ANEP se reunirá con representante del sector laboral ante la CCSS por confusión de incentivos salariales

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a otras organizaciones sindicales se reunirán este miércoles a las 2:00 p.m. con Mario Devandas, representante del sector laboral ante la Junta Directiva de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS), debido a la confusión existente por la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con respecto a los incentivos de los trabajadores de La Caja.

Giovanni Ramírez Guerrero, promotor de la ANEP en la CCSS, detalló que la confusión la desato una Gerencia de la CCSS quien habría actuado sin el consentimiento de la Junta Directiva de la institución, provocando el envío de una circular que pone en ejecución la nueva ley, afectando la cesantía anualidades y dedicación exclusiva de los trabajadores. Situaciones que no se han valorado por parte de la Junta Directiva de la CCSS.

Ante este escenario, la ANEP junto a otras organizaciones sindicales se reunirá con el representante sindical ante la Caja Mario Devandas, para que este último lleve estas inquietudes al seno de la Junta Directiva.

Además de esta acción, la ANEP ya solicito una reunión con las altas jefaturas de la Caja Costarricense del Seguro Social para realizar las aclaraciones respectivas.

Conversamos con Giovanni Ramírez sobre la situación.

ANEP alza la voz por afectación a incentivos salariales de los cuerpos policiales

Los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de los diferentes cuerpos policiales levantaron la voz esta mañana, luego de que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) emitiera una respuesta sobre los cambios salariales debido a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Se nos comunicó de manera oficial que hay algunos incentivos que van a desaparecer, no lo van a recibir más los funcionarios que están en servicio como los nuevos ingresos”, comentó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

De acuerdo con la carta emitida por el MSP, para el reconocimiento de los aumentos anuales se requerirá de un resultado en la evaluación de desempeño como mínimo “muy bueno”. Para el ascenso del oficial no se realizará la revalorización del valor de los aumentos anuales ganados en la clase anterior, mientras que la anualidad y los incentivos serán reconocidos como un monto nominal fijo sobre cada escala salarial.

Otros de los aspectos salariales que se elimina y con mayor afectación hacia los policías es el pago del quinquenio, el cual corresponde a un reajuste del 5% al salario base por cada cinco años laborados.

Declaraciones de Mainor Anchía

“El quinquenio y la anualidad se ve seriamente amenazados ya que la evaluación es subjetiva. Además, ya no va a ser recalificada o revalorada, sino que va a ser un monto único. Los cuerpos policiales afectados son todos aquellos que están cubiertos por la Ley General de Policía; nosotros consideramos que a la policía no debería quitársele ni un colón, por el contrario, si hay un trabajador del Gobierno Central que merece que se le ajuste el salario es al gremio policial”, indicó Anchía.

Actualmente, el salario base mensual sin incentivos para oficiales de la Fuerza Pública es de ¢305.000 y de ¢320.000 para el Policía Penitenciaria, mientras que el policía Profesional de Migración gana ¢372.000.
Dentro de las acciones anunciadas se encuentra la solicitud de una reunión con el Poder Ejecutivo y Legislativo para solicitar que se presente un proyecto de ley para excluir a los cuerpos policías de la aplicación de la nueva ley. Tal y como sucedió con los educares. De no darse atención a la solicitud no se descarta realizar una convocatoria de los oficiales en tiempo libre para una manifestación.

Conferencia de Prensa

Finaliza huelga en Municipalidad de Cañas

  • Concejo Municipal aprobó reajuste salarial para trabajadores

Trabajadores de la Municipalidad de Cañas depusieron ayer por la noche el movimiento de huelga que mantenían desde el pasado lunes, ya que el Concejo Municipal de la localidad, en sesión ordinaria, aprobó realizar el pago de reajuste salarial del 15% a los trabajadores.

“Se logró la conciencia que requeríamos por parte del Concejo Municipal aprobando el escenario de reajuste salarial del 15%, porcentaje que incluso fue respaldado por una auditoria externa contratada por la propia municipalidad. Este acuerdo fue tomado en unanimidad por parte de los regidores por lo que el movimiento de huelga se levanta.”, explicó Reymol Jiménez, Secretario de la Seccional ANEP-Municipalidad de Cañas.

