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Red de Cuido sin dinero: violación a los Derechos Humanos de cientos de niños y de niñas

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    • Las poblaciones vulnerables y en riesgo de exclusión social: víctimas inocentes del problema fiscal.

    • Drama social que cuestiona la ideología del equipo económico PLUSC-PAC

       

Debemos hacer constar nuestra más enérgica condena por la grave violación de Derechos Humanos que ha ocurrido en contra de los niños y de las niñas que se quedaron sin atención y sin comer en los centros de atención de la denominada Red de Cuido, por cuanto no recibieron durante el mes de diciembre los fondos necesarios para su funcionamiento.

Tal violación a los Derechos Humanos de esta vulnerable población infantil al borde de la exclusión social, también afectó al estudiantado receptor de las becas del programa Avancemos, así como a las familias en pobreza extrema que dependen para su subsistencia vital y mínima de las ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La responsabilidad política, personal y directa, le corresponde a la señora Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya; sin que por ello se exima a sus superiores máximos, los señores Alvarado y Piza.

Generar gran vergüenza saber que Costa Rica, cuyos gobiernos vienen tirando piedras en materia de Derechos Humanos, tiene techo de vidrio, considerando la integralidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, incuestionablemente, cubre a las poblaciones violentadas con la deshumanizada retención de fondos que ha denunciado, de manera tan atinada, la Unión Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica(Unared).

Esta circunstancia dolorosa no puede ser catalogada de otra forma como una acción socialmente criminal, dejando al desnudo que la gente (sobre todo la más vulnerable, económicamente hablando), no es prioridad para la tríada gobiernista PLUSC-PAC; sino las cuestiones macro-fiscales tendientes a fortalecer al sector bancario-financiero del país, gran ganador de los últimos tiempos con el crecimiento de la desigualdad y de la concentración de la riqueza.

El Estado, según nuestra concepción, es uno sólo y, por tanto, las necesidades urgentes de la población costarricense ya excluida en lo económico o en riesgo de serlo, debió ser absoluta prioridad antes de que el Ministerio de Hacienda prefiera correr a pagarle al Banco Central de Costa Rica (BCCR), los 498 mil millones de colones en deuda de corto plazo que esta última entidad le había prestado; siendo que ambas entidades son parte de la misma estructura financiera- estatal del aparato público costarricense.

Definitivamente, esta dolorosa situación de discriminación social y de violación de Derechos Humanos no solamente cuestiona uno de los principios básicos del neoliberalismo, la “independencia” del BCCR; sino que, además, muestra que Costa Rica seguirá en severo retroceso afectando a las mayorías trabajadoras del país, si se sigue insistiendo en un proyecto ideológico cuyo fracaso ya es constatable en varias partes del orbe, con fuertes resistencias populares.

Lamentablemente, en la hegemonía político-gubernativa dominante en nuestro país, lo que nosotros denominamos el triunvirato PLUSC-PAC, no hay ya contenidos ni socialdemócratas ni de humanismo cristiano en quienes gestionan la política económica fiscal del binomio Alvarado Piza.

Debemos resaltar la oportuna reacción de denuncia de parte de la Unión Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica (Unared), expresando la total disposición de la ANEP de colaborarles en lo que estimen conveniente.

San José, viernes 4 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Unos derechos humanos indivisibles: no hay libertad política sin igualdad social

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Leer y releer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, setenta años después de su adopción por Naciones Unidas en París, siempre es un ejercicio útil, ya que este texto sigue ofreciendo aún en la actualidad la visión más progresista de lo que podría ser nuestro mundo. En la celebración de este aniversario, sería lógico subrayar los innegables progresos que hemos conseguido juntos durante todos estos años para transformar esta visión en una realidad.

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Trabajadores municipales de Cañas inician huelga por incumplimiento por parte de la alcaldía

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La molestia de los trabajadores se debe al incumplimiento de la Convención Colectiva por parte del Alcade, Luis Fernando Mendoza.

¡Libertad para Carlos Andrés Pérez!

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Una condena política ejemplarizante

“Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. (…) Porque soy como el árbol talado que retoño: aun tengo la vida” (Miguel Hernández)

El 11 de setiembre, un día después que empezó la Huelga 10-S, Carlos Andrés fue aprehendido por la Fuerza Pública.

Pero, ¿quién es Carlos Andrés? Carlos Andrés es un trabajador de 27 años, curtido por el sol del Caribe, con más de 8 años de laborar en las instalaciones de Recope, en la localidad de Moín.

Carlos Andrés fue acusado por el Ministerio Público, quien el 27 de noviembre último, fue sentenciado por el Tribunal de Flagrancia de Limón, por daño agravado, contra una esfera de almacenamiento de gas de la planta de Moín, cuyas circunstancias -por cierto, bastante contradictorias en el pronunciamiento judicial-, se desarrollaron en el marco de la huelga nacional convocada por los sindicatos, contra la ahora Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Carlos Andrés fue condenado a 2 años de prisión, cuya sentencia le denegó el beneficio de la ejecución condicional de la pena e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de 10 años. Además, ordenó su prisión preventiva por un plazo de 6 meses, mientras queda firme semejante gazapo judicial.

