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Aunque venimos hablando del tema del Empleo Público en este importante espacio y en otros; ya podemos, con seria y fundamentada contundencia, puntualizar las mayores perversidades o aberraciones políticas que contiene el denominado proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336.

En el seno del grupo diputadil “multipartidista” que lo impulsa, la tramitación parlamentaria de este proyecto exhibe una combinación de perniciosos aspectos tales como: ignorancia a todo nivel, prosternación (arrodillamiento), prejuicios, oportunismo, desprecio por los valores de la idiosincrasia costarricense, desdén por las argumentaciones sólidas producto del conocimiento y de la experiencia; desprecio por la normativa del Derecho Internacional; y doble moral en cuanto a los postulados fundamentales de los Derechos Humanos, universalmente reconocidos. Además, enorme prepotencia, peligrosa arrogancia, lealtad para con intereses espurios y carente de transparencia.

Incluso, en estos días, un legislador oficialista denunció que la fracción del Partido Liberación Nacional le ofreció poner el pie en el acelerador de la tramitación de este proyecto sí él no presentaba una moción para investigar el negocio sucio del narcotráfico en el cantón de Corredores, en el cual estarían figuras políticas liberacionistas.

A continuación, citadas a modo muy general para mejor comprensión, doce de las perversidades o aberraciones políticas más notables, contenidas en el proyecto Ley Marco de Empleo Público:

1) Sienta las bases para un Estado totalitario, autoritario, electoral-clientelar. Impone un súper-ministerio de corte dictatorial: Mideplan.

2) Está cargado de inconstitucionalidades: Violenta la autonomía municipal (gobiernos locales), la de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la de las cinco universidades públicas y la del Poder Judicial.

3) Violenta la separación de poderes: El Ejecutivo controlará al Judicial y al Legislativo. Así dictaminado por los especializados servicios técnicos parlamentarios y por prestigiosos juristas constitucionalistas.

4) Es un proyecto que no puede exhibir ninguna base social de legítimo respaldo. Por ejemplo, es rechazado por la totalidad de los sindicatos costarricenses; incluso, por varias agrupaciones laborales-gremiales que han estado alineadas con el gobierno de Alvarado Quesada.

5) Es un proyecto que violenta tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica; tanto a nivel del continente americano como a escala universal.

6) Es un proyecto que contradice la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues violenta su artículo 3 que establece la separación de los poderes públicos.

7) Es un proyecto que expresa un contenido de odio de clase jamás visto en la historia moderna del país, contra grupo laboral alguno (el sector laboral del Empleo Público).

8) Es un proyecto potenciado por el periodismo de odio y su sistemática campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de la clase trabajadora estatal.

9) Es un proyecto que no pudo fundamentar que el déficit fiscal se debe al salario que devengan las personas trabajadoras del sector público, pero sí es concebido para ocultar las verdaderas causas de ese déficit: sistema tributario injusto y corrupto; por una parte. Por la otra, la espantosa realidad del endeudamiento público y su correspondiente y obsceno pago de intereses.

10) Es un proyecto que profundiza la vulnerabilidad de la clase media, altamente endeudada, lanzándola a la pobreza, a la exclusión social y económica.

11) Es un proyecto precarizador laboral, precarizador laboral-salarial, que afectará los propios servicios públicos, ya en condición de prestación deteriorada.

12) Es un proyecto que facilitaría situaciones de acoso laboral y despidos políticos en la función pública. Exigiría, por el contrario, lealtades partidarias para conservar el puesto de trabajo.

Conclusión: El proyecto Ley Marco de Empleo Público deroga, de facto, piedras angulares de la Constitución Política de 1949. Está ocurriendo, en la práctica, un Golpe de Estado parlamentario que cercena las bases de lo que conocemos como Estado Social de Derecho. Este proyecto lleva en su contenido fundamental la extremista posición neoliberal del todo mercado-nada Estado; misma que pretende, al final del camino, la privatización-venta de las empresas públicas de gran rentabilidad que todavía siguen siendo propiedad estatal.

