Trabajadores del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica podrán seguir gozando del acuerdo directo, firmado entre trabajadores y patrono, luego de que la Sala Constitucional declarara sin lugar una acción de inconstitucionalidad, presentada por el propio patrono, para eliminar derechos adquiridos en dicho acuerdo.
Etiqueta: noticias
CCSS deberá pagar más de 1.1 millones de dólares anuales para mantener sistema ERP-SAP
Así se desprende del documento GG-PIMG-1282-2025, fechado el 24 de junio de 2025, enviado por la Dirección de Plan Innovación de la Caja Costarricense del Seguros Social, luego de la consulta realizada por nuestra organización, para conocer los costos económicos asociados a las licencias del sistema administrativo ERP-SAP, a nivel nacional, desde el inicio de su implementación hasta la finalización de los contratos vigentes. Así como los costos económicos correspondientes al mantenimiento del sistema informático.
Según se establece en el documento, la Caja Costarricense del Seguro Social, deberá pagar anualmente una suma de $1.155.000 para el mantenimiento, actualización y licencias de dicho programa.
A esto se suma que la institución ya ha pagado la suma de $1.624.904 en dos contratos adicionales a la licitación original de $52 millones para implementar el sistema ERP-SAP.
“ Finalmente, para dar continuidad a los servicios de actualización y soporte de las 12,071 licencias SAP S/4 HANA posterior al año 2025, se tramitó una nueva contratación mediante el SICOP, bajo el procedimiento 2025LY-000002-0001101161. De este procedimiento se derivó el Contrato N.º 0432025116100044-00, por un monto de $1,155,000.00 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil dólares con 00/100) anuales, el cual actualmente se encuentra en etapa de refrendo jurídico institucional. Este contrato tiene como objetivo cubrir los servicios de actualización y soporte correspondientes a los años 2026 y 2027, por un total de $2,310,000.00.”, indica el documento.
Por su parte, el Secretario General de la ANEP, cuestionó el monto millonario que deberá desembolsar la CCSS anualmente por estas licencias y actualización del sistema
“Las cifras que estamos conociendo del costo de ese proceso informático, del costo de las licencias y de lo que hay que pagar en los próximos años para que el sistema opere, es realmente escandaloso, es más, debería generarse ya una investigación de oficio del Ministerio Público”, declaro Vargas.
En el documento también se establece que, la CCSS, debió realizar una modificación del contrato inicial por un monto cercano al millón de dólares.
“Posteriormente, se realizó una modificación unilateral del contrato N° 2020-09, amparada en el artículo 208 de la Ley de Contratación Administrativa. Esta modificación dio origen a la Adenda N° 2, correspondiente al Entregable N.º 47, cuyo objeto fue la contratación de los servicios de actualización, soporte y mantenimiento de las licencias SAP S/4 HANA.”, se indica en el archivo.
Además agrega “El monto asociado a esta adenda es de $955,500.00 (novecientos cincuenta y cinco mil quinientos dólares estadounidenses), con una vigencia comprendida entre el 16 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2024.”
Pero este no sería el único desembolso realizado por la institución, luego de la implementación del sistema ERP-SAP, que habría costado la suma de 52 millones de dólares, ya que se debió gestionar una nueva contratación, esta vez por un monto cercano a los 670 mil dólares
“Como se desprende de lo anterior, la vigencia del soporte contratado mediante la Adenda N.°2 concluyó en noviembre de 2024. Por tal motivo, se gestionó una nueva contratación a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), bajo el procedimiento 2024XE-000002-0001101161, del cual se derivó el Contrato N.º 0432024116100272-00, por un monto de $669,404.24 (seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuatro dólares con veinticuatro centavos), con vigencia para todo el año 2025.
El pasado lunes 2 de junio, la ANEP, solicitó a la Auditoría Interna de la CCSS, abrir una investigación sobre la ejecución y desarrollo de este sistema, al considerar que se encuentra rodeado de una serie de irregularidades, entre estas un posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.
El 10 de junio la ANEP, también solicitó, al Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR), investigar una posible influencia indebida contra la hacienda pública por la implementación del sistema ERP en la CCSS.
ANEP plantea en la denuncia que los daños previstos abarcaban desde la suspensión de pagos de incapacidades y proveedores, hasta el deterioro de la cadena de abastecimiento de medicamentos e implementos médicos. Además, a la fecha, posiblemente ya existan datos que evidencian que el sistema no estaba preparado para su implementación, a pesar de que su costo ronda los 27 mil millones de colones del erario público, según declaraciones del propio director a cargo del proyecto y ahora se suman estos nuevos datos.
