La ANEP, la alcandía de Los Chiles y el Concejo Municipal, lograron un importante acuerdo en beneficio de la paz laboral, esto luego de que los trabajadores realizan un movimiento de protesta, el pasado martes y miércoles; ante el abrupto e irracional rebajo de sus salarios, luego de una errónea interpretación de criterio emitido por la Contraloría General de la República.
Etiqueta: noticias
Organizaciones sindicales impulsan aprobación de Convenio 190 de la OIT en la Asamblea Legislativa
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) y la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), junto a representantes regionales de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), se reunieron con la Diputada, Carolina Delgado Ramírez, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, para analizar el escenario legislativo del Artículo 190 de la OIT y su posible aprobación.
Seccional de Tiendas Libres del IMAS plantea estrategias para subsanar problemáticas labores
Posición de ANEP sobre el dinero que no será girado al OIJ, por parte de Hacienda
Cuando el tema a tratar se relaciona con la Seguridad Ciudadana, las ideologías, los colores políticos, e intereses económicos, deberían quedar de lado. Por cuanto, el hampa y la criminalidad organizada no discrimina estatus, solo utiliza a los individuos de cada estrato de manera diferente, pero, al final, toda la
sociedad es víctima de la inseguridad. De forma que, la lucha contra particulares y estructuras que violentan la vida, los bienes materiales y nuestra tranquilidad, debería ser un esfuerzo conjunto, con acciones consecuentes con el discurso prioritaria y lejana al chantaje politiquero.
Lamentablemente, la administración Chaves Robles, no solo ha demostrado una y otra vez, con diferentes acciones, que sus prioridades se posicionan lejos de aspectos de seguridad, sino que, ha tomado decisiones que inciden directamente en beneficio del hampa y el crimen organizado. El 10 de octubre
del 2024 detallamos 10 puntos a considerar como uno de nuestros tantos pronunciamientos en los que basamos esta tesis (puede consultarlo en el siguiente enlace: (https://anep.cr/narcotrafico-y-la-administracion-chaves-robles- 10-puntos-a-considerar-sobre-esta-aterradora-hipotesis/).
La más reciente de las decisiones en contra de la seguridad, de la institucionalidad del país y la población costarricense en general, fue la del Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, de obviar el orden del Estado Social de Derecho, y brincarse las disposiciones legislativas para negarse a trasladar fondos
al Poder Judicial, destinados a contratación de personal para el Organismo de Investigación Judicial.
¿Quién se beneficia con un OIJ debilitado?
Exacto, una más y contando para el Poder Ejecutivo de turno. Y aun así tienen el descaro de molestarse cuando surgen los cuestionamientos sobre posibles vínculos con la narco-actividad. Señor presidente, las dudas no se disipan despotricando corrientemente ante un micrófono en una conferencia de prensa, es
con decisiones acertadas y ejecutando las mismas.
No puede nuestra organización sindical dejar pasar desapercibida la reacción y medio de presión del bloque legislativo del PLN, para “obligar” al Poder Ejecutivo a cumplir con el traslado de los fondos. Todo en medio de un discurso direccionado a la preocupación por la inseguridad ciudadana.
Desde ANEP, y sus bases en la clase trabajadora, tanto a esta agrupación política, como a las demás, deseamos expresarles que esperamos ver la misma vehemencia y energía, censurando, repeliendo y buscando el verdadero bien común, contra las muchas decisiones que el Poder Ejecutivo ha tomado en
detrimento de la Seguridad Ciudadana: sacar a la Policía de Control de Drogas de muelles aeropuertos y fronteras, usar al Servicio de Vigilancia Aérea como seguridad privado en un muelle, retirar a guardacostas de unos de los principales puntos de ingreso de droga al país…entre muchas otras. Todas acciones de las cuales tienen pleno conocimiento, e información, y cuyas reacciones han sido menos que tibias. Ojalá la repentina preocupación por la Seguridad Ciudadana no esté atada a un show político, gestándose a vísperas de la campaña electoral.
ANEP
09 enero, 2025.
El Gobierno impulsa una reforma para permitir la contaminación con plaguicidas en el agua para consumo humano
● Alteran el Reglamento de Agua Potable en beneficio de la presencia de agroquímicos y en contra de la salud pública.
● La Ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.
● Grave retroceso legal en materia de protección de aguas podría ser inconstitucional, ecologistas se preparan para acudir a la Sala IV y pedir justicia (07/01/2026)
El pasado viernes 13 de diciembre en la web del Ministerio de Salud se puso en consulta pública por diez días hábiles la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”.
El MinSa impulsa una nueva versión de un reglamento que desprotege y amenaza el agua potable; para permitir y legalizar la contaminación con plaguicidas en el líquido vital destinado al consumo de toda la población nacional.
La propuesta, legaliza Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto.