Por: Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP

Este asunto del pago de los intereses de la deuda pública del país, sigue generando nuestra profunda preocupación. Ésta crece en relación inversamente proporcional al escaso o nulo interés que muestran las máximas autoridades políticas del país, acomodadas en sus diversas agrupaciones partidistas.

624 mil 542 millones de colones fue el pago de intereses durante los tres primeros meses del presente año 2021. Esos tres meses (enero, con 31; febrero con 28; y, marzo con 31), equivalen a 90 días. Tenemos, entonces, que hubo un pago diario de 6 mil 939 millones 355.555 colones (6.939.355.555).

Para mayor comprensión, redondeemos: prácticamente 7 mil millones de colones salen, ¡cada 24 horas!  de las alicaídas arcas públicas que maneja el Ministerio de Hacienda, solamente para pago de intereses de la deuda pública.

Y, en consecuencia, por hora, son 290 millones de colones los que debemos desembolsar para ese obsceno pago de intereses.

Note usted que escribo en “nosotros”, pues es la gente de a pie, las personas integrantes de los sectores populares; quienes conforman la clase trabajadora en todas sus modalidades; las personas que conforman la vulnerabilizada clase media, las que están pagando esta cifra espeluznante.  Es decir, los y las de abajo, y los y las de en medio. Por el contrario, en esencia, las clases altas y, en lo específico, la plutocracia reinante, tiene poco a nula voluntad tributaria.

¿Se habla de esto en la Asamblea Legislativa? ¡No! ¿Se escandaliza por esto el periodismo de odio?, ¡no! ¿Ha notado usted a alguna persona precandidata presidencial hablar de esto? ¡No! ¡Esto es monstruoso!

Ahora, hablemos de esta monstruosidad numérica pero convertida a dólares estadounidenses. Vamos a utilizar el tipo de cambio actual que, centavos más-centavos menos, anda por el valor de 615 colones ticos por un dólar.

624 mil 542 millones de colones (pago de intereses de los primeros 90 días del año), se convierten en mil quince millones, quinientos quince mil cuatrocientos cuarenta y siete dólares: 1.015.515.447.

MIL QUINCE MILLONES DE DÓLARES (lo ponemos en mayúsculas), salieron del Ministerio de Hacienda, en el primer trimestre del 2021, solamente por pago de intereses, para las arcas de las entidades/personas acreedoras de la deuda pública nacional: ¿quién serán?, ¿quiénes son sus bolsinistas del mercado de valores?, ¿cuáles bufetes representan a esas personas/entidades acreedoras? Es el secreto de Estado mejor guardado en estos momentos.

Y, al día, en estos 90 días del primer trimestre del 2021, el pago fue de $11.283.504 dólares (once millones doscientos ochenta y tres mil quinientos cuatro trece dólares). ¡Esto no es sostenible!

En este primer trimestre del año, ya en dólares, el pago de intereses, por hora, fue de casi medio millón; exactamente, $470.146 (cuatrocientos setenta mil ciento cuarenta y seis dólares).

Las motivaciones ocultas de la plutocracia reinante, así como las que tiene la clase política gobernante (básicamente, la del tripartidismo PLUSC-PAC), para mantener este estado de cosas, totalmente perversas y contrarias al bien común; es una tarea que urge abordar por parte de los sectores políticos decentes que todavía quedan, sin hablar de la gigantesca responsabilidad de quienes estamos en la lucha social, de buena fe y con convicción.

No parece ser difícil acometer tal tarea si nos vamos al recetario ideológico del neoliberalismo en su fase más aguda y criminal: el capital financiero-bancario; y, por otro, lado, ya se han desenmascarado algunos de sus voceros políticos en cuanto a plantear que enfrentar esa realidad monstruosa de la deuda pública del país, solamente será posible mediando la venta de activos-privatización de las todavía existentes empresas públicas rentables de propiedad estatal.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ahora son, exactamente, 240 millones 526 mil 836 colones cada hora (240.526.836). Empezamos muy mal el año del Bicentenario, teniendo que erogar el pueblo trabajador costarricense, esa escandalosa y obscena cantidad de dinero para pagar los intereses de la deuda pública. Sencillamente catastrófico.

