El próximo miércoles, 15 de octubre, las corrientes sindicales con representación de sectores organizados de clase trabajadora y obrera en el sector Privado de la economía, deberán comparecer ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), para plantear su propuesta o propuestas con miras al establecimiento de los montos de los nuevos salarios mínimos que han de regir para tal sector en el próximo año 2026.
Al respecto, tanto para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como para la corriente sindical en la cual milita que es la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), cualquier propuesta para ser justa e integral deberá considerar, al menos, los siguientes elementos:
Que es necesario volver a las fijaciones salariales semestrales de salarios mínimos, tal y como se realizaban hasta que el gobierno anterior de Carlos Alvarado Quesada y su Partido Acción Ciudadana (PAC), las eliminó.
Que es necesario la definición estratégica de un nuevo concepto de salario mínimo, pasando a plantearse su transformación, cualitativa y cuantitativa, en salario digno, lo cual sería plenamente congruente con el postulado actual del artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica; es decir, aquel salario que garantizará bienestar integral a la persona trabajadora y a su familia.
Que es necesario que el salario mínimo y su reajuste para 2026 refleje la realidad social del impacto del costo de la vida en Costa Rica, el cual es uno de los más altos de la América Latina.
Que es necesario rechazar la grosera manipulación de que ha venido siendo víctima la opinión pública en cuanto a que en Costa Rica se está pagando el salario mínimo más alto de la América Latina, pues ésta se difunde malintencionada y parcialmente, al no indicarse, de manera simultánea, que el costo de la vida de aquí es el más elevado de la región.
Que es necesario materializar una verdadera congruencia entre los beneficios del crecimiento económico y del incremento en el valor del Producto Interno (Bruto), con el poder adquisitivo del salario mínimo; lo cual sería una fórmula de gran impacto para aportar al freno del crecimiento de la desigualdad, problema gigante que está minando las bases mismas de la Democracia costarricense en estos momentos.
De momento, se trabaja en la propuesta porcentual, pero desde nuestra organización se busca que los puntos, antes mencionados, se tengan en cuenta dentro de la discusión.
San José, martes 30 de septiembre de 2025. Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
En la denuncia, se les solicita a ambos entes fiscalizadores, analizar cuatro casos en donde se podría haber presentado un patrón de actuaciones contrarias a la ética, la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.
Las gestiones realizadas por nuestra organización a favor de la clase trabajadora y en contra de la ley Nº9635, conocida como “Combo Fiscal, ya dan sus réditos, ya que el Concejo Municipal de Desamparados acordó reintegrar las anualidades dejadas de percibir por los trabajadores debido a la aplicación de dicha ley.
SITRAP hace un llamado urgente a las autoridades laborales y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a asumir con responsabilidad su papel garante, velando porque se cumpla con lo establecido en la legislación nacional y en los convenios internacionales suscritos por Costa Rica en materia de libertad sindical y negociación colectiva.
–En la denuncia, se les solicita a ambos entes fiscalizadores, analizar cuatro casos en donde se podría haber presentado un patrón de actuaciones contrarias a la ética, la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.
-Denuncia también involucra a otros funcionarios municipales
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Municipalidad de Oreamuno, en su constante labor de velar por el correcto manejo de los recursos públicos, presentaron ante la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría de la Ética Pública una denuncia contra el alcalde Oreamuno, Erick Jiménez Valverde, Rosaura Solís Carpio, presidenta del Concejo Municipal y el auditor municipal Álvaro Fonseca Calderón.
CASO 1: FACTURACIÓN IRREGULAR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE UN TERCERO
Con fecha 13 de mayo de 2024, el alcalde, Erick Jiménez Valverde, mediante correo electrónico, ordenó a la empresa EBI que la factura por la recolección de residuos sólidos de la Municipalidad de Paraíso fuera emitida a nombre de la Municipalidad de Oreamuno. Esta directriz compromete fondos públicos de Oreamuno para cubrir gastos de otro cantón. La orden explícita fue: «Posteriormente enviar la factura de esos residuos a la Municipalidad de Oreamuno para que posteriormente sea facturado a la Municipalidad de Paraíso. Aunque ambas sean facturadas a nombre de la Municipalidad de Oreamuno, favor dividir las facturas de cada municipio».
En ejecución inmediata de dicha orden, la empresa EBI emitió, los días 13 y 14 de mayo de 2024, las boletas de recepción No. 2-2368 y 2-2369 a nombre de la Municipalidad de Oreamuno. Ambos documentos indican inequívocamente en su descripción que se trata de: «Residuos de Municipalidad de Paraíso facturado por instrucciones de Alcalde de Oreamuno», demostrando que no fue un hecho aislado.
