Esta sesión, estuvo marcada por la presencia del Padre, Luis Alejandro Rojas Alvarado, quien brindo un mensaje a la nueva Junta Directiva Nacional y personal de la ANEP presentes en la sesión. Además, de brindar su bendición para este nuevo periodo.
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Posición de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración ante el proyecto de ley de modificación presupuestaria 2025
La Seccional ANEP en la Policía Profesional de Migración (PPM) manifiesta su profunda preocupación por el impacto que el Proyecto de Ley de la Segunda Modificación Legislativa a la Ley N.° 10.620 (Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2025), tendrá sobre nuestra institución.
En dicho proyecto se establece una rebaja de ₡147.350.000 al Programa 055-00 Migración y Extranjería, principalmente en subpartidas relacionadas con insumos y materiales administrativos. Estos recursos serán redirigidos al financiamiento de la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).
Si bien la justificación técnica del recorte señala la existencia de inventarios suficientes (cintas DIMEX y libretas de pasaporte), este ajuste no toma en cuenta las verdaderas necesidades estructurales de la Policía Profesional de Migración, entre ellas:
• Falta crónica de personal policial y administrativo, lo cual limita gravemente la capacidad operativa en puestos fronterizos, aeropuertos y centros de atención migratoria.
• Carencia de recursos tecnológicos y logísticos que permitan cumplir de forma eficiente y segura las competencias asignadas por ley.
• Ausencia de creación de nuevas plazas para la PPM, a pesar de que el mismo proyecto sí contempla la creación de puestos en otros ministerios (MOPT y MINAE).
Con esta decisión, se evidencia una política de desatención hacia la Policía Profesional de Migración, la cual sigue siendo utilizada como fuente de rebajos presupuestarios, en lugar de ser fortalecida para enfrentar los crecientes retos en materia de control migratorio, seguridad fronteriza y atención a la población extranjera.
La Seccional ANEP–PPM insta respetuosamente al Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública y a la Asamblea Legislativa a que reconozcan públicamente esta situación y tomen medidas concretas para:
1. Solicitar un presupuesto adicional para atender las necesidades urgentes de personal y recursos de la PPM.
2. Implementar un plan de reclutamiento, capacitación y dotación de equipo que permita cumplir con las funciones legales y operativas asignadas.
3 Garantizar que futuras modificaciones presupuestarias no debiliten aún más a Migración, sino que fortalezcan sus capacidades estratégicas.
La Policía Profesional de Migración cumple un rol fundamental en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional. Negarle recursos en un momento de tanta vulnerabilidad es una decisión que puede tener consecuencias graves para la seguridad del país.
Gerardo Mora Ordóñez, Presidente Seccional ANEP–PPM
Teléfono celular 8384-9686
ANEP y SITRAP cuestionan prácticas de empresas ante muerte de trabajadores al ser impactados por un rayo
El Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifestamos nuestra profunda consternación y solidaridad con las familias de los dos trabajadores fallecidos este 26 de agosto de 2025, en la plantación piñera denominada Agro Industrial Bananera del Caribe S.A., ubicada en Villafranca de Duacarí, Guácimo, Limón.
Según la información disponible, los compañeros perdieron la vida tras ser impactados por un rayo durante sus labores en el campo.
Estos hechos lamentables no son simples accidentes inevitables.
Denunciamos que muchas empresas del sector continúan priorizando la producción y las ganancias por encima de la salud y la vida de las personas trabajadoras. A pesar de que el Instituto Meteorológico Nacional advierte con anticipación sobre tormentas eléctricas, en las plantaciones persiste la práctica de mantener al personal en labores, incluso bajo la presencia de nubes de tronada, rayos, relámpagos y fuertes vientos.
Grave resulta además que existen testimonios de trabajadores que aseguran que sus jefaturas se molestan o presionan cuando intentan resguardarse ante estos fenómenos naturales, exponiéndolos innecesariamente a riesgos mortales.
SITRAP y ANEP exigimos a las compañías piñeras:
• Adoptar protocolos de prevención y seguridad inmediatos y efectivos ante alertas de tormenta eléctrica.
• Garantizar que ninguna persona trabajadora sea obligada o presionada a continuar labores en condiciones de riesgo.
• Asumir con responsabilidad empresarial la obligación legal y ética de proteger la vida y salud de sus trabajadores y trabajadoras.
