La ANEP celebró con éxito el Cuarto Encuentro de la seccional ANEP Diversidad, un espacio de formación, reflexión y articulación que fortalece el compromiso de nuestra organización con la inclusión, la equidad y los derechos humanos en el ámbito laboral y sindical.
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Personas menores de edad duermen en colchonetas en oficina del DARI Huetar Caribe del PANI.
– Denuncias evidencian vulneraciones sistemáticas a los derechos de la niñez bajo protección del PANI.
– ANEP exige renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva para restaurar la confianza institucional
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en cumplimiento de su deber de defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, así como de vigilancia sobre el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, denuncia ante la opinión pública una serie de hechos gravísimos ocurridos en la oficina del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) de la Región Huetar Caribe del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Estos hechos constituyen no solo una vulneración directa de las condiciones laborales del personal técnico institucional, sino también una violación alarmante a los derechos fundamentales de personas menores de edad que se encuentran bajo medidas de protección. Las actuaciones denunciadas reflejan una preocupante improvisación institucional, un desacato a los protocolos de protección integral y una exposición inaceptable de personas menores de edad a tratos indignos y riesgosos.
Desde el mes de mayo de 2025, la Directora Regional a.i., ha ordenado que adolescentes varones sean alojados de manera improvisada dentro de las oficinas administrativas del DARI Huetar Caribe. Estos menores han sido obligados a dormir sobre colchonetas en el piso, permanecer en las oficinas hasta por tres días consecutivos, sin posibilidad de salir del inmueble, sin condiciones mínimas de habitabilidad, sin acceso pleno a servicios básicos y sin acompañamiento técnico especializado.
Además, se ha instruido al personal técnico del DARI —profesionales en trabajo social, psicología, derecho, criminología, entre otros— a asumir funciones totalmente ajenas a su formación y perfil profesional, tales como la custodia directa, la supervisión continua y la contención conductual de estos adolescentes. Estas tareas han sido impuestas incluso fuera de la jornada laboral y durante días libres del personal, bajo promesas informales de pago de horas extra, lo cual agrava aún más la situación.
Estas prácticas representan una violación directa a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y los protocolos técnicos de la institución. Utilizar oficinas administrativas como albergues improvisados constituye una forma de trato degradante, contraria a la dignidad humana y al deber reforzado de protección que el Estado costarricense debe garantizar.
De igual forma, se infringen normas del ordenamiento jurídico-laboral costarricense, al imponer funciones no contempladas en los perfiles de puesto, alterar jornadas sin acuerdo previo ni justificación legal, y exponer al personal a responsabilidades de alto riesgo sin respaldo institucional, lo que podría derivar en consecuencias administrativas, penales y éticas para los funcionarios afectados.
Una vez más, bajo la administración de la señora Kennly Garza Sánchez, se registran hechos en los que los derechos de las personas menores de edad son vulnerados de forma sistemática y alarmante. La ANEP cuenta con fotografías y videos que evidencian estas prácticas y que demuestran la gravedad de las decisiones adoptadas por la Dirección Regional.
En oficio enviado a la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Técnica, la ANEP solicita de manera inmediata y categórica:
1- La intervención urgente y directa de la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Técnica, a fin de detener de inmediato estas prácticas irregulares y establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.
2- La prohibición expresa y definitiva del uso de oficinas administrativas como espacios de abrigo temporal (albergues), dado que carecen de las condiciones mínimas legales, técnicas y éticas para la atención de personas menores de edad bajo medida de protección.
3- Que se dispongan medidas correctivas inmediatas que garanticen el cumplimiento de los protocolos de atención integral, el respeto al principio de legalidad y el resguardo de los derechos humanos de las personas menores de edad en protección.
4- Que se asegure el pleno respeto a las condiciones laborales, profesionales y humanas del personal institucional, protegiéndoles de decisiones arbitrarias que los expongan a escenarios ilegales, de riesgo o contrarios a su formación.