Comunicaciones posteriores vía mensajería instantánea entre personal de EBI y de la Municipalidad de Oreamuno corroboran que la facturación irregular se realizó «por instrucciones del alcalde» y que incluso se discutió la posibilidad de añadir una nota en la factura que dijera «según acuerdo de alcaldía» para justificar la acción.
No consta que el Concejo Municipal de Oreamuno —órgano competente para aprobar convenios interinstitucionales según el artículo 17 del Código Municipal— haya sido informado, consultado o haya otorgado autorización expresa para esta disposición administrativa. Adicionalmente, se constató la inexistencia de una autorización inscrita en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) que respalde esta colaboración administrativa entre Oreamuno y Paraíso.
Esta disposición fue adoptada sin el conocimiento ni participación del funcionario responsable del contrato suscrito con EBI en representación de la Municipalidad de Oreamuno, lo cual transgrede los principios de coordinación administrativa, control interno y legalidad en el uso de fondos públicos.
CASO 2: GRAVES IRREGULARIDADES EN CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA
Una auditoría interna ha revelado serias deficiencias en la gestión, supervisión y recepción de múltiples proyectos de obra pública, con un posible perjuicio económico para el erario.
• A. Construcción del Edificio SINEM (Contrato 2021LA-000009-0010600001): La obra, adjudicada a GOCESA DEL MOLINO S.A. , fue pagada en su totalidad por la Municipalidad sin que se firmaran las actas de recepción provisional o definitiva. Esto se realizó a pesar de una larga lista de defectos constructivos y contractuales, tales como: ausencia de rampa para personas con discapacidad (incumpliendo la Ley 7600), ingreso de agua desde el techo, cambio no autorizado de una bodega por una cocina, falta de accesorios sanitarios y un sistema eléctrico defectuoso, entre otros. Además, no hay evidencia de que se exigiera la garantía de 10 años estipulada en el contrato.
• B. Remodelación del Área de Cajas del Edificio Municipal: Esta obra, declarada Patrimonio Histórico-Arquitectónico, inició el 18 de abril de 2022. Sin embargo, la gestión del permiso obligatorio ante el Centro de Patrimonio Cultural se realizó más de un mes después , lo que provocó que la obra, que debía durar 56 días, se paralizara y quedara inconclusa por más de un año, con escombros expuestos y afectando la imagen institucional.
• C. Mejoras en el Gimnasio Municipal: Se detectaron problemas de estabilidad en los tableros de baloncesto , se entregaron solo 15 de las 45 canastas metálicas requeridas y se utilizó varilla de un grosor inferior al especificado en la licitación, provocando que algunas se desprendieran.
• D. Reconstrucción del Centro de Acopio: Se realizaron cambios de materiales no autorizados (bloques en vez de paneles prefabricados). No se construyeron estructuras clave como la bodega y la nave , el área de ventilación es menor a la especificada y, de forma sumamente grave, los planos del proyecto nunca fueron visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), un requisito legal indispensable.
CASO 3: PRESUNTOS NOMBRAMIENTOS IRREGULARES POR CLIENTELISMO POLÍTICO
Se han identificado nombramientos que sugieren un posible incumplimiento del artículo 136 del Código Municipal, el cual prohíbe el nepotismo y el conflicto de intereses.
La señora Yahaira Calvo Pérez, quien resultó electa como concejal de distrito por el partido Unidos Podemos, fue nombrada en propiedad en la municipalidad mientras ostentaba dicho cargo, lo que podría contravenir la normativa.
Posteriormente, El señor Yarrol Torres Calvo, hijo de la concejal Yahaira Calvo Pérez, fue contratado como peón ocasional. Este nombramiento parece constituir una violación directa al artículo 136 del Código Municipal, que prohíbe contratar parientes de concejales hasta el tercer grado de consanguinidad.
Otro de los casos denunciados es el Adrián Andrey Ramírez Rodríguez, también concejal electo por el partido Unidos Podemos, quien trabaja en la Municipalidad. Su contratación se financió con una partida presupuestaria destinada a emergencias, sin que conste que haya realizado labores de dicha naturaleza, lo que podría implicar un conflicto de intereses y un uso inadecuado de fondos públicos.
CASO 4: DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE INGRESOS
Durante los años 2022 y 2023, la Municipalidad cobró a ciudadanos la tarifa por permisos de Uso de Suelo, pero dichos montos no fueron ingresados a las arcas municipales. A la fecha, no se ha realizado una investigación disciplinaria para determinar responsables ni se ha cuantificado el perjuicio económico. Pese a que la Alcaldía emitió un memorándum con acciones correctivas (MEMORÁNDUM-MUOR-AM-05-2023), no hay evidencia de su implementación.