Cada ahora, de cada día, de cada uno de los doce meses del año pasado, el pago era de 195 millones de colones. Ahora, en números redondeados, en este 2021, la cifra aumentó 45 millones de colones más. ¡Esto es más que escandaloso!

Según datos del Ministerio de Hacienda, en el primer bimestre del año en curso (enero y febrero), el Estado tuvo que erogar la gigantesca cantidad de 340 mil 586 millones de colones (340.586.000.000), para pagar intereses de la deuda pública. ¡Solamente pago de intereses!

Prácticamente 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) costó el pago de intereses de la deuda en el primer bimestre de este 2021. Esto indica que, al finalizar el presente año, serán 6 puntos de PIB entregados a las personas y entidades acreedoras de la deuda pública costarricense, básicamente nacionales (un 75%). Ni el Ministerio de Hacienda ni el Banco Central de Costa Rica (BCCR), quieren decir quiénes son.

Por cada uno de los 31 días del mes de enero y por cada uno de los 28 días del mes de febrero anterior, se pagaron 5 mil 772 millones 644 mil 67 colones (5.772.664.067) ¡diarios!

Esta gigantesca cantidad de pago diario de intereses en lo que va del 2021 (al menos, los 59 días de enero-febrero), equivalen a que el Gobierno estuviera otorgando, ¡por día!, nada más y nada menos que 46 mil 181 bonos Proteger, a razón de 125 mil colones cada uno.

De manera cínica y repudiable, el Ministro de Hacienda, don Elián Villegas Valverde, se deja decir lo siguiente ante esta situación: “El excesivo monto que el país está pagando en intereses, nos somete como sociedad a un desgaste fiscal de gran importancia, ya que el ciudadano no puede ver reflejado en bienes y servicios todo el esfuerzo que realiza en el pago de impuestos”. Así se consigna en la información de la prensa diaria del capital.

¡Desvergonzado! Cuando le emplazamos en carta que le dirigiéramos, tanto a él como al Presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero Brealey, pidiéndoles explicaciones sobre este ataque brutal a los bolsillos del pueblo trabajador y, en específico, a los de las capas medias de la sociedad; ambos indicaron que en este asunto del abultadísimo y más que obsceno pago diario de intereses de la deuda pública, no se puede hacer nada, que el asunto es intocable y, mucho menos, indicar quiénes son los acreedores y receptores de esos 5 mil 772 millones de colones diarios, que es el monto que se empezó a pagar en este 2021.

Mientras esta situación del más que abultado y catastrófico pago de intereses diarios de la deuda pública sigue sin variación alguna y, por el contrario, tiende a crecer; en la Asamblea Legislativa, la prioridad política es cómo agredir, cómo seguir dañando, cómo seguir causando dolor a las familias trabajadoras asalariadas.

Efectivamente, mediante el nefasto proyecto Ley Marco del Empleo Público quienes laboran para el Estado sufrirán rebajo y congelamiento salarial, aumento de la vulnerabilidad en cuanto a la estabilidad laboral y desempleo abierto con la apertura de un camino más despejado para más privatización de importantes servicios públicos.

En el caso del sector Privado, las reducciones abusivas de jornada y, por ende, de salarios, manipulando la situación de la pandemia, seguirán en la línea de ataque legislativo; sin que en el parlamento asuntos de tanta trascendencia como el salario mínimo o el fortalecimiento de la inspección de Trabajo, le importen un bledo a las diputaciones alineadas con los intereses de los grandes grupos corporativo-empresariales que siguen en una fiesta de acumulación sin freno ni pudor alguno.

Al considerar que los 8 puntos PIB anuales en evasión y elusión fiscales, más los 6 puntos, también anuales, en exenciones-exoneraciones abusivas y espléndidas, 14 puntos PIB en total, constituyen una de las principales fuentes de riqueza de esos grandes grupos corporativos cuyos intereses tienen una lujosa representación en la Asamblea Legislativa actual; se puede comprender mejor la naturaleza del descomunal ataque que la misma ha estado realizando en contra de la parte obrera del país, golpeándole multidimensionalmente y conculcándole derechos en abierta violación a preceptos constitucionales.