Recordamos también que los supermercados y cadenas internacionales que compran esta fruta no pueden desentenderse de estos hechos. En el marco de las leyes de debida diligencia y responsabilidad social empresarial, deben investigar y exigir a sus proveedores el cumplimiento estricto de medidas de seguridad laboral.
No es aceptable que la vida de los trabajadores se sacrifique para sostener un modelo de exportación que privilegia únicamente la rentabilidad y el cumplimiento de estándares comerciales internacionales.
Una vez más, llamamos a las autoridades competentes, a las empresas del sector y a los compradores internacionales a garantizar condiciones de trabajo seguras. La vida de las personas trabajadoras no puede seguir siendo el precio oculto de la fruta de exportación.
SITRAP – ANEP
26 de agosto de 2025
Fallo del Tribunal Contencioso sobre adjudicación de EBAIS sacrifica la salud pública
–ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes
La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la medida cautelar solicitada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos Y privados (ANEP) contra la adjudicación de 138 EBAIS a cooperativas y una asociación privada es jurídicamente débil y socialmente peligrosa.
El propio Tribunal reconoce que existen indicios serios de irregularidades y sobreprecios millonarios en la contratación, pero inexplicablemente se refugia en formalismos para permitir la ejecución de un contrato que compromete más de ¢170.000 millones.
Con esta decisión, se ignora el carácter preventivo de la justicia cautelar, se debilita la protección del derecho fundamental a la salud y se prioriza la continuidad de contratos cuestionados sobre el interés público. El fallo, en lugar de resguardar la hacienda pública y la confianza ciudadana en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), abre la puerta a la consolidación de un modelo de tercerización opaco y gravoso.
La ciudadanía merece instituciones que actúen con firmeza para proteger sus derechos y los recursos de la seguridad social, no resoluciones que los dejen en riesgo. Por lo que la ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes.
Esta sentencia que rechaza la medida cautelar interpuesta por la ANEP evidencia falencias graves en la aplicación de los principios de justicia cautelar.
1.Contradicción central: el Tribunal admite la existencia de apariencia de buen derecho, es decir, que la demanda no es temeraria y existen indicios razonables de nulidad y sobreprecios. Sin embargo, niega la medida por falta de “peligro en la demora”. Esta lógica vacía de contenido el requisito del fumus boni iuris y convierte la eventual sentencia de nulidad en letra muerta, pues los efectos del contrato ya estarán consumados.
2.Formalismo excesivo: exigir a la ANEP pruebas actuariales o estadísticas completas en esta etapa cautelar desnaturaliza la función preventiva de la medida, que opera bajo un estándar de verosimilitud, no de certeza.
3.Omisión del principio pro homine: el fallo pasa por alto que el derecho a la salud y a la seguridad social obligan a la judicatura a adoptar medidas protectoras en caso de duda. El riesgo de afectar la atención médica de miles de usuarios no puede relativizarse en nombre de la continuidad administrativa.
4.Ponderación sesgada: el Tribunal da por hecho que suspender la adjudicación causaría más daño que mantenerla, sin demostrarlo ni valorar alternativas. Se sacrifica la transparencia y el control de legalidad bajo el pretexto de proteger la continuidad de un servicio que, en todo caso, la CCSS tiene el deber constitucional de garantizar.
En suma, la resolución evidencia un sesgo de complacencia hacia la contratación cuestionada, protege la inercia contractual sobre los derechos fundamentales y erosiona la confianza ciudadana en la tutela judicial efectiva. La justicia cautelar debía actuar para prevenir daños irreparables a la salud y a la hacienda pública; el Tribunal, lamentablemente, optó, por lo contrario.
Administración Chaves: ¿ingenuos en seguridad, o pro Delincuencia?
Por: Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de la ANEP-Criminólogo
De los autores de: “se matan entre ellos”; se estrena la obra maestra: “la crisis en seguridad pública no es tan grande”. Disculpe ilustre lector-lectora si la introducción le parece algo folclórica, pero lamentablemente esta mala comedia oscura responde a la realidad de las expresiones del presidente.
En un primer momento podría entenderse que esté pesimamente asesorado y no supiera de la cantidad de víctimas colaterales, incluso niños, niñas y adolescentes, inocentes, que se han visto atrapados en la ola de violencia que tiñe de sangre nuestras calles. Pero, luego de que le han estrellado en la cara las estadísticas, con un récord por partida doble (y este año será triple) de homicidios, justo en el tiempo de su mandato, las cifras de delitos contra la propiedad, femicidios y violencia intrafamiliar, no existe justificación alguna que alcance para la falta de respeto que significa su aberrante aseveración.
