UCCAEP pide y los diputados obedecen

¿Qué intereses rondarán la prestación del servicio de administración
de la plataforma electrónica de factoreo que sería de uso obligatorio para todas las entidades del sector público?

UCCAEP pide y los diputados obedecen, tal pareciera ser la triste dinámica de cómo, quienes ocupan algunas curules en el Congreso, parecieran estar dispuestos a poner de rodillas al Primer Poder de la República ante la petición de esta cámara empresarial, induciendo con esto a error a los demás legisladores.

Lo anterior pareciera presentarse a raíz del trámite legislativo del expediente 19.957, Ley Marco del Contrato de Factoreo, el cual busca regular la relación entre las partes que intervienen en el proceso de factoreo (servicio financiero que consiste en anticipar el pago de una cuenta por cobrar, la cual es cedida a una persona física o jurídica y éste a su vez se encarga de administrar y cobrar dicho documento).

El texto base de este expediente legislativo propone que todos los entes y órganos del sector público que descuenten facturas utilicen una plataforma electrónica para que se automatice el proceso, también permite que las empresas privadas puedan utilizar esta plataforma. Pero además de lo anterior, la propuesta incial de este expediente  legislativo autorizaba al Instituto Costarricense de Electricidad o una de sus empresas, para que en calidad de administrador de plataforma electrónica pudiese establecer y operar la Plataforma Electrónica de Factoreo que sería de uso obligatorio para todas las entidades del sector público cuando actúen como pagadores.

Este expediente legislativo, en días recientes se dictaminó en la Comisión de Asuntos Económicos para pasar a ser visto en el Plenario Legislativo, dónde actualmente está listo para iniciar mociones 138 o en su defecto, ser sometido a votación en primer debate.

Sin embargo casi a última hora, durante el segundo día de mociones 137, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que conocía el proyecto, aprobó una moción presentada por el diputado Pedro Muñoz de la fracción del PUSC, en la cual se quita la autorización al ICE para gestionar la Plataforma Electrónica de Factoreo  (cosa que ya hace) y en lugar de eso dispone que el Estado deberá contratar un administrador de la Plataforma Electrónica de Factoreo por contratación administrativa ordinaria.

Lo anterior no solo implica una afectación al Grupo ICE, sino que, más grave aún, ASDEICE tiene información que dicho planteamiento, que abre la posibilidad para que se pueda contratar a una empresa del mercado para brindar dicho servicio, fue planteada por la UCCAEP, en atención a la consulta que la Comisión de Asuntos Económicos le hiciera a este sindicato de empresarios, sobre dicho expediente legislativo, del cual no se pidió consulta a los sindicatos de Trabajadores del ICE.

De esta forma, pareciera que la UCCAEP dice y los diputados obedecen sin chistar, ni consultar si quiera a los sindicatos de trabajadores, regulados por el mismo artículo constitucional.

ASDEICE considera que esta maniobra de trámite legislativo, genera una afectación al Grupo ICE, que ha realizado una inversión en equipo para operar este tipo de servicios.

Declaraciones de César López, Director Ejecutivo de ASDEICE

Debe tenerse presente que el servicio de factoreo mediante el uso de una plataforma electrónica, ya es brindado de forma exitosa por el Grupo ICE desde hace cerca de tres años, y sin costo alguno para los entes y órganos del Estado que lo utilicen.

Siendo que el Grupo ICE brinda el servicio a través de RACSA (subsidiaria), sin costo alguno para el Estado, resulta preocupante que los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, aprobaran la moción presentada por Pedro Muñoz del PUSC, para que el Estado contrate a empresas privadas para manejar este servicio. Máxime en tiempos de “crisis fiscal”.

Más preocupante es aún, que la Comisión no tomara en cuenta, el criterio remitido por RACSA a dicha comisión legislativa, mediante Oficio AJ-98-2019, en el cual se explicaba que este tipo de moción, de aprobarse induciría a error a los diputados, por tener imprecisiones con respecto al ordenamiento jurídico actual sobre el tema (artículos 6 y 9 de la Ley No. 8660, y artículos 1 y 201 del Reglamento al Título II de la misma).

Una posición responsable de los legisladores sobre este tema en Plenario, sería que a la hora de conocer el segundo informe para pasar a las mociones de reiteración (138), de conformidad con el artículo 154 del reglamento legislativo, reenvíen el proyecto de nuevo a la comisión dictaminadora, a fin de enmendar la situación.