La sentencia dictada contra Carlos Andrés, en un juicio sumario, está plagada de yerros jurídicos y prejuicios ideológicos, fundada en especulaciones policiales, ayunas de todo respaldo probatorio, que violentaron el debido proceso y el derecho de defensa, a contrapelo del artículo 39, 40 y 41 de la Constitución Política, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 60 del Código Penal y artículo 1, 3, 6, 10 del Código Procesal Penal.

La historia nos demuestra que esta suerte de vicios procesales y de fondo, son una constante en esta especie de procesos, que se transmutan en verdaderos juicios políticos, en los que los jueces terminan subordinándose al linchamiento mediático y político, que valga recordar que el propio Presidente de la República demandó mano dura contra este trabajador de RECOPE, aplaudido hasta con las orejas por los medios de comunicación colectiva que todos conocemos.

Pero, por otro lado, la denegación del beneficio de la ejecución condicional de la pena y la imposición de la prisión preventiva, es totalmente ilegítima y desproporcionada, una afrenta más al famélico Estado Social de Derecho, sostenido apenas con respiración artificial.

El encarcelamiento arbitrario de Carlos Andrés no tiene fundamento legal, porque se le impuso una pena inferior de tres años, quien tiene domicilio estable, trabajo fijo, arraigo familiar y además, no tiene ningún antecedente penal.

La privación de libertad debe ser una medida excepcional, que en este asunto no tiene justificación legítima la condena que se le impuso a Carlos Andrés y mucho menos, la desproporcionada prisión preventiva.

La prisión degrada, estigmatiza, cuyas consecuencias sufre la familia de la persona recluida. Carlos Andrés no se merece este infame vejamen.

Entonces, ¿qué razones privaron para negar a este humilde y joven trabajador el beneficio de la ejecución condicional de la pena y ordenar su prisión preventiva? No queda la menor duda que el interés que prevaleció fue, de una parte, castigar injustamente la participación de un obrero en la lucha social, sin padrinos políticos que recurran presurosos a su auxilio y de otra parte, mandar una inequívoca advertencia contra las huelgas y la protesta social; es decir, una sentencia ejemplarizante que pretende amedrentar a la ciudadanía, cada vez más disconforme con las cosas que están pasando en este descarrilado país.

Desafortunadamente, la política criminal costarricense se viene decantando por un uso excesivo de la prisión preventiva, reflejo de un Estado Policial que receta cárcel y macana, como mecanismo reactivo de “resolución” de los conflictos sociales que se van acumulando y agudizando en todo el territorio nacional, pero que tarde o temprano serán incontenibles.

La familia de Carlos Andrés extrañará su tangible ausencia en la Noche de Navidad. Su hijo, con el corazón partido, no renuncia a la esperanza de que en el último minuto, se le cumpla el único sueño, que ahora más que nunca quiere se haga realidad, para siempre.

Mientras tanto, en el Centro Penal Sandoval, donde está injustamente encarcelado, pasarán por la mente de este muchacho tantos recuerdos de su infancia, de juventud, aguijoneados por el fantasma de la Libertad, mientras sus verdugos y carceleros montarán la juerga, hasta embriagar lo poco que les queda de conciencia.

El encarcelamiento de Carlos Andrés no nos puede ser ajeno. Su libertad es una responsabilidad moral, que tenemos quienes sentimos y pensamos que las cosas no pueden seguir así, en la suiza centroamericana de la pura vida.

¡Libertad inmediata para Carlos Andrés¡

Manuel Hernández

ANEP recibió memoria histórica de 60 años de lucha social

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El historiador y ex Secretario General de la ANEP, Adalberto Fonseca Esquivel presentó a la Junta Directiva Nacional de la ANEP la memoria histórica titulada «ANEP 60 Aniversario 1958-2018.

Una juventud dinámica y tolerante: el artículo perdido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

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Por: Benjamín Sevilla García
Secretario de Juventud ANEP
Junta Directiva Nacional ANEP

Hoy se conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quizá la herencia más importante de un grupo de personas que tuvieron la sensatez de separarse de sus intereses individuales y construir en equipo las bases de un buen derecho; una declaración que reconociera la dignidad inherente de todas las personas sin discriminación alguna.

Con sus aspectos negativos,  como toda producción humana, pero también, y muy por encima de estos, con la virtud de ser el instrumento que logró orientar por buen norte un mundo al borde de la destrucción.

Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la herencia de un buen derecho; herencia que no debemos abandonar las personas jóvenes, en medio de sociedades altamente intolerantes, materialistas y profundamente desiguales, las juventudes tenemos como reto salir en defensa de aquellas personas que perdieron su voz, o que simple y llanamente, son ignoradas.