Este 24 de junio la Contraloría General de la República informó que ya ha dado tramite a la denuncia de la ANEP, la cual fue trasladada como insumo al Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social (BIS), con la finalidad de que sea considerado para la planificación de una acción de fiscalización, en el marco de las competencias de la Contraloría General.
Desde la ANEP, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente en la institución, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.
Renuncia de Directora de Comunicación del AyA evidencia posible uso indebido de recursos públicos y abuso de interinazgos
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en AyA, manifiesta su profunda preocupación ante la renuncia presentada por la Directora de Comunicación Institucional (interina) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), María Jesús Chavarría Montero, quien en su carta denuncia limitaciones estructurales, falta de visión estratégica y una preocupante instrumentalización de la comunicación institucional con fines personalistas.
Este hecho no puede verse como un caso aislado. Se trata de una señal clara del deterioro en la gobernanza interna de una institución estratégica para el país, en donde la comunicación —en lugar de servir al interés público— ha sido utilizada como un mecanismo de promoción de la figura del Presidente Ejecutivo, Juan Manuel Quesada, ignorando su verdadero rol institucional: informar, educar, conectar y generar confianza con la ciudadanía.
Interinazgos cuestionables y prácticas contrarias a la ley
A pesar de que la señora Chavarría fue seleccionada mediante un concurso externo, su puesto se mantuvo en condición interina. Tras su salida, la Presidencia Ejecutiva nombra nuevamente de forma interina a otra persona, sin abrir el proceso para un nombramiento en propiedad, lo cual evidencia un patrón de prácticas administrativas que violentan la legalidad y perpetúan la discrecionalidad en el acceso a cargos estratégicos.
Desde ANEP denunciamos esta situación como una clara violación al marco regulatorio vigente, en particular a la Ley Marco de Empleo Público (Ley N.º 10159), que en su artículo 38 establece que los interinazgos deben ser temporales, debidamente justificados y no pueden utilizarse para evadir los concursos públicos. El artículo 39 de la misma ley advierte que el abuso de estas figuras puede acarrear responsabilidad administrativa para los jerarcas que incurran en estas prácticas.
Estas acciones debilitan la institucionalidad, erosionan la confianza en los procesos de selección, y excluyen a profesionales calificados que desean aportar desde el servicio público bajo condiciones estables y justas.
Comunicación institucional al servicio de una persona y no de la ciudadanía
La carta de renuncia deja en evidencia que la Dirección de Comunicación ha sido reducida a una función reactiva y operativa, sin planificación estratégica ni articulación real con los objetivos institucionales. Lejos de utilizarse para informar sobre los grandes retos del AyA en saneamiento, infraestructura y acceso al agua, la comunicación ha sido dirigida principalmente a reforzar la imagen pública del jerarca, en detrimento de una verdadera rendición de cuentas.
Campañas institucionales, recursos humanos y esfuerzos técnicos han sido dirigidos, según lo denunciado, más al posicionamiento de una figura que a la misión institucional. Esto representa un uso indebido de los recursos públicos que no puede pasar inadvertido.
ANEP solicita la intervención urgente de la Junta Directiva de AyA, para que se de:
- La apertura inmediata de un concurso para el nombramiento en propiedad de la Dirección de Comunicación Institucional.
- La revisión administrativa y legal de los nombramientos interinos en el AyA, especialmente en puestos estratégicos.
- El cese inmediato de toda campaña institucional orientada a beneficiar la imagen del Presidente Ejecutivo.
- La publicación de un informe detallado sobre el uso de recursos en comunicación durante los últimos 12 meses.
Desde ANEP reiteramos que el servicio público debe regirse por principios de legalidad, mérito, equidad y eficiencia. La renuncia de una profesional calificada, motivada por razones éticas y estructurales, debe encender las alertas institucionales y ciudadanas.
La comunicación institucional no es una herramienta de propaganda para campañas políticas con recursos públicos.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
El candidato presidencial liberacionista y su traición a los valores socialdemócratas de naturaleza obrera
Le compartimos el comentario del prestigioso académico de la Universidad Nacional, economista militante del PLN, Leiner Vargas Rojas:
La decisión de nuestro candidato en el PLN y de la Fracción en la Asamblea Legislativa de apoyar la vía rápida del proyecto de jornadas 4/3 representa a mi criterio, un antes y un después para la lucha electoral del 2026.
