Según detalló el departamento de Capital Humano, en octubre se realizará el concerniente a las diferencias de vacaciones, en diciembre con el aguinaldo y en enero con el salario escolar.
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Recorte presupuestario en Seguridad Pública beneficiará al crimen organizado, impactando negativamente la seguridad ciudadana
• Reducción imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos
Desde la Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestionamos fuertemente el recorte presupuestario de mil millones de colones que sufrirá el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para el año 2023, el cual se verá reflejado, sin lugar a dudas, en la seguridad pública que reciben todos los ciudadanos del país.
No es la primera vez que se presenta un recorte en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, lo cual prácticamente imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos. Esto, en momentos en que seguimos viendo como el narcotráfico se apodera de nuestro país, generando un incremento en los índices de violencia y de inseguridad ciudadana.
En verdad, hace un buen tiempo hemos venido señalando que, pareciera algo planificado, producto de una estrategia, nos referimos al debilitamiento de los cuerpos policiales, que cada día ven achicada su capacidad de respuesta. No hay botas, Los uniformes escasean, no se cuenta con suficientes vehículos, las delegaciones policiales, ciento veinticinco (125) mantienen ordenes sanitarias por deficiencias en la infraestructura, algunas son verdaderas trampas para el personal que pernocta en ellas.
Seguimos careciendo de voluntad política, legislatura tras legislatura se repite la misma historia, diputados que gastan su tiempo en discursos peyorativos, una Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, que hace lo mismo que sus antecesoras, citar a los jerarcas de seguridad pública, en donde no se resuelve nada y únicamente vemos a diputados sin el menor conocimiento cuestionando “él porqué del incremento en la inseguridad ciudadana”.
Es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto, las condiciones están dadas para que el crimen organizado siga tomando nuestro país como su centro de operaciones, si señores, y eso no sucede únicamente por nuestra posición geográfica, fundamentalmente obedece a la falta de visión, al desinterés, a la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad humana.
Tal como se puede apreciar en el documento que se adjunta, la mayoría de delegaciones policiales con órdenes sanitarias se encuentran en, San José, Puntarenas, Limón, Guanacaste y la Zona Sur, ¡mismos lugares en donde se presenta mayor penetración del narcotráfico!
Por ahí vemos a figuras políticas hablando de reformas a la Ley General de Policía, de unificación de cuerpos policiales, de mando único como la estrategia para mejorar la articulación y con ello, fortalecer la seguridad. No señores, para fortalecer la seguridad lo primordial y fundamental es enaltecer el trabajo de los cuerpos policiales, dotando a las personas trabajadoras de condiciones dignas, delegaciones de primer nivel, equipo moderno, botas tácticas de calidad, mínimo dos pares por año, salario justo y acorde el nivel de responsabilidad que implica la función policial y la posibilidad de jubilarse de manera anticipada. En síntesis, voluntad política y presupuesto.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Seccional ANEP Fuerza Pública.
Misión del FMI en Costa Rica: ¡no a las reuniones privadas! ¡no al secretismo!
– Demandamos ser escuchados, presencialmente, en reunión abierta
Este lunes 3 de octubre, según ha trascendido, las jefaturas de fracción parlamentaria de la Asamblea Legislativa, se reunirán “en privado”, con una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), presente en el país y encabezada por la ya conocida señora Marcela Goretti, junto a 12 personeros más integrantes de esta “controversial” entidad mundial, parte fundamental del proceso de globalización neoliberal.
Con toda vehemencia, nos pronunciamos en el sentido de que las conversaciones de esta delegación con las autoridades políticas del país, tanto las legislativas como las legislativas, deben ser totalmente transparentes, alejadas de toda opacidad y secretismo.
Es ofensivo, desde un punto de vista patriótico-social, que sea el propio Presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, quien se convierta en vocero de la señora Goretti, al indicar que ésta está pidiendo que ese tipo de reuniones sean “totalmente privadas”.
El secretismo en las esferas de poder que toman grandes decisiones políticas recibe gran repudio ciudadano, como lo ha sido la circunstancia manifestada con ocasión de la elección reciente para la presidencia del Poder Judicial.