Y como en el parlamento actual el grave asunto del pago de 240 millones de colones por hora no es tema de gran interés político para los partidos políticos agresores de la clase trabajadora; uno tiene que atar cabos y llegar a la conclusión de que el mega-corporativismo empresarial que tiene que ver con la riqueza apropiada en ese universo de 14 puntos PIB, es el mismo que está lucrando con el estrepitoso pago de intereses de la deuda pública.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La importancia del cooperativismo para la misma Democracia y para la reducción de la desigualdad y de la exclusión económica, es un asunto más que estratégico considerando la situación actual de nuestro país en el año de la conmemoración del Bicentenario de la independencia política.

Es por lo anterior que resulta sumamente importante resaltar las posiciones sociopolíticas del Movimiento Cooperativo en las actuales circunstancias nacionales de un aceleramiento de la polarización de la sociedad a partir de la distribución del ingreso, llegando al punto de que estamos en la escala de los diez países más desiguales de todo el planeta.

“¡Es hora de alzar la voz!, es el editorial del órgano oficial del movimiento cooperativo costarricense, La Voz Cooperativa, edición del pasado mes de febrero, de obligada lectura para quienes estamos en la lucha social de la actualidad, seamos cooperativistas o no.

Seguidamente, transcribimos algunos de los párrafos de dicho editorial a partir de los contenidos del mismo que expresan una confluencia de pensamiento y de lectura política con lo que venimos señalando desde la corriente sindical en la cual militamos.

“Ya no es tiempo de paños tibios. Es hora de alzar la voz. Y en este espacio, La Voz Cooperativa, debe hacerse escuchar en todos los rincones del país. El empuje sin freno de una ley de empleo público que viene a atentar contra la estabilidad financiera de miles de hogares costarricenses es sin duda un golpe al pacto social tácito mediante el cual nuestra sociedad se ha convertido en un modelo a seguir para América Latina y el mundo entero en materia de seguridad social, educación, acceso universal al agua potable y en oportunidades de crecimiento para la ciudadanía”.

En esa línea, nosotros venimos planteando que ese proyecto Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo 21.336, es una colección de inconstitucionalidades, considerando que sus contenidos esenciales atentan contra los principios fundacionales de lo que se llamó la Segunda República, cuando se promulgó la actual Constitución Política, el 7 de noviembre de 1949.

De manera acertada, el editorial de La Voz Cooperativa apunta lo siguiente: “Está más que demostrado que el quiebre del Estado no es dado por la planilla del sector público ni por las diferencias del modelo tributario entre empresas cooperativas y empresas comerciales. No. El frío no está en las cobijas. Quienes conducen el barco económico del gobierno de Carlos Alvarado lo saben con claridad. Lo callan. Echan leña a la hoguera de discusiones vacías y entierran en el silencio las verdades relacionadas con la elusión y los mecanismos con que por años, decenas de empresarios e inversionistas, bufetes y políticos, han logrado sacar sus ganancias del país para guardarlas en paraísos fiscales”.

Nosotros, como sindicalistas, no lo hubiésemos planteado mejor. Es más, si no identificamos que el anterior pensamiento es voz oficial cooperativa, cualquier habría concluido que se trata de una consigna sindical.

Hace ya bastante tiempo que logramos derrotar la perversa tesis de que el déficit fiscal era responsabilidad de los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas estatales. Las matrices mediáticas totalizantes del discurso ideológico-político que habían orquestado una campaña en tal sentido, tuvieron que morderse la lengua y buscar otras explicaciones para su orquestación en contra del sector público y de quienes le sirven a éste.