También se detectó, que el perfil del puesto de Inspector Municipal no incluye como requisito la licencia de conducir, a pesar de que sus funciones exigen desplazamientos constantes por todo el cantón, lo que dificulta la optimización de recursos.
Los hechos denunciados por la ANEP y su seccional, son respaldados por una serie de documentos que han sido presentados junto a la denuncia como pruebas.
Para la ANEP y su seccional en la Municipalidad de Oreamuno, estos no parecen ser incidentes aislados, sino que sugieren un patrón de gestión caracterizado por el presunto abuso de autoridad, el clientelismo político, la falta de transparencia, la omisión del deber de control y supervisión, y un manejo irregular de los fondos públicos. Estas actuaciones estarían contraviniendo frontalmente los principios y deberes establecidos en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N° 8422) y la Ley General de la Administración Pública, por lo que solicitan se realicen las investigaciones pertinentes.
• La Sala Constitucional reafirma la obligación del PANI de responder solicitudes de información en tiempo y forma, conforme a la Constitución y la Ley de Regulación del Derecho de Petición.
• Este fallo establece un precedente clave en la defensa de los derechos sindicales y la transparencia institucional, frente a la omisión de la Administración Pública.
San José, 18 de setiembre de 2025 – La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa que, mediante resolución notificada el 12 de setiembre de 2025, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por esta organización sindical contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por la violación al derecho de petición y pronta respuesta.
El recurso surgió a raíz de la falta de contestación oportuna a una gestión presentada el 23 de mayo de 2025, enviada al correo oficial de la Presidencia Ejecutiva del PANI. En dicha gestión, la ANEP solicitó información institucional de carácter general relacionada con el lamentable fallecimiento de un niño de 8 años, específicamente para confirmar si existía o no un expediente abierto, cuáles tipologías generales de situaciones habrían sido atendidas (por ejemplo: presunta negligencia, maltrato físico o abuso emocional) y cuál Oficina Local o Dirección Regional del PANI habría tenido conocimiento o seguimiento del caso. La ANEP aclaró expresamente que no se requerían datos sensibles, confidenciales ni identificaciones de personas menores de edad, garantizando el respeto absoluto al principio de confidencialidad.
La Sala Constitucional determinó que la Administración está obligada a responder este tipo de solicitudes dentro del plazo de diez días hábiles, según lo disponen la Constitución Política, la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la Ley de Regulación del Derecho de Petición N.° 9097. Dicha normativa establece expresamente que este derecho es susceptible de tutela judicial mediante el recurso de amparo, cuando las actuaciones u omisiones de la Administración afecten los derechos fundamentales del solicitante. El incumplimiento de esta obligación constituye, por tanto, una vulneración de derechos fundamentales.
Como resultado de este fallo, la ANEP pudo obtener la información institucional solicitada, confirmando que la persona menor de edad fallecida contaba con antecedentes de atención por parte del PANI. Esta información se proporcionó de manera general, respetando la confidencialidad y los derechos de intimidad de la persona menor de edad y su familia.
Aunque el fallo no impuso condenatoria en costas, daños y perjuicios, reafirma la obligación del PANI y de toda la Administración Pública de garantizar el derecho de petición y brindar pronta respuesta. Este caso evidencia que, ante la falta de cumplimiento de estas obligaciones por parte de la institución, es necesario recurrir a recursos de amparo para obtener respuestas.
Este fallo constituye un precedente importante en la lucha sindical. Casos como este son solo uno de los muchos en los que el PANI no brinda respuesta oportuna a las solicitudes planteadas, obligando a recurrir a la vía del recurso de amparo para garantizar el cumplimiento de lo que establece la ley. La ANEP reafirma su compromiso de continuar interponiendo recursos de amparo ante la omisión de la institución de otorgar información, en defensa del derecho de petición y de la transparencia institucional. Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Unidad especializada de la CCSS ratifica “nulidad evidente, absoluta y manifiesta” de licitación relacionada con el Caso Barrenador
La Dirección Jurídica de la CCSS explicó que la Junta Directiva declaró la lesividad en nueve de los contratos, al adolecer de vicios de nulidad y dispuso el inicio del respectivo proceso judicial.
El criterio de los funcionarios del CIPA ratifica la resolución de la CGR del 17 de octubre del 2024, en la cual se declaró la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la partida tres, y se llamó a la administración a analizar si en las demás partidas se encontraba presente el mismo vicio.