La ANEP, en el ejercicio de su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez costarricense y la integridad institucional del Patronato Nacional de la Infancia, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples irregularidades que persisten bajo la actual administración del PANI.
Dichas irregularidades han derivado en graves vulneraciones a los derechos de personas menores de edad que se encuentran bajo protección institucional, sin que hasta la fecha se hayan tomado acciones efectivas para corregir esta situación. La ausencia de respuestas contundentes, así como el incumplimiento de las responsabilidades inherentes al cargo, han comprometido seriamente la misión y el funcionamiento del PANI.
Por lo tanto, la ANEP exige la renuncia inmediata de la señora Presidenta Ejecutiva del PANI, como medida indispensable para restaurar la confianza en la institución y garantizar la protección efectiva de los derechos de la niñez costarricense.
San José, 13 de junio de 2025
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
ANEP solicita información urgente al PANI por caso de presunto abuso sexual a persona menor de edad en albergue
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más profunda preocupación y consternación ante la denuncia de presunto abuso sexual a una persona menor de edad en un albergue, hecho que ha trascendido públicamente mediante un video difundido en redes sociales y que ha generado alarma a nivel nacional.
De acuerdo con lo expuesto en dicho video, la persona menor de edad habría sido víctima de abuso sexual en un albergue que estaría bajo la responsabilidad del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), lo cual amerita una respuesta institucional clara, urgente y transparente.
Ante la gravedad de esta situación, la ANEP ha enviado una solicitud formal de información dirigida a la Presidenta Ejecutiva del PANI, señora Kennly Garza Sánchez, y a la Gerente Técnica a.i., señora Anagerie Alvarado Ulloa, en la que se requiere conocer:
¿Qué acciones ha emprendido el PANI desde que tuvo conocimiento del caso?
¿Cuál es el estado actual de protección y atención que se le brinda a la persona menor de edad?
¿Qué medidas de protección inmediatas fueron aplicadas en el albergue involucrado?
¿Se han activado los protocolos institucionales correspondientes, incluyendo la articulación con las autoridades competentes, judiciales y medicas para las valoraciones respectivas?
¿Qué medidas se están implementando para garantizar la seguridad de otras personas menores de edad bajo la responsabilidad institucional, en dicho albergue?
Aclaramos expresamente que esta solicitud no pretende obtener datos sensibles, confidenciales o identificadores de la persona menor de edad, en resguardo absoluto de su dignidad, privacidad e integridad. La información solicitada se limita únicamente a aspectos puntuales que permitan esclarecer las acciones institucionales adoptadas, dentro del marco de la transparencia y la rendición de cuentas.
En relación con este caso, el asesor sindical de ANEP en el PANI, Jeffry Hernández Rojas, cuestiono el accionar del PANI.
«Una vez más, el PANI le falla a la niñez costarricense. No podemos permitir que la institución rectora en materia de niñez y adolescencia incumpla con su deber de brindar protección integral a las personas menores de edad. Los albergues institucionales, al no existir recursos familiares o comunales para protección de las personas menores de edad, deben ser espacios seguros, de cuidado y resguardo, no escenarios donde se repitan violaciones graves a los derechos humanos. Este caso es sumamente alarmante, y la Presidenta Ejecutiva debe responder con claridad, transparencia y responsabilidad. El país no puede tolerar más indiferencia institucional frente al sufrimiento de su niñez. Si el PANI no puede garantizar entornos seguros, está fallando en su razón de ser y esto es responsabilidad de la Presidenta Ejecutiva.»
Los niños, niñas y adolescentes no son simples estadísticas o datos para reportes; son personas cuya protección y bienestar deben ser prioridad absoluta. La ANEP solicita al PANI y a sus autoridades que asuman con responsabilidad y prontitud su deber constitucional de garantizar un entorno seguro, digno y libre de violencia para la niñez y adolescencia del país.
San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Compartimos declaraciones de Jeffry Hernéndez Rojas, Asesor Sindical ANEP en el PANI.