¿Falta de respeto? Por supuesto, a menos que Chaves viva en una realidad alterna donde no hay delincuencia, su intento por minimizar el fenómeno de la violencia que nos golpea más fuerte que nunca es funesto. Irrespeta el dolor de las más de 2500 familias (de los últimos tres años) que han perdido sus seres queridos en la batalla a cielo abierto que libran las agrupaciones criminales. Irrespeta el temor que siente la sociedad costarricense que ha pasado por la terrible experiencia de estar cerca de una balacera, a plena luz del día en medio de la ciudad. Irrespeta el pánico de quienes han debido esconderse bajo sus camas al escuchar detonaciones frente a sus casas de habitación.
Chaves irrespeta la caída en el cumplimiento del deber de policías de Tránsito, de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial, al decir que la situación no es tan grave. ¡DIGALE A LAS FAMILIAS DE ESTAS VALIENTES PERSONAS QUE SU DOLOR ES UNA EXAGERACIÓN! (Lo siento, me exalté).
Pero es que más allá del irrespeto cometido al querer minimizar lo evidente, de seguro el presidente cree firmemente que el pueblo carece de información, e inteligencia, y por eso busca engañarnos con sus frases vacías de criterio técnico y realidad.
Antes de continuar, demos un rápido repaso por algunas (si, solo algunas) de las decisiones del Poder Ejecutivo, que se han ganado una mención honorífica en lo relacionado a Seguridad Ciudadana:
1) Quitar a la Policía de Control de Drogas de muelles, aeropuertos y fronteras (lugares estratégicos por donde ingresa y sale la droga del país).
2) Sacar a Guardacostas de Bahía Drake y Sixaola (puntos de mayor ingreso de la droga que viene del cono sur).
3) Negarse a transferir al Organismo de Investigación Judicial recursos económicos para fortalecer las investigaciones. (Debilitar a la Policía Judicial, no requiere mayor explicación).
4) Uso de la Policía Aeroportuaria en funciones diferentes, lo que debilita la vigilancia de aeropuertos. (Distraer recurso policial especializado).
5) Oposición al proyecto de ley de ampliación de horario para allanamientos. (Sin palabras). Un bonus: También se opuso a la pensión anticipada, tanto de OIJ, como del resto de Policías.
Recordemos que ninguna de estas decisiones obedece a criterios técnicos o estudios científicos. ANEP ha pedido los mismos y se nos respondió con el envío de un Manual de Puestos; correcto, don Mario Zamora parece no saber la diferencia entre un Manual Descriptivo de Puestos y estudios técnico-científicos.
Cualquier persona que tenga medio gramo de conocimiento en materia de Seguridad Ciudadana identifica todas estas acciones como incidencias que facilitan el accionar del crimen organizado. Asì lo han manifestado una importante cantidad de personas expertas en seguridad, policías, analistas criminales, exjerarcas de diferentes niveles y hasta el mismo extraditable en una entrevista reciente. Aun así, Chaves no solo se ha apegado a esta línea de acción, también mantiene en el cargo al Ministro de Seguridad y al Viceministro de Seguridad (que carga en sus espaldas sendos cuestionamientos por aparentes nexos con el crimen organizado, cabe destacar); sino que, hasta aplaude de labor exaltando un trabajo de cooperación internacional (que, por cierto, funciona desde hace casi tres décadas).
Los logros en materia de Seguridad Ciudadana para Chaves y su Gobierno son nulos, mientras que el crimen organizado ha avanzado con los pasos más grandes de la historia, en buena medida, gracias a las geniales decisiones (sarcasmo) de esta Administración.
Y aun así tienen el descaro de enfadarse cuando se les cuestiona por tener nexos con la narco-actividad.
En el mejor de los casos, este camino, lleno de desaciertos, obedece a una tozudez reforzada por la vanidad política de las altas esferas del ejecutivo, que se conjuga con una gigante ignorancia en lo relacionado a Seguridad Ciudadana. La otra alternativa es que estamos presenciando el cumplimiento de disposiciones enfocadas a favorecer al narco.
¡COSTA RICA, ABRAMOS LOS OJOS Y POR NADA DEL MUNDO PERMITAMOS QUE LA DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO NOS ROBE EL PAÍS
ANEP, 21 de agosto 2025.
