La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se reunió con alcaldes de los cantones de Garabito, Nandayure y Coto Brus, así como representación de la alcaldía de Nicoya, ante la eventual afectación de la autonomía del régimen municipal por parte de la Ley 9635 fortalecimiento de las finanzas públicas.
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Sector Productor busca apoyo para impulsar proyectos de ley sobre seguridad jurídica y pago de deuda
El sector productor, inserto en el Encuentro Social Multisectorial en el que participan diversas organizaciones sociales y cooperativistas, busca el apoyo de instituciones gubernamentales para impulsar dos proyectos de ley sobre seguridad jurídica y pago de deuda.
Para esto, se reunieron con representantes de alto nivel del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y representantes de la Defensoría de los Habitantes, con el objetivo de que ambos proyectos tengan el apoyo del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo
ANEP-Fuerza Pública ha denunciado fallas en la planificación e irregularidades en compras y uso de recursos en el MSP
- Casos que en el pasado fueron denunciados por ANEP, vuelen a estar vigentes en medios de comunicación.
Desde el año 2014, la Seccional ANEP-Fuerza Pública ha venido denunciado y advirtiendo una serie de irregularidades, fallas y deficiencias en torno a los procesos de compra de equipo e inversión por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con recursos destinados para el combate de la inseguridad ciudadana.
En ese año, la Seccional ANEP-Fuerza Pública, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Fraudes por presunta malversación de fondos públicos, misma que a pesar de haber contado con el testimonio de un funcionario de la auditoria interna y con importante prueba documental, fue desestimada a la espera de nueva prueba. Paradójicamente, en aquel momento se pretendió despedir al funcionario de la Auditoria Interna del MSP.
En el 2014, la Seccional ANEP-Fuerza Pública, también denunció ante la Contraloría General de la República (CGR), la compra de vehículos no aptos para la función policial.
En el año 2016, la Seccional acudió ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, sin embargo, no se logró el interés de la mayoría de diputados que integraban dicha comisión. En esa ocasión los legisladores demostraron un desconocimiento del tema de seguridad ciudadana.
Durante la comparecencia Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que “no se observa planificación en las compras, ni un plan institucional y tampoco se identifican criterios técnicos para determinar las necesidades y la calidad de los productos que se compran con el presupuesto de seguridad ciudadana”.
Estos detalles salen a colación luego de una serie de notas publicadas por dos medios de comunicación, que cuestionan el accionar del MSP con respecto a la compra de vehículos y la modificación de estos, situaciones que han sido denunciadas por ANEP con anterioridad ante diversos entes, la opinión pública y medios de comunicación.
Para la Seccional ANEP-Fuerza Pública, estas publicaciones evidencian, una vez más, que la cartera de seguridad pública urge de resolver fallas o deficiencias en torno con los procesos de compra de equipo e inversión de los recursos destinados para el combate de la inseguridad ciudadana.
“Una vez más el tiempo nos da la razón, en momentos en que los oficiales de policía experimentan una reducción en el suministro de alimentos, la falta de uniformes, botas policiales, equipo de protección; la administración aduce falta de liquidez. Sin embargo, nos enteramos que se malgastaron 83 millones en la modificación de vehículos”, dijo Anchía
La Seccional ANEP Fuerza Pública, hace un llamado a la nueva administración y al Ministro de Seguridad, Michael Soto, para que tomen las medidas pertinentes a efectos de que las malas prácticas del pasado sean erradicadas. “Es preciso planificar, fiscalizar, priorizar y maximizar los recursos con que cuenta el MSP, para el cumplimiento de sus competencias”, finalizó Anchía.
Compartimos audio de Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Seccional Choferes Turrialbeños logra acuerdo en cobro por faltante de barras
-El acuerdo fue alcanzado en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la presencia de representantes de las empresas Transtusa, Transportes CIPARO S.A., Transportes Mora y Rojas, Transportes Madriz y Mata y Transportes Tencio Mora, todas de la zona de Turrialba.
La Seccional ANEP-Choferes Turrialbeños logró en sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una serie de acuerdos en beneficio de los choferes de autobús, entre los que se destaca la problemática con el faltante de dineros por concepto de barras.