Es claro que el partido vuelve a poner la carga sobre los y las trabajadoras con una visión que dañará profundamente el apoyo electoral del Centro y del Centro Izquierda de nuestro partido y de los progresistas sin partido.
Se ha decidido, seguramente por una cúpula estrecha y atemorizada por grupos empresariales, que claramente han capturado a nuestro partido hace rato y que son los culpables de buena parte de las derrotas de los últimos 3 procesos electorales.
Otra vez, vamos a estar en lado equivocado de la historia. Hemos dicho desde inicios de este debate, lo dañino que representa para los trabajadores esta versión de jornadas que eliminan el pago de horas extras y que vienen a dañar la profiláctica de nuestros trabajadores y sobre todo, nuestras trabajadoras.
Cómo liberacionista de más de 30 años de trayectoria en el partido, no puedo dejar pasar este momento para advertir a nuestro Directorio Político y en general, a nuestra cúpula y miembros de la campaña, que seremos el hazmerreír de nuestros rivales, les estamos dando la razón a los sindicatos y todos aquellos que han reclamado, el giro a la derecha que ha sufrido nuestro partido y que hoy se consolida con una posición anti-trabajadores.
Nos hemos puesto otra vez para no ser «ni chicha ni limonada». El cuento de Pinocho tiene más credibilidad que la historia publicada en el comunicado de nuestra fracción, «poner a elegir a los trabajadores que no tienen cómo ganar en una decisión de Asamblea dónde los patronos tienen poder asimétrico frente a ellos», pero, además; dónde las minorías quedarán aplastadas a decisiones que dañan su salud física, mental y sus oportunidades en el mercado laboral.
He insistido muchas veces sobre los daños a la salud, personal, familiar y social que representa este retroceso social en contra de la clase trabajadora. Lamento profundamente la definición de nuestro candidato, si apneas empezando la campaña le doblan el brazo las cámaras empresariales, no me imagino lo que le pasará si algún día llega a gobernar.
Quiero expresar por última ocasión en este y todos los chats del partido mi total descontento con el accionar tomado, la oposición rotunda que le daré a este tema en todos los espacios que sean necesarios y de mantener esta posición anti trabajadores y social confusa de nuestro candidato y de nuestra fracción. Un líder social demócrata no puede ser aquel que va en contra de los y las trabajadoras de un país, creo que se están pegando un disparo en el pie, los discursos bonitos y empáticos deben nutrirse de hechos, no de «palabras gastadas estimado Álvaro»
La niñez no debe ser utilizada como escudo político ni justificación de fallas institucionales
– La protección de la niñez y adolescencia es un deber del Estado, no un recurso para eludir responsabilidades.
– La ANEP exige respeto y compromiso real con los derechos de la niñez costarricense.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su más enérgico rechazo a las declaraciones emitidas por la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, durante la conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial el pasado 25 de junio.
En esa comparecencia pública, de manera alarmista e irresponsable, se expuso información sensible sobre personas menores de edad bajo la protección del Estado, instrumentalizándolas como argumento político para intentar justificar las falencias del sistema de protección y las tensiones existentes con otros Poderes de la República.
Todas las personas menores de edad merecen un tratamiento legal, ético y comunicacional acorde con su condición, el interés superior de la persona menor de edad y los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos humanos.
No es admisible que un día se invoque el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia, y al siguiente se les exponga ante el país con afirmaciones estigmatizantes y discriminatorias.
No es coherente rechazar el uso de la imagen de la niñez en convocatorias ciudadanas, y luego convertirles en el centro de un discurso con fines políticos y mediáticos.
¿Desde cuándo es aceptable que el Estado utilice a las personas menores de edad bajo su tutela como recurso argumentativo para encubrir deficiencias institucionales?
Lo más grave de las declaraciones de la Presidenta Ejecutiva del PANI es que convierten una obligación del Estado —la protección integral de toda persona menor de edad, sin excepción, incluyendo a quienes enfrentan procesos judiciales— en un mecanismo para desviar responsabilidades y alimentar temores. Con ello:
- Se revictimiza a quienes ya han sido vulnerados por el propio sistema de protección.
- Se profundizan estigmas sociales hacia adolescentes en condición de vulnerabilidad.
- Se distorsiona el rol esencial del PANI, que no es castigar ni etiquetar, sino garantizar derechos y proteger integralmente.