Dicho pago corresponde al estudio realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la UCR, que creó un manual de puestos para la Municipalidad de Cañas, fijando en 25% el reajuste salarial que debían recibir los trabajadores. Sin embargo, por acuerdo con el Concejo Municipal se fijó en 15%.

Este reajuste salarial aplicará para todos los funcionarios de la Municipalidad de Cañas y viene a subsanar un rezago salarial de 9 años.

ANEP logra reinstalación de trabajador interino despedido mientras se encontraba incapacitado

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su Unidad de Asesoría Jurídica logró la reinstalación de un trabajador interino del Ministerio de Justicia y Paz quien fuese despedido mientras se encontraba incapacitado.

David Estrada Zeledón, abogado laboralista de la ANEP que llevó el caso, explicó que el trabajador de apellido Aguilar fue despedido el 20 de junio de 2018, dos meses antes de que terminara su nombramiento interino; por encontrarse incapacitado. Situación que a la vez le imposibilitó realizar las pruebas físicas que le permitirían optar por un puesto en propiedad.

Ante este escenario, la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP aplicó los mecanismos legales correspondientes e interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicho despido, así como un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.

La Sala Constitucional, mediante voto 2018-12137, falló en favor de Aguilar, a la vez, que ordenó al Ministerio de Justicia y Paz realizar las respectivas pruebas médicas y físicas al trabajador en cuanto concluyera su incapacidad.

Al aprobar Aguilar las pruebas médicas y físicas, fue acogido el recurso de revocatoria contra su despido, por lo que el Ministerio le reinstaló en su puesto de trabajo de manera interina por lo que restaba del año 2018 y le otorgó el nombramiento en propiedad a partir de enero de 2019.

Trabajadores municipales de Cañas suman segundo día de huelga por incumplimiento en pago de reajuste salarial

Desde las 7:00 a.m. de la de este lunes 15 de enero trabajadores operativos y administrativos de la Municipalidad de Cañas, con el apoyo de ANEP, iniciaron un movimiento de huelga, que ya suma su segundo día, debido al incumplimiento de la alcaldía en el reconocimiento del reajuste salarial mediante manual de puestos.

Reymol Jiménez, Secretario de la seccional ANEP-Municipal de Cañas, detallo que dicho reajuste salarial fue un acuerdo tomado entre los trabajadores y la alcaldía el 17 de enero del 2018, con la intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin embargo, a la fecha no se ha cumplido.

“Esto dio inicio con un estudio realizado por el CICAP de la UCR para crear un manual de puestos para la Municipalidad de Cañas, con el cual se establecería el porcentaje de reajuste salarial para los trabajadores. Dicho reajuste quedó establecido en un 25% de la media que estableció el CICAP para cada puesto. Sin embargo, el Alcalde fue tirando hacia adelante la entrada en vigencia de dicho manual, aduciendo carencia de fondos para hacerle frente al reajuste salarial”, explicó el Secretario de la seccional.

Ante este escenario, los trabajadores municipales dieron el tiempo prudente al alcalde,  Luis Fernando Mendoza, para realizar un estudio financiero que determinara si el municipio podía hacer frente al pago del reajuste salarial.

“Para dicho estudio la alcaldía contrato una empresa externa, la cual determinó dos escenarios óptimos para pagar y con los cuales el municipio podía hacer frente, el primero un reajuste del 10% y el segundo del 15%. En vista de que se había firmado un acuerdo del 25% pensamos que la decisión razonable del Alcalde era pagar el escenario más alto (15%), sin embargo, su posición es pagar el más bajo; lo que provocó el inicio de la huelga”, manifestó Jiménez.

En el movimiento de huelga participan 40 funcionarios municipales, por lo que todos los servicios se encuentra afectados, salvo los trabajadores de recolección de basura, quienes a pesar de apoyar el movimiento se encuentran laborando.

Es importante resaltar que este movimiento de huelga se realiza bajo los lineamientos que establece la Reforma Procesal Laboral.