Proyectos estratégicos bajo la sombra de la opacidad en el ICE
En un Estado Social y Democrático de Derecho, toda actuación de la Administración Pública debe regirse por el principio de legalidad, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que obliga a los funcionarios a actuar conforme a la ley y únicamente dentro de las competencias expresamente atribuidas. A ello se suman los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad de trato y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
No obstante, recientes acontecimientos vinculados con proyectos estratégicos en el sector de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han encendido las alarmas por aparentes violaciones a dichos principios, mostrando un preocupante patrón de improvisación, falta de claridad técnica y debilidad en los procesos de planificación y contratación.
El primer ejemplo es el despliegue de la red 5G, un proyecto que debería posicionar al país en la vanguardia tecnológica. Sin embargo, lo que se observa es una gestión fragmentada, marcada por indefiniciones, retrasos y discursos ambiguos que generan dudas sobre la neutralidad tecnológica y la objetividad de quienes dirigen este proceso. El incumplimiento del principio de transparencia y la ausencia de información clara sobre los plazos y mecanismos de implementación generan inseguridad jurídica tanto en los usuarios como en eventuales oferentes.
En segundo término, el proyecto denominado “Adquisición de bienes y servicios para la actualización de la red de transporte IP marca Cisco” despierta serias inquietudes sobre la pertinencia de sus lineamientos técnicos y la correcta aplicación del régimen de contratación administrativa. La reiterada selección de una marca específica sin que medien justificaciones sólidas abre la puerta a cuestionamientos sobre la violación del principio de igualdad de oportunidades para todos los potenciales oferentes, limitando la libre participación en los concursos públicos.
Finalmente, la más reciente problemática se dio con los enlaces internacionales, situación que evidenció la fragilidad de la operación y la falta de previsión de la administración superior. Aquí surgen serios cuestionamientos que demandan respuesta inmediata:
¿Dónde se encuentra la contratación que avala la entrada en funcionamiento de los nuevos enlaces?
¿Qué procedimiento administrativo y bajo cuál modalidad de contratación se realizó dicha adquisición?
¿Constituye esta denominada “capacidad transitoria” una maniobra para condicionar el mercado y orientar posteriormente una licitación pública a favor de un determinado proveedor?
Estas interrogantes no son simples especulaciones, al contrario, apuntan directamente al cumplimiento de la normativa de Contratación Pública, que obliga a la administración a velar por la transparencia, la concurrencia y la selección objetiva. De confirmarse que la actual administración incurrió en un condicionamiento artificial de futuros concursos, se podría estar ante un escenario de una posible nulidad absoluta de los actos administrativos involucrados, con las consecuencias patrimoniales y de responsabilidad personal que ello implica, según lo establece la Ley General de Administración Pública.
La ciudadanía, los usuarios y los propios trabajadores del ICE merecen claridad y garantías de que los recursos públicos no están siendo administrados bajo esquemas de conveniencia o de interés particular. El principio de eficiencia obliga a que las adquisiciones respondan a necesidades reales, debidamente planificadas y con la mejor relación costo-beneficio. Sin embargo, lo que hoy se observa es lo contrario; proyectos estratégicos empañados por falta de transparencia, improvisación y decisiones adoptadas al margen de los principios rectores del ordenamiento jurídico costarricense.
Por todo lo anterior, se hace un llamado urgente a la Contraloría General de la República, como órgano de control superior de la Hacienda Pública, para que, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, abra de oficio los procedimientos de fiscalización e investigación que correspondan. Resulta imprescindible determinar si las intenciones de compra y los proyectos aquí señalados han cumplido con los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y libre concurrencia, o si, por el contrario, se han materializado prácticas que comprometan la responsabilidad administrativa, civil o incluso penal de quienes han tomado las decisiones.
El ICE, institución histórica del desarrollo nacional, no puede continuar en un rumbo de improvisación y opacidad. El país requiere respuestas claras, inmediatas y verificables.
★ SOMOS ANEP, SOMOS USTED ★
Dirección Jurídica de AyA confirma denuncias de ANEP sobre inviabilidad de reorganización en la institución
-Para nuestra organización esta propuesta obedeció a un show político presidido por Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo y apoyado por Alejandra Mora, Gerente General
El criterio PRE-J-2025-03057 de la Dirección Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), respalda plenamente las advertencias que la ANEP, y su seccional ANEP-AyA han expuesto ante la opinión pública, Asamblea Legislativa y otras instancias, sobre la propuesta de reorganización institucional parcial presentada en el Estudio Técnico de Julio 2025.
Ambos pronunciamientos coinciden en que la reorganización carece de sustento legal, técnico y operativo, y que su ejecución en el estado actual pondría en riesgo la estabilidad institucional, el servicio público y la seguridad jurídica, tal y como ha venido advirtiendo la seccional ANEP-AyA
Confirmaciones clave de los informes de Dirección Jurídica
La Dirección Jurídica del AyA concluye que el acuerdo de Junta Directiva 2025-200, mediante el cual se aprobó la reestructuración institucional, adolece de nulidad absoluta, evidente y manifiesta por incumplir requisitos esenciales para la validez de un acto administrativo, según la Ley General de la Administración Pública y la doctrina administrativa.
Dentro de las conclusiones de la Dirección Jurídica se encuentran:
1.Deficiencias en la motivación y justificación
• El acuerdo carece de información técnica mínima necesaria (estudios, informes y análisis) para fundamentar el organigrama aprobado.
• La motivación se limita a citar normas procedimentales, sin desarrollar contenido, motivo y fin del acto administrativo.
• Esta omisión genera vicio por exceso de poder, afectando la proporcionalidad y el interés público.
2. Violaciones a normativa general vinculante
La propuesta elimina, rebaja de jerarquía o modifica de forma indebida dependencias cuya existencia y ubicación están protegidas por leyes y reglamentos:
• Dirección de Igualdad de Género e Interculturalidad → desaparece y se diluye en Capital Humano, lo que implica retroceso en materia de derechos humanos y compromisos internacionales.
• Contraloría de Servicios → cambio de nombre y funciones que genera confusión y contradice la Ley N.° 9158.
• Oficina de Cooperación Internacional → desintegrada, contraviniendo el Reglamento del Art. 11 de la Ley de Planificación Nacional.
• Oficina de Control Interno → no se ubica a nivel de jerarca, incumpliendo la Ley General de Control Interno.
• Laboratorio Nacional de Aguas → rebajado a nivel operativo, pese a su rol de rector nacional en calidad del agua.
• Dirección de Planificación Estratégica → trasladada de Presidencia Ejecutiva a Gerencia General, en contravención a la Ley de Planificación Nacional.
3. Debilitamiento de la Dirección Jurídica
• La propuesta desintegra áreas especializadas, elimina el principio de uniformidad de criterio legal y crea duplicidades e inseguridad jurídica.
• No se presenta evidencia técnica que justifique el cambio ni que demuestre deficiencias actuales.
• Se pone en riesgo la independencia de control de legalidad, por ejemplo, subordinando áreas legales a las mismas dependencias que deben fiscalizar (caso de Proveeduría y Contratación Administrativa).
Posición de ANEP
La ANEP reitera que la reorganización institucional planteada es inviable y perjudicial, y que representa un uso político y antitécnico de la gestión institucional.
Ante este escenario se solicita a las máximas autoridades de la institución:
• Suspender de inmediato su ejecución.
• Transparentar todos los gastos asociados a este proceso y la rendición de cuentas para los Jerarcas que estuvieron detrás de este proceso fallido.
• Iniciar un rediseño real y participativo, con respaldo técnico, legal y financiero, en beneficio de la institución y del servicio público.
EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO, SU GESTION DEBE MANTENERSE PUBLICA TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.
Sindicatos piden a Ministro del MOPT destitución del Director de la Policía de Tránsito
Un mensaje en conjunto fue entregado, el dia de ayer, por todos los sindicatos en la Policia de Tránsito a Efraím Zeledón Leiva, ministro de Obras Públicas y Transportes, en el que se le da un plazo de ocho días para la destitución del actual director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Viquez. Para la seccional de ANEP es impostergable y no negociable el plazo, pues cada día el problema se agrava.
Esto debido a que su permanencia en el cargo va contraria a la paz laboral dentro de la institución. En especial, por las políticas arbitrarias, la mala planificación y gestión que ha generado un pésimo ambiente en este cuerpo policial.
A raíz de la situaciones que se han generado con Miranda Viquez, muchos oficiales han renunciado, generando un debilitamiento que se refleja en el servicio que se le da a la población.
Para la seccional de la ANEP es fundamental que la persona que dirige este cuerpo policial cumpla con los requisitos de ley y que genere acciones en beneficio de la población trabajadora y que esto se refleje en en el accionar operativo.
La seccional hace un llamado tanto a las personas afiliadas como a las que no son agremiadas a nuestros sindicatos a seguir manifestando su rechazo a las acciones y a la dirección de Oswaldo Miranda Viquez.
Los sindicatos acordaron que en caso de mantener en el puesto a Oswaldo Miranda Viquez, se tomarán otras medidas.
Declaraciones de Lizeth Quesada, Presidenta Seccional ANEP-Policía de Tránsito
Discrecionalidad, omisiones y doble discurso en Telecomunicaciones del ICE
En toda institución pública que se rija por el principio de legalidad, la aplicación del ordenamiento jurídico y las políticas internas debería ser uniforme, objetiva y ajena a favoritismos. Sin embargo, en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la realidad reciente deja entrever que la vara con la que se mide la conducta de sus funcionarios no siempre es la misma, lo que erosiona la confianza ciudadana y el sentido de equidad que debe imperar en la administración pública.
Mientras a algunos funcionarios se les pretendía iniciar un proceso de investigación por su asistencia a un evento de Huawei, trascendió que la actual gerente de telecomunicaciones, Leda Acevedo Zúñiga, fue designada en el cargo a pesar de haber participado en la mencionada actividad, tal como lo reveló Semanario Universidad. El contraste es evidente y plantea una pregunta incómoda, ¿por qué para unos la participación en un evento de un proveedor es causal de cuestionamiento disciplinario y para otros no sólo pasa inadvertida, sino que incluso, posterior a ello, se le “premia” con un nombramiento de alto mando.
Este patrón de “aplicación selectiva” de las normas se refleja también en otros frentes. *Hay voces que, con razón, exigen neutralidad tecnológica* y evitan la dependencia de un solo proveedor para la implementación de la red 5G. Sin embargo, *esas mismas voces guardan un silencio conveniente cuando se trata de la creciente dependencia tecnológica en la red de transporte IP a favor de la marca Cisco, algo huele muy feo.* Esta dependencia quedó plasmada en la intención de compra publicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) bajo el rótulo “Adquisición de bienes y servicios para la actualización de la red de transporte IP marca Cisco”, una situación que ya había sido advertida por nuestra organización sindical, pero que no ha motivado el mismo clamor público ni exigencias de transparencia en algunos que hace unos meses se rasgaban las vestiduras.
A lo anterior se suma una preocupación adicional, la reciente implementación de enlaces internacionales bajo la figura de “capacidad transitoria”, sin que el proceso se encuentre documentado en el SICOP. Esta maniobra podría abrir la puerta a una compra directa hacia finales de año, eludiendo así los principios de publicidad y libre concurrencia que exige la contratación administrativa. Más grave aún, estos enlaces han estado vinculados a fallos recientes reportados por los clientes, lo que no sólo plantea dudas de carácter administrativo y financiero, sino también operativas.
Estas situaciones no pueden desligarse de un problema estructural más profundo, la falta de idoneidad de varios mandos medios y de la propia administración superior en puestos estratégicos. Se han asignado responsabilidades críticas a personas cuya experiencia y capacidades técnicas no se alinean con las necesidades reales del sector de telecomunicaciones del ICE, lo que deriva en decisiones desacertadas, omisiones graves y una gestión incapaz de anticipar riesgos o reaccionar con eficacia ante crisis. Cuando se privilegia la cercanía política o personal por encima de la competencia técnica, la consecuencia directa es el deterioro de los servicios, el aumento de la dependencia tecnológica y la pérdida de competitividad.
En un escenario así, resulta legítimo y necesario exigir a la administración superior una explicación clara y documentada sobre cada uno de estos puntos. El ICE, como institución pública, no puede permitirse criterios discrecionales para aplicar sanciones, aprobar compras o justificar dependencias tecnológicas según convenga a determinados intereses internos, como pareciera está ocurriendo.
El principio de igualdad ante la Ley y la transparencia en la gestión pública no son eslóganes opcionales, son mandatos constitucionales.
Cuando la dirección de una empresa estatal se percibe selectiva en la aplicación de las reglas y complaciente en la designación de puestos clave, el daño trasciende lo interno y mina la credibilidad institucional ante la ciudadanía y el mercado.
Hoy, más que nunca, el ICE necesita coherencia y esa coherencia empieza por *aplicar las mismas reglas para todos y todas* y por garantizar que los puestos estratégicos estén ocupados por personas idóneas y competentes. Sin excepciones, sin silencios convenientes y sin balanzas torcidas.
*★ SOMOS ANEP, SOMOS USTED ★*