La discusión sobre los presupuestos institucionales, incluyendo los ₡13.000 millones destinados a organizaciones no gubernamentales (ONG), los ₡3.600 millones para tutores, los ₡1.865 millones para servicios de apoyo profesional y los casi ₡4.000 millones para la operación ordinaria de albergues, no puede ni debe fundamentarse en cuántas personas menores de edad enfrentan causas judiciales. El debate debe centrarse en cómo garantizar efectivamente los derechos de la niñez y adolescencia, y no en administrar temores ni buscar culpables externos.
Lo sucedido constituye un acto irresponsable que lesiona gravemente la imagen institucional del PANI y traiciona el mandato legal, ético y social de protección que le corresponde cumplir como ente rector en materia de niñez y adolescencia. Ningún objetivo político puede ni debe justificar la exposición pública de personas menores de edad ni la utilización de su situación para encubrir crisis institucionales.
La ANEP hace un llamado a la reflexión responsable de las autoridades y a la urgente necesidad de devolver al PANI su verdadero propósito: la protección integral y digna de la niñez y la adolescencia, sin instrumentalizaciones ni exposiciones que desvíen la atención de los verdaderos problemas estructurales que enfrenta la institución.
La niñez y la adolescencia merecen respeto, compromiso y acciones efectivas, no discursos que alimenten el miedo ni intentos de trasladar responsabilidades.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Trabajadores de gobiernos locales y regionales (GLR) de Interamérica firman protocolo de entendimiento con FLACMA
El acuerdo firmado con la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales busca establecer cooperación permanente entre los sindicatos de trabajadores de gobierno local y regional y la organización regional de gobiernos locales y regionales de América Latina para el fortalecimiento del diálogo social.
Por: Internacional de Servicios Públicos (ISP)
Durante la reunión del Buró Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA) celebrada en mayo, representantes de lxs trabajadores de gobiernos locales y regional de Interamérica firmaron un protocolo de entendimiento para cooperación institucional entre la Internacional de Servicios Públicos y FLACMA orientada a fortalecer el diálogo social en el ámbito del sector de Gobiernos locales y regionales (GLR) en América Latina.
A la reunión fueron invitadxs Euan Gibb, secretario regional para Interamérica de la ISP, y Rebeca Céspedes Alvarados, (ANEP, Costa Rica) de la Confederación de los Trabajadores y de las Trabajadoras Municipales (CONTRAM/ISP) quienes han firmado el protocolo de entendimiento al lado de la presidenta de FLACMA Ana Lucía Reis y su secretario general, Sergio Arredondo. FLACMA representa la sección regional de la red mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
Texto del protocolo de entendimiento
El protocolo de entendimiento establece un compromiso común para desarrollar una a colaboración permanente, el intercambio de experiencias y la creación conjunta de oportunidades de formación para fortalecer la función pública de GLR y los derechos humanos y laborales de sus trabajadorxs. Además, reconoce que lxs trabajadores de GLR son la base de los gobiernos locales, y destaca la necesidad de mantener un diálogo permanente con sus organizaciones representativas.
Los próximos pasos consisten a organizar una primera reunión de acercamiento e intercambio entre membrecías y firmar el acuerdo de contenido discutido entre ISP Interamérica y la dirigencia de FLACMA y armar un programa de dialogo y de trabajo común.
Este proceso sigue de una reunión que Rebeca Cespedes Alvarado tuvo con la dirigencia de FLACMA en ocasión del retiro estratégico anual de GLR de la CGLU en febrero 2025 al cual participo’ como miembro de la delegación de la ISP y fue facilitado por Daria Cibrario de la Secretaría Internacional de la ISP.
Euan Gibb, quien ha contribuido a consolidar esta iniciativa en su etapa final.Durante aquel encuentro, de lo cual también participaron dirigentes sindicales de Argentina, Colombia, Honduras, Guatemala y Nicaragua, se abordaron temas de interés común en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tales como la justicia climática, el trabajo decente, la transición energética justa, las ciudades sostenibles, la gestión de residuos y el acceso al agua y al saneamiento, entre otros.Al respecto,
Rebeca Céspedes destacó que este memorando de entendimiento es de gran importancia para los trabajadores de GLR, porque por primera vez se abre un canal de diálogo con los representantes de más de 16mil municipios, intendencias, prefecturas y asociaciones de gobiernos locales de FLACMA.
“Es un paso esencial para establecer una relación entre las partes empleadoras y las organizaciones sindicales, basada en la cooperación, el intercambio continuo y la formación conjunta. Tanto la ISP como FLACMA compartimos misiones similares y enfrentamos retos comunes, y este acuerdo es una herramienta para abordarlos de manera articulada”, dijo Céspedes.