• Decisión abrupta afecta a población vulnerable y rompe con el enfoque histórico de derechos y atención integral del IAFA.
• La ANEP exige reversión inmediata, plan de contingencia y transparencia en la rendición de cuentas.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente la directriz emitida por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el pasado 21 de agosto de 2025, mediante el oficio AT-0253-08-2025, en la que se instruye que las personas usuarias que no cuenten con aseguramiento vigente no podrán recibir prescripción de medicamentos como parte de su tratamiento.
El oficio, firmado por Wendy Castro Castro, Coordinadora del Área Técnica del IAFA, fue dirigido al Dr. Oswaldo Aguirre Retana (Encargado Casa Jaguar), al Dr. Douglas Mata Pernudi (Encargado Organismos Regionales) y a la Dra. Delma Vaglio Zonta (Encargada Proceso Atención a Pacientes). En él se establece textualmente: “Se les dará la atención correspondiente, pero no se les podrá prescribir tratamiento farmacológico, esto debido a lo establecido en la Normativa de la Caja Costarricense del Seguro Social y los Lineamientos vigentes”.
Esta decisión fue comunicada de manera abrupta, sin un plan remedial y sin prever las consecuencias en la población usuaria. Se trata de un golpe directo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, quienes históricamente han encontrado en el IAFA un espacio de atención integral y de defensa de derechos, independientemente de su condición de aseguramiento.
Negar medicamentos a personas con enfermedades crónicas vinculadas a la dependencia de sustancias interrumpe tratamientos esenciales, incrementa el riesgo de recaídas y expone a los pacientes a consecuencias irreversibles. Esta medida también socava la confianza en una institución que, durante décadas, se ha caracterizado por su enfoque de derechos y atención centrada en la persona. Asimismo, coloca a los profesionales de la salud en un dilema ético y técnico, al obligarlos a prescribir tratamientos cuya continuidad no puede garantizarse.
Este tipo de decisiones administrativas, implementadas de manera imprevista y sin transparencia, reflejan una práctica recurrente en algunas instituciones públicas, donde los procedimientos burocráticos prevalecen por encima de la protección de los derechos fundamentales. En el caso del IAFA, el impacto es aún más grave, porque se trata de una población con necesidades de atención inmediata y continua, cuya salud y bienestar no pueden depender de trámites administrativos.
Por lo anterior, exigimos a las autoridades del IAFA, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud:
La reversión inmediata de esta directriz y la restitución del acceso a medicamentos para todas las personas usuarias, sin distinción de aseguramiento.
La implementación de un plan de contingencia urgente que garantice la continuidad de los tratamientos crónicos y evite interrupciones que puedan afectar la salud y la recuperación de los pacientes.
Transparencia y rendición de cuentas sobre los responsables de este cambio abrupto y sobre las posibles consecuencias que su aplicación pueda generar.
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental. El IAFA no puede ni debe convertirse en un espacio de exclusión. La ANEP reafirma su compromiso de defender el acceso universal y digno a la salud, y no permitirá que las personas más vulnerables paguen el costo de decisiones administrativas arbitrarias.
Directriz emitida por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el pasado 21 de agosto de 2025, mediante el oficio AT-0253-08-2025
El Proyecto de Ley N°24.103 que usted presentó a la Asamblea Legislativa, con el pomposo nombre de “PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA FLEXIBILIZACIÓN DE MICROCRÉDITO”, tiene la trampa de encarecer todo el crédito que hoy está colocado a tasas del 36,65% y llevarlo al 51,74%; para todos aquellos préstamos que estén en la franja de los ¢686.000 a los ¢1.382.000, los cuales dejarán de ser crédito regular y pasarán a llamarse microcrédito.
Eso es que, todas aquellas personas que hoy tengan un crédito comercial por electrodomésticos, en una financiera, en una casa de empeño, en una garrotera, etc., se les encarecerá 15 puntos porcentuales la tasa de interés; y, al generarse un aumento vulgar de la cuota de pago, caerán en morosidad. Las garroteras estarán felices porque si el crédito en la franja que se encarecerá fuera ¢200.000 millones (cifra muy probable), se embolsarían ¢30.000 millones en los próximo 12 meses.
Don Alejandro: Nos parece sumamente comprometedor que usted también haya presentado el Proyecto N° 23410, “LEY DE PROCEDIMIENTOS DE COBRO EN SEDE NOTARIAL”, que no es más que permitirles a las garroteras que se adjudiquen los bienes de los deudores, desde el despacho de un abogado, sin ir a donde un juez que imparta justicia.