El acuerdo fue alcanzado con la presencia de representantes de las empresas Transtusa, Transportes CIPARO S.A., Transportes Mora y Rojas, Transportes Madriz y Mata y Transportes Tencio Mora, todas de la zona de Turrialba, con la mediación del viceministro del Área Laboral, Ricardo Marín y la directora de Asuntos Laborales, Adriana Quesada.
Respecto a la problemática generada por el cobro por faltante de barras, las partes acordaron que la empresa entregará una liquidación diaria con el reporte de recaudación por rutas, en caso de que haya un faltante se entregará el documento de forma física concediéndole al trabajador el plazo hasta de 3 días para clarificar la causa del faltante. De persistir el faltante ambas partes procederán según en derecho corresponda.
Respecto a los tiempos de descanso para la ingesta de alimentos, el sindicato deberá realizar una propuesta de los roles trabajo, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa sobre la prestación del servicio de transporte público.
Otro de los aspectos a destacar en el acuerdo firmado, es concerniente a los uniformes de trabajo, la Seccional ANE-Choferes Turrialbeños solicito la entrega de tres uniformes por año, propuesta que será analizada por las empresas, estas últimas tendrán 15 días para dar una respuesta o contrapropuesta.
También destaca, la posición de las empresas, la cuales indican que respetan el ejercicio de libertad sindical. Además, aclaran que no es política cobrar los dineros que sean objeto de pérdida por caso de robo por delincuentes.
A continuación compartimos el acta con los acuerdos alcanzados
Acuerdo Choferes Turrialbeños by on Scribd
Solicitan libertad de Carlos Andrés Pérez y la realización de un nuevo juicio
Tribunal no fijo fecha para conocer la resolución de la apelación
Henry Loaiza, defensor de Carlos Andrés Pérez solicitó la mañana de este martes, ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José la libertad de su defendido, así como la realización de un nuevo juicio por vía ordinaria.
Loaiza cuestionó el accionar del Juez quien emitió la condena, ya que para la defensa omitió una serie de consideraciones que estarían probando la inocencia de Carlos Andrés Pérez.
«Existe una errónea valoración en cuanto a la prueba de descargo, ya que no valora nuestra declaración y prueba documental», manifestó el defensor.
Otro de los cuestionamientos de la parte defensora presentada ante el Tribunal de Apelación, es que la acusación no tiene correlación con la sentencia.
«Lo único para poder solventar estos fallos es que se realice un nuevo juicio, con un tribunal distinto por lo que se solicita que el Tribunal de Apelación declare la ineficacia de la sentencia y que ordene el reenvío, para que un nuevo tribunal conozca la causa. Además, la solicitud de que no se trate en flagrancia sino mediante un juicio ordinario», explicó Loaiza.
Según Loaiza, el objetivo es que se envié nuevamente a la etapa de investigación del Ministerio Público para que se incluya a otros sospechosos que fueron omitidos durante el juicio. Además, de la incorporación de peritos calificados en explosivos.
Durante la audiencia Carlos Andrés Pérez tuvo la oportunidad de dirigirse al Tribunal de Apelación para cuestionar las pruebas presentadas por la fiscalía, así como la versión de los ingenieros de Recope utilizados como testigos, donde evidenció la falta de conocimientos sobre el sistema aparentemente dañado.
Otro de los cuestionamientos de Carlos Andrés, es respecto a la declaración de los oficiales de la Fuerza Pública que lo detuvieron, ya que el acta presentada por estos últimos dista mucho de la declaración presentada durante el juicio. Donde incluso se incluyen elementos físicos que no fueron decomisados como prueba durante el arresto.
Criterio sobre la aplicación y alcances de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nº 9635
COMBO FISCAL: Ley de la República No. 9635, oficialmente denominada “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, la del “fallo constitucional de compadre hablado”. Análisis jurídico de la misma en cuanto a los contenidos atentatorios de los derechos laborales-sociales y económico-reivindicativos del Empleo Público, efectuado por la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP.
Documento que ANEP pone a disposición de todas las personas anepistas integrantes de las juntas directivas de las seccionales de la ANEP, de quienes fungen como delegados o delegadas de la organización, en fin, de toda su membrecía que labora en el aparato estatal. Igualmente, lo compartimos con todas las agrupaciones colegas, especialmente las del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, así como del público en general. ANEP concluye que ocurrió la más grosera agresión política de toda la historia del empleo público en contra del funcionariado estatal; agresión ejecutada por el triunvirato gobiernista PLUSC-PAC.
