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ANEP acudió a proceso litigioso internacional en Derechos Humanos ante la entrada en vigencia de la nueva reforma de pensiones IVM-CCSS
-736 personas trabajadoras afectadas aceptaron adherirse al proceso litigioso que abrió la ANEP
-ANEP abre posibilidad de inscripción para un nuevo grupo de demandantes
La reciente reforma al régimen de pensiones más importante de Costa Rica, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), misma que acaba de entrar en vigencia, es violatoria de Derechos Humanos de las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que ya estaban cercanas a cumplir los requisitos para jubilarse antes de la entrada en vigencia de la misma.
Es así que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con asesoría profesional especializada, tomó la decisión de acudir a los estrados internacionales en materia de Derechos Humanos (DD.HH.), para que se respeten los requisitos que ya tenían esas personas trabajadoras y que, de un pronto a otro, la Junta Directiva de la CCSS impuso esa reforma, violentando de manera grosera las condiciones para pensionarse al elevar la edad para ello y al reducir el monto a percibir una vez alcanzado tal grado de jubilación.
Un total de 736 personas trabajadoras afectadas aceptaron adherirse al proceso litigioso que abrió la ANEP, acudiendo al sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza.
Un primer grupo compuesto por 613 demandantes y luego un segundo, de 123, están ya, con nombres y apellidos, invocando la protección de lo que los expertos que asesoran a la ANEP consideran que son víctimas de violación a sus Derechos Humanos en materia jubilatoria.
ANEP anuncia que está abriendo un nuevo período de inscripciones para adherirse a dicho proceso litigioso durante el próximo mes calendario, es decir, hasta el día 15 de febrero, inclusive.
El objetivo central de este proceso litigioso es que las personas expertas que están conociendo el mismo en esa instancia de Derechos Humanos de la ONU, se pronuncien en cuanto a que las y los demandantes sufrieron violaciones de Derechos Humanos en lo que la materia establece para personas de la tercera edad.
Específicamente, desde el pasado 13 de julio de 2023 se realizó la denuncia sobre las citadas variaciones regresivas al régimen jubilatorio de IVM-CCSS ante:
1) Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad;
2) Experta independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales;
3) Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Ya para el 16 de octubre de 2023 se recibió información, por correo electrónico, en el sentido de que el Experto Independiente sobre las personas mayores mostró interés en la situación denunciada y está revisando la información suministrada. En octubre 26 el equipo de especialistas que asesora a ANEP en este litigio envió una visión general del problema con información actualizada y completa; acusándose recibido oficial un día después, sea, 27 de octubre de 2023.
El proceso incluye la presentación de recursos de amparo por cada una de las víctimas que tales especialistas elaborarán. Por tanto, esas 736 personas deben estar pendientes de las comunicaciones de ANEP en tal sentido.
Como indicamos arriba, desde este día lunes 15 de enero y hasta el próximo 15 de febrero hay una tercera oportunidad de unirse a este proceso litigioso para lo cual el requisito fundamental es estar asociada y asociado a la ANEP.
San José, lunes 15 de enero de 2024.
Agentes de la PCD quieren contar la realidad de los operativos a Presidente Chaves
La Contraloría General de la República se extralimita y provoca un caos en las Municipalidades
Incertidumbre y desesperación es lo que viven actualmente 83 trabajadores ocasionales de la Municipalidad de Santa Cruz y sus familias, luego de que el Municipio les comunicara el pasado 31 de diciembre que no extendería sus contratos de trabajo. Debido a que la Contraloría General de la República improvó el presupuesto
ANEP denuncia penalmente al Director General del Centro Nacional de la Música por presunta falsedad ideológica
Los hechos por los que se denuncia a Chaves Cordero, ante el Ministerio Público, se deben al incumplimiento de un acuerdo firmado, el 1 de noviembre del 2023, por el ahora imputado y el Secretario General de ANEP y representantes de la Seccional de ANEP de la Orquesta Sinfónica Nacional; así como con representantes del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.
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El licenciado Francisco Cruz Marchena, nuevo Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas y además afiliado a ANEP, en su discurso detalló que el camino del dialogo será el que marque la ruta para rescatar al país de la grave situación política, económica y social que se salió de las manos.
Municipalidad de la Unión respetará tiempo de almuerzo de trabajadores de campo
Aclaración: Sector Público asalariado agudiza su empobrecimiento
CONGELAMIENTO SALARIAL TOTAL. Desde el día 1 de enero de 2020 a la fecha, la práctica totalidad del personal asalariado del sector Público NO RECIBE NI SIQUIERA UN CENTAVO de reajuste en sus salarios por variaciones en el costo de vida. Nótese la diferencia: una cosa es aumento salarial; y otra, muy distinta, reajuste por costo de vida para, supuestamente, recuperar pérdida en el poder de compra del salario que no aumenta.