Es más, prácticamente, todas las diputaciones actuales del parlamento costarricense “se cortaron las venas”, exigiendo transparencia en dicho proceso. Cómo es que ahora van a aceptar las distintas jefaturas de fracción legislativa, reunirse con la misión del FMI de manera “totalmente privada”.
Las alarmas están encendidas en los amplios sectores político-patrióticos y cívicos ante los anuncios presidenciales de la venta del patrimonio público valiosísimo para el país como el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros INS); o, a nivel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las frecuencias 5G, la electricidad (el CENCE) y/o la marca Kolbi.
Nuestra desconfianza es tal magnitud que creemos que estas ventas de activos podrían ser “ofrecidas” al FMI, en el nuevo “menú” para enfrentar la impagable deuda pública y su socialmente criminal pago diario de intereses.
Por otra parte, hacemos público nuestro interés en ser atendidos, de manera presencial y con tiempo suficientemente decente, por la señora Goretti y su numerosa comitiva. Solicitamos, con respetuosa vehemencia, que se nos reciba de manera presencial. Seguros estamos de que otras entidades de los sectores sociales se identifican con esta petición.
San José, domingo 2 de octubre de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP
Clase trabajadora de fincha Chira 4 recibe folleto con el contenido de la Convención Colectiva
Luego de la firma y reconocimiento de la Convención Colectiva por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Corporación Bandeco Del Monte imprimió en un folleto todo el contenido del documento y la ANEP se encargo de entregarlo para que el personal que labora en la finca Chira 4, en Sarapiquí, conozca sus derechos y deberes.
¡Reclamemos lo que es nuestro! Convocatoria a segunda jornada de protesta por el ROP
ANEP, ASDEICE, UPINS Y UNEBANCO se unen para defender a las instituciones públicas
Criterios jurídicos sindicales dan la razón y deuda por reajuste salarial en la Caja será pagada
Trabajadores de la CCSS hacen un llamado a sus compañeros para unirse a la protesta de este jueves
Organizaciones sindicales pedirán fecha de pago de reajuste salarial este jueves
Trabajadores junto a diversas organizaciones sindicales de la CCSS se harán presentes este jueves 22 de septiembre en la oficinas de la Presidencia y Gerencia General de la institución para que se les reciba y se diga cuando se realizará el pago del reajuste salarial aprobado, legalmente, por la Junta Directiva.
No hay necesidad de consultar a la Contraloría el reajuste salarial en la Caja
•Huele a maniobra política
•Le base legal del reajuste salarial en disputa es sumamente sólida
•Directiva CCSS no puede ser destituida y menos por autoritaria orden presidencial
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aclara a la opinión pública nacional que, como corriente sindical de alcance nacional, multi-institucional y multisectorial, ya tenemos perfil propio al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):
Contamos con estructuras sindicales de base debidamente acreditadas ante las instancias legales correspondientes (intra y extra-institucionales), varias de ellas ya funcionando en importantes hospitales.
Contamos con una membresía de afiliación directa de personal trabajador de la Caja; membresía que está en crecimiento;
Estamos cerca de la cifra de 100 dirigentes sindicales de base, también debidamente acreditados y acreditadas como en Derecho corresponde; quienes no solamente gozan ya de la protección jurídica clásica que establecen nuestras leyes para el ejercicio de la actividad sindical, sino que pronto ANEP les acreditará como Personas Defensoras de Derechos Humanos, con base en la Opinión Consultiva 27, de mayo de 2021, según ordenanza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); tal y como lo hará la organización con todas sus estructuras sindicales de base de los sectores público y privado, a lo largo y a lo ancho del país.
Somos referente interlocutor ante innumerables estructuras jerárquico-institucionales para la resolución de discrepancias cotidianas en el desenvolvimiento de la relación obrero-patronal.
Hemos venido librando luchas de impacto institucional fuerte que ninguna agrupación sindical interna se atrevió a dar. Ejemplo: la del salario mínimo intocable o, como comúnmente se ha venido denominando, inembargable.
Pronto circulará un documento informativo, amplio y detallado, sobre el fuerte accionar de ANEP al interior de la CCSS.