Por el contrario, las espantosas cifras de la evasión tributaria en todas sus manifestaciones, la elusión fiscal a mansalva; así como las exoneraciones y exenciones empresariales altamente abusivas complacientes y espléndidas, muestran que combinadas ambas representan, al menos, 14 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), anualmente, son dejados de percibir por un Estado que toleró, cohonestó y fortaleció un sistema tributario tan injusto como corrupto.

La indicación cooperativista sobre la deshonesta práctica empresarial de esconder sus capitales en paraísos fiscales, nos lleva a la mención del informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá, presentado en el período constitucional anterior, 2014-2018; dándonos a conocer sofisticadas formas de robo de impuestos y cómo combatirlas pero que, por la actual correlación política de fuerzas, hasta la fecha ha resultado imposible un debate público al efecto.

Sin duda alguna el potencial político-social y económico del movimiento cooperativo costarricense está destinado a convertirse en parte esencial de un haz de pensamientos, sentimientos, propuestas y sectores que urge articular en la Costa Rica del Bicentenario para la restauración de la promoción del bien común y de la inclusión socioeconómica, como ejes centrales de la política pública. En tal sentido, el sindicalismo sociopolítico y su expresión material concreta en la práctica, el sindicalismo ciudadano, tenemos amplias coincidencias con las posiciones actuales del cooperativos. ¡Enhorabuena por la clase trabajadora y por la misma Democracia!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al pie del monumento al Héroe Nacional y Libertador de la Patria, el expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, Don Juanito, con ocasión de la conmemoración histórica del PRIMERO DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA, las organizaciones sindicales Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados de la Energía y de las Telecomunicaciones (ASDEICE), en este día sábado 1 de mayo de 2021 y en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia política de Costa Rica con respecto a España; dieron a conocer el DECÁLOGO SINDICAL DEL BICENTENARIO ANEP-ASDEICE:

1. Por la defensa de la institucionalidad pública diseñada para y por el bien común, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

• Por una reestructuración de la deuda pública y su obsceno pago de intereses.

• Por una transformación tributaria estructural con el fin de quitarle al actual sistema tributario, su naturaleza injusta y corrupta.

• Por una verdadera reactivación económica, centrada en el potenciamiento y apoyo a diversas formas de emprendimientos productivos a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas; encadenada a una política salarial que incremente el poder adquisitivo de la gente trabajadora; y, específicamente, por un nuevo salario mínimo.

• Por la recuperación del Derecho Constitucional y Humano de la Huelga.

• Por la protección de la Ecología y por una política del buen vivir como ha sido planteado por el Papa Francisco en su discurso ante las Naciones Unidas.

• Por la vigencia plena de los Derechos Humanos integralmente conceptuados.

• Por el combate frontal a todas las formas de corrupción con fondos públicos mediante la colusión de los intereses corporativos privados con los de la clase gobernante corrupta; así como también con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente pequeñas y medianas.

• Por un Movimiento Sindical cercano a la comunidad, a la gente y a la ciudadanía, aportando así para la construcción del nuevo sujeto histórico que requiere la Democracia real y participativa.

1. Por la democratización del acceso de la gente a la comunicación colectiva, mediante el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico que son de propiedad estatal.

Cada uno de estos diez enunciados ofrece grandes posibilidades de aporte para su enriquecimiento de contenido y, por ende, para compartirlo con otros esfuerzos de generación de pensamiento distinto del autoritariamente hegemónico que se le ha venido imponiendo a la sociedad costarricense.

Como bien sabemos el avance de consolidación del esquema ideológico-político y hegemónico de la plutocracia reinante, está en “vía libre” ante la ausencia de un esfuerzo contrario de, al menos, de pensamiento y de propuestas compartidas; previo al adorado sueño de la construcción del urgente muro de contención que la misma Democracia pide a gritos, ante las intentonas, que parecen sólidas, de consolidación de un modelo autoritario con ropaje de democracia formal.

El Decálogo Sindical del Bicentenario ANEP-ASDEICE tiene las puertas abiertas.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

En el arranque de la campaña propagandística con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del domingo 6 de febrero de 2022, hay un tema de trascendencia histórica que, con toda seguridad, no será abordado por ninguna de las personas aspirantes a los cargos públicos en disputa; y, si fuera abordado, jamás lo será con la contundencia que se necesita.