Este cambio sustancial busca “legalizar” niveles alarmantes de metabolitos del Clorotalonil, lo cual atenta contra la salud pública de las comunidades afectadas. Hay que recordar que este plaguicida está prohibido desde 2023 por ser considerado cancerígeno y que sus degradados también cancerígenos y tóxicos persisten como principales contaminantes en el agua de 69 fuentes en la zona norte de Cartago.
Esta reforma intenta legalizar la contaminación con cualquier agroquímicos que en el futuro esté presente en el agua. No busca el beneficio de la población o mejorar la calidad del agua que tomamos, es un intento desesperado por no hacer nada ante el grave problema de contaminación, ampliamente demostrado. Queda de manifiesto que el gobierno sabe que los cambios que ampara el suministro de agua y el levantamiento de la Órdenes Sanitarias realizado en el 2024, es totalmente ilegal y viola el reglamento actual. Dejando a 69 comunidades de la zona norte de Cartago a la suerte de agua contaminada con metabolitos del agrotóxico clorotalonil.
Esta reforma cambia “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. Parece una simple sustitución de palabras, pero esto hace que el agua contaminada no tenga que ser sacada de los sistemas de distribución del preciado líquido para consumo humano. Con esta reforma el AyA podrá continuar autorizando la distribución de agua con altos contenidos de agroquímicos mientras hacen “análisis de riesgo” para evaluar qué tan peligrosos son estos residuos para la salud humana y que tanto agro-veneno puede ser ingerido en base modelos teóricos y suposiciones ofrecidas por los funcionarios de turno. Esto burla el principio precautorio y la amplia jurisprudencia como son el indubio pro aqua, indubio pronatura y el indubio prosalud.
La vergonzosa propuesta de reglamento que permite la contaminación de las aguas para consumo humano con residuos de clorotalonil es violatoria de la Ley de Salud 5395 en sus artículos 263 y 273. El 263 prohíbe “toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana”. Y además el artículo 273 donde se “prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades” (destacado no es del original).
En resumen, el Ministerio de Salud pretende cambiar la normativa nacional para legalizar la contaminación con agroquímicos. De firmarse y publicarse este decreto ya no se prohibirá la presencia de pesticidas en la red de distribución del AyA y de las Asadas acorde al reglamento vigente. Cuando se encuentren fuentes de agua potable contaminada con agroquímicos las autoridades seguirán abasteciendo el agua y evaluaría a posterior si esto causa daño o no a la salud pública. Violando el principio in dubio pro agua y el principio precautorio; el artículo 50 de la Constitución Política.
La gráfica anterior es clara y permite observar la grave situación de contaminantes degradados del clorotalonil en la Zona Norte de Cartago. Estas gráficas son de autoría propia y se hicieron en base a los datos publicados por el mismo Ministerio de Salud. Cada color corresponde a un metabolito de degradación del agrotóxico clorotalonil ( 8 en total) para las respectivas 69 tomas de agua detalladas en la gráfica de barras. La Asada de San Rafael de Irazú presenta la toma de agua con mayor contaminación al final de la gráfica.
Señalamos que es irresponsable la decisión de elevar los parámetros de contaminación, lo cual va en contra del principio de no regresión y del principio precautorio en materia de salud ambiental. Por lo tanto, sostenemos que esta modificación al reglamento, no sólo es ilegal sino que también es inconstitucional.
Además, los actos administrativos de este gobierno, como el levantamiento de las Órdenes Sanitarias de las fuentes contaminadas, son criminales y van en detrimento de nuestro derecho humano al agua.
En el gráfico anterior destaca la línea anaranjada, la cual señala el Valor Máximo Admisible permitido en la versión actual del Reglamento de Agua Potable (límite que quieren modificar con la reforma en cuestión) , en azul los valores encontrados por el Ministerio de Salud de degradados del Clorotalonil en 69 fuentes de agua claramente sobrepasan entre 470 veces y 214 veces la norma establecida. En resumen la reforma en discusión que intenta el gobierno pretende elevar el límite actual (línea anaranjada) a la parte superior de la gráfica elevando así los límites permisibles en contra de la calidad del agua potable y a favor de la desidia institucional de no abordar el problema integralmente.
Las organizaciones aquí firmantes llamamos a diputados de la República, autoridades competentes, acueductos comunitarios y la sociedad civil en general a organizarse y rechazar dicha propuesta de reforma al Reglamento de Agua Potable.
Para contacto: FRENTE ECOLÓGICO <frente.ecologista.cipreses@gmail.com>
Firman:
Bloque Verde
Frente Eco Cipreses
Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza
Red de Coordinación en Biodiversidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera
Red de Mujeres Rurales
Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense
Unidad Especial Silvestre De Protección Y Rescate Animal
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna
Asociación de Desarrollo Integral Magnolias
Movimiento de Resistencia y Formación
Frente Ecologista Universitario
Movimiento Ríos Vivos
Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica
La Yunta Agroecológica
Buen Vivir Costa Rica
Diputado Ariel Robles Barrantes
Diputada Rosaura Méndez Gamboa
Diputada Kattia Cambronero Aguiluz
Diputado Jonathan Acuña Soto