Diario Extra: ANEP meterá amparo contra Hacienda

PERIODISTA: María Siu Lanzas

Diario Extra

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpondrá un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por negar nuevamente información sobre los grandes contribuyentes.

Albino Vargas, secretario general de ese sindicato, dijo que solicitan la entrega de la lista de las 96 empresas a las que Hacienda les inició un proceso de cobro por ¢560.000 millones, sin embargo Tributación volvió a escudarse en que son datos confidenciales para no darlos a conocer.

“Con esta respuesta lo que el Ministerio de Hacienda demuestra es que sigue siendo un cómplice de la pavorosa evasión fiscal y tributaria que hay en este país. Pretende que sea otro recurso de amparo el que nos dé a conocer esos 96 nombres de las megaempresas en cobro”, sentenció.

Agregó que el actuar de Hacienda es sospechoso y todo lo que está ocurriendo es una injusticia hacia la clase trabajadora, que está pagando la torta fiscal.

“Exigimos a la ministra de Hacienda (Rocío Aguilar) que rectifique para no desprestigiar más la cara de protección a la evasión”, agregó.

La ANEP basó su solicitud de información amparándose en el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

“Considerando el histórico precedente del fallo constitucional sobre la lista de grandes contribuyentes que declaran cero ganancias o pérdidas, gracias a la oportuna intervención de la agrupación cívica Territorios Seguros, ANEP estima que no es necesario un nuevo recurso amparado para obtener los datos que solicitamos en la presente carta”, comentó.

Sin embargo, Tributación se escuda en que las informaciones que la Administración obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial y sus funcionarios y empleados, ni pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones.

Carlos Vargas, director general de Tributación, proporcionó la respuesta mediante una nota remitida a la ANEP con fecha 19 de diciembre de 2018.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/379080/anep-metera-amparo-contra-hacienda?fbclid=IwAR0uiBiVGRA7Y9M8HHXI_SIJpO1Q-XmAkZ5gwVMyBRcz9RQahKlmw_ZuUFA

2018: 11 conclusiones sociopoliticas

UNO: Alvarado, luego de la estafa política que representó la segunda ronda de las elecciones presidenciales de abril pasado, y aunque pagando él un altísimo costo en legitimidad-credibilidad y que le hizo dilapidar gran cantidad de su capital político en tiempo record; logró la unidad de las fuerzas político-económicas contrarias al bien común; esas que son las enemigas acérrimas del papel del Estado en la economía, con su enfermiza fijación patológica contra el empleo público.

Logró lo que no había alcanzado el bipartidismo clásico PLUSC, debido a sus respectivos procesos degenerativos, ideológicamente hablando (con corrupción incluida), y que mostraban ya gran desprestigio como para un nuevo dinamismo impulsor de la agenda neoliberal. Alvarado, con su lugarteniente Piza, resultó ser el líder necesario que ocupaba el capital.

DOS: Prácticamente, el sistema de partidos políticos como tradicionales conductores del rumbo del país, colapsó. La agenda-país de la actualidad sale impulsada desde los latifundios mediáticos promotores de la cultura y de los valores más nefastos de la globalización neoliberal (esa que ya se plantea como “agotada” por brillantes mentes del planeta). Además, obtuvieron una ventaja estratégica: la cúpula judicial-constitucional se les adhirió. La gente políticamente sana de las bases del PLUSC-PAC parece que deberán buscar nuevos aires.

TRES: El PAC resultó ser un partido político de corte antisindical en esencia, pese a que no pocas bases laborales contribuyeron para su llegada al Poder Ejecutivo, en la anterior administración y en la presente. Un partido que expresa con mucha virulencia su antisindicalismo, mucho más crudamente que el mostrado, en sus respectivos momentos, por el bipartidismo clásico PLUSC: aunque ahora los tres están más que junticos en cuanto a acabar con el movimiento obrero costarricense.