El documento reconoce todavía que ISP y FLACMA comparten misiones similares y desafíos comunes en torno a la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la paz, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo inclusivo. El texto también establece como marco de referencia la localización de los ODS, la Nueva Agenda Urbana y los avances logrados por ambas organizaciones en sus respectivos espacios de representación regional e internacional.
Para Euan Gibb, secretario regional para Interamérica de la ISP, “la firma de este acuerdo representa un primer paso hacia la abertura de un espacio de diálogo entre lxs trabajadores de GLR y más de 16 mil gobiernos locales representados por FLACMA en América Latina y el Caribe”.
El protocolo de entendimiento que se firmó en Rio de Janeiro en entre las organizaciones es un precursor del acuerdo que ya ha sido presentado a la CONTRAM-ISP y demás sindicatos de GLR afiliados de la ISP en la región para aprobación a lo largo del año de 2025.
Protocolo firmado
Sindicatos presentarán puntos a empresarios para mejorar las condiciones de trabajadores agrícolas
Diputada oficialista presenta proyecto para devolución total del ROP a Junta Directiva Nacional
Resultados contradicen pronunciamientos de jerarcas del ICE
- La objetividad que exige el caso de la avería en plataforma del ICE
En los últimos meses, algunos jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han manifestado públicamente que la institución “está volando”, en alusión a un supuesto buen desempeño de sus operaciones, particularmente en el sector de telecomunicaciones. Sin embargo, las evidencias técnicas y los informes emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), así como diversas publicaciones en medios de comunicación como AM Prensa, Diario Extra y La Teja, contradicen esa afirmación de forma contundente.
Según el más reciente informe técnico elaborado por SUTEL en conjunto con la firma especializada Opensignal, la empresa Claro obtuvo mejores calificaciones que sus competidores en 8 de las 10 categorías analizadas, incluyendo velocidad de descarga, experiencia en video y juegos, estabilidad de red y confiabilidad del servicio. Kölbi, marca de telecomunicaciones del ICE, apenas logró destacar en dos categorías, disponibilidad 4G y cobertura general. Este informe técnico, de carácter objetivo y basado en millones de mediciones de usuarios reales, representa una radiografía clara del estado actual de la competencia en telecomunicaciones.
Estos resultados no sólo evidencian un rezago evidente de Kölbi frente a Claro, sino que contradicen de forma directa el discurso optimista que ha sostenido parte de la alta jerarquía institucional del ICE. Esta contradicción entre el discurso oficial y la realidad empírica debe preocupar, pues genera un desfase entre la percepción interna y las verdaderas condiciones del mercado, debilitando la toma de decisiones estratégicas y afectando la credibilidad institucional.
Desde una perspectiva jurídica y de gobernanza pública, este desfase no es un simple error de comunicación, sino un reflejo de falta de responsabilidad administrativa. El Estatuto del Personal del ICE y la Ley General de la Administración Pública establecen principios claros de legalidad, eficiencia, transparencia y buena administración que deben regir las actuaciones de la administración superior y del Consejo Directivo. El ocultamiento o maquillaje de datos objetivos, así como la omisión de acciones correctivas frente a deficiencias identificadas por los órganos reguladores, podría eventualmente constituir una omisión grave en el ejercicio del deber funcional.
Además, la negativa a reconocer y actuar sobre estas deficiencias tiene implicaciones directas en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Medios como La Teja recogen testimonios de usuarios molestos por los constantes problemas de conectividad, la lentitud del servicio y la falta de respuesta efectiva por parte de Kölbi. Cuando una empresa estatal, cuyo mandato es precisamente garantizar el acceso universal, equitativo y de calidad a las telecomunicaciones, deja de escuchar a sus usuarios y se aferra a una narrativa institucional autocomplaciente, se pone en riesgo no sólo su legitimidad, sino también su sostenibilidad en el mercado.
Cabe recordar que el ICE, a través de Kölbi, es el único operador público que compite en un mercado abierto y liberalizado. Su existencia no sólo tiene valor comercial, sino un peso estratégico para mantener el equilibrio entre los intereses privados y el bien público. Sin embargo, si esta empresa no responde con agilidad, calidad y responsabilidad institucional, su deterioro podría ser irreversible.
Ante esta situación, resulta urgente que la Administración Superior y el Consejo Directivo del ICE, establezcan mecanismos internos de rendición de cuentas, así como la elaboración de un plan inmediato y transparente para la mejora del servicio, así como fortalecer el vínculo con sus usuarios mediante una política de atención eficiente y honesta.
En conclusión, el ICE no está “volando”. Está siendo superado por sus competidores en aspectos clave de calidad, velocidad y percepción del usuario. Insistir en un discurso que ignora los datos sólo profundiza la desconexión institucional y pone en entredicho el liderazgo de quienes hoy están llamados a conducir a la institución en un mercado cada vez más exigente. La verdadera fortaleza del ICE no está en frases grandilocuentes, sino en su capacidad para actuar con visión, técnica y transparencia.
ANEP denuncia grave violación de derechos hacia una funcionaria y su hijo lactante por parte del PANI
• La institución rectora en materia de niñez y adolescencia vulnera los derechos laborales y humanos de una trabajadora y su hijo.
• Omisión institucional impide el ejercicio efectivo del derecho a la lactancia materna y contradice el mandato legal del PANI en el DARI de Alajuela.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente una grave vulneración de derechos humanos y laborales ejecutada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución rectora en materia de niñez y adolescencia, que afecta directamente a una funcionaria en periodo de lactancia y a su hijo, persona menor de edad, en el Departamento de Atención Inmediata (DARI) de la Dirección Regional de Alajuela.
Mediante el oficio S.G. 21-25-3961-25, la ANEP planteó una gestión urgente y sólidamente fundamentada en favor de la funcionaria y su hijo lactante, ante la respuesta institucional tardía, insuficiente y omisiva que le ha impedido ejercer de manera plena y oportuna su derecho irrenunciable a la lactancia materna directa. A pesar de la solicitud expresa para que se resolviera de forma inmediata —considerando que el niño no puede esperar—, la institución ha mantenido un silencio absoluto, prolongando la vulneración de derechos fundamentales y demostrando una preocupante falta de compromiso con su mandato legal y ético.
Desde el 9 de mayo de 2025, la funcionaria ha solicitado formalmente un ajuste en su jornada laboral que le permita ejercer el derecho irrenunciable a la lactancia materna. Sin embargo, el PANI ha incurrido en una inaceptable omisión institucional, sin ofrecer respuesta o solución efectiva después de más de veinte días, vulnerando gravemente derechos fundamentales que garantizan la salud, bienestar y desarrollo integral tanto de la madre como del menor.
Este caso no es una falla administrativa aislada, sino un reflejo de una práctica sistemática que contradice el compromiso institucional del PANI, institución creada para proteger y promover el interés superior de la persona menor de edad. Resulta inadmisible que una institución con ese mandato permita la vulneración constante de derechos en su propia estructura, exponiendo a una madre trabajadora y a su hijo a condiciones laborales que dificultan el ejercicio pleno de la lactancia materna, lo cual afecta directamente su salud física y emocional.
La funcionaria se desempeña en un contexto de turnos rotativos, atención a emergencias y ambientes de alta tensión, condiciones que agravan el riesgo para su bienestar y el de su hijo. La normativa vigente es clara: las madres lactantes deben ser excluidas de jornadas nocturnas, giras extensas y funciones que comprometan su derecho a la lactancia y su salud, disposiciones que el PANI no ha respetado ni aplicado.
La ANEP hace un llamado urgente a la Presidencia Ejecutiva del PANI y a la Dirección Regional de Alajuela para que asuman su responsabilidad institucional, cumpliendo de manera inmediata con la legislación vigente y garantizando la modificación efectiva y urgente del horario laboral de la funcionaria para permitir el cumplimiento pleno del derecho a la lactancia materna.
ANEP reitera la importancia de que el PANI actúe con responsabilidad y compromiso real para proteger los derechos de sus funcionarias y, por ende, el bienestar de la niñez que debe tutelar. La lactancia materna no es solo un derecho individual, sino un pilar fundamental para el desarrollo saludable de los niños y una obligación institucional que no admite dilaciones ni excusas.
La omisión y la falta de respuestas concretas no solo afectan a una madre y a su hijo, sino que también representan un daño directo al cumplimiento del mandato legal y ético del PANI como garante del interés superior de la persona menor de edad.
Por ello, la ANEP solicita a la Presidenta Ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, que asuma con urgencia y responsabilidad las acciones necesarias para resolver esta situación de manera inmediata.
El respeto pleno a los derechos laborales y humanos no es opcional; es la base para construir una institución digna, coherente y verdaderamente comprometida con su misión de proteger a la niñez y a quienes trabajan en ella.
Compartimos declaraciones de Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical ANEP en el PANI.
