Etiqueta: opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

A pesar de que éste es un asunto que nadie en el seno de la clase dominante, integralmente conceptuada, quiere abordar de manera abierta y transparente, hablar de él en los “pasillos de palacio” es cada vez más usual. Particularmente, con relación a la campaña electoral pasada, las de las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018.

Don José Miguel Corrales Bolaños se refirió al punto de la intrusión del narcotráfico en el tejido social costarricense, exponiéndolo como la razón fundamental de su retiro de las acciones de protesta social impulsadas por el Movimiento de Rescate Nacional, las cuales, a la fecha de elaboración del presente comentario, están en su día decimotercero.

Lo que debió abrir un debate serio y necesario en los “grandes” medios de comunicación colectiva, fue solamente abono para alimentar la campaña de desprestigio y de desacreditación al indicado movimiento social; cuya irrupción en el escenario nacional a más de uno ha conmovido, a otros ha preocupado y para esos sectores dominantes, ha generado la emisión de una orden político-ideológica de exterminarlo.

Con un sistema democrático “enfermo” y con una institucionalidad republicana que se ha venido alejando de la gente, emerge con inmensa potencia que el pueblo costarricense tenga plena noción de quién financia a los diferentes partidos políticos en sus desbocadas carreras por alcanzar las diputaciones en pugna y ganar la Presidencia de la República.

Esto no será posible si el secreto bancario sigue siendo bastión de la opacidad en cuanto a financiamiento de campañas electorales para los diversos partidos políticos.

Particularmente, puede ser muy interesante si la gente manejara al dedillo qué personas, qué empresas, qué corporaciones entregaron dineros, al margen de la ley, a las diferentes candidaturas, en los niveles local, regional y nacional; de tal suerte que, a lo mejor, pueda haber interpretación correcta de las conexiones de la legislación que se promueve y de las decisiones de política pública impulsadas por el Poder Ejecutivo, con los intereses de negocios que nutren el capital de las personas y entidades donantes. “Nadie arranca pelo sin sangre”, dice el consabido refrán popular. O, muy usual en estos ámbitos electorales, “no hay almuerzo gratis”.

Apuntamos lo anterior pues todavía no encontramos lógica en cuanto a la intensa obsesión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para que se disponga la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL); considerando que su valor potencial es inmensamente pequeñito comparado con el espeluznante volumen de la deuda pública del país y, por tanto, en nada va a resolver ese gran problema-país con los dineros obtenidos de su privatización mediando la venta directa a inversores nacionales y/o extranjeros.

Sin embargo, para esos grupos inversores comprar BICSA y/o comprar FANAL podría generarles la recuperación, con creces, de grandes cantidades de dineros que habrían puesto, ilegalmente, en la campaña política pasada, la cual fue tan intensa y dura que debió haber demandado mayores recursos que los que, oficialmente, se aceptan.

Si el secreto bancario fuera levantado para efectos de auscultar hasta la médula quién puso plata, cuánto puso, a quién le puso; se podría analizar las supuestas conexiones de interés directo en activos públicos a partir de investigar el giro de negocios y/o la actividad comercial-empresarial del grupo o de la persona donante.

Adicionalmente, si las contribuciones privadas a las campañas políticas se pueden rastrear desde sus fuentes primarias, levantando el secreto bancario para tal efecto, puede que haya múltiples sorpresas de encontrar empresas fantasmas, bancos de portafolio, cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, de modo tal que quede como irrefutable que a las campañas electorales costarricenses han estado llenando dineros sucios.

No hay duda. Ésta es una tarea histórica a impulsarse como tarea central de una nueva institucionalidad democrática.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Escribimos estas líneas en la noche del sexto día del más impactante fenómeno social de calle desde la emblemática lucha del Combo ICE, allá en el año 2000. Se trata de expresiones populares que brotan a partir de la explosión de grandes sectores de la población que, a lo largo de los últimos gobiernos del tripartidismo neoliberal, se venían sintiendo excluidos, relegados, invisibilizados, vilmente manipulados en lo electoral y, por ende, estafados políticamente. El Movimiento Rescate Nacional recoge esa acumulación de factores, lo problematiza y logra la adhesión en la base de múltiples grupos excluidos que, al unísono se expresan en las carreteras del país.