Nos referimos al desafío que el país ocupa para abrir el camino más que estratégico hacia una Transformación Tributaria Estructural, planteada por nosotros en este y en otros espacios, durante ya bastante tiempo. Sin embargo, habrá que seguir insistiendo en ello, especialmente en las actuales condiciones históricas, sociales y económicas que estamos viviendo producto de la pandemia.

A la llegada de la misma, dos características fundamentales venían caracterizando el carácter del sistema tributario costarricense: la injusticia y la corrupción. Así de simple pero profundo.

¿Por qué la injusticia? Porque, en términos generales, quien paga más tributos es quien, proporcionalmente hablando, tiene menos. Y quien más tiene hace malabares jurídicos y acude a triquiñuelas legales para: a) tratar de pagar lo menos posible de lo que le corresponde; b) burlar la débil legislación tributaria para no pagar, del todo, nada; c) sacar la plata ganada en el país hacia otros países, por lo general, catalogados como paraísos fiscales.

¿Por qué la corrupción? Las autoridades políticas de máximo poder en los últimos gobiernos, poco o nada han hecho para cambiar la situación anteriormente descrita, por una parte; por otra, el control estratégico de la gestión tributaria responde a una ideología hegemónica en materia de política fiscal, que no es la del bien común ni es la de la inclusión social y económica. Además, los operadores político-ejecutivos de la gestión tributaria, constituyen una misma élite tecnocrático-burocrática que, alternativamente, se mueve en la esfera de lo público para luego pasar a la privada y, viceversa. Se garantiza así, pese al cambio ejecutivo de administración gubernamental, el control estratégico de la operatividad de la gestión tributaria para que ésta siga en el mismo plano: el de la corrupción y el de la injusticia. La evasión y la elusión fiscales-tributarias sigue siendo monstruosa.

Si bien es cierto la situación que vivimos producto de la pandemia está generando demasiados problemas político-sociales y económicos, no por ello debemos renunciar a considerar que el haber tolerado por tanto tiempo un sistema tributario injusto y corrupto, ha agravado el diario vivir de la mayoría de la población costarricense en estos tiempos pandémicos.

Además, es imposible seguir tolerando que las principales figuras de la denominada clase política tradicional, especialmente las que aspiran a ser electas en los cargos en disputa, miren para otro lado y no se refieran a esta situación de la imperiosa transformación tributaria estructural y la pandemia.

Como si todo esto no fuese más que necesario y de alto contenido estratégico, está el tema del altísimo endeudamiento público y su pago de intereses, exageradamente usureros. ¿Cómo puede ser posible que si de las arcas públicas, muy debilitadas por todas las razones expuestas, se estén sacando, diariamente, unos 7 mil millones de colones para el pago de esos intereses, ninguna persona precandidata presidencial esté refiriéndose al punto?

Desde el campo popular nos corresponde, creemos nosotros, intensificar el clamor de que estos temas se consideren en el marco de la campaña electoral, aunque no encontremos receptividad alguna. Particularmente, debemos desempolvar el documento-informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá, generado por la comisión parlamentaria que investigó las derivaciones en Costa Rica del escándalo financiero internacional muy sonado a nivel planetario, en el año 2016.

Parece que podemos encontrar un nuevo escenario para considerar el debate público sobre los contenidos del informe legislativo costarricense Los papeles de Panamá, en el marco de lo que se está planteando en los centros hegemónicos del poder político-económico del capitalismo mundial, hablándose de nuevos criterios de tributación a nivel de empresas multinacionales, pero, indudablemente, con repercusiones en los planos nacionales en los cuales éstas operan.