ANEP solicita al Ministerio Público investigar posible influencia indebida contra la hacienda pública por implementación del sistema ERP en la CCSS
–Denuncia también fue presentada ante a la Contraloría General de la República.
–Sistema habría costado a la CCSS 27 mil millones de colones ($52 millones)
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como, ante la Contraloría General de la República ante una posible influencia indebida contra la hacienda pública por la implementación del sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
En la denuncia presentada por nuestra organización se plantea que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conoció una serie de informes elaborados por los entes técnicos institucionales, relacionados con el proceso de implementación del nuevo sistema informático de gestión empresarial conocido como ERP-SAP (por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning ).
“Ante esta situación, para nada menor y que trastoca el funcionamiento estructural de la institución en sus procesos más sustantivos, ese órgano colegiado y superior de la CCSS, al parecer entró en una dinámica altamente cuestionable, al punto de que existen serios elementos públicos y notorios que podrían evidenciar que dicho órgano no quiso escuchar las advertencias de los entes técnicos y trasladó la valoración a la administración de las gerencias de la institución”, indica la denuncia.
“Posteriormente, parece ser que la Presidenta Ejecutiva, realizó una interpretación del acuerdo de Junta Directiva, para obligar a las gerencias a implementar ese nuevo sistema ERP-SAP, aún con las consecuencias que podrían generar en los servicios de salud en dos dimensiones, por un lado, la estructura funcional interna, y, sin duda alguna, por otro lado, los efectos e impactos en la población costarricense”, amplia el documento presentado al Ministerio Público y CGR.
ANEP plantea en la denuncia que los daños previstos abarcaban desde la suspensión de pagos de incapacidades y proveedores, hasta el deterioro de la cadena de abastecimiento de medicamentos e implementos médicos. Además, a la fecha, posiblemente ya existan datos que evidencian que el sistema no estaba preparado para su implementación, a pesar de que su costo ronda los 27 mil millones de colones del erario público, según declaraciones del propio director a cargo del proyecto.
A esto se suma que existen informes de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social que advierten sobre los riesgos y documentan los efectos negativos. No obstante, para mayor claridad ante esta fiscalía y contraloría, es oportuno señalar que el contenido del oficio GL-DABS-1006-2025/GL-DTBS-174-2025/GL-DPI-0675-2025, constituye un recuento detallado y elocuente de múltiples falencias, que por sí solo justifica plenamente nuestra solicitud.
Por todo lo anterior, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se solicita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como, ante la Contraloría General de la República lo siguiente:
- Se investigue a las personas integrantes de la Junta Directiva que votaron a favor en la sesión N.º 9524, celebrada el jueves 29 de mayo del 2025, donde se tomó un acuerdo en torno a la implementación del ERP-SAP.
- Se investigue a la Licenciada Mónica Taylor Hernández, Presidenta Ejecutiva, sus asesores, Eugenio Guevara Chaves, Angeline Badilla Berrocal, y al Lic. Héctor Arias Mora, Director del Plan de Innovación, por sus posibles actuaciones en perjuicio de la CCSS y en consecuencia contra la Hacienda Pública.
- Se solicite a la Auditoría Interna de la CCSS, trasladar a esta fiscalía y contraloría, aquellos estudios o similares en su poder, que entendemos han sido calificados como CONFIDENCIALES y que están vinculados al tema ERP-SAP.
- Investigar los elementos que privaron para el nombramiento del actual Director del Proyecto de Innovación de la CCSS, puesto que entendemos que podrían existir actos administrativos viciados de nulidad.
- Desarrollar las investigaciones pertinentes a efecto de dilucidar posibles vínculos que se deriven del contrato establecido entre la CCSS y la empresa adjudicada.
Nuestra organización adjunto en la denuncia una serie de informes técnicos de los equipos CCSS, informes de Auditoría Interna, instrucciones de Presidencia Ejecutiva y otros documentos de interés para las pertinentes investigaciones.