CUATRO: La izquierda político-partidista (la que hemos conocido hasta hoy, al menos), está en una situación calamitosa, aunque repleta de gente honesta, comprometida y sacrificada. De lo que queda de ella en cuanto tal, genera enojo y resentimiento la parte de la misma que está como colaboracionista de la tríada gobernista PLUSC-PAC.

CINCO: El evangelismo religioso que logró notable ascenso electoral con fuerte representación parlamentaria (aunque ahora dividido), está ahora más claro en cuanto a su identificación cercana  con la agenda ideológico-neoliberal del latifundismo mediático dominador del debate nacional, que de las bases electorales que les dieron tan alto nivel de representación; bases electorales de mucha presencia regional con ocasión de la pasada huelga patriótica contra el combo fiscal, por su reclamo legítimo de exclusión social y económica, precisamente derivada de las políticas de esa agenda neoliberal.

SEIS: Cuantitativamente minoritarias, valiosas voces parlamentarias actuales podrían transformarse en denuncia ciudadana activa y en aporte movilizador para fomentar la construcción de la otra hegemonía en cuanto tal, la que hace falta; generándose, eso sí, las imprescindibles confianzas intra y extramuros legislativos.

SIETE: Quedó en evidencia el potencial sociopolítico de corte transformador para la restauración del bien común y la lucha contra la creciente desigualdad, por parte del pueblo excluido (pero utilizado para efectos electorales), sí y solo sí resulta capaz de articularse estratégicamente, sacándole provecho a la diversidad, y si construye causas de capacidad convocante unitaria.

OCHO: El perverso sistema tributario costarricense quedó completamente al desnudo, cruelmente expuesto en su aspecto repugnantemente abusivo y socialmente criminal: la evasión tributaria en todas sus formas superó lo inimaginable: la lista de grandes contribuyentes que declaran pérdidas y/o cero ganancias (consorcios corporativos con plena afinidad con el binomio Piza-Alvarado y la tríada PLUSC-PAC); las 96 megaempresas que deben al fisco más de 1.5 puntos PIB; la todavía oculta situación tributaria de las GETES (grandes empresas territoriales);  la inenarrable situación de evasión con el impuesto sobre las ventas que se agravará más con el establecimiento del impuesto al valor agregado (IVA); el robo y la desaparición de expedientes de cobro tributario, el continuado negocio de la evasión aduanera que llega a niveles imposibles de cuantificar; la fiesta sin fin de los 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones; la usura asesina de las economías familiares y productivas con el cobro más que abusivo de los intereses de las tarjetas de crédito y negocios asociados; etc., etc., etc. Cambiar todo esto, o parte, requiere de una especie de revolución tributaria estructural.

NUEVE: La profundidad del abismo de la deuda pública y del pago de sus intereses, aspectos imposibles de honrar sin someter al pueblo a sacrificios sociales y económicos indescriptibles; y la más que suicida propuesta de Alvarado y su grupo de endeudarnos más todavía para dejarnos (en 2022), en una cifra bárbara de más de 40 mil millones de dólares. Todo esto se complica mucho más para la gente, pues la policía financiera del planeta, las calificadoras de riesgo, piden más sangre presupuestaria que, al fin, es sangre de los y de las de abajo.

DIEZ: La necesidad de impulsar otra reforma del Estado y del empleo público para atender -entre otros aspectos-, el grave problema de las burocracias doradas, de las zonas de empleo público precario, de la pauperización de servicios públicos relevantes para el bien común, de las duplicidades institucionales insulsas; y de transformación-eliminación de las entidades públicas facilitadoras de escandalosos negocios privados y apropiación indebida de fondos públicos, aunque sea con tonalidad legal. Pero una transformación estructural del empleo público no puede ser diseñada sin una transformación estructural del sistema tributario. Tienen más que una relación simbiótica la una con la otra.

ONCE: Finalmente, es constatable la presencia más que activa y desafiante de las dos hegemonías en pugna, ahora más perfiladas que antes: una, la que tiene el poder, que tiene plena conciencia de que lo es, y lo está utilizando (disfrutando) plenamente. La otra hegemonía, la de los y las de abajo, sabe que puede serlo y entrar a la disputa más estratégicamente; y no tan coyunturales como lo ha venido haciendo… pero no encuentra el como.

