacción para modificar el proyecto de ley Nº20.968.

Las opciones, presentadas el día de ayer, buscan resguardar la institucionalidad y su equilibrio interadministrativo en la relación de competencias y responsabilidades tanto de la Alcaldía como de los Concejos Municipales. 

La primera propuesta de modificación al texto por parte de la ANEP indica: “La municipalidad por acuerdo de mayoría calificada de su Concejo Municipal podrá: finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal, previo estudio técnico podrá ejecutar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.

La segunda propuesta establece:La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal, previo estudio técnico con aprobación del Concejo Municipal podrá ejecutar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.

 “Lo que buscamos es que los Concejos Municipales mantengan su capacidad en la toma de decisiones siendo el ente que apruebe o desapruebe las modificaciones que generen cambios significativos en el orden municipal”, indico Roy Chaverri, Asesor Municipal de la ANEP.

Actualmente la redacción del proyecto indica “La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras”.

La ANEP ha advertido que, de mantenerse el texto como esta, se daría a la figura de la alcaldía un poder absoluto por sobre el propio Concejo Municipal pues darían la posibilidad de que sea el Alcalde o la Alcaldesa quien apruebe o desaprueba dichos cambios al orden y estructura municipal, dándose así la posibilidad también de despidos selectivos y hasta políticos de previo a elecciones municipales.

Luego de presentar la propuesta los asesores de la diputada Aracelly Salas, se comprometieron a valorarlas y a comunicar la decisión final sobre este proyecto que representa una amenaza a la estabilidad en el empleo de las y los funcionarios municipales y con esto se pone en riesgo los servicios que brindan las municipalidades a los usuarios de los diversos cantones.

Pese a reunión con diputada persisten dudas con el proyecto Nº20.968

Partes definen establecer un equipo de trabajo para corregir redacción del artículo que se reformaría en el Código Municipal.

Representantes municipales de 17 seccionales de ANEP, se reunieron con las diputadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Aracelly Salas Eduarte y María Inés Solís Quirós, para aclarar dudas sobre el proyecto de ley 20.968. Sin embargo, las dudas siguen rondando dicho proyecto de ley.

Así lo manifestaron los diversos representantes municipales de la ANEP quienes en la reunión cuestionan las potestades que tendrían los alcaldes para generar despidos con este proyecto de ley.

Ante este escenario, las partes acordaron definir en próximas horas un equipo de análisis del proyecto de ley para corregir la redacción del artículo que se reformaría en el código municipal. Dicho equipo estaría conformado por dos asesores municipales de la ANEP y dos asesores de la diputada Aracelly Salas.

El artículo en cuestión indica: “La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras”.

Roy Chaverri, Asesor Municipal de la ANEP, agradeció el espacio otorgado, sin embargo, recalcó los cuestionamientos que continúan sobre el proyecto de ley.

“Quedamos insatisfechos con las respuestas que nos dieron, argumentamos que el proyecto de ley facilita y otorga poderes a los alcaldes facilitando y flexibilizando los despidos masivos, basándose en un supuesto criterio técnico. Nosotros que venimos del sector municipal sabemos que la buena voluntad no se siempre se aplica en los municipios.”, dijo Chaverri.

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, la conformación del equipo de trabajo será esencial para corregir “el error que se habría cometido con dicho proyecto de ley”

“Se debe corregir en función para darle tranquilidad y estabilidad laboral a los trabajadores municipales, en atención a eventuales restructuraciones que podrían darse incluso hasta en elecciones municipales”, dijo Vargas.

Durante la reunión los representantes de la ANEP, también solicitaron el apoyo al proyecto de ley N21.430 “Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal”, presentado por la ANEP con el respaldo del diputado Walter Muñoz y otros diputados.

En la manifestación del día de hoy en San José   participaron trabajadores municipalidades de   Heredia, Alajuela, San Isidro (Heredia), Escazú, Santa Ana, Curridabat, Tibás, San José, Belén, Moravia, Goicoechea, Aserrí, Flores, San Rafael (Heredia) y Coronado.

Iceístas irán a las calles para frenar iniciativas de debilitamiento y privatización del modelo eléctrico nacional

La Asociación Sindical de Empleados/as Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) anuncia que las y los trabajadores del ICE se manifestarán el próximo lunes 15 de julio en defensa del ICE, en busca de frenar las iniciativas de debilitamiento y privatización del Modelo Eléctrico Nacional promovidas desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con conocimiento de la Presidencia Ejecutiva y la Administración Superior del ICE.