Con relación al candente tema del pago pendiente del reajuste salarial por costo de vida que está pendiente de ser honrado, y que entró a regir desde el 1 de enero de 2020, al contar ANEP ya con la suficiente autoridad moral y sindical para plantear su posición sobre el tema indicamos lo siguiente:
PRIMERO: La actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social tomó el acuerdo de honrar esa deuda salarial pendiente con su personal, acudiendo a sus plenas facultades jurídico-constitucionales. No tiene por qué existir duda alguna.
SEGUNDO: El reajuste por costo de vida pendiente de honrar tiene fuerte base jurídica. ANEP, y sólo ANEP, ha aportado ya dos elementos legales contundentes. Veamos:
No. 1: El reajuste en disputa se definió en el seno de la hoy extinta Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, firmando las partes el acta de rigor el día 17 de diciembre de 2019. El Código de Trabajo, en su artículo 695, señala: “…los acuerdos logrados por medio de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público serán vinculantes para las partes y al efecto las administraciones emitirán los actos administrativos necesarios para hacerlos efectivos en todo el sector público centralizado y descentralizado. (Adicionado mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el Alcance N° 6, a La Gaceta Nº 16 de 25 de enero del 2016). Hablamos de que esta obligatoriedad jurídica formó parte del proceso de transformación integral del Código de Trabajo, conocido como la Ley de la Reforma Procesal Laboral, de la cual fue ANEP gestora y promotora fundamental, desde lo político-sindical, durante 17 años.
No. 2: El indicado acuerdo no debe enmarcarse dentro la regulación legal de corte ideológico-extremista conocida como la Regla Fiscal, pues ésta entró a regir en el año 2020 y, como indicamos en el párrafo anterior, el acuerdo salarial aludido tiene fecha 19 de diciembre de 2019.
TERCERO: La pretendida consulta que, y bajo las fuertes presiones presidenciales, ahora se saca de la manga la Junta Directiva de la CCSS, diciendo que le van a consultar a la Contraloría General de la Republica (CGR) si tal reajuste procede; no es más que una jugarreta política para intentar frenar el crecimiento cualitativo del descontento laboral del personal de la Caja; y, cuidado si no, ya estaría en desarrollo algún “compadre hablado” para que la CGR diga que no procede. En ANEP hace ya mucho tiempo, dejamos de confiar en las máximas autoridades políticas contraloras pues sus posiciones son muy ideológicas, por una parte; y, por otra, han estado mirando para otro lado mientras la deuda pública crecía escandalosamente, como escandalosamente ha venido creciendo el fraude tributario-fiscal. Ni lo uno, ni mucho menos otro, le importó a la CGR como correspondía.
CUARTO: A pesar de que, en honor a la verdad, debemos decirlo, la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ha perdido mucha credibilidad y confianza obrero-sociales, ANEP piensa que nada tienen que ir a consultar a la Contraloría; y, por el contrario, deben “liberarse” de la amenaza presidencial pues están muy aferrados, jurídicamente hablando, a sus respectivos cargos, según la propia Ley Constitutiva de la CCSS que, prácticamente, los cataloga como “inamovibles”, una vez designados en los mismos y mientras dure el correspondiente mandato.
QUINTO: Por otra parte, ANEP tiene como altísima prioridad de su agenda de lucha la decisión final de la Junta Directiva de la Caja con relación al respecto al salario mínimo intocable, como lo ordena el Código de Trabajo. El plazo que les dio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que se sometieran a la Ley, a la Constitución y a los Derechos Humanos, está por vencerse; recordándole a cada uno de sus 9 integrantes que un eventual proceso judicial les podría acarrear multas multimillonarias que deberán erogar de sus propios y personales bolsillos.
SEXTO: Por segunda vez, hace ANEP un llamado a las principales autoridades sindicales y gremiales que se han estado pronunciando en esta situación, para establecer un equipo de trabajo con la finalidad de enfrentar, en unidad de acción coyuntural, este delicado proceso. Estaremos con línea telefónica abierta por si la sensatez se impone. El mandato de las bases dirigentes y diversas es “¡únanse!
San José, sábado 17 de setiembre de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