Veremos si eso sucede, o si por el contrario debemos preguntarnos: ¿qué intereses rondan la prestación de este servicio por entes privados?

Seccional Municipalidad de Buenos Aires buscará en sede judicial instauración del salario escolar

-Trabajadores tiene más de 8 años de solicitarlo a la alcaldía

La Seccional ANEP-Municipalidad de Buenos Aires tomó la decisión de mantener el litigio en sede judicial para instaurar el salario escolar, litigio que inició el pasado 23 de enero. Esto debido a las negociaciones fallidas con la alcaldía, la última reunión realizada este miércoles 6 de marzo.

La lucha de la seccional ANEP-Municipalidad de Buenos Aires para incluir este componente salarial, así sentenciado por la Sala II, lleva más de ocho años, situación que los obligó acudir a sede judicial

Incluso la seccional no descarta realizar un movimiento de huelga, el cual ya fue aprobado por los afiliados de la municipalidad, siguiendo los lineamientos que establece la Reforma Procesal Laboral al tratarse de un conflicto económico social.

ANEP pretende que se blinde el régimen cambiario mediante proyecto de ley

  • Iniciativa fue presentada ante la oficina de participación ciudadana de la Asamblea Legislativa
  • Proyecto busca evitar que la variación del precio del dólar afecte el bolsillo de los costarricenses

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que blinde el régimen cambiario del “manoseo” en la oferta y la demanda de divisas en nuestro mercado.

La iniciativa fue presentada en la oficina de participación ciudadana. El proyecto denominado “Ley de racionalización del uso de las divisas extranjeras” pretende darle estabilidad al régimen cambiario en nuestro país.

“Hay que proteger a los ciudadanos, al pueblo trabajador, de los vaivenes del tipo de cambio que en la mayoría de los casos es inexplicable. Este proyecto busca evitar que la variación del precio del dólar afecte el bolsillo de los costarricenses, es necesario que se establezcan parámetros que llevarán transparencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades monetarias”.

ANEP considera que la realidad y el panorama con el tipo de cambio refleja que ningún sistema de la administración de las divisas ha sido eficiente. Por el contrario, todos los cambios han reflejado que ninguno ha funcionado y en algunos casos han generado la escasez extrema y hasta acumulación excesiva de divisas.

Para mencionar en el país se han aplicado diferentes metodologías como el  tipo de cambio fijo (solo podía variarlo la Asamblea Legislativa), tipo de cambio dual (oficial y libre), controles cambiarios, registro de capitales, uso restringido de divisas( recordemos días amargos cuando el Banco Central tenía que autorizar hasta la compra de un tiquete de avión o gastos de viaje, viáticos, entre otros), minidevaluaciones, sistema de bandas (se fijaba un piso y un techo al precio de las divisas, flotación administrada, entre otros.

Una de las preocupaciones y situación inexplicable es el aumento del tipo de cambio desde mayo del 2008 hasta enero de 2010 (¢497,36 a ¢582, 21), cuando el BCR ya había acumulado más de $4.000 millones en sus reservas y no impidió el incremento en el precio de la divisa. Y lo mismo ocurrió en el período de julio a noviembre de 2018, en que el tipo de cambio pasó de ¢569,76 a ¢628,11 y ya las reservas habían pasado de los $ 4.000 millones a un promedio de $7.522 millones en el año 2018. 

La ANEP podría suponer que en algunas ocasiones ahorrantes e inversionistas en colones han pasado sus fondos a dólares, creando una falsa demanda de divisas, ya que muchos de esos movimientos bruscos en el tipo de cambio no coinciden con la situación económica costarricense.

“La devaluación de la moneda solamente beneficia a dos sectores: turismo y exportadores y perjudica enormemente al resto de los sectores: asalariados, deudores en moneda extranjera, inquilinos que tienen sus contratos en dólares, transportes, buses, importación de bienes y servicios básicos como los combustibles y lo peor, desde luego, sobre la canasta básica. Es decir, que los beneficios de la devaluación se quedan en las pocas manos de esos empresarios”, indica el documento.

En los últimos 15 años, las reservas de divisas han crecido desde $1694 millones (1 enero del 20013) a más de $8.000 millones en el año 2018.

“No puede haber explicación posible para que las distintas administraciones del BCCR se hayan dedicado a acumular reservas en exceso sin usarlas en su principal función:  mantener un tipo de cambio en equilibrio que no cause presiones inflacionarias”, agrega.

Seguirá siendo una flotación administrada, pero con diferentes reglas de juego.

En el proyecto de ley presentado por la ANEP, no habría restricción de divisas en cuanto a su libre disposición por parte de los diferentes participantes del mercado, no habría controles cambiarios.

Existiría un mercado de divisas en el cual el BCCR establecería los tipos de cambio de acuerdo únicamente al movimiento de los “fundamentales” de la economía, que estaría totalmente blindado al execrable mecanismo de la especulación, definida como la forma de aprovechamiento de los que tienen mayor poder económico, acaparando bienes básicos para venderlos cuando le es más propicio, es decir, cuando la escasez ha provocado un aumento de los precios.

Esta propuesta de ley tiene como fin fundamento evitar el uso especulativo de las divisas, propiciar un uso racional de las mismas y proteger a los ciudadanos de los abusos que pudieran cometerse en la fijación de los tipos de cambio. Tiene, además de lo señalado anteriormente, la ventaja de poner fin al ingreso al país de “capitales golondrina” que por su cuantía y su estacionalidad han causado en el pasado graves distorsiones en el sistema cambiario.

ANEP presentó proyecto de ley que busca evitar el uso especulativo del valor del dólar

-Iniciativa fue presentada ante la oficina de participación ciudadana de la Asamblea Legislativa

-Proyecto busca evitar que la variación del precio del dólar afecte el bolsillo de los costarricenses.

Inspección evidencia faltante de personal migratorio en el Aeropuerto Santamaría

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), visitó este sábado 2 de marzo el aeropuerto internacional Juan Santamaría como parte de una inspección, luego del caos vivido en la terminal aérea el pasado 23 de febrero, donde se pudo evidenciar la afectación que sufren los usuarios por faltante de personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

La realización de la inspección se realizó debido a la denuncia realizada por la Seccional ANEP-PPME ante Diario Extra por el caos vivido en la terminal aérea el sábado 23 de febrero, debido al faltante de personal, provocando largas filas y espera de horas a las personas que deseaban ingresar al país.

En la fiscalización participó el presidente de la seccional ANEP-PPME, Gerardo Mora Ordóñez en compañía de la Directora General de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jaubert; el  Viceministro de Gobernación y Policía, Víctor Barrantes Marín y el Subdirector de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, Stephen Madden Barrientos.

Para la inspección las autoridades reforzaron con 20 oficiales los puestos migratorios del aeropuerto Juan Santamaría, pasando de 30 a 52 oficiales. Sin embargo, para el representante sindical las acciones realizadas no son lo suficiente, ya que al trasladar 20 oficiales se descuidan o debilitan otros puestos migratorios y aduaneros.

Usuarios debieron esperar horas

“Con este reforzamiento del día sábado en el Aeropuerto Juan Santamaría, así como el traslado de oficiales de diversas oficinas regionales, lo que hacen es desvestir un santo para vestir otro. Queda demostrado y comprobado que la falta de personal en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, así como la infraestructura en la parte de aduanas, es el problema que ha venido sucediendo”, manifestó Mora Ordóñez.

Según Mora, el pasado sábado con el refuerzo se habilitaron los 16 counter de salida de usuarios y los 28 counter de entrada, lo que permitió un flujo fluido de pasajeros. Mientras que para el sábado 23 de febrero no todos los counter estaban operando, lo que produjo el caos en la terminal aérea. “Con esto se demuestra la falta de personal que la Seccional ANEP-PPME ha venido denunciando desde hace años  y la solicitud de nuevas contrataciones”.

Ante este escenario, la Seccional ANEP-PPME hace un llamado a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para que soliciten al Poder Ejecutivo que convoque el expediente Nº20.323. el cual reforma el artículo 11 de la Ley No. 9428, Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas del 22 de marzo de 2017 con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería para el fortalecimiento de la policía de migración.

ANEP nombra afiliado de honor a Carlos Andrés Pérez

Anteriormente el ex diputado José Merino del Río (QdDG) recibió mismo distintivo.

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su sesión ordinaria de este viernes, tomó el acuerdo de nombrar afiliado de honor a Carlos Andrés Pérez por convertirse en un símbolo de lucha en la huelga contra el combo fiscal.

Albino Vargas Barrantes Secretario, General de la ANEP manifestó que el calificativo de afiliado honorífico se utiliza para personas muy especiales de la vida social, política, académica y sindical del país.

Carlos Andrés Pérez con su carnet anepista

“Carlos Andrés Pérez se convirtió en un símbolo de la resistencia cívica y popular al ejercicio del poder autoritario de esta gran coalición político económica que está dominado el país en favor de los interés de pequeños grupos y en contra de los intereses de las mayorías. Carlos Andrés simboliza las miles de conciencias que estuvimos en lucha durante tres meses contra el combo fiscal”, detalló Vargas.

Para el Secretario General de la ANEP, que a Carlos Andrés Pérez lo metieran preso, “básicamente por orden de Casa Presidencial en una especie de venganza política, agiganta su papel en esta lucha”    

De esta manera Carlos Andrés Pérez se convierte en la segunda persona en recibir este distintivo de la ANEP, ya que anteriormente el ex diputado José Merino del Río (QdDG) fue nombrado afiliado honorífico de la organización.

Por su parte Carlos Andrés Pérez y su familia se mostraron sorprendidos por el reconocimiento, a la vez que agradecieron el apoyo brindado por la ANEP durante este duro momento.

“Me siento orgulloso y contento de pertenecer a la familia anepista. Agradezco todo el apoyo que me han brindado. Esto me ayuda a seguir adelante para demostrar mi inocencia y como se me ha querido inculpar acciones que nunca realice”, finalizó Carlos Andrés Pérez, trabajador de Recope.

ANEP agradece a todas las personas que han brindado apoyo a Carlos Andrés Pérez y se mantienen firmes en su lucha por la defensa de Costa Rica.

Junta Directiva Nacional de ANEP recibe la visita de Carlos Andrés Pérez.

Gepostet von ANEP am Freitag, 1. März 2019
Junta Directiva Nacional de ANEP recibió a Carlos Andrés Pérez

Tribunal de Apelación ordena libertad de Carlos Andrés Pérez

  • Orden debe ser ejecutada por el Tribunal de Flagrancia
  • También ordenó la realización de un nuevo juicio

El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó la tarde de este martes, la liberación de Carlos Andrés Pérez quien se encuentra recluido en el Centro de Atención Institucional de Limón.

Esto luego declarar parcialmente con lugar los recursos interpuestos por Henry Loaiza, Defensor del imputado y por el  Ministerio Público.

Así lo confirmó Henry Loaiza, abogado defensor de Carlos Andrés quien indicó que la notificación llegó por medio de correo electrónico y ahora deberá ser ejecutada por el Tribunal de Flagrancia, ya que este último fue quien dictó la sentencia contra Pérez en primera instancia.

“El fallo también anula todo lo actuado, por lo que deberá realizarse un nuevo juicio. El tribunal de Apelación ordena que deberá ser un tribunal colegiado que resuelva el asunto. Además, indicó que se debe respetar la no reforma en perjuicio, es decir en caso de darse una nueva condena esta no debe ser mayor a dos años”, explicó Loaiza.

Henry Loaiza sobre libertad de Carlos Andrés

Los hechos juzgados se remontan a la fecha del 11 de setiembre de 2018 en donde aparentemente fueron afectados los tanques de gas licuado en el plantel de Recope en Moín, durante el movimiento huelguístico nacional contra el combo fiscal.

Luego de los resuelto por el Tribunal de Apelación se espera que el Tribunal de Flagrancia envié a partir de las cinco de la tarde la solicitud de libertad de Carlos Andrés Pérez al Centro de Atención Institucional de Limón.

El por tanto de la sentencia señala que “se rechaza el ofrecimiento de prueba efectuado por la defensa. Se declaran parcialmente con lugar los recursos interpuestos por la licenciada Marybeth Chinchilla Céspedes, fiscal del Ministerio Público y por el licenciado Henry Loaiza Méndez, defensor del encartado y, de oficio, se anula integralmente la sentencia impugnada y el debate que le precedió, y se ordena el juicio de reenvío, ante tribunal colegiado, para que se resuelva lo que en derecho proceda, debiendo valorar, dicho órgano, su propia competencia frente a la complejidad de la causa”.