Red de Cuido sin dinero: violación a los Derechos Humanos de cientos de niños y de niñas

    • Las poblaciones vulnerables y en riesgo de exclusión social: víctimas inocentes del problema fiscal.

    • Drama social que cuestiona la ideología del equipo económico PLUSC-PAC

       

Debemos hacer constar nuestra más enérgica condena por la grave violación de Derechos Humanos que ha ocurrido en contra de los niños y de las niñas que se quedaron sin atención y sin comer en los centros de atención de la denominada Red de Cuido, por cuanto no recibieron durante el mes de diciembre los fondos necesarios para su funcionamiento.

Tal violación a los Derechos Humanos de esta vulnerable población infantil al borde de la exclusión social, también afectó al estudiantado receptor de las becas del programa Avancemos, así como a las familias en pobreza extrema que dependen para su subsistencia vital y mínima de las ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La responsabilidad política, personal y directa, le corresponde a la señora Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya; sin que por ello se exima a sus superiores máximos, los señores Alvarado y Piza.

Generar gran vergüenza saber que Costa Rica, cuyos gobiernos vienen tirando piedras en materia de Derechos Humanos, tiene techo de vidrio, considerando la integralidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, incuestionablemente, cubre a las poblaciones violentadas con la deshumanizada retención de fondos que ha denunciado, de manera tan atinada, la Unión Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica(Unared).

Esta circunstancia dolorosa no puede ser catalogada de otra forma como una acción socialmente criminal, dejando al desnudo que la gente (sobre todo la más vulnerable, económicamente hablando), no es prioridad para la tríada gobiernista PLUSC-PAC; sino las cuestiones macro-fiscales tendientes a fortalecer al sector bancario-financiero del país, gran ganador de los últimos tiempos con el crecimiento de la desigualdad y de la concentración de la riqueza.

El Estado, según nuestra concepción, es uno sólo y, por tanto, las necesidades urgentes de la población costarricense ya excluida en lo económico o en riesgo de serlo, debió ser absoluta prioridad antes de que el Ministerio de Hacienda prefiera correr a pagarle al Banco Central de Costa Rica (BCCR), los 498 mil millones de colones en deuda de corto plazo que esta última entidad le había prestado; siendo que ambas entidades son parte de la misma estructura financiera- estatal del aparato público costarricense.

Definitivamente, esta dolorosa situación de discriminación social y de violación de Derechos Humanos no solamente cuestiona uno de los principios básicos del neoliberalismo, la “independencia” del BCCR; sino que, además, muestra que Costa Rica seguirá en severo retroceso afectando a las mayorías trabajadoras del país, si se sigue insistiendo en un proyecto ideológico cuyo fracaso ya es constatable en varias partes del orbe, con fuertes resistencias populares.

Lamentablemente, en la hegemonía político-gubernativa dominante en nuestro país, lo que nosotros denominamos el triunvirato PLUSC-PAC, no hay ya contenidos ni socialdemócratas ni de humanismo cristiano en quienes gestionan la política económica fiscal del binomio Alvarado Piza.

Debemos resaltar la oportuna reacción de denuncia de parte de la Unión Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica (Unared), expresando la total disposición de la ANEP de colaborarles en lo que estimen conveniente.

San José, viernes 4 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Unos derechos humanos indivisibles: no hay libertad política sin igualdad social

Leer y releer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, setenta años después de su adopción por Naciones Unidas en París, siempre es un ejercicio útil, ya que este texto sigue ofreciendo aún en la actualidad la visión más progresista de lo que podría ser nuestro mundo. En la celebración de este aniversario, sería lógico subrayar los innegables progresos que hemos conseguido juntos durante todos estos años para transformar esta visión en una realidad.

UNOS DERECHOS HUMANOS INDIV… by on Scribd

Trabajadores municipales de Cañas inician huelga por incumplimiento por parte de la alcaldía

La molestia de los trabajadores se debe al incumplimiento de la Convención Colectiva por parte del Alcade, Luis Fernando Mendoza.