Al vincular la doble naturaleza perversa del sistema tributario costarricense: la injusticia y la corrupción que le carcome; agregando el asfixiante, exorbitante y aplastante pago diario de los intereses de la deuda pública (sin dejar de lado la carga que la misma, en cuanto tal, representa para el país en estos momentos); además, poniendo en la mesa el informe legislativo Los papeles de Panamá, adicionándole lo que podría ser la apertura de un nuevo espacio político global para plantear transformaciones estructurales por el lado de la progresividad; tendremos en Costa Rica la posibilidad de construir y relanzar, con nuevos bríos y renovados argumentos, desde el campo de lo social-popular, el tema tributario con fuerte contenido de justicia social y real equidad.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Consideramos de gran relevancia una respuesta pública por parte de la señora Martha Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca), acerca de cómo votó, en el seno de la directiva de la CCSS, de la cual ahora forma parte, en el caso del polémico nombramiento del señor Gustavo Picado Chacón, en el altísimo y sensible cargo de Gerente Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Doña Martha, recientemente, fue nombrada por Carlos Alvarado Quesada como integrante de la Junta Directiva de la CCSS para ocupar el escaño sindical disponible en el seno de la misma, luego del sensible fallecimiento del legendario luchador social, don Mario Devandas Brenes.

La designación presidencial de doña Martha para que ocupe el cargo dejado por don Mario (q.d.D.g), ha sido sumamente controvertida, con problemas de transparencia, especialmente en cuanto a la veloz transición de ella como funcionaria asalariada de la Caja, hacia la categoría de persona trabajadora pensionada por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); pues siendo empleada tenía prohibición para llegar al mencionado cargo directivo. Se presume que podría haber ocurrido un tráfico de influencias al más alto nivel al respecto. Sobre este particular, la discusión no está terminada.

A don Gustavo Picado Chacón le nombraron por seis años en ese altísimo cargo, mismo que conlleva enormes sensibilidades, objetivas y subjetivas, a raíz del impacto financiero para la CCSS que ha venido generando la atención de la pandemia; y, porque, además, él fue protagonista de primer orden en un pasado reciente en el cual las finanzas de la Caja sufrieron un duro golpe negativo, según lo investigara el Ministerio Público, para el cual se tomaron decisiones erróneas y controversiales que habrían dejado a la institución pérdidas de, al menos, 217 mil millones de colones.

Otras personas especialistas de altísimo nivel y de gran rigurosidad técnico-profesional, conocedores de estos temas, han hablado de una suma extraordinariamente mayor.

Ante consulta de prensa, y sobre la inclusión de don Gustavo Picado Chacón en el grupo demandado ante el Ministerio Público, éste respondió lo siguiente: “Respecto a su consulta, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que, desde el 13 de marzo del 2020, envió al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública una acusación dentro de la causa 12-000046-0615-PE, contra 16 personas, por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública; además de solicitud de sobreseimiento en relación con tres personas más. La Fapta indicó que, actualmente, está a la espera de que el Juzgado programe la fecha en la que se realizará la audiencia preliminar”.

Don Gustavo es una de esas 16 personas y jamás estaríamos de acuerdo en que ni a él, ni a ninguna otra persona, se le violara el principio constitucional de presunción de inocencia. Además, si él y las otras quince personas serán llevadas a juicio no está definido, pues eso será resuelto en una audiencia preliminar que todavía no tiene fecha; pero lo real es que la acusación del Ministerio Público, según tenemos entendido pues estuvimos muy cerca del proceso que derivó en ello, es muy sólida.

Entendemos que la lista de personas candidatas profesionales a ese cargo superó las veinte; entonces, no entendemos las razones de peso para que la directiva de la Caja nombrara a don Gustavo que, si bien no ha sido sentenciado a nada, creemos que dado su paso controversial anterior por la gestión financiera ameritaba no reposicionarlo en este mismo ámbito.

Es en tal sentido que, repetimos, doña Martha Rodríguez González no debería permanecer más en silencio. Su designación presidencial para ocupar un puesto directivo en la Caja, autoproclamada por la corriente sindical a la que pertenece, como representación de toda la clase trabajadora, le impone un imperativo obrero-ético y moral para actuar con toda transparencia en la toma de decisiones a nivel de tal condición.