Los nuevos escenarios de lucha están ya abriéndose y de ello hablaremos con toda la dirigencia anepista de base con ocasión del Consejo Consultivo Nacional (CCN), de la ANEP previsto para el viernes 22 de marzo de 2019. De seguido, el indicado documento que, de manera respetuosa, recomendamos compartir.
Criterio sobre la aplicació… by on Scribd
Mujeres empoderadas, participativas y liderezas
ANEP solicita al Ministerio de Hacienda acciones para proteger salario de funcionarios públicos
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) solicitó al Ministerio de Hacienda tener mayores controles y mecanismos de fiscalización para proteger el salario de los funcionarios públicos, esto luego de presentarse una gran cantidad de rebajos por parte de una cooperativa sin la autorización de los asalariados.
En la solicitud dirigida al Director Jurídico Ministerio de Hacienda, Martín Durán Espinoza se indica que no es la primera que se da ésta situación, incluso en 2015 ANEP-Fuerza Pública presentó una denuncia por un rebajo irregular en el salario de oficiales de la Fuerza Pública.
“No es la primera vez que se reciben en esta organización sindical casos de funcionarios que aducen se les rebajan montos incorrectos, o, por parte de empresas con las que no tienen ningún tipo de relación. Además, en la mayoría de casos, agregan que, al intentar hacer contacto con dichas entidades no tienen éxito, pues no atienden números telefónicos, y, hasta han encontrado que no se ubican en la dirección que extienden”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
En vista de los anterior, la ANEP cuestiona los mecanismos de Hacienda para controlar este tipo de situaciones y solicita explicaciones ante lo sucedido, y a la vez, pide a los afectados interponer la denuncia ante el Ministerio Público para evitar que estos casos queden impunes.
Cuestionamientos de la ANEP al Ministerio de Hacienda
• ¿Qué mecanismos jurídicos ofrece el Ministerio de Hacienda para proteger el salario de los servidores públicos, y evitar que sean víctimas de estafas, u otra acción irregular que les afecte su remuneración económica?
• ¿Qué acciones deben realizar las personas afectadas para prevenir que se les siga rebajando por parte de entidades a las que no han autorizado para que se les rebaje directamente del salario?
• ¿Qué medidas tomará el Ministerio de Hacienda, con las entidades que, aprovechando las facilidades del sistema, se abusan del mismo y cometen actos como el que nos ocupa?
• ¿Qué acciones tomará su representada, ante los numerosos señalamientos de funcionarios a quienes se les ha rebajado dinero directamente de su salario, sin que medie la manifestación expresa del mismo para que se ejecute dicho rebajo de esa manera?
Compartimos documento enviado al Ministerio de Gacienda y declaraciones de Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
Posición de la Junta Directiva Nacional de la ANEP sobre proyecto que pretende gravar los excedentes de las cooperativas
Se discute en estos momentos en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que pretende gravar los excedentes que generan los ahorros de las personas agremiadas a las cooperativas. Este proyecto, al igual que otros que han sido de conocimiento de los actuales señores diputados y señoras diputadas, comete el mismo pecado de recargar la crisis fiscal sobre los que menos tienen, es decir la clase trabajadora.
Nuestra oposición a dicho proyecto se fundamenta en las siguientes razones:
1. Los excedentes de las cooperativas ya pagan un 5 % de impuesto de renta.
2. La mayoría de las personas afiliadas a las cooperativas de ahorro y crédito son trabajadores y trabajadoras humildes quienes hacen un gran esfuerzo por ahorrar.
3. El capital de que disponen las cooperativas corresponde a muchos años de ahorro de los trabajadores y de las trabajadoras. La mayoría tienen más de 30 años de estar depositando el 5 % de su salario.
4. Las cooperativas son organizaciones sociales que contribuyen a que exista una mejor distribución de la riqueza.
5. Consideramos que con este proyecto se está dando un trato desigual, ya que hay otras organizaciones sociales que también administran recursos financieros de los trabajadores y de las trabajadoras, a las cuales no se les está aplicando un trato parecido.
6. El incremento de 5 % a 20 % de renta a las cooperativas pone en riesgo la existencia misma de este tipo de organizaciones sociales.
7. Nos parece que este proyecto tiene la intención de desaparecer las cooperativas de ahorro y crédito para obligar a los trabajadores a recurrir a las empresas del gran capital financiero-bancario a tramitar sus créditos.