  1. La jornada se realizará de forma regionalizada el próximo lunes 15 de julio:

Las y los trabajadores del ICE se manifestarán en diferentes regiones del país, en el caso de  San José iniciarán la concentración a las 7:00 de la mañana frente a la sede central del ICE en Sabana Norte. Lo anterior para denunciar y detener las iniciativas de debilitamiento y privatización del Modelo Eléctrico Nacional. Lo anterior incluye planes para sacar el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) y la CNFL del ICE.

Además de lo anterior el 15 de julio los Iceístas impulsarán la apertura de espacios de diálogo social orientado a resultados con el Gobierno de la República, a través de la cual ASDEICE y las organizaciones denunciantes, planteamos hablar cara a cara con el Gobierno en busca de clarificar posiciones sobre el tema y llegar a acuerdos que queremos todos los costarricenses.

Para ello se le pide al Gobierno agilizar las gestiones de diálogo con el encuentro multisectorial o entre tanto se busca una metodología conjunta, convocar a una primera reunión sobre el tema.

Por tal razón dentro del ICE la jornada será regionalizada en distintos puntos del país donde nuestros compañeros Iceístas articularán con diferentes actores sociales, como estudiantes (MEDSE) y trabajadores municipales en varias regiones del país que se están comunicando en su momento oportuno.

  • La jornada será contra el desmantelamiento del CENCE y de la CNFL: Pese a los intentos de la Administración Superior del ICE, de bajarle el perfil a los graves hechos denunciados y comprobados; desde ASDEICE reiteramos que existe un plan A puesto en marcha para sacar el CENCE del ICE. Inclusive ante las denuncias, valoran un plan B que consistiría en pasar el CENCE a la Gerencia General de dónde sería más fácil, en un segundo momento separarlo del ICE. Ambos planes (desconcentración máxima y desconcentración mínima) son promovidos por el Ejecutivo a través del MINAE con participación del Ministro del ramo y conocimiento de la Presidencia Ejecutiva Irene Cañas.

Con respecto a la CNFL, publica el alcance 142 de La Gaceta del 25 de junio de 2019, un proyecto de ley para desvincular a la CNFL del ICE. Esto con el agravante de las plantas de generación y su inmensa deuda financiera, se les trasladan al ICE, aumentando con esto el déficit institucional.

  • En un Estado Social de Derecho con División de Poderes, la Sala Constitucional ha sido clara: Desde ASDEICE, coincidimos con lo planteado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través de la resolución 2000-03444 (Exp: 00-002877-0007-CO) en la cual este Tribunal Constitucional sentencia:

«el derecho a disentir no puede reducirse a un sentimiento íntimo que no pueda trascender o hacerse manifiesto […] pues eso sería prácticamente dejar sin contenido un derecho a expresarse en público y sin violencia sobre los asuntos más importantes, aquellos que tienen que ver sobre lo que entendemos como un futuro mejor o más feliz para nuestra sociedad. Como corolario de lo anterior, ha de tolerarse en estos casos, el mal menor de una protesta y no el mal mayor de un disturbio, por una apresurada y desmedida actuación de la autoridad»

La mejor forma de volver al país a sanos niveles de convivencia es sin duda agilizar por parte del Gobierno de la República, el diálogo social orientado a resultados. Insistir en la aplicación de políticas públicas de corte neoliberal desde el Ejecutivo y el Legislativo solo ahondarán la distancia entre gobernantes y gobernados, profundizarán la desigualdad social y aumentarán el estado de crispación nacional que experimenta nuestra sociedad.

Sector municipal de la ANEP a huelga contra política pública este lunes 15 de julio

Huelga se dará contra el proyecto de ley 20.968 por atentar contra la estabilidad laboral de los trabajadores municipales

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), anuncia que el sector municipal se unirá a las manifestaciones del próximo lunes 15 de julio, en protesta al proyecto de ley Nº20.968, el cual busca crear una desestabilización laboral en las municipalidades.

Así lo confirmó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, quien indicó que la convocatoria a huelga contra política pública ya se comunicó a las 61 seccionales de la ANEP en municipios de todo el país, para que se sumen al movimiento.  

“Esta protesta tiene como finalidad principal cuestionar la política pública que se deriva de dicho proyecto de ley 20.968; pues dicha política varía radicalmente los principios de estabilidad laboral en el empleo público municipal”, dijo Vargas.  

La convocatoria de la ANEP para trabajadores municipales del Área Metropolita tiene como punto de inicio el Ministerio de Hacienda en Avenida Segunda, a partir de las 8 de la mañana, para luego trasladarse hacia la Asamblea Legislativa. En el caso de los trabajadores municipales fuera del Área Metropolitana, se realizarán manifestaciones en sus regiones junto a trabajadores iceístas y estudiantes, que ese día también se estarán manifestando.

Vargas indicó que el proyecto de ley Nº20.968, denominado “Reforma del artículo 155 inciso b) del código municipal, ley n.° 7794, de 30 de abril 1998 y sus reformas” impulsado por la diputada Aracelly Salas, atenta contra la estabilidad laboral en las municipalidades.

“Nunca como antes la autonomía constitucional del régimen municipal había estado en tanto peligro. En ANEP estamos alarmados, lo último que estamos viendo es un proyecto para flexibilizar despidos, para convertir a la figura del alcalde en todopoderosa en materia de nombramientos y despidos de personal; con restructuraciones muy cuestionables y estudios técnicos que no garantizan ninguna objetividad”, indicó el Secretario General de la ANEP.

Para la ANEP, este proyecto de ley es una grave amenaza al empleo municipal y curiosamente se promueve en las postrimerías de la próxima elección de alcaldes, por lo que cuestionan si será una estrategia política para “limpiar las municipalidades con el objetivo de colocar pega banderas”.

Impulso a proyecto de ley

Otra de las razones que llevará a los trabajadores municipales a las calles, es darle impulso en la corriente legislativa al proyecto de ley N21.430 “Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal”, presentado por la ANEP con el respaldo del diputado Walter Muñoz y otros diputados.

“Queremos reforzar la importancia de que se apruebe el expediente legislativo Nº21430 presentado por la ANEP el 29 de mayo para devolver de manera integral la autonomía de régimen municipal, la cual se perdió con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública”, finalizó Vargas.

De esta forma la ANEP con sus seccionales en el sector municipal se unen a la familia Iceísta y a los estudiantes de secundaria (MEDSE) en una jornada de lucha social.

ANEP defiende el derecho de acceso a la información pública

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) seguirá defendiendo el derecho al acceso a la información pública, esto luego de que el sindicato solicitara, el pasado 11 de enero del 2019, información al Ministerio de Hacienda sobre la lista de las 96 empresas a las cuales se les inició el cobro de ¢560.000 millones, la cual fue negada por la Dirección de Tributación.

Debido a la negativa, la ANEP interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual se encuentra suspendido, ya que la Sala considera que la actuación del Ministerio se apega a lo establecido en el artículo 18 bis del Código Tributario, por lo que solo se puede dar la información que se encuentre firme en sede administrativa y que no haya sido impugnado en sede judicial.

Bajo este panorama, la Sala Constitucional concedió plazo a la ANEP para que interpusiera acción de inconstitucionalidad contra ese artículo 18 bis, donde se solicita información relativa al nombre de los contribuyentes y los responsables al monto que pagan por concepto de tributos, así como a su morosidad, estos aspectos tienen un marco interés público y constituye información pública por lo que debe ser accesible.

Para la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, si las deudas tributarias son ejecutivas para el Ministerio de Hacienda, es decir, surten efectos jurídicos, es improcedente que se limite el acceso a dicha información.

Actualmente la Sala ha admitido dicha acción de inconstitucionalidad para estudio y ha solicitado a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Hacienda que le rindan informe al respecto.

Seccional Policía Profesional de Migración insta a Ministro de Seguridad nombrar Director en la Policía de Migración

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), solicita al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, nombrar lo antes posible al Director de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y operatividad de este cuerpo policial.

Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME, indicó que desde el 2015, con la salida de Yocnan Murillo Chacón, último jefe de este cuerpo policial, no se cuenta con un mando de confianza, situación que estaría provocando una falta de coordinación con oficinas regionales y un expedito control migratorio.    

La solicitud del sindicato nace al enterarse que este viernes 5 de julio se realizó la graduación del curso de comisionados, impartido por la Academia Nacional de Policías, con la participación de un representante de la Policía Profesional de Migración, el cual con este atributo estaría cumpliendo con el requisito de ley para ser nombrado Director de la PPME. A la vez, esto permitiría el nombramiento de un sub director.

“Este nombramiento nos permitiría tener el liderazgo necesario para una mejor coordinación, funcionamiento y comunicación para cumplir las funciones encargadas a la Policía Profesional de Migración de acuerdo a la legislación. Además, se abre el panorama para que los demás oficiales puedan realizar los diversos cursos que ofrece la Academia Nacional de Policías para subir en el escalafón policial” finalizó Mora.    

Pronunciamiento de la ANEP ante ataque antisindical y al derecho de libre asociación por parte de la UCCAEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, contundentemente, las aseveraciones realizadas por parte del sindicato del alto corporativismo empresarial UCCAEP, dadas a conocer en algunos medios de comunicación, solicitando la disolución de nuestra organización.

Al día de hoy, la ANEP no ha recibido ninguna notificación formal por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre dicha acción.

La aparente solicitud planteada por la representación empresarial no está fundamentada en hechos concretos; por ende, pretender la disolución de un sindicato amparado en los intereses individuales de los empresarios, es totalmente violatorio de la Libertad Sindical.

Esta solicitud es una clara violación a la Libertad Sindical, específicamente en la posibilidad que tienen las organización de elegir su marco de acción, su dinámica, y líneas de acción; en defensa de los intereses económicos y sociales de sus representados, quienes en el ejercicio de la autónomo sindical, deben poder decidir en que momento manifestarse, y a ante que políticas públicas, estatales, o sectoriales con los que no están de acuerdo, en resguardo de los intereses económicos y sociales de cada sector.

El Estado costarricense, miembro de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en este caso por medio de su Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene el deber legal constitucional y moral de resguardar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. Entre ellos, garantizar un ejercicio del derechos sindicales acorde con los convenios y principios de la OIT y, en ese sentido avalar una solicitud de esta naturaleza es contraria desde todo punto de vista del derecho fundamental a la libertad sindical, el cual no puede ser entendido sin real la autonomía, sin capacidad de protesta, y sin injerencia de las autoridades administrativas o empresariales.

Es deber del Estado respetar los instrumentos internacionales como lo son los Convenios Internacionales de la OIT y los principios fundamentales que repelen todo acto persecutorio, o que tiendan a limitar el derecho a formar sindicatos o sindicalizarse, y ejercer sus derechos sindicales; en el caso particular la solicitud empresarial está coartando esas libertades, y son claros mecanismos de persecución e impedimentos contra la ANEP, sin tener hechos concretos y ciertos.

Sobre el particular la Organización internacional del Trabajo ha resuelto concretamente en sus recopilaciones:

“En los casos que entrañan la disolución o la suspensión de las organizaciones sindicales de un país, el Comité de Libertad Sindical se ha declarado profundamente convencido de que no es posible hallar la solución de los problemas económicos y sociales porque atraviesa un país aislando las organizaciones sindicales y suspendiendo sus actividades”.

Por lo anteriormente expuesto, nuestra organización condena y repudia esta violación fragante a los Derechos Humanos Fundamentales como lo son la Libertad Sindical y el Derecho a la Libre Asociación, por parte del corporativismo empresarial costarricense representado por la UCCAEP. Exigimos al Ministerio de Trabajo y las autoridades competentes rechazar tal solicitud de disolución de nuestra organización sindical ANEP y proceder con la apertura de un proceso por prácticas laborales desleales y discriminación contra la UCCAEP.

Mesa Sindical de Mujeres repudia voto de UCCAEP, oponiéndose a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo

La clase trabajadora mundial y por supuesto la costarricense celebra con mucho regocijo la adopción del Convenio número 190 y su Recomendación 206 “sobre la Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”; hecho que se realizó en la recién pasada 108 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del 10 al 21 de junio del presente año, en Ginebra, Suiza.

En dicha Conferencia participaron 190 países pertenecientes a Naciones Unidas, en donde asistieron las representaciones de los gobiernos, empleadores y trabajadores. Uno de los objetivos primordiales fue la adopción del Convenio 190 y su Recomendación 206, lo que se logró exitosamente.

Sin embargo, para Costa Rica ha sido un logro a medias, ya que el sector de los empleadores ha dado una bofetada a toda la clase trabajadora de nuestro país, oponiéndose a dicha adopción. Ha imperado en ellos el egoísmo, el deseo de continuar explotando a la clase trabajadora, en donde los cuatro postulados del Trabajo Decente no son de acato ni de interés para dicho sector.