Sobran razones para que, en este caso, doña Martha nos cuente cómo votó ella misma: si la decisión fue unánime por parte de las nueve personas integrantes de esa directiva; si fue votación dividida, quiénes fueron mayoría y quiénes fueron minoría; quién presentó el nombre de don Gustavo y si podemos conocer el informe de sustentación de su nominación; qué otras personas candidatas se consideraron y sus atestados; etc.

Doña Martha: como podrá apreciar, la transparencia en estas y en otras decisiones a nivel de la Junta Directiva de la Caja, se impone como nunca antes por las condiciones que representa la realidad costarricense y, especialmente, por la realidad de la clase trabajadora en todas sus denominaciones. Su respuesta será muy apreciada. Su silencio, de persistir, también puede ser considerado respuesta.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Expresamos nuestra más efusiva y sincera felicitación al señor Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, don Humberto Soto Herrera, por la valiente y políticamente necesaria decisión de interponer una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley No. 9851; legislación que golpea duramente a aquellos gobiernos locales en cuyos territorios están instaladas empresas bajo el régimen de Zona Franca, pues obliga a esos municipios a la devolución de dineros cobrados por concepto de impuesto a bienes inmuebles.

La legislación cuestionada por el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alajuela es, además, sumamente necesaria pues sería nefasto para las arcas municipales devolución de dineros ya cobrados e incorporados al giro financiero ordinario de los correspondientes presupuestos; amén de que los tiempos de pandemia también han golpeado a los gobiernos locales.

Mientras en las comunidades, todas las personas propietarias honran el pago del impuesto a los bienes inmuebles, pese a la severidad de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo; de manera cínica las empresas de zonas francas pretenden la devolución de lo que han pagado por tal impuesto, sin mostrar ni la menor pizca de solidaridad activa con el sufrimiento y la angustia de miles de compatriotas.

Debemos rechazar, con especial énfasis, la manipuladora tesis política de los jerarcas ejecutivos de que tal acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Humberto Soto Herrera, Alcalde de Alajuela, trae “inseguridad jurídica” a los grupos inversionistas; cuando éstos ya cuentan con tan amplia, diversa y sólida protección que, por el contrario, el régimen de zonas francas parece pretender que se le considere una “república independiente”.

Mal hicieron las señoras diputadas y los señores diputados que, de manera irresponsable y precipitada aprobaron tal ley 9851 (“Interpretación auténtica del inciso 4), del artículo 20 de la Ley No. 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas”). Probablemente, la “orden” de legislar así fue dada desde Casa Presidencial y en los tiempos del “superministro” André Garnier Kruze.

Se legisló, en tal sentido, retroactivamente, a contrapelo del principio constitucional respectivo; además, se legisló en contra de los intereses de las comunidades que tales personas diputadas dicen representar en el actual parlamento, por demás, el más anti-obrero de la época de la Segunda República.

El régimen de Zonas Francas ha gozado, durante sus más de tres décadas de existencia en el país, de una protección jurídica en exceso, sin hablar del poderoso respaldo político al más alto nivel de parte de los partidos coludidos en la promoción del neoliberalismo excluyente y depredador: Liberación, Unidad y PAC, básicamente.

Es así que la alta cúpula ejecutivo-macroempresarial de las empresas de las zonas francas se puede considerar parte importante dentro del conglomerado de la plutocracia gobernante de la actualidad.

El dispendioso sistema de exenciones tributario-fiscales muestra lo grotesco de su situación archi-privilegiada, comparada con la situación socioeconómica de miles de personas trabajadoras desempleadas y de salarios precarizados; además de las decenas de miles de micro-pequeñas y medianas empresas, tratadas de manera inmisericorde con relación a un sistema tributario que, aparte de su perversa naturaleza regresiva, está corrupto.

En algún momento habrá que realizar una profusa investigación ante sospechas crecientes de la gran manipulación jurídico-legal del régimen de Zonas Francas, de cara a eventuales maniobras de cierto empresariado tico para realizar sus correspondientes actividades productivas engañando al fisco para ser cubierto por tan dispendioso sistema de exenciones que tiene tal régimen.