De forma unánime, según; así las representaciones seccionales presentes en asamblea, fue electa la nueva Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para el período gubernativo del 1 agosto 2025 al 31 de julio 2029.
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ANEP ha advertido desde hace años el debilitamiento de la seguridad ciudadana
Ministerio de Salud confirma incumplimiento de orden sanitaria en la Dirección de Maquinaria y Equipo del AyA
-ANEP exige destitución de funcionaria y apertura de investigación contra jerarcas del instituto
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), informan a la opinión pública que, mediante el oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0380-2025, el Ministerio de Salud ha confirmado el incumplimiento de la orden sanitaria girada a la Dirección de Maquinaria y Equipo del AyA, ubicada en las instalaciones de la Dirección de Servicios de Apoyo, en Pavas.
Dicho documento oficial, emitido este 17 de julio, establece:
• Que los trabajos ordenados no han sido concluidos y persisten condiciones físico-sanitarias inadecuadas.
• Que el acto administrativo no ha sido cumplido completamente.
• Que se ha procedido con el cobro de multa a la institución y la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia a la autoridad sanitaria.
Este grave señalamiento confirma lo denunciado durante meses por la ANEP: condiciones insalubres, omisión administrativa, y desprotección total de la salud de los trabajadores en dicha unidad operativa.
Frente a la confirmación oficial del incumplimiento, ANEP exige lo siguiente:
- Apertura inmediata de procedimiento disciplinario contra la señora Jéssica Brizuela, directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, por presunta negligencia, incumplimiento de deberes y desobediencia a las autoridades competentes.
2. Destitución inmediata de la señora Brizuela, por parte de la Junta Directiva del AyA, por su responsabilidad directa en estos hechos y su reiterada indiferencia ante las condiciones laborales del personal a su cargo.
3. Apertura de procedimiento de investigación contra la Gerente General, Alejandra Mora Segura, por omisiones graves en su obligación de supervisión y cumplimiento de la legalidad institucional. Su pasividad ante las advertencias de la ANEP y las resoluciones del Ministerio de Salud resulta inaceptable.
4. Determinación de responsabilidad política e institucional del señor Juan Manuel Quesada, Presidente Ejecutivo del AyA, por su deber de control y coordinación institucional. Su inacción ante esta problemática estructural compromete la integridad del servicio público, y su responsabilidad no puede ser ignorada.
Estos hechos constituyen no solo una grave violación a los derechos laborales, sino una amenaza directa a la salud pública, la legalidad institucional y la seguridad de las personas trabajadoras.
La ANEP reafirma su compromiso con la defensa del personal del AyA y exige la adopción inmediata de medidas correctivas, rendición de cuentas de los jerarcas responsables y respeto absoluto por la institucionalidad sanitaria y laboral.
¡NO MÁS IMPUNIDAD NI ABANDONO EN EL AYA!
¡POR LA SALUD, LA DIGNIDAD Y LA LEGALIDAD!
ANEP denuncia posible tráfico de influencias en el AyA para beneficiar a miembro de Junta Directiva
San José, Costa Rica 10 de julio 2025
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente un posible caso de tráfico de influencias y trato preferencial en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que involucra directamente a la vicepresidenta de la Junta Directiva de la institución, Elizabeth Fallas Monge, y al presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada.
Según consta en el acta oficial de la sesión de Junta Directiva N.° 14 del 25 de febrero del 2025, la señora Fallas reconoció haber gestionado directamente con el presidente ejecutivo la instalación de un medidor de agua para su propiedad, luego de que la atención regular le fue programada para el tercer trimestre del año. Posterior a dicha llamada, la orden de instalación fue emitida el 17 de diciembre de 2024 y el servicio se concretó en febrero de este año, es decir, varios meses antes de lo que se les comunica comúnmente a los usuarios.
Lo más grave del caso es que, en la misma sesión en que presidía la Junta Directiva, la señora Fallas criticó públicamente los rezagos institucionales para la instalación de medidores, sin revelar que ella ya había sido favorecida por una gestión irregular fuera del procedimiento técnico establecido.
Ante estos hechos, la ANEP ha remitido un oficio formal al Consejo de Gobierno, solicitando que:
1. Se investigue el uso del cargo por parte de Elizabeth Fallas Monge para obtener un beneficio personal.
2. Se determine la responsabilidad política y administrativa del presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada, por haber presuntamente intervenido para alterar el orden institucional de atención a favor de una alta jerarca.
3. Se valore si procede la remoción de ambas personas de sus respectivos cargos.
4. Se garantice a la ciudadanía transparencia, igualdad de trato y acceso equitativo al servicio público de agua potable.
Desde la ANEP, reiteramos que actos como este quiebran la confianza en las instituciones públicas y refuerzan la percepción de privilegios para las cúpulas políticas, mientras el pueblo enfrenta largas esperas y rezagos en el acceso a un servicio tan esencial como el agua.
Ningún jerarca debe estar por encima de la ley ni del procedimiento técnico institucional. Exigimos rendición de cuentas inmediata.
¡Basta de privilegios! ¡Basta de tráfico de influencias!
ANEP alerta sobre crítica situación financiera: AyA presenta una pérdida neta de ¢5.253 millones en solo tres meses
– Así lo refleja el informe oficial al 31 de marzo de 2025
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su seccional en AyA, manifiestan su profunda preocupación ante los hallazgos contenidos en el Informe Detallado de la Situación Financiera del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), correspondiente al primer trimestre del año 2025.
Dicho informe revela una serie de deficiencias estructurales, financieras y de gestión institucional que comprometen la estabilidad económica del AyA, así como su capacidad de garantizar un servicio público esencial, como lo es el abastecimiento de agua potable y saneamiento, en condiciones de calidad, continuidad y sostenibilidad.
Principales alertas del informe:
- Pérdida neta millonaria:
El AyA presenta una pérdida neta de ¢5.253 millones en solo tres meses, lo que representa un crecimiento del déficit financiero del 1.338% respecto al mismo periodo del año anterior.
2. Deterioro de la sostenibilidad financiera:
El Índice de Sostenibilidad cayó de 67 a 58 puntos, pasando de una calificación “regular” a “deficiente”, reflejando una institución financieramente vulnerable.
3. Gasto desbordado en servicios contratados y publicidad:
El rubro de servicios contratados y publicidad aumentó sin evidencia de mejora operativa ni contención del gasto.
4. Caída en los ingresos financieros:
La prohibición de invertir en títulos valores (Ley 10495) generó una pérdida directa de ¢2.912 millones, afectando la liquidez.
5. Mayores niveles de endeudamiento:
El pasivo institucional aumentó en un 11,1%, elevando el apalancamiento externo a niveles preocupantes.
6. Errores comerciales y facturación:
Ajustes por errores en consumo, lecturas acumuladas y anulaciones superan los ¢3.700 millones, con pérdida directa de ingresos.
7. Tarifa de protección hídrica debilitada:
No se cobró en enero y febrero, y la nueva tarifa de marzo 2025 fue rebajada de ¢15 a ¢8 por m³.
Posibles riesgos que puede ver este sindicato si esta situación persiste:
De mantenerse las condiciones actuales sin acciones correctivas, el AyA enfrenta riesgos de:
• Colapso operativo y suspensión de servicios en zonas críticas por falta de recursos.
• Pérdida de credibilidad ante entes internacionales de financiamiento y la ciudadanía.
• Aumento inevitable de tarifas como mecanismo compensatorio.
• Despidos o congelamiento de plazas, afectando el empleo público.
• Eventual intervención estatal o fiscalizadora por incapacidad administrativa.
Además, de continuar este ritmo de pérdida trimestral, el AyA podría cerrar el 2025 con una pérdida acumulada superior a los ¢22.000 millones, un retroceso financiero comparable a una década completa de saneamiento institucional.
Responsables institucionales
La ANEP señala como principales responsables del desastre financiero actual a Juan Manuel Quesada Espinoza, Presidente Ejecutivo del AyA; Alejandra Mora Segura, Gerente General; María José Castillo León, Subgerente General y a Alejandro Calderón Acuña. Subgerente Gran Área Metropolitana.
Estas autoridades han demostrado una incapacidad sistemática para gestionar los recursos públicos, tomar decisiones estratégicas oportunas y rendir cuentas sobre los efectos de sus acciones, permitiendo que el deterioro institucional se profundice sin control y que peligrosamente pueda llevar a la privatización.
Desde la ANEP exigimos:
• Transparencia inmediata y rendición de cuentas por parte de las máximas autoridades del AyA, pero sobre todo la destitución de estos jerarcas que han demostrado falta de competencias.
• Auditoría independiente y exhaustiva de los contratos de servicios externos, gastos financieros y sistema de facturación.
• Revisión legal urgente de la aplicación de la Ley 10495 por su impacto negativo en la sostenibilidad institucional.
• Congelamiento del gasto discrecional, incluyendo consultorías, publicidad y viajes, etc. Ya que esta administración se ha caracterizado por el despilfarro de recursos.
• Reestructuración financiera responsable, que no se haga a costa del usuario ni de la clase trabajadora.
La ANEP reitera que no permitirá que la mala gestión de unos pocos arrastres al colapso a toda una institución fundamental para la salud y el bienestar de la población costarricense. Exigimos medidas concretas, responsables y urgentes del gobierno de la república.
¡BASTA YA DE IMPROVISACIÓN Y DE IRRESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN AYA!
San José, Costa Rica, 3 de julio de 2025
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Grave falla administrativa del AyA perjudica a miles de familias costarricenses
Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante el más reciente escándalo provocado por la irresponsable gestión de la actual administración del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), encabezada por su presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada y Alejandra Mora Segura.
Según reveló la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) —y fue publicado este lunes por La Nación—, el AyA cometió errores graves en la interpretación de las tarifas, lo cual generó cobros desproporcionados en los recibos de agua de más de 38.900 familias, sin justificación técnica ni respaldo legal.
Esta situación no es producto del azar ni de una confusión normativa, sino del resultado de una cadena de decisiones erradas, improvisadas y técnicamente deficientes, que reflejan una preocupante falta de competencia en la conducción institucional.
¿Qué está ocurriendo según indica la ARESEP?
El AyA aplicó tarifas de “gran consumidor” a clientes residenciales, distorsionando por completo el monto de los recibos.
No se trató de un aumento tarifario aprobado por Aresep, sino de un uso incorrecto del modelo tarifario vigente.
La Aresep ha sido clara: no hay vacíos legales y el error fue completamente atribuible a una interpretación equivocada por parte del AyA.
¿Quién responde por este daño?
Miles de personas fueron afectadas económica y emocionalmente. Sin embargo, la Presidencia Ejecutiva se escuda públicamente y pretende desviar la responsabilidad hacia la Aresep, cuando ha sido esta última quien tuvo que aclarar el error.
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¡No más censura! ¡No más silencio! ¡Defendemos nuestros derechos en las calles!
Desde la Seccional ANEP-Diversidad alzamos nuestra voz con firmeza, indignación y profunda preocupación ante la vergonzosa, arbitraria y discriminatoria decisión tomada por el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, a través de la Comisión de Eventos Públicos adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, mediante la cual se prohíbe el ingreso de personas menores de edad al acto de cierre de la Marcha del Orgullo LGBTIQA+ en la Plaza de la Democracia, el próximo 29 de junio de 2025.
Seccional ANEP-Policía de Control de Drogas insta a la DEA y autoridades judiciales investigar a actual y pasadas jerarquías de seguridad pública
Evidentemente, por ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, como es la ANEP, creemos firmemente en el debido proceso y en principios fundamentales como la presunción de inocencia. Por ello, no nos aventuramos a aseverar como ciertas las acusaciones por narcotráfico internacional que pesan sobre Celso Gamboa Sánchez.
No obstante, para las y los oficiales destacados en Cuerpos Policiales, ligados al ámbito de investigación del crimen organizado, la noticia no es ninguna sorpresa. Por cuanto, los cuestionamientos por estas supuestas relaciones con redes de crimen organizado datan de varios años atrás.
Aprovechando que la noticia captura las miradas del país, es necesario hacer hincapié en una serie de aspectos que, pensando en la seguridad ciudadana y el bien común, nos preocupan y venimos advirtiendo desde hace tiempo.
Debemos estar claros que la persona señalada de un delito tan grave como el tráfico internacional de drogas ocupó cargos del más alto perfil: director de la DIS, Fiscal Adjunto, Viceministro y Ministro de Seguridad Pública y Magistrado de Sala III (penal). Tuvo a su haber la más sensible información de la operatividad policial y la soberanía nacional. Figurarse que alguien con ese recorrido y vínculos políticos carezca de influencia o de redes operativas dentro del Estado sería, cuando menos, ingenuo.
Por eso, es angustiante conocer la existencia de supuestos audios en los que el implicado asegura que estaba garantizado el paso de la droga por las fronteras de nuestro país.
Hoy se avivan más que nunca los cuestionamientos que desde la Seccional ANEP-PCD, hemos venido haciendo desde setiembre del 2023, cuando se alertó a toda la población sobre la decisión sin asidero técnico-científico de los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, de retirar al personal de la PCD de muelles, aeropuertos y fronteras.
Jerarcas que aglutinan en su autoridad la operatividad policial del cielo (Vigilancia Aérea), Mar, (Guardacostas), Fronteras como aeropuertos y muelles, e investigación contra la narco-actividad (PCD); no deben tomar a la ligera los cuestionamientos de parte del personal policial que ejecuta en el campo las investigaciones, con años de experiencia. A menos que esté respondiendo a intereses distintos a los de la ciudadanía honesta.
“Será una facilitación para que las narco-estructuras ingresen y exporten la droga hacia y desde nuestro territorio”. Lo advertimos. Las investigaciones poco a poco nos dan la razón, lamentablemente. En concordancia, personas expertas en la materia insisten en que Costa Rica necesita ejercer un verdadero control territorial, especialmente en los puntos fronterizos.
Desde ANEP queremos recordar algunos de los cuestionamientos hechos a la Administración Chaves Robles, disponibles en este enlace:
Desde la Seccional ANEP-PCD, como policías que arriesgamos la vida a diario por el país, eximimos al Gobierno de la República, que demuestre con hechos que no está del lado de la delincuencia organizada.
Para empezar: que haga públicos los estudios técnicos y científicos que utilizó para retirar a la única policía investigativa contra el tráfico de sustancias psicotrópicas del Poder Ejecutivo de los puntos por donde entra y sale la droga; muelles, aeropuertos y fronteras.
De seguido, recordar que el Ministerio de Seguridad ha incumplido las promesas hechas por el presidente cuando nos visitó, luego de la primera conferencia de prensa en 2023, específicamente en los siguientes puntos:
-Modificación del reglamento de roles, atendiendo los criterios vinculantes de salud ocupacional (6×6).
- Dotación de recursos tecnológicos para optimizar las pesquisas de investigación.
- Dotar vehículos para utilizar en las investigaciones.
- Regreso del área informática destacada en PCD, para la atención y gestión, pronta y satisfactoria, de los conflictos con los sistemas informáticos.
Finalmente, hacemos un respetuoso, pero vehemente, llamado tanto a la propia DEA como al Poder Judicial, para que dirijan sus investigaciones hacia las jerarquías del Ministerio de Seguridad Pública, pasadas y actuales, especialmente a aquellas que han tomado decisiones que han afectado negativamente la lucha contra el crimen organizado.
SECCIONAL ANEP-PCD
27 junio, 2025.
Trabajadores del Colegio de Contadores Privados seguirán gozando de su arreglo directo
Trabajadores del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica podrán seguir gozando del acuerdo directo, firmado entre trabajadores y patrono, luego de que la Sala Constitucional declarara sin lugar una acción de inconstitucionalidad, presentada por el propio patrono, para eliminar derechos adquiridos en dicho acuerdo.
CCSS deberá pagar más de 1.1 millones de dólares anuales para mantener sistema ERP-SAP
Así se desprende del documento GG-PIMG-1282-2025, fechado el 24 de junio de 2025, enviado por la Dirección de Plan Innovación de la Caja Costarricense del Seguros Social, luego de la consulta realizada por nuestra organización, para conocer los costos económicos asociados a las licencias del sistema administrativo ERP-SAP, a nivel nacional, desde el inicio de su implementación hasta la finalización de los contratos vigentes. Así como los costos económicos correspondientes al mantenimiento del sistema informático.
Según se establece en el documento, la Caja Costarricense del Seguro Social, deberá pagar anualmente una suma de $1.155.000 para el mantenimiento, actualización y licencias de dicho programa.
A esto se suma que la institución ya ha pagado la suma de $1.624.904 en dos contratos adicionales a la licitación original de $52 millones para implementar el sistema ERP-SAP.
“ Finalmente, para dar continuidad a los servicios de actualización y soporte de las 12,071 licencias SAP S/4 HANA posterior al año 2025, se tramitó una nueva contratación mediante el SICOP, bajo el procedimiento 2025LY-000002-0001101161. De este procedimiento se derivó el Contrato N.º 0432025116100044-00, por un monto de $1,155,000.00 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil dólares con 00/100) anuales, el cual actualmente se encuentra en etapa de refrendo jurídico institucional. Este contrato tiene como objetivo cubrir los servicios de actualización y soporte correspondientes a los años 2026 y 2027, por un total de $2,310,000.00.”, indica el documento.
Por su parte, el Secretario General de la ANEP, cuestionó el monto millonario que deberá desembolsar la CCSS anualmente por estas licencias y actualización del sistema
“Las cifras que estamos conociendo del costo de ese proceso informático, del costo de las licencias y de lo que hay que pagar en los próximos años para que el sistema opere, es realmente escandaloso, es más, debería generarse ya una investigación de oficio del Ministerio Público”, declaro Vargas.
En el documento también se establece que, la CCSS, debió realizar una modificación del contrato inicial por un monto cercano al millón de dólares.
“Posteriormente, se realizó una modificación unilateral del contrato N° 2020-09, amparada en el artículo 208 de la Ley de Contratación Administrativa. Esta modificación dio origen a la Adenda N° 2, correspondiente al Entregable N.º 47, cuyo objeto fue la contratación de los servicios de actualización, soporte y mantenimiento de las licencias SAP S/4 HANA.”, se indica en el archivo.
Además agrega “El monto asociado a esta adenda es de $955,500.00 (novecientos cincuenta y cinco mil quinientos dólares estadounidenses), con una vigencia comprendida entre el 16 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2024.”
Pero este no sería el único desembolso realizado por la institución, luego de la implementación del sistema ERP-SAP, que habría costado la suma de 52 millones de dólares, ya que se debió gestionar una nueva contratación, esta vez por un monto cercano a los 670 mil dólares
“Como se desprende de lo anterior, la vigencia del soporte contratado mediante la Adenda N.°2 concluyó en noviembre de 2024. Por tal motivo, se gestionó una nueva contratación a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), bajo el procedimiento 2024XE-000002-0001101161, del cual se derivó el Contrato N.º 0432024116100272-00, por un monto de $669,404.24 (seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuatro dólares con veinticuatro centavos), con vigencia para todo el año 2025.
El pasado lunes 2 de junio, la ANEP, solicitó a la Auditoría Interna de la CCSS, abrir una investigación sobre la ejecución y desarrollo de este sistema, al considerar que se encuentra rodeado de una serie de irregularidades, entre estas un posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.
El 10 de junio la ANEP, también solicitó, al Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR), investigar una posible influencia indebida contra la hacienda pública por la implementación del sistema ERP en la CCSS.
ANEP plantea en la denuncia que los daños previstos abarcaban desde la suspensión de pagos de incapacidades y proveedores, hasta el deterioro de la cadena de abastecimiento de medicamentos e implementos médicos. Además, a la fecha, posiblemente ya existan datos que evidencian que el sistema no estaba preparado para su implementación, a pesar de que su costo ronda los 27 mil millones de colones del erario público, según declaraciones del propio director a cargo del proyecto y ahora se suman estos nuevos datos.
Este 24 de junio la Contraloría General de la República informó que ya ha dado tramite a la denuncia de la ANEP, la cual fue trasladada como insumo al Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social (BIS), con la finalidad de que sea considerado para la planificación de una acción de fiscalización, en el marco de las competencias de la Contraloría General.
Desde la ANEP, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente en la institución, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.