Ni en el 2020, ni en el 2021, ni el 2022, ni el 2023, prácticamente nadie en el empleo estatal recibió dinero alguno por la pérdida del poder adquisitivo del salario, lo cual, como venimos señalando, se agrava en este 2024 que acaba de iniciar: serán cinco años consecutivos de congelamiento salarial total.
Es en el sector municipal, con algunas excepciones y gracias a la lucha sindical de la ANEP, que se han logrado reajustes por costos de vida, moderadamente decentes, en esos años.
Esta cruel situación de congelamiento salarial total está afectando al personal de todo el Gobierno Central (incluyendo cuerpos policiales, Magisterio Nacional) y sus entes adscritos, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); a instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, como el ICE, como el A y A, entre otras.
Este congelamiento salarial total ha venido siendo denunciado y combatido, fuertemente, por la ANEP. Sin embargo, el valor cívico de la Democracia de la Calle puede revertirlo, en todo o en parte, mediando, eso sí, un gran acuerdo gremial multisectorial que está en construcción.
DEUDA POR REAJUSTE POR COSTO DE VIDA. Ahora bien, la última vez que se dio por parte del Gobierno de la República un reajuste por costo de vida al Sector Público y valedero para la totalidad del mismo, fue en diciembre de 2019, mismo que entró a regir desde el 1 de enero de 2020. A la fecha, hoy, miércoles 3 de enero de 2024, no se ha aplicado en estos sectores:
Todos los cuerpos policiales: Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Fronteras, Policía Profesional de Migración, Guardaparques, Penitenciaria, Tránsito, Policía Fiscal y OJI. Idéntica situación aqueja, afecta e indigna al personal magisterial y administrativo del MEP, al de otros ministerios y entes adscritos al mismo; así como el de varias instituciones autónomas y semiautónomas.
El personal trabajador de todas estas entidades públicas está con “condena doble” en cuanto a sus salarios: Ni les pagan el último reajuste por costo de vida que hubo para el sector Público, el de diciembre de 2019; y, ahora, acaban de ingresar al quinto año de congelamiento salarial total sin reajuste alguno por costo de vida: en 2020, 2021, 2022, 2023 y, ahora, en 2024.
En este caso, la deuda salarial pendiente por el reajuste por costo de vida definido en diciembre de 2019, legalmente hablando, está dictaminado por la propia Procuraduría General de la República (PGR) como patrimonio personalísimo de cada policía, de cada persona educadora, etc. En cada caso y como se indicó ya, promedialmente hablando, esa deuda es de unos 400 mil colones per cápita.
En esta segunda circunstancia y ante la desidia del actual Gobierno en responder y resolver, la apelación a la Democracia de la Calle va cogiendo forma y fuerza.
CONCLUSIÓN. En ambas situaciones, el grueso de las personas trabajadoras estatales afectadas, reciben ingresos salariales medios o bajos, no perciben “salarios dorados”. Sus ingresos salariales, en franca caída, han venido empobreciéndoles y, por ende, a sus familias. Se les ha sacrificado por la situación injusta de la impagable deuda pública y su más que obsceno para de intereses, asunto éste que es denuncia constante de la ANEP.
San José, miércoles 3 de enero de 2024.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
Sector Público asalariado agudiza su empobrecimiento
•No tiene reajuste por costo de vida en este 2024: Quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.
•Estado no paga el reajuste pendiente desde el 2020 a la fecha.
•Electricidad sube un 15 %
Los y las oficiales del personal de la Fuerza Pública y de los otros cuerpos policiales del país: Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Fronteras, Policía Profesional de Migración, Guardaparques, Penitenciaria, Tránsito, Policía Fiscal y OJI, arriban al año 2024, teniéndose que enfrentar a una mayor profundización en el proceso de precarización salarial del cual son víctimas desde el 1 de enero del año 2020.
Llegan al Año Nuevo sin un centavo de incremento salarial por costo de vida y deben enfrentar, desde este mismo 1 de enero 2024, un aumento 15 % en la tarifa de electricidad en sus respectivos hogares, sin hablar de más alzas en camino. Este 2024 es el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.
Además, el Gobierno-Ministerio de Hacienda guarda un sepulcral silencio en cuanto si, ¡por fin!, honrará la deuda salarial del reajuste por costo de vida que entró a regir el 1 desde el 1 de enero de 2020, a razón, promedialmente hablando, de 7.500 colones a la base de cada una de esas personas trabajadoras policiales, hombres y mujeres, integrantes de los sectores de ingresos medios y bajos del aparato estatal costarricense.
En promedio, repetimos, esa deuda abarca 48 meses: los 12 meses del año 2020, los 12 del 2021, los 12 del 2022, los 12 del 2023; más, lo proporcional correspondiente a 4 aguinaldos y a 4 salarios escolares. Hablamos de unos 400 mil colones, en promedio y per cápita.