La Mesa Sindical de Mujeres (MSM), conformada por las Secretarías de Género de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP-ANEP), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación Única de Trabajadores (CUT), hace una denuncia pública a la delegación de los empleadores, representada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privados (UCCAEP), por ser uno de los 7 votos en contra por la adopción de este importante instrumento jurídico internacional, para garantizar, entre otros aspectos, el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

La violencia y acoso en el mundo del trabajo es uno de los flagelos que azota a las y los trabajadores en el mundo y Costa Rica no escapa a esta cruda realidad.

Así mismo, denunciamos la forma tergiversada en que esta organización empresarial, con apoyo del aparato mediático que responde a sus intereses, han anunciado la adopción de este Convenio y su Recomendación; indicando que se trata de un Convenio para atender las víctimas de violencia doméstica, cuando en realidad se trata, como su nombre lo indica claramente es sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Por lo tanto, hacemos un llamado a la UCCAEP, para que reflexionen y den un paso atrás y pueda nuestro país entonar con lo que se pregona ante el mundo, Costa Rica, un país donde se respetan los Derechos Humanos Fundamentales, donde la Democracia es nuestro estandarte de lucha y libertad.

San José, 28 de junio de 2019.

María Laura Sánchez Rojas
CSJMP-ANEP

Rose Mary Rodríguez Bustos
CTRN

Tatiana Otto Golovina
CUT

Olga Serrano Serrano
CMTC

Mesa Sindical de Mujeres (MSM)

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Encuentro social multisectorial plantea mesa de negociación al Gobierno

En defensa de nuestros más sagrados valores nacionales y de nuestra Constitución Política, nos constituimos como el Encuentro Social Multisectorial (ESM) como instancia de reacción popular, se ha recogido el malestar de la ciudadanía y las demandas de sectores productivos y sociales ante las políticas económicas del Estado que estimula la concentración de capital, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la indigencia, el desempleo y otros.

El ESM es la alianza de sectores que consideran a un gobierno en contubernio con partidos tradicionales y sectores empresariales que trasladan a la población laboralmente activa (formal e informal), la factura del déficit fiscal omitiendo una justicia distributiva. En este punto, la evasión fiscal, las amnistías tributarias, la corrupción de aduanas, la ineficiencia del Estado en el manejo de los recursos públicos (infraestructura escolar, vial y otros), dejan la sospecha de la imposición de un  modelo económico (“neoliberal”, economía de mercado, concesión de obra pública y otros), que desmantela instituciones estatales (CNP, ICE, RECOPE, JAPDEVA, INS y otros).

En virtud de lo anterior, planteamos al Gobierno de la República, una mesa de negociación multisectorial unitaria, para abordar los siguientes grandes temas nacionales:

  1. Salida de Edgar Mora.
  2. Defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y las familias costarricenses, por lo que se solicita revisión integral de los programas educativos.
  3. Moratoria de 18 meses del IVA y transformación del sistema tributario.
  4. Atención urgente a problemáticas de transportistas.
  5. Atención urgente a problemática de pescadores.
  6. Atención urgente a deudas de agricultores, productores agroalimentarios, problemas rurales y mercadeo integral de productos y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y uso de suelo.
  7. Tramitación urgente de proyectos contra intereses de usura.
  8. Retiro de TODOS los proyectos de ley que atenten contra las libertades sindicales y sociales.
  9. Retiro del proyecto Ley marco de empleo público.
  10. Devolver el INFOCOOP al Movimiento Cooperativo, según lo establece la ley de asociaciones cooperativas.
  11. Defensa del ICE contra la privatización del modelo eléctrico nacional, promovida desde el Ejecutivo a través del MINAE. Respeto a la autonomía institucional dada por ley 8660.
  12. Problemática de Limón: Ilegalidad de APM Terminals por incumplimiento contractual, respeto al interés público y económico, fortalecimiento de JAPDEVA y solución a la problemática de empleo en Limón.
  13. Defensa y fortalecimiento del CNP.
  14. Atención a pliego de cuerpos policiales.
  15. Recuperación de la autonomía constitucional del régimen municipal.
  16. Detener el despilfarro de dinero en este momento por parte del MEP.
  17. Retiro del proyecto de educación dual y cambios en prueba faro.
  18. Impulsar un vigoroso plan de reactivación económica.

Lo anterior a través de la apertura de una mesa de negociación multisectorial unitaria, en las próximas 24 horas.

San Jose, 01 de julio 2019, a las 13:00 horas. Encuentro Social Multisectorial.

Conferencia de Prensa