Diputado Pacheco: No se vale seguir golpeando a los más débiles de este país pensando en favorecer intereses cercanos.
Pero, además, se promueve usted como firmante del Proyecto N° 23101, “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO COMO FOMENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FINANCIERA EN COSTA RICA”, que pretende subir las tasas topes de la usura a cifras cercanas al 90 %. Esto ya es vergonzoso y muestra sus claras pretensiones de beneficiar garroteras a toda costa.
Es bien sabido que su familia ha estado en el negocio de los préstamos de dinero por muchos años. Por esto ANEP le solicita a usted renunciar a la promoción de tales nefastas iniciativas anti-obreras; igualmente con gran vehemencia le pedimos a la actual Asamblea Legislativa no tramitar sus iniciativas, exhortándole a que nos desmienta en cuanto a nuestra afirmación de que usted está inmerso en un gran conflicto de interés.
Como habrá notado, esta carta también está remitiéndose a la Procuraduría de la Ética para que proceda con lo de su competencia, investigando y/o denunciando lo que corresponda.
Solo para recordarle que, según los diarios nacionales e internacionales, su padre, don Ovidio Pacheco Salazar, debió dejar el cargo de Ministro de Obras Públicas y Transportes, por tener una empresa financiera que cobraba altos intereses a una comunidad rural.
– ANEP presentó la denuncia en enero de 2025, también lo hizo ante el Ministerio Público.
–CGR confirma irregularidades señaladas por ANEP
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó en enero de este año ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, mediante el oficio S.G. 21-25-3508-25, una denuncia por presuntas irregularidades en la suspensión del fideicomiso suscrito entre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
La denuncia fue recibida por la Contraloría bajo el número de expediente CGR-ADIN-2025001339. Así consta en el oficio remitido a la ANEP, donde se señala que: “Este Órgano Contralor recibió su documento ingresado con el número 1246-2025 mediante el cual denuncia al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en el Fideicomiso PANI-BNCR, incluyendo la suspensión injustificada del contrato, omisión en la presentación de informes técnicos y financieros, deficiencias en la gestión de la información presupuestaria”.
El pasado jueves, la Contraloría presentó el resultado de la auditoría realizada, confirmando los señalamientos planteados por la ANEP.
El informe indica que “a pesar de contar con un fideicomiso con ₡ 15.000 millones y 38 necesidades de infraestructura identificadas desde el año 2018, no se concretó ninguna de estas obras y el 60,2 % de los recursos ejecutados se destinó principalmente a gastos administrativos, mientras que actualmente el 89,5 % de las necesidades persisten”.
Entre los hallazgos más relevantes, el informe señala:
Un 43% de las oficinas locales del PANI se encuentran en estado físico “regular o crítico”.
El 25% de los albergues presentan ocupación por encima de su capacidad.
El 56% de los inmuebles de la institución son alquilados.
“Al año 2025, 8 de 32 albergues y aldeas, y 18 de 54 oficinas locales presentan sobreocupación. Aunado a ello, 20 de 54 oficinas locales y 15 de 32 albergues y aldeas valoró como ‘inadecuada’ o ‘totalmente inadecuada’, la infraestructura del inmueble en el que se labora para atender las necesidades de las personas menores de edad y la correcta prestación del servicio”.
La Contraloría también subrayó que “luego de cinco años se dio por finalizado mediante un ‘Acuerdo amistoso’ suscrito entre el PANI y el BNCR en el año 2024”, sin justificación técnica, económica ni legal que respaldara la decisión.
El informe agrega que faltó una evaluación inicial seria de capacidades, riesgos y costo-beneficio que justificara la figura fiduciaria y garantizara resultados. Asimismo, el portafolio de obras no se sustentó en una gobernanza que permitiera priorizar, pausar o sustituir proyectos con base en valor público.
En cuanto a medidas correctivas, la Contraloría ordenó al PANI:
Presentar a más tardar en enero de 2026 una certificación que acredite el establecimiento de un portafolio formal de proyectos de infraestructura, incluyendo obra nueva, mantenimiento, remodelación y ampliaciones.
Entregar dos informes de avance sobre la implementación de dicho portafolio: el primero el 30 de junio de 2026 y el segundo el 29 de enero de 2027.
En la denuncia presentada, la ANEP solicitó: “Que se realice una auditoría integral sobre la ejecución del presupuesto asignado al fideicomiso, y sobre los informes presupuestarios no remitidos al Sistema SIPP. Además, se deberá auditar la correcta implementación de los procedimientos internos del PANI para la gestión de los recursos públicos en este contrato”.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