8. Nos “extraña” que los señores diputados y las señoras diputadas con interés en gravar tributariamente a las cooperativas constituidas mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras, sean los mismos que se han opuesto a gravar las empresas del gran capital que se ubican en las zonas francas.
9. Los ahorros de las cooperativas son dineros que los trabajadores y las trabajadoras depositan con la finalidad de tener una vida más digna después de que se pensionan. Si se les cercena como lo pretenden los padres y las madres de la Patria, los estarían condenando a una vejez más miserable.
10. Al ser los ahorros de las cooperativas un porcentaje del salario que devenga la persona trabajadora, se estaría ante una doble imposición, ya que primero se le rebaja del salario lo correspondiente a la renta actual; y, posteriormente se le aplica nuevamente un impuesto a los excedentes que devenga el mismo.
Nuevamente las clase política y económica que administra el país., se ensaña con la clase trabajadora con la intención de deteriorar aún más su condición de vida y de trabajo. Dejamos constancia pública de nuestra oposición rotunda en contra de nuevas cargas tributarias para las cooperativas.
*Junta Directiva Nacional Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)*
Gobierno Alvarado-Piza incrementa su ataque antisindical al culpar la huelga por alza en el desempleo
Ministro de la Presidencia incentiva la peligrosa orientación gubernativa de criminalización de la protesta social y de fomento del autoritarismo
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y desde el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, expresamos nuestro más vehemente y enérgico rechazo a las provocadoras y confrontativas declaraciones del Ministro de la Presidencia, a nombre del gobierno Alvarado-Piza, de que el alza en el desempleo ocurrida el año pasado 2018, se debió a la Huelga Patriótica contra el combo fiscal, hoy ley de la República, lamentablemente; lesiva ley antiobrera que ya comenzó a afectar las economías familiares de miles de personas trabajadoras asalariadas de este país.
El crecimiento del desempleo se debe, por un lado, a una gran incapacidad gubernativa de la gestión del sector económico del Poder Ejecutivo, dada su militancia ideológica en objetivos meramente fiscalistas y su visión obsesiva, de corte neoliberal, en cuanto al traído y llevado tema del déficit fiscal.
Tal fundamentalismo fiscalista impide considerar la relevancia del papel del sector Público en la reactivación económica y no conocemos, en nueve meses de gestión que llevan ya, un sólido proyecto en tal sentido.
Por otra parte, tampoco conocemos de una articulada y estrategia de política pública hacia la potenciación del mercado interno, como factor relevante en la imperiosa necesidad de una reactivación económica que, por ejemplo, incluya el relanzamiento estratégico de la producción agropecuaria nacional. El pequeño productor agrícola nacional sigue hoy más abandonado que nunca.
La Huelga Patriótica contra el combo fiscal duró tanto como el gobierno Piza-Alvarado quiso que durase. Deliberadamente dejaron que se prolongara buscando deteriorar el gran apoyo popular que generó la lucha cívica contra el expediente legislativo 20.580, el más detestado proyecto de ley desde el combo del ICE del año 2000.
Somos enfáticos en cuanto a que los sectores hegemónicamente dominantes del binomio gubernativo Alvarado-Piza no creen en el Diálogo Social, son despreciativos de las propuestas de los sectores sociales y productivos que no comulgan con su visión neoliberal en cuanto al dogma del déficit fiscal.
La corriente sindical que representamos ha elaborado sólidas propuestas en cuanto a impulsar políticas para la reactivación económica con inclusión social y productiva que están listas para poner en una real mesa de negociación, si no fuese porque el autoritarismo es el estilo de gestión del equipo neoliberal del gobierno Alvarado-Piza que controla las iniciativas estratégicas del Poder Ejecutivo.
Algunos días antes el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez Rímola había emitido este tipo de juicios subjetivos, desafortunados y sesgados en cuanto a que la huelga del año pasado es la responsable del crecimiento del desempleo en el país.
Sinceramente, no le vemos mayor futuro al proceso de Diálogo Social que a insistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), intenta abrirse paso en el país en el marco del diseño de una política de Trabajo Decente para el período 2019-2023.
Rodolfo Piza es muy “eficiente” descalificando los esfuerzos de otros colegas suyos de gabinete que sí parecieran creer en tal proceso.
San José, miércoles 13 de febrero de 2019
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