A lo largo de los últimos años, en esta misma columna, hemos venido planteando y denunciando cómo se venía incubando el estallido social que hoy conmueve al país y que nos recuerda que somos parte de la América Latina, la región más desigual del planeta, la región de los estallidos sociales. Es más, los bloqueos en las calles nos dramatizan ser incluidos en la deplorable lista de los 10 países más desiguales del mundo. Y, además, los últimos informes del Proyecto Estado de la Nación, también lo venían alertando.

Últimamente habíamos dicho que la distancia entre el gobernante y las personas gobernadas se había ensanchado peligrosamente. ¿qué es lo que indican los bloqueos en la calle si no es esto? ¿quieren ustedes otro dato de lo que venimos planteando?, estamos a 24 horas de que las personas legisladoras de la República se trasladen a su lujosa nueva construcción, un emblemático edificio ultracerrado que, precisamente muestra eso: la distancia entre el gobernante y las personas gobernadas se hizo demasiado larga.

No intenten negarlo, ustedes, los y las de arriba, viviendo en su mundo de alto confort generaron las condiciones para el estallido social en desarrollo. Nosotros apostamos por el triunfo de la paz, pero entendiendo que la ortodoxia económica que les ha permitido vivir “ricamente”, lo fue a costa de la excesiva explotación a que han venido siendo sometidas las partes más deprimidas, económica y socialmente hablando, de nuestro país, entre otras explicaciones.

Pongámonos nada a pensar que esta especie de rebelión de los y las de abajo, ha tomado gran fuerza en las zonas costeras, en la zona sur, en la pampa guanacasteca y en las llanuras de la zona norte, así como en importantes zonas de producción agropecuaria del Valle Central; sitios de residencia de miles de compatriotas que hoy con su grito social han puesto entredicho un orden económico altamente concentrador de la riqueza.

Nunca ustedes como clase gobernante tomaron en serio la buena fe de sectores de la sociedad civil cuando ante la realidad descrita ya venían formulando propuestas. Todas fueron menospreciadas, nunca tomadas en cuenta. Y todas siguen totalmente válidas, más que legitimadas ante la magnitud de los acontecimientos en desarrollo.

Se burlaron de los episodios de lucha social del año 2018, se burlaron de los episodios de lucha social del año 2019. En esta ocasión y a esta altura de lo que estamos viendo no creemos que les quede espacio para burlarse de nuevo.

Desde la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra lucha social cotidiana sentimos una enorme satisfacción de haber estado a la altura de los desafíos en desarrollo, pese a nuestros errores y/o subjetividades sin sustento. Sin embargo, como promotores del concepto sociopolítico de Democracia de la Calle, hoy celebramos un nuevo episodio de expresión concreta de la misma. Su máximo reclamo actual, “no más impuestos”, tiene una importante cantidad de significados que están reflejados en muchas de las propuestas-país que hemos formulado en estos años. Ahora bien, el “no más impuestos”, necesita delimitarse categóricamente; es decir, no más impuestos para el pueblo trabajador, para las capas medias altamente endeudadas y en vías de desaparición, ni para el micro-pequeño y mediano empresariado nacional. Deben entender que la clave es (darle vuelta a la tortilla) en materia tributaria y, por ende, rechazar cualquier tipo de convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La democracia de la calle, ¡otra vez se está manifestando!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

El país está totalmente crispado. Estamos en medio de una severa crisis económico-social desde antes de la llegada de la pandemia. Ésta la agudizó. Costa Rica se ha desdibujado completamente, al punto de que estamos ubicados en el listado de los 10 países más desiguales del planeta. Llegamos a una situación tal en que la quiebra técnica del Estado será realmente dramática en el corto plazo, si no hay de por medio modificaciones estructurales que corrijan el errático rumbo que le han impuesto al país los gobernantes partidos tradicionales.

En lo inmediato, la clase política tradicional solamente atina a seguir impulsando medidas económico-fiscales, dentro de los parámetros fundamentales que han dado soporte al gran fracaso económico-social en que han sumido al país. No muestran ni el mayor asomo de creatividad ni de innovación para sacar a Costa Rica del pantano en que está.

Como gran cosa, lo apuestan todo a un préstamo-convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 2.250 millones de dólares, de los cuales ya la Asamblea Legislativa aprobó el primer tracto, estando en este momento en fuerte debate lo concerniente a los restantes 1.750 millones de dólares.

Alvarado y su gobierno le están proponiendo al FMI asumir, a cambio de ese dinero, una serie de compromisos que no son más que un nuevo paquetazo de impuestos en contra de los sectores mayoritarios de la población costarricense; precisamente los grupos sociales más afectados por las políticas económicas de los últimos gobiernos y sus duras consecuencias en cuanto a precarización del trabajo, desempleo creciente, salarios congelados, ruina micro-pequeña y mediana empresarial; continuación del fraude fiscal y de las exorbitantes exoneraciones, más una fuerte alza en la concentración de la riqueza. Todos estos problemas se agudizarán con el convenio-préstamo con el FMI.

Lo paradójico del asunto es que el país posee, custodiada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), una alta cantidad de dólares; específicamente, unos 8.500 millones de dólares conceptuados como reservas monetarias. 1.750 millones viene a representar, aproximadamente, un 20% de ese monto de dinero guardado en el BCCR.

Sin embargo, tienen al país en medio de una gran tensión, en ruta de confrontación abierta, por su obcecada insistencia en que no hay más alternativa que acudir al FMI para obtener ese préstamo. Precisamente, en este mismo día, cientos de compatriotas se manifiestan en diversos puntos del país para mostrar su repudio (entre otros objetivos), a la propuesta de Alvarado de amarrarnos al FMI.

Con el apoyo total de Alvarado, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey repite, una y otra vez que no se puede coger esa plata; que no es posible utilizar esos dineros de las reservas monetarias como alternativa al préstamo-convenio con el FMI.

Para la ciudadanía de a pie, resulta incomprensible la posición del señor Cubero Brealey, como si el dinero, como si esas reservas monetarias fueran de su propiedad personal. Lo que pasa es que don Rodrigo está matriculado ideológicamente: él pertenece a esa secta de economistas neoliberales para los cuales uno de sus principales dogmas es la “independencia” del Banco Central, algo tan ridículo si lo contrastamos con la pertenencia de él al equipo económico gubernativo de Alvarado. Entonces, ¿cuál independencia?

Lo que tenemos que entender es que la cerrazón del presidente del Banco Central, su postura ideológica, la fuerte resistencia que muestra para comprender que no estamos en tiempos normales, obliga a que los sectores organizados de las mayorías populares, de manera consistente, construyamos la alternativa que le haga frente a lo que él representa y a los sectores que él protege.

Don Rodrigo sigue apelando a los postulados “sagrados” del recetario macroeconómico que él aplica a la situación estructural nacional de las finanzas públicas; todo lo cual va en contra del bien común y de la inclusión social. La necesaria consigna del momento, don Rodrigo Cubero Brealey, ¡suelte el dinero!, no tendrá el impacto necesario si no es pronunciada, con acciones concretas, por las miles de voces de las personas que nos sentimos perjudicadas por el recetario del señor presidente del BCCR.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Cerca de 8 mil 500 millones de dólares tiene acumulados el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en lo que denominan Reservas Internacionales Netas, desde antes de la llegada de la pandemia. Las Reservas Internacionales son “…activos externos que están disponibles de inmediato y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio y para otros fines conexos”. Este dato lo tomamos el documento Informe de gestión de las reservas internacionales netas durante el primer semestre 2019, emitido por el BCCR. Esa plata está ahí y para disponibilidad inmediata.

La sociedad costarricense está en alta tensión en estos momentos. Es más, desde la entrada en vigencia de la actual Constitución Política que rige nuestra vida institucional-republicana, en la fecha del 7 de noviembre de 1949, no se observaba un escenario nacional tan cargado de amenazas de todo tipo, un pueblo tan enojado en todos los niveles de su estratificación social; así como una clase gobernante, especialmente su segmento hegemónico, cada vez más distante del pueblo que la eligió. De todo esto se ha hablado bastante ya en los últimos meses.

Los principales partidos políticos de esa clase gobernante, Liberación, Unidad y Acción Ciudadana, que nos han puesto al borde del precipicio, pregonan todos los días y a toda hora, que ya estamos en los tiempos de la hecatombe fiscal.

Esencialmente, se argumenta la crisis fiscal, el alto déficit en las finanzas del Gobierno Central, la “descomunal” cuantía de la deuda pública y su pago exorbitante de intereses; así como que, indican, no se ha hecho lo suficiente en materia de “contención del gasto”.

Nunca han enfatizado en impulsar fuertes políticas públicas en el amplio abanico de posibilidades alternativas de obtención de ingresos frescos, como los 14 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), en evasión-elusión y en exenciones-exoneraciones, tributario-fiscales; nunca se han preocupado por una renegociación estratégica de los montos de la deuda y su pago de intereses más que abusivo; nunca se han preocupado por cambiar la naturaleza del sistema tributario costarricense hacia la progresividad del mismo. Cientos y cientos de veces hemos hablado de ello y con planteamientos serios. Pero hay más fuentes para obtención de ingresos fiscales frescos.

Sin embargo, y dado que el “apocalipsis” fiscal ya llegó, según nos dicen, la única manera de enfrentarlo es acudiendo al Fondo Monetario Internacional (FMI), que nos salvará del infierno del default , “prestándonos” 2.250 millones de dólares de los cuales ya adelantó 500 millones, restándose la aprobación legislativa de 1.750 millones $; eso sí, a cambio de un brutal paquete de impuestos, completamente injusto y regresivo que el gobierno de Alvarado Quesada denominó como “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia”.

La corriente sindical en la cual militamos, desde un primer momento, planteó que Costa Rica no ocupa de un “convenio” con el FMI; y, mucho menos, con los contenidos de masacre social que conllevan esos nuevos impuestos; básicamente destinados a incrementar el sufrimiento, la pobreza, la precariedad laboral y la quiebra de la mayoría del pueblo trabajador costarricense y de las ya de por sí bastante golpeada clase media, así como los micro-pequeños y medianos emprendimientos productivos y empresariales. ¡No hay necesidad de ese préstamo! Ahí están las reservas internacionales que custodia al Banco Central de Costa Rica (BCCR), pero que no son de su propiedad; es propiedad del pueblo costarricense.

“Rodrigo Cubero Brealey, ¡soltá la plata!”. Bien puede ser éste el lema para una fuerte acción cívico-popular de alta incidencia política tendiente a que el señor Rodrigo Cubero Brealey, actual Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), entienda que la situación fiscal-tributaria y socioeconómica de la Costa Rica que está en puertas del Bicentenario es sumamente grave; y que, por tanto, deben desprenderse del recetario dogmático-sectario del monetarismo fiscalista; debe don Rodrigo “liberar· su mente para superar ese arcaico concepto de “república independiente” que le han impuesto a los bancos centrales, el fundamentalismo neoliberal. De lo contrario, le corresponderá a la ciudadanía activa mediando consciente movilización asumir esa necesaria y urgente tarea. “Rodrigo Cubero Brealey, ¡soltá la plata!”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Llevamos cualquier cantidad de días, semanas, meses y hasta años denunciándolo, desde esta columna y en una gran cantidad de espacios de diverso orden, aprovechando cuantas oportunidades hemos tenido: la perversa y corrupta naturaleza de un sistema tributario profundamente regresivo, además diseñado para evadirlo y para hacerse rico con sus múltiples posibilidades de triquiñuelas, es la base de la espantosa crisis fiscal que amenaza la misma integridad del tejido social de la República.

Con el país al borde del cataclismo económico-social más grave de su casi bicentenaria existencia republicana, tenemos que decirlo a viva voz, con una mezcla de dolor y de indignación: ¡Teníamos razón!

Lo que ha venido denunciando el ciudadano don Rodrigo Chaves Robles, exministro de Hacienda hasta hace pocas semanas, confirma que no solamente hemos hecho lo correcto en la materia; sino que, además, certifica que hay una corrupción sistémica en el Ministerio de Hacienda, la cual se convirtió en el cáncer que ha venido carcomiendo parte de las finanzas públicas desde adentro.

A pesar de que el Ministerio de Hacienda tiene un alto porcentaje de personal honesto, responsable, noble y sacrificado, la corrupción que lo ha carcomido se agudizó en las últimas administraciones gubernativas de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana. Una especie de casