Bajo el expediente número 23.490, se presentó el proyecto de ley, que busca dotar de protección en material laboral a los choferes de autobús, Con este proyecto se busca, que no se renueve la concesión a las empresas autobuseras que no respete los Derechos Laborales.
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Trabajadores del Gobierno Central podrán solicitar pago adeudado por reajuste salarial del 2019
La Caja Costarricense del Seguro Social anunció que procederá con el pago del Reajuste Salarial por costo de vida adeudado a todos sus trabajadores, en una lucha de la cual ANEP fue parte, y ahora en base a esta lucha nuestra organización velará y activará todo su conocimiento político-legal para que, con esos mismos fundamentos jurídicos, sea reconocido en todo el Gobierno Central.
ANEP denuncia penalmente aparente tortura contra detenidos en el Centro de Aprehensión de Migración en Heredia
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su defensa por el respeto de los Derechos Humanos, denunció penalmente varios hechos de aparente tortura que se estarían presentado contra personas extranjeras detenidas por condición migratoria irregular en el Centro de Aprehensión Región Central (CARC), ubicado en Los Lagos de Heredia.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Probidad del I Circuito Judicial de San José, el pasado 22 de noviembre, por delitos de acción pública en contra de varios oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), destacados en dicho centro de detención, principalmente contra dos oficiales de apellido Delgado y Santamaría.
Según los hechos por los cuales se presentó la denuncia, en este centro de aprehensión de migración hay dos grupos de oficiales de policía, el grupo de Santamaría y el grupo de Delgado, que en apariencia están utilizando la tortura, los golpes y la agresión psicológica para obtener información, así como mecanismo de castigo cuando consideran de forma arbitraria que los detenidos no se comportan de forma adecuada.
En fecha 16 de noviembre del 2022, “en la guardia nocturna del Centro de Aprensión de Migración, los oficiales del grupo de día de Kenneth Delgado, se quedaron después de la salida con el grupo de Esteban de la O y golpearon de manera brutal e injustificada a dos detenidos identificados como Nelson Romero y Moisés Diaz, porque uno de ellos tenía una batería del control remoto de la pantalla de patios, los patearon y golpearon fuertemente, posteriormente a uno lo arrastraron del cabello por todas las celdas hasta llevarlo a una celda denominada bocho, que es una celda muy pequeña, al otro lo golpearon tan fuerte que se defecó y se orinó, ésta situación no es la primera vez que sucede, ya que ocurre frecuentemente con otros detenidos, por ejemplo, con anterioridad a este evento, el grupo del oficial Delgado le dio una golpiza tan fuerte a un hombre de nacionalidad mexicana, que le ocasionaron sangrado en un oído.” indica la denuncia.
En otra ocasión reciente sin precisar fecha exacta la denuncia indica que, “accionaron con suma violencia contra un hombre de nacionalidad salvadoreña, los oficiales instigaron a dos nicaragüenses luego de abrirles la celda para que golpearan salvajemente al salvadoreño, la prueba de esto la consignaron en una bitácora de uno de los puestos, donde indicaron alevosa y falsamente “que por accidente” los nicaragüenses se salieron de la celda y golpearon al salvadoreño, lo cual es totalmente falaz comparado a lo verdaderamente ocurrido, Jorge Santa María es uno de los oficiales que provocan a los detenidos para luego vapulearlos de manera brutal e inmisericordia.”
También se detalla que, “Hace unas semanas hubo un incidente grave con un hombre de nacionalidad peruana, donde el oficial Santamaría provocó la ira del peruano y este por padecer de una enfermedad mental, utilizó un fierro del camarote para agredir gravemente a otro extranjero; por directriz superior, Santamaría no podía acercarse al peruano, debido a que el oficial de forma reiterada estuvo provocando a los aprendidos durante los días que estuvo a cargo de la supervisión.”
Según la información suministrada a la ANEP, la jefatura, aparentemente cohonesta y es cómplice de las actuaciones, encubriéndolas criminalmente, en especial las del oficial Santamaría quien “cuenta con múltiples antecedentes de agresiones contra los detenidos y aun así alega que no lo pueden tocar ni hacerle nada” ya que se ve respaldado por la jefatura.
La denuncia también hace referencia a que hace unas semanas sin precisar fecha exacta, “se reunieron varios detenidos con la Gestora de apellido Padilla, denunciando el mal trato recibido por el oficial Delgado, sin embargo, no se han tomado medidas al respecto, sin importar la existencia de violencia y tortura tanto física como psicológica que utilizan los oficiales como mecanismo para la resolución de conflictos.”
Por estos hechos presentados y denunciados a la ANEP por parte de una fuente interna del Centro de Aprehensión Región Central, se decide elevar el caso a una denuncia penal, amparados en el abuso de autoridad presente el artículo 338 y el artículo 123 bis sobre tortura del Código Penal que establecen.
Artículo 338.
-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.
Artículo 123 bis.
Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.
Esta acción de la ANEP, también busca salvaguardar el honor de los oficiales de migración que cumplen su labor con absoluta probidad. gran transparencia y sacrificio, y que este incidente de carácter aislado se investigue y no quede impune.
¿Y el resto de nombramientos? ANEP cuestiona al MEP por 42.000 “profes” con interinazgo prolongado
ANEP cuenta con la asesoría experta del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) para personas educadoras que deseen afiliarse y así emplazar al propio Estado en los estrados judiciales internacionales en materia de Derechos Humanos por el interinazgo prolongado.
ANEP brindó charla sobre Ley Marco de Empleo Público a personal trabajador de la UNA
El drama social de los interinos del MEP
• ANEP pide explicaciones y transparencia a las autoridades respectivas: Al propio despacho ministerial MEP, a su Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección General de Servicio Civil
El drama social, larga y cruelmente postergado, de los nombramientos de personal interino en el Ministerio de Educación Pública (MEP), sigue sin recibir un abordaje socialmente humanista y en correspondencia directa con los compromisos asumidos por el país con los tratados internacionales de Derechos Humanos que ha firmado, ratificado y convertido en leyes de la República.
Los datos que en las últimas horas ha dado a conocer el MEP, acerca de los resultados del concurso 2019, se podrían considerar manipulados, pues solamente se refieren a las 7000 personas docentes que recibieron la ansiada noticia de sus nombramientos en propiedad.
No hizo referencia el MEP a la dramática circunstancia de que más de 42 mil educadores y educadores han de continuar en ese “infierno” del interinazgo prolongado; o, bien, más cruel todavía: en el desempleo magisterial.
Para seguir incrementando la intensidad del drama social de los interinazgos prolongados, el MEP no explica el destino que le espera a cada una de las 7 mil personas cesadas pues sus correspondientes códigos fueron dados en propiedad.
En todo ese ámbito de “déficit” de transparencia en cuanto al proceso de nombramientos que ha anunciado el MEP, es muy alta la cantidad de personas docentes que están urgidas y necesitadas por conocer los puntajes obtenidos por parte de las 7 mil personas colegas educadoras “afortunadas”, para así constatar que las nombradas lo hayan sido por méritos objetivos y no por padrinazgos de politiqueros locales, de diputaciones amigas y, lo peor todavía, por tutela del gremialismo corporativo-clientelar.
ANEP cree que se necesita mucha luz pública, mucha auscultación ciudadano-magisterial y radical transparencia para que se respondan, con toda objetividad, preguntas como las siguientes, tanto en el caso de otorgamientos en propiedad como en cuanto a permanencia de interinazgos:
No. 1- ¿Cuáles son los criterios para seleccionar un código para ser dado en propiedad?
No. 2- ¿Cuáles son los códigos y centros educativos que recibieron propietarios con este concurso? (segregado por circuito y dirección regional),
No. 3- ¿Cuál fue el puntaje con que se asignó cada propiedad? (segregado por centro educativo, circuito y dirección regional); así como el listado de ofertas con respectivos puntajes (obviamente, no incluyendo datos personales como nombre, apellidos, cédula, etc.,).
Además, exigimos saber:
No. 4- ¿Cuántos oferentes hay por especialidad?
No. 5- ¿Cuántas plazas se dieron por especialidad? ¿Cuántas plazas en propiedad se dieron por especialidad por circuito y dirección regional?
No. 6- ¿Cuántas plazas en propiedad no se consolidaron como dadas por la renuncia de los candidatos a asumir la propiedad o por no completar el proceso indicado?
La respuesta brindada por el MEP y por el Servicio Civil la haremos pública y la difundiremos por diversos canales de comunicación para que cada docente pueda verificar el puntaje con que se asignó una plaza en propiedad.
Por otra parte, es de gran interés de la ANEP, con relación a las personas docentes interinas cesadas que, mediando el oficio específico que hemos de enviar, que la Dirección de Recursos Humanos del MEP indique el procedimiento que se seguirá con las personas cesadas, cuándo se comunicarán los nuevos nombramientos interinos para 2023 y el mecanismo para que cualquier funcionario u oferente pueda conocer el lugar que ocupa en la evaluación de las ofertas.
Para interinos y para aspirantes a trabajar en el MEP, ANEP emplazará a la propia señora la Ministra de Educación Pública exigiendo que se inicie el proceso de apertura de un nuevo concurso docente; de forma tal que, a más tardar en julio de 2024, el MEP y el Servicio Civil garanticen que habrá un nuevo concurso docente.
Finalmente, la ANEP exhorta, con respeto y con vehemencia, a la comunidad educativa, brindar apoyo para iniciar una lucha histórica dirigida a asegurar, por parte del Gobierno, el MEP y Servicio Civil, que se otorguen 30 mil plazas en propiedad en el siguiente concurso docente con el objetivo de eliminar el oprobioso interinazgo indefinido.
En cuanto a esto, el drama social de los interinatos prolongados en Educación Pública, ANEP enfatiza en que estamos contando con la asesoría experta en materia de litigio internacional, con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), para personas educadoras que, conocido que es el funcionamiento de este proceso, decidan afiliarse a la ANEP para emplazar al propio Estado costarricense en los estrados judiciales del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos.
En próximas horas, la ANEP estará entregando las correspondientes solicitudes de información en los mencionados despachos. Invitamos al Magisterio a estar atentos a la información que publicaremos al momento de recibir las respuestas correspondientes.
San José, jueves 24 de noviembre de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Admiten recurso de amparo presentado por ANEP contra alcalde de la Municipalidad de Limón
Deuda salarial por reajuste por costo de vida 2019
-Se paga en la Caja, pero faltan muchos más sectores.
-ANEP decidió impulsar los respectivos procesos de cobro.
El reajuste salarial por costo de vida establecido el 17 de diciembre de 2019, promediando 7 mil 500 colones a la base salarial de cada persona trabajadora asalariada del Gobierno Central, sigue sin ser honrado para los distintos grupos laborales de los diferentes ministerios integrantes del mismo, así como en las diversas entidades adscritas a éstos. De la misma manera, tal deuda salarial sigue existiendo en otras instituciones descentralizadas que todavía tienen pendiente saldarlas.
Ahora que, finalmente, y luego de la intensa presión sindical y obrero-laboral, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tomó el acuerdo final de pagarle a su propio personal ese reajuste y retroactivo al 1 de enero de 2020, es momento de levantar la bandera de la Ley de la Justicia Social para toda persona trabajadora empleada pública con derecho a tal reajuste pero que sigue sin recibirlo.
Efectivamente, cada uno de los argumentos jurídico-legales que fundamentaron el reclamo laboral en la Caja, son exactamente idénticos para que una persona trabajadora integrante de los diferentes cuerpos policiales, por ejemplo, proceda a reclamar lo que ya le pertenece pero que el Estado le sigue adeudando.
También, cada servidor público o servidora pública de los diferentes ministerios (como Educación, Salud, Cultura, MOPT, MINAE, el propio Hacienda y los demás), tiene incuestionable derecho a recibir esos 7 mil 500 colones a sus correspondientes bases, así como las equivalencias en aguinaldo y en salario escolar.
Es una deuda salarial legítima que abarca los años 2020, 2021 y 2022, más los correspondientes porcentajes de aguinaldo y de salario escolar de cada uno de esos tres años.
ANEP prepara el fundamento jurídico-legal para que cada persona afiliada a la organización, proceda con el primer paso: la presentación del correspondiente Reclamo Administrativo, una acción totalmente individual; documento que deberá entregarse, de manera directa (físicamente o de manera digital), al despacho del actual Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén. El correo electrónico oficial de este jerarca es: despachomh@hacienda.go.cr
Dicho documento es de total propiedad intelectual de la ANEP y la agrupación advertirá acerca de su uso ilegal demandando, según corresponda, las responsabilidades penales respectivas.
Aparte de cada persona trabajadora afiliada que lo desee emplear, lo puedan hacer otras personas trabajadoras que decidan asociarse para este fin; y, para otros por venir, como lo es enfrentar la gravedad de la inminente entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público.
La asesoría jurídico-legal que brinda la ANEP es totalmente gratuita para su actual y nueva membresía. En el caso específico del proceso para cobro de esta deuda por reajuste de costo de vida decretado el 17 de diciembre de 2019, la ANEP pretende que las personas trabajadoras acreedoras de esa deuda, no caigan en manos de litigantes privados que les cobrarán un monto significativo por llevar el correspondiente proceso.
La legitimidad jurídico-legal de esta deuda es, repetimos, incuestionable. La persona trabajadora asalariada empleada pública acreedora de la misma ya tiene la propiedad patrimonial de la misma.
Aquí conviene hacer énfasis en la situación de los integrantes de los diferentes cuerpos policiales (entre otros sectores estatales con grave deterioro salarial), quienes en la campaña electoral fueron engañados cuando se les prometió hacerles real justicia salarial.
Al menos, debe el gobierno encabezado por el oferente, el actual Presidente de la República, mínimamente debería proceder a girar las instrucciones para que a los y a las policías, y también a los y a las demás, se pague lo adeudado, de sobra jurídicamente fundamentado.
El combate al inmoral e injusto congelamiento salarial que viven las personas que laboran para el sector estatal es una de las más fuertes banderas que está levantando la ANEP en estos duros tiempos anti-obreros; particularmente, ya hemos destrozado la, ahora insostenible, tesis neoliberal de que el déficit fiscal es culpa de los salarios devengados por quienes laboran para el Estado.
Esclavitud obrera en Costa Rica: Denuncia ante las Naciones Unidas
•Ya va siendo hora de desenmascarar a los gobiernos ticos y su doble moral en Derechos Humanos
Este lunes 21 de noviembre, ANEP tendrá la oportunidad de hablar, aunque por corto tiempo, con el señor Tomoya Obokata, Relator Especial sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, quien recibió tal responsabilidad por nombramiento que le hiciera el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en marzo de 2020.
El mandato político fundamental que el señor Tomoya trae, está señalado por el Artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que indica: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
Costa Rica está conmocionada por las circunstancias de esclavitud obrera, ya totalmente públicas, que se venían dando en el negocio comercial tiendas S y R. Las autoridades públicas competentes pudieron haber detenido este vejamen. ¡Pero no! “Estaban mirando para otro lado”; y, actuaron, por la gigantesca presión ciudadana, cargada de indignación.
Procuraremos dejarle bien claro al señor Tomoya Oboka que lo de las tiendas S y R no es un hecho aislado. En Costa Rica se dan, todos los días, diversos episodios de esclavitud obrera y laboral: en las plantaciones piñeras y bananeras, en la labor de manejo de vehículos de transporte público modalidad autobús (choferes súper-explotados), en las tiendas de ropa y supermercados, en el servicio doméstico.
Incluso, el señor Tomoya Obaka será informado de fuertes episodios de explotación obrera que suceden en el propio sector Publico, como en no pocos casos se manifiesta en el seno de los cuerpos policiales de nuestro país.
El distinguido visitante será informado de que la clase gobernante tradicional ha dejado de lado el fortalecimiento de la inspección laboral, debilitada ésta al punto de que es casi inexistente en esas zonas económico-social donde la explotación obrera es mayúscula, como las sedes de las plantaciones agrícolas en el Atlántico, en el Pacífico Sur, en la Zona Norte.
La debilitada inspección laboral costarricense muestra toda su crudeza ante la imposibilidad de velar por el pleno respeto al salario mínimo; salario mínimo que se escamotea a la persona trabajadora obrera pues no pocos patronos argumentan que las fijaciones por costo de vida al mismo, no aplican pues están pagándole una suma “ligeramente superior” al momento de esa fijación.
Igualmente, debe saber el Sr. Tomoya que a nivel del sector público se manifiesta una cruda forma de esclavitud, la esclavitud financiera; misma que tiene a varios miles de personas trabajadoras asalariadas sin siquiera percibir lo que los Derechos Humanos estipulan al respecto y que, en el caso costarricense, es una ordenanza constitucional de primer orden.
Finalmente, le haremos una respetuosa exhortación al Sr. Tomoya Obaka para que interponga sus buenos oficios a fin de que Costa Rica proceda a implementar uno de los mejores instrumentos en materia de Derechos Humanos para luchar contra todas las formas de esclavitud laboral: hablamos de la Opinión Consultiva No. 27, de mayo de 2021, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), acerca de la Libertad Sindical, del Derecho de Huelga y del Derecho de Negociación Colectiva. Costa Rica se está haciendo de la “vista gorda” con sus obligadas responsabilidades al respecto.
Sin duda, la vista del Sr. Tomoya Obokata llega en el momento preciso y ANEP mostrará su más firme interés en mantener con su despacho un contacto sistemático y documentado.
San José, sábado 19 de noviembre de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
ANEP y Dirección de la Salud alcanzan acuerdos sobre afectaciones laborales en Control de Vectores
La ANEP, junto a su seccional del Programa de Control de Vectores del Ministerio de Salud, sostuvieron una importante reunión virtual con el director de dicho programa, Isaac Vargas donde se abordaron temas de mucha importancia para el personal como los son los interinazgos prolongados y la recalificación de algunos puestos.