Nuestra sociedad clama por una juventud dinámica y tolerante. Una juventud que no sólo reconozca la diversidad,  sino que sea capaz de respetar las ideas, creencias y las prácticas de los demás, aunque disten mucho de ser iguales a las nuestras.

Debemos pensar en la importancia de la educación como elemento transformador de la sociedad. Hoy presumimos de ser más civilizados, más preparados intelectualmente,  pero ello no nos garantiza ser más educados, ni tolerantes. Prueba de ello, los altos niveles de violencia, las marcadas brechas de desigualdad y el solapado predominio de ideas  y decisiones autoritarias en manos de quienes dicen representar al pueblo.

Mi aporte como Secretario de Juventud de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en este día, es hacer un llamado a las personas jóvenes trabajadoras para que defendamos la  herencia de un buen derecho.  Para que este 10 de diciembre salgamos al rescate del artículo perdido de la Declaración Universal de las Derechos Humanos.

¿Artículo perdidos? ¡Sí! Ese que algunos legisladores y funcionarios de gobierno olvidan. Ese que indica que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.»

Ese artículo insta a nuestros países y a los propios patronos a reconocer el derecho que tiene toda persona sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; aspecto que en nuestros pueblos choca frontalmente con la vergonzosa desigualdad salarial que sufren las mujeres por su condición de mujeres.

El mismos artículo que permanece oculto cuando se plantea la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los cuerpos policiales,  de los trabajadores municipales,  de los extranjeros,  de aquellas personas que trabajan en las plantaciones de piña y banano. Ese que menciona: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,  que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.»

El artículo perdido concluye diciendo: “Toda persona  tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. Esta es la verdadera razón por la que se busca ocultar el Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque en nuestros países e existen altísimos niveles de irrespeto a la libertad sindical.

Las juventudes tenemos el sagrado deber de luchar para que el Derecho del Trabajo y sus garantías avancen progresivamente.Debemos oponernos a cualquier contrarreforma laboral que pretenda limitar derechos o reducir las justas conquistas de las personas trabajadoras.

ANEP prepara recurso de amparo contra Ministra de Hacienda

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96 megaempresas estarían debiendo más plata que la que pretende recaudarse mediante el combo fiscal

ANEP envió este jueves 6 de diciembre una nota por vía electrónica a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya,solicitando el nombre de cada una de las 96 empresas que forman parte del grup odenominado Grandes Contribuyentes, las cuales mantienen fuerte controversia con dicha entidad que les reclama la astronómica cantidad de ¢560.000 millones en impuestos dejados de pagar.

ANEP, además, solicita que en cada caso de esas 96 entidades corporativas se indique el monto que se les está cobrando. 

Según Hacienda esas 96 empresas le deben ¢560.000millones lo que equivale a, aproximadamente, a 1.60 puntos de Producto InternoBruto (PIB); cifra tan significativa que supera al monto esperado a recaudarcon la ley del combo fiscal, lo cual es un indicador dramático de que es elfraude fiscal en todas sus modalidades, pilar fundamental de la crisis fiscaldel país.  

Efectivamente, con el combo fiscal se recaudaría tan solo un 1.21, aproximadamente del PIB: ¢422.000 millones.

Al parecer ya la Ministra de Hacienda está planteando que tiene “impedimento legal” para dar a conocer el nombre de esas 96 empresas-grandes contribuyentes y el monto en controversia.

ANEP cree que con el precedente sentado conel recurso de amparo que le fuera acogido a la organización civil TerritoriosCiudadanos, que le permitió al país estremecerse e indignarse como nunca antesante la publicación de la lista de grandes contribuyentes que declaran ceroganancias y/o pérdidas; sería suficiente para conocer ese segundo listado delos 96 presuntos mega-evasores tributarios.

Por tanto, ya tenemos en preparación unrecurso de amparo para conocer el nombre de esas 96 grandes empresas y losmontos en controversia en cada caso, esperando que la Sala Constitucional de laCorte Suprema de Justicia mantenga la línea jurídica de la transparenciatributaria que, atinadamente, mostró en el recurso que le fuera acogido a TerritoriosCiudadanos.

Declaraciones del Secretario General de la ANEP

Posición de la ANEP respecto a la votación en segundo debate del combo fiscal

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Tras conocer la votación, la ANEP y sus afiliados en 86 días de huelga regresan a sus labores, esto según lo acordado en sesión de Junta Directiva Nacional celebrada el pasado 30 de noviembre.

Central Social Juanito Mora denunció al Gobierno ante congreso de la Confederación Sindical Internacional

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La Central Social Juanito Mora, por medio de su vicepresidente, Walter Quesada Fernández denunció al Gobierno de Costa Rica ante el congreso de la Confederación Sindical Internacional, que se realiza en Dinamarca, debido al accionar de la administración Alvarado Quesada durante la huelga contra el combo fiscal.