Seccional ANEP-INA advierte que la institución está careciendo de prácticas sanas de administración
Con mucha preocupación la Seccional ANEP-INA, se dirige a la opinión pública dejando constancia y evidenciando una serie de irregularidades que están sucediendo en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Y es que, siendo conscientes como personas funcionarias, de que esta noble institución, requiere de modernización para poder evolucionar, ser competentes en el mercado y lograr de manera objetiva, así como cumplir con la misión y visión del INA, los hechos que acontecen, están muy lejos de lo que se plasma en el papel, la institución está perdiendo su norte, su razón de ser, para muestra un botón.
Existe un oficio, emitido el pasado mes de mayo 2025, mediante el cual, el Presidente Ejecutivo, Christian Rucavado Leandro, de forma, en apariencia, sigilosa, instruyó a unidades estratégicas de la institución, para que incluyeran dentro de la formulación del presupuesto 2026, la “módica” suma de más ₵900.000.000,00 (novecientos millones de colones), para atender la “iniciativa del inglés”, producto del “estudio” de demanda nacional de inglés que se promoviera desde la misma Presidencia Ejecutiva del INA. A esta fecha no se conoce, al menos no ésta Seccional, la ruta que se llevó a cabo para estimar dicho monto.
Surgen paralelamente, otras preguntas ¿quién o quiénes son los interesados en que el INA esté inmerso en el tema del inglés? ¿cuáles son las verdaderas intenciones detrás de todo esto?, ¿por qué razón no se impulsa con la misma fuerza las demás áreas productivas a las que la institución no debe, ni puede dejar de atender?
Se viene observando, como una y otra vez, en cada período presupuestario, los presupuestos de la institución, no se direccionan para fomentar y reforzar las verdaderas áreas prioritarias, prueba de ello y ya conocido en el Plenario Legislativo, existe desabastecimiento de materiales, afectando a estudiantes y docentes, estos últimos, también, sin recursos para desplazarse a atender los cursos asignados, existe insatisfacción en la demanda a falta de docentes, sencillamente por escasez de estos, al no existir interés claramente por contratar más, o bien, porque no se encuentran al100% capacitados y esto último, no porque ellos así lo hayan preferido o sugerido, sino porque, así están dadas las “líneas estratégicas”.
Tenemos un presidente ejecutivo ausente, que fue enviado a la institución, en apariencia, única y exclusivamente para acatar órdenes superiores y que para infortunio del INA, no son las mejores y mucho menos las más transparentes.
Qué decir de las personas que recién se suman a puestos Gerenciales, unos sin experiencia en la institución y otros “amigos del Gobierno de Turno”, ¿qué se puede interpretar de esto? sencillo, entre más llano esté el camino, más fácilmente logran su cometido, o sea, otra forma más de dañar a la institución no importa el costo, el perjuicio va.
Por otro lado, no menos preocupante, figura quien ocupa el cargo de Auditor Interno y de las personas Encargadas de Jefatura que lo acompañan, no cuestionan lo que está sucediendo en el INA y no se interprete esto, que se requiere que el Auditor Interno, sea un coadministrador, papel que presuntamente también lleva a cabo, sino más bien, haciendo y ejerciendo el rol que le corresponde, entre otros, siendo vigilante del uso de los recursos públicos.
Como representantes de esta Seccional, hemos en infinidad de ocasiones, señalado ante las instancias externas correspondientes, que la institución está careciendo de prácticas sanas de administración, propiciando entre otros aspectos, desprotección a las demás áreas técnicas productivas del país, que sabemos, nos demandan y que, evidentemente nos necesitan. En este particular, se desconoce si existió un muestreo probabilístico, si ha sido validado técnicamente o en su defecto contiene un sesgo de autoselección.
El INA se nos está escapando de las manos y a quienes tratan desesperadamente de hacer algo para salvarla de lo casi inevitable, simplemente, los apartan del camino, de una u otra manera, en algunos casos, ha mediado hasta la persecución.
Freddy Bonilla García, presidente Seccional ANEP-INA.
Fallo constitucional permitirá conocer los nombres de personas o empresas que hacen fraude fiscal
- Acción de inconstitucionalidad fue presentada por ANEP a finales del 2019.
- Morosos recurrían al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaban acción y se aseguraban que no se pudiera dar a conocer información públicamente.
La Sala Constitucional le dio la razón a la ANEP tras la resolución de la acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 19-011237-0007-CO en donde nuestra organización pidió que se declarara inconstitucional y se anulara el quinto párrafo del artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que generaba obstáculos para poder conocer a los contribuyentes morosos.
El párrafo consignaba lo siguiente: “En el caso de los sujetos morosos, los nombres y montos podrán ser suministrados por el Ministerio de Hacienda, siempre que las deudas se encuentren firmes en sede administrativa y que estos no hayan acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuyo caso el contribuyente estará en la obligación de informar a la Administración Tributaria de esto último, a más tardar tres días hábiles luego de haber interpuesto la acción judicial correspondiente”.
Esto permitía que las personas acudieran al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaba una acción y ya con eso quedaban blindadas en que no se pudiera dar a conocer su nombre públicamente.
Dentro de los argumentos presentados por el Licenciado David Estrada Zeledón, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, está que el quinto párrafo del artículo 18 bis «incluye una protección excesiva que sobrepasa los alcances del artículo 24 constitucional».
El recurso fue presentado a finales de 2019, con el objetivo de poder llamar con nombre y apellido a esas personas físicas o empresas que tanto daño le hacen al país en temas tributarios. En total, fueron 4 votos contra tres, los que definieron fallar en favor de ANEP.
ANEP, es la organización sindical que más ha luchado contra todos los males provocados por la evasión, fraude y elusión fiscal, pues todo este tipo de acciones repercuten en la recaudación e inversión estatal, en donde, durante el último tiempo, la política social del país es la mayor sacrificada para poder cumplir con los altísimos pagos de los intereses de la deuda pública.
A partir de este histórico fallo se podrá señalar y emplazar a esas grandes corporaciones, bufetes, grupos económicos y similares que implementan sus maniobras jurídicas para no tributar como tiene que ser.
Nuestra organización sindical, sigue firme en su tesis sobre un cambio radical del sistema tributario costarricense, pues es propicio para que muchas personas o empresas se aprovechen y no cumplan con sus obligaciones fiscales, tal cual, lo demanda la ley.
Auditoría Interna de la CCSS confirma denuncias de la ANEP sobre implementación de programa ERP
La Auditoria Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), mediante informe AD-AFINPE-0038-2025, del pasado viernes 6 de junio del presente año, en poder de la ANEP, confirma las denuncias de nuestra organización sobre las afectaciones e implicaciones que ha sufrido la institución por la implementación del sistema digital ERP-SAP, desde el pasado 2 de junio.
Según el informe de la Auditoría Interna “se logró evidenciar situaciones de riesgo relacionadas con la gestión de pagos ordinarios que debe realizar la institución tras la salida en vivo del ERP-SAP, especialmente identificada en casos que han paralizado o retrasado procesos esenciales como el pago a proveedores, incapacidades, viáticos y obligaciones judiciales”.
Según lo analizado por la Auditoría Interna, estos problemas derivan de la no integración efectiva de los sistemas legados, así como otros aspectos relacionados con la integridad de las pruebas efectuadas, una posible capacitación insuficiente del personal y una gestión administrativa con incertidumbre ante decisiones y procedimientos operativos diarios.
“Lo anterior ha generado una acumulación de obligaciones pendientes de procesar por montos significativos y con el riesgo institucional que podría representar en términos financieros lo relacionado con el pago de multas e intereses ante el posible incumplimiento de las condiciones jurídicas pactadas con proveedores y usuarios por la continuidad de servicios y beneficios”, indica el informe.
Desde la entrada en operación del sistema ERP, el pasado 2 de junio de 2025, la ANEP ha denunciado una serie de afectaciones. Estas han sido, ahora, identificadas por la Auditoria Interna de la Institución; lo que ha provocado dificultades operativas relacionadas con:
•La ejecución oportuna de pagos a proveedores, acumulando saldos pendientes por más de $11 millones.
• El pago de las licencias e incapacidades se suspendió desde el 3 de junio de 2025, restableciéndose hasta que se logre el 100% de la integración del RCPI con el ERP. A la fecha se tienen 20,127 casos por un monto estimado de 1,324.5 millones de colones pendientes de pago.
• Además, el proceso de pago de incapacidades asociadas al reconocimiento del salario escolar conforme la directriz N 019-MTSS emitida por la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Trabajo para los funcionarios del sector público, a la fecha están suspendidos los desembolsos para 78 mil casos por un monto de 1,212 millones aproximadamente.
•Suspensión temporal en el pago de viáticos institucionales.
•Inconvenientes en la integración con sistemas legados como SIPE, RCPI, SICO y SICERE.
•Atrasos en desembolsos críticos del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR, con posibles afectaciones contractuales.
En el informe también se detalla que mediante oficios GF-1647-2025 del 27 de mayo de 2025, firmado por el Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero y el oficio GL-0921-2025 del 26 de mayo de 2025 de la Gerencia de Logística, se señalaron y describieron las afectaciones descritas anteriormente con la salida en vivo del ERP, programada para el 02 de junio.
A pesar de estas advertencias, mediante el artículo 12° de la sesión ordinaria N° 9524, celebrada el 29 de mayo, y lo instruido por Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, en el oficio PE-2270-2025 del 30 de mayo del 2025, se solicita corregir la situación. Y contandose con tan solo dos días para que el sistema entrara en operación.
Esto fue lo acordado por la Junta Directiva, detalla el informe “Instruir a la Gerencia de Logística y a la Gerencia Financiera, para que-ante lo manifestado en los oficios GF-1647-2025 y GL-0921-2025-, dado que de lo allí indicado se desprende que se trata de aspectos técnicos y administrativos propios de esas dependencias, procedan a tomar todas las acciones técnicas operativas de rigor, elaborando un plan de contingencia para asegurar y garantizar la operación e implementación exitosa del ERP y de la continuidad de los servicios, sin que existan riesgos, o de existir los mismos para la institución o terceros, que estos sean mitigados. Lo anterior en coordinación con la Dirección del Proyecto ERP-SAP.”
Desde la ANEP y desde el mismo principio de toda esta controvercia, denunciamos las diversas afectaciones que estaba causando la implementación de este sistema a la institución, reportados por los mismos trabajadores; por lo cual reiteramos nuestra solicitud a la Junta Directiva de la CCSS de suspender su operación mientras se corrigen las situaciones denunciadas.
Otra de las situaciones que llama la atención del informe, es que en algunas unidades, las personas capacitadas ya no están trabajando ahí, lo que ha causado problemas; y pese a que se están proporcionando videos y acompañamiento directo para ayudar a las unidades a utilizar el sistema, sin embargo hay temor en la población laboral en cometer errores.
La ANEP, también solicitó a la Auditoria Interna de la CCSS, abrir un a investigación en la fase previa de la implementación del sistema, ante un posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.
En ANEP, aclaramos que no estamos en contra de la innovación tecnológica en la institución, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente, siempre y cuando no afecte a la CCSS y a los intereses de la población asegurados.
Desde el 3 de junio ANEP denunció posible nombramiento irregular de la Presidenta de la CCSS
Desde el pasado martes 3 de junio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denunció ante la auditoría interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el posible nombramiento ilegal de la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández.
Compartimos la denuncia presentada:
Desde la organización sindical que nos honramos en representar, y en nuestro rol de defensores de la Seguridad Social costarricense, tenemos el deber de denunciar lo que consideramos un aparente nombramiento irregular de la Sra. Mónica Taylor Hernández, actual Presidenta Ejecutiva de la CCSS. En este sentido, hacemos un llamado urgente a que se investigue con rigurosidad y hasta las últimas consecuencias lo siguiente:
1. La Sra. Taylor posee un nombramiento en propiedad en el Ministerio de Hacienda, donde se desempeña como abogada. Esta información es de acceso público y fácilmente verificable.
2. La Ley Constitutiva de la CCSS en su artículo 7, establece de manera expresa que no podrán formar parte de la Junta Directiva: “los miembros o empleados de supremos poderes o empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social”.
3. El Ministerio de Hacienda forma parte del Poder Ejecutivo, el cual es uno de los supremos poderes de la República.
4. Si bien la Sra. Taylor se encuentra actualmente con permiso sin goce de salario, esta condición no elimina su vínculo como funcionaria del Poder Ejecutivo.
5. La Procuraduría General de la República, mediante el oficio C-019-2021 del 22 de enero de 2021 (adjunto), emitido en respuesta a una consulta de la CCSS sobre el nombramiento de miembros de Junta Directiva, estableció criterios que resultan sumamente preocupantes para esta organización y que deben ser considerados con seriedad en este caso:
“Es de particular importancia denotar que tal, y como se dijo en el dictamen C-142-2008, el principal efecto de la suspensión del contrato consiste en el natural y necesario cese de las labores o actividades prestadas por el trabajador, pero que, sin embargo, en atención al contenido ético del contrato, éste siempre subsiste.
Contrario de lo anterior, el hecho de que un funcionario se encuentre disfrutando de un permiso sin goce de salario, no implica que se haya desligado ni de su plaza ni de la institución empleadora, subsistiendo, entonces las incompatibilidades éticas que ese vínculo suponga. Esta posición ha sido expuesta, con toda claridad, en la sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia N.° 155-2008”
A la luz de lo expuesto y con fundamento en el marco normativo vigente, consideramos que existe una evidente incompatibilidad legal para el ejercicio del cargo por parte de la actual Presidenta Ejecutiva de la CCSS. Ante esta situación, se visualizan únicamente dos salidas que podrían corregir dicha condición:
1. Que la señora Mónica Taylor Hernández proceda a renunciar de manera definitiva a su plaza en propiedad en el Ministerio de Hacienda, con lo cual se eliminaría la restricción legal que actualmente le impide integrar la Junta Directiva de la institución.
2. En su defecto, que presente su renuncia al cargo de Presidenta Ejecutiva de la CCSS, en resguardo del orden jurídico y del principio de legalidad que debe regir el accionar institucional
Ecologistas de Costa Rica llevan a Juicio a Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste
· Los ecologistas señalan que Costa Rica es parte del centro de origen de algodón, y que liberar algodones transgénicos representa un riesgo para la biodiversidad del país.
· Acusan al Servicio del Estado de tener una actitud laxa, complaciente y permisiva con las transnacionales que siembran transgénicos en Costa Rica.
Este jueves 05 y viernes 06 de junio, en el Tribunal Contencioso Administrativo, da inicio la recta final de 10 años de un proceso contencioso administrativo, en el cual ecologistas de Costa Rica llevan a Juicio a la empresa transnacional Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste.
La demanda es liderada por las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica. Los académicos en ciencias agrícolas Fabián Pacheco y Jaime García serán los testigos principales por parte del movimiento ecologista costarricense. Años atrás ellos eran los representantes ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) en la evaluación de riesgos realizada para proceder a autorizar o denegar la siembra de organismos transgénicos en Costa Rica.
En este caso específico se plantea que la liberación del algodón transgénico apilado se realizó sin poder analizar información faltante, así como información adicional que el Doctor en Ciencias Agrícolas, Jaime García, y el Máster en Agrobiología Ambiental, Fabián Pacheco, solicitaron en calidad de integrantes de la CTNBio.
“Comparecemos en representación y como testigos de las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica, para solicitar la anulación de la autorización de liberación al ambiente del algodón transgénico COT102, en calidad de evento apilado, por haber sido emitida en violación flagrante del Principio Precautorio, el marco de bioseguridad vigente, violentando el Protocolo de Cartagena del cual Costa Rica es firmante, así como el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan profundamente nuestra biodiversidad”, indicó Jaime García.
Por su parte Fabián Pacheco indicó: “Este no es un caso técnico o burocrático. Este es un caso que pone a prueba si Costa Rica cumple con su deber constitucional de proteger un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Lo que aquí ocurrió fue una aprobación exprés, opaca, carente de estudios realizados en condiciones agroecológicas iguales o similares al área de liberación, así como de otro tipo de información relevante que fue solicitada formalmente.”
Para los ecologistas, es claro y evidente que dichas solicitudes de información fueron ignoradas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, en complacencia de los negocios con organismos transgénicos de las transnacionales.
“Se autorizó la liberación de un algodón modificado genéticamente (transgénico) apilado sin demostrar científicamente que no implica riesgos para la biodiversidad, o los ecosistemas locales. Esto esto es aún más grave si recordamos que Costa Rica ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que exige expresamente que ante la falta de certeza científica, se aplique el Principio de Precaución. Este tratado internacional es vinculante, y debe prevalecer sobre cualquier resolución administrativa.” Aseveró Pacheco.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente este 5 de junio, las y los ecologistas señalan que celebran este día en pie de lucha esperando muy positivamente que sea demostrado que en Costa Rica el Estado Social de Derecho funciona y protege al ambiente y a sus pobladores. Es un buen día para estar pidiendo justicia para con la naturaleza que nosotros seguiremos defendiendo para esta y las futuras generaciones.
Defensa del acceso al agua potable y exigencia de transparencia en el uso de fondos públicos
San José, 4 de junio de 2025
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su seccional en AyA, manifestamos nuestra satisfacción ante la decisión de la Sala Constitucional (Expediente 25-015818-0007-CO) de suspender de forma cautelar el corte del servicio de agua potable en el cantón de Paraíso, Cartago, ordenado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Esta medida representa un importante paso en la protección del derecho fundamental de la ciudadanía al acceso al agua potable, un derecho reconocido por nuestra Constitución Política y respaldado por la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional.
Reconocemos que la resolución responde al clamor de más de 4.200 personas, comercios, centros educativos y de salud, cuya vida cotidiana se habría visto gravemente afectada por esta suspensión.
Como organización sindical comprometida con la justicia social y la defensa de los servicios públicos, nos preocupa profundamente la gestión administrativa y financiera detrás de esta crisis. En particular, cuestionamos:
- ¿Por qué no se abordó con oportunidad la deuda de más de ₡3.400 millones que, según el AyA, mantiene la Municipalidad de Paraíso desde 1997?
- ¿Qué gestiones puntuales ha realizado la Administración del Presidente Ejecutivo Juan Manuel Quesada?
- ¿Por qué se busca ejecutar ahora un cobro urgente, a través de una medida extrema que pone en riesgo derechos humanos esenciales? Si el mismo presidente ejecutivo en uno de sus discursos reconoció que los abonados realizaron sus pagos.
Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes, tanto del AyA como de la Municipalidad, que informen de manera clara y transparente sobre el destino real de los fondos recaudados.
La ciudadanía y el personal institucional, tienen derecho a saber si estos también recursos que pretende cobrar AyA, serán utilizados para:
• Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos.
• Invertir en infraestructura hídrica que solvente la escasez de agua en los barrios más afectados.
• Renovar instalaciones públicas en condiciones precarias.O si, por el contrario, se destinarán a gastos suntuarios y no prioritarios, como vehículos, remodelaciones innecesarias o campañas publicitarias asociadas a fines electorales.
Desde ANEP exigimos la rendición de cuentas, la auditoría de los fondos recaudados y una planificación institucional que priorice el bienestar común.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los servicios públicos, el respeto a los derechos laborales y el acceso equitativo a recursos vitales como el agua. Seguiremos vigilantes ante cualquier acción que comprometa estos principios fundamentales.