Esta deuda salarial que el Estado tiene con este personal estatal policial ya es patrimonio personalísimo de cada uno y de cada una. Su legalidad es incontrovertible, así dictaminado por la propia Procuraduría General de la República (PGR).
Idéntica situación aqueja, afecta e indigna al personal magisterial y administrativo del MEP, al de otros ministerios y entes adscritos al mismo; así como el de varias instituciones autónomas y semiautónomas.
Una vez más, ANEP hace emplazamiento público vehemente al propio Presidente de la República y al Ministro de Hacienda, señores Rodrigo Chaves Robles y Nogui Acosta Jáen, para que hablen con contundencia:
1) ¿Pagarán el retroactivo de esos 4 años que, presuntamente, cada entidad pública deudora ya presupuestó para honrar tal deuda salarial que no es por aumento sino por un reajuste por costo de vida?
2) ¿Invocarán la perversa regla fiscal y a última hora nos dirán que la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB), arrancó el año 2024 por encima a los 60 puntos para con ello dilatar y seguir dilatando ese pago?
El pago-depósito se puede efectuar de manera automática. Los sistemas digitales institucionales tienen la información precisa de si a alguna persona funcionaria acreedora de esa deuda se le deben reconocer los 48 meses o menos. No se vale venir a plantear que cada quien debe formular un reclamo administrativo: ESO ES HACER TRAMPA para dilatar el pago y hacer colapsar las diferentes dependencias públicas involucradas. ANEP rechaza, contundentemente, la triquiñuela del reclamo administrativo.
Al parecer, la movilización social se impone y parece que se está evidenciando que sin la misma no se atenderá este justo reclamo. ANEP exhorta a las personas trabajadoras afectadas a mantener una disposición para algo semejante. Por el contrario, los acreedores de la deuda pública no tienen problema alguno: a ellos se les paga puntualmente.
San José, martes 3 de enero de 2024.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
2024: Clase trabajadora asalariada seguirá pagando el ajuste fiscal
•El crecimiento de la economía no se refleja en el incremento en el salario mínimo
•Empleados públicos ingresan al quinto año consecutivo de congelamiento salarial total
La clase trabajadora asalariada, la que tiene “suerte” de tener un empleo fijo con salario formal, aunque cada vez con menor poder adquisitivo, llegará al año 2024 con un panorama de mayor empobrecimiento y mayor precariedad sociofamiliar.
En el caso del sector Público, prácticamente la totalidad del mismo entrará en este 2024 a su quinto año consecutivo de congelamiento salarial total, lo cual está generando una grave violación de derechos, tanto constitucionales como humanos, si nos atenemos a criterios ya emitidos por la propia Procuraduría General de la República (PGR).
Para agravar esta circunstancia de serio empobrecimiento salarial del bloque laboral estatal, la deuda del Estado para con el mismo, correspondiente al último reajuste por costo de vida que se decretó, a finales del 2019 y que es valedero para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, de un promedio general de 7.500 colones a cada base salarial; sigue en total incertidumbre de si será, finalmente, honrado.
El propio Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, está indicando que sería hasta al año 2025 cuando la relación de la deuda pública del país con relación al Producto Interno Bruto (PIB), esté por debajo de los 60 puntos porcentuales; condición está impuesta por la pérfida regla fiscal.
Lo anterior quiere decir que, aunque en el presupuesto 2024 se incluyeron partidas para pagar esa deuda, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2020, probablemente no podrá ser materializada y depositada en el bolsillo de cada persona trabajadora empleada pública acreedora de la misma, como se espera para las próximas semanas del nuevo año.
Y, complicando todavía más las cosas, la deuda debería ser cobrada por el engorroso proceso de “reclamo administrativo”: una verdadera irracionalidad que podría generar hasta más de 100 mil procesos ordinarios; lo cual es rechazado, tajantemente por ANEP, por cuanto se puede cancelar de oficio por cuanto los meses adeudados de esos 4 años, en cada caso están registrados en los sistemas informáticos institucionales respectivos.
Las víctimas del sector laboral empleado público incluyen al personal de todo el Magisterio Nacional, de todos los cuerpos policiales, de los ministerios y antes adscritos a los mismos, de diversas instituciones autónomas y semiautónomas y de empresas públicas. Está en desarrollo una verdadera conmoción social.
Por lo que respecta al sector privado, el salario mínimo cada vez se aleja más de lo ordenado en el artículo 57 de la Constitución Política de Costa Rica: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. Hoy en día, el salario mínimo en la empresa privada ni procura bienestar ni procura existencia digna. Una gran lucha social pendiente que merece ser asumida militantemente; incluso, invocando el Derecho Internacional previsto para ello.
Como es fácil concluir, el ajuste fiscal de la economía costarricense está sobre las espaldas del pueblo trabajador: dura realidad sumamente injusta que compromete nuestros esfuerzos en grado sumo para el año nuevo 2024.
San José, lunes 18 de diciembre de 2023.
*Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP*
*Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP*