“En cuanto al monto de la pena y las consecuencias civiles, rige el principio de prohibición de reforma en perjuicio con los límites plasmados en las fijaciones de pretensiones del actor civil y en las conclusiones del ente fiscal. Se ordena la inmediata libertad, si otra causa no lo impide, del acusado Carlos Andrés Pérez Sánchez”, agrega la sentencia.

Además, indicaron que no se puede admitir la prueba ofrecida contra Pérez Sánchez, por haber sido presentada de manera extemporánea y porque durante la audiencia oral no se allegó ninguna.

También menciona que existe un vicio absoluto, declarable de oficio (artículos 178 inciso b, 459 y 462 in fine del Código Procesal Penal) y es el relativo a la integración unipersonal del Tribunal, pues según la Constitución Política: “Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución”.

ANEP acude al llamado de alcaldías ante ley que violenta la autonomía del régimen municipal

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se reunió con alcaldes de los cantones de Garabito, Nandayure y Coto Brus, así como representación de la alcaldía de Nicoya, ante la eventual afectación de la autonomía del régimen municipal por parte de la Ley 9635 fortalecimiento de las finanzas públicas.

Sector Productor busca apoyo para impulsar proyectos de ley sobre seguridad jurídica y pago de deuda

El sector productor, inserto en el Encuentro Social Multisectorial en el que participan diversas organizaciones sociales y cooperativistas, busca el apoyo de instituciones gubernamentales para impulsar dos proyectos de ley sobre seguridad jurídica y pago de deuda.

Para esto, se reunieron con representantes de alto nivel del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y representantes de la Defensoría de los Habitantes, con el objetivo de que ambos proyectos tengan el apoyo del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo

ANEP-Fuerza Pública ha denunciado fallas en la planificación e irregularidades en compras y uso de recursos en el MSP

  • Casos que en el pasado fueron denunciados por ANEP, vuelen a estar vigentes en medios de comunicación.

Desde el año 2014, la Seccional ANEP-Fuerza Pública ha venido denunciado y advirtiendo una serie de irregularidades, fallas y deficiencias en torno a los procesos de compra de equipo e inversión por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con recursos destinados para el combate de la inseguridad ciudadana.

En ese año, la Seccional ANEP-Fuerza Pública, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Fraudes por presunta malversación de fondos públicos, misma que a pesar de haber contado con el testimonio de un funcionario de la auditoria interna y con importante prueba documental, fue desestimada a la espera de nueva prueba. Paradójicamente, en aquel momento se pretendió despedir al funcionario de la Auditoria Interna del MSP.

En el 2014, la Seccional ANEP-Fuerza Pública, también denunció ante la Contraloría General de la República (CGR), la compra de vehículos no aptos para la función policial.

En el año 2016, la Seccional acudió ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, sin embargo, no se logró el interés de la mayoría de diputados que integraban dicha comisión. En esa ocasión los legisladores demostraron un desconocimiento del tema de seguridad ciudadana.

Durante la comparecencia Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que “no se observa planificación en las compras, ni un plan institucional y tampoco se identifican criterios técnicos para determinar las necesidades y la calidad de los productos que se compran con el presupuesto de seguridad ciudadana”.

Estos detalles salen a colación luego de una serie de notas publicadas por dos medios de comunicación, que cuestionan el accionar del MSP con respecto a la compra de vehículos y la modificación de estos, situaciones que han sido denunciadas por ANEP con anterioridad ante diversos entes, la opinión pública y medios de comunicación.  

Para la Seccional ANEP-Fuerza Pública, estas publicaciones evidencian, una vez más, que la cartera de seguridad pública urge de resolver fallas o deficiencias en torno con los procesos de compra de equipo e inversión de los recursos destinados para el combate de la inseguridad ciudadana.

“Una vez más el tiempo nos da la razón, en momentos en que los oficiales de policía experimentan una reducción en el suministro de alimentos, la falta de uniformes, botas policiales, equipo de protección; la administración aduce falta de liquidez. Sin embargo, nos enteramos que se malgastaron 83 millones en la modificación de vehículos”, dijo Anchía

La Seccional ANEP Fuerza Pública, hace un llamado a la nueva administración y al Ministro de Seguridad, Michael Soto, para que tomen las medidas pertinentes a efectos de que las malas prácticas del pasado sean erradicadas. “Es preciso planificar, fiscalizar, priorizar y maximizar los recursos con que cuenta el MSP, para el cumplimiento de sus competencias”, finalizó Anchía.

Compartimos audio de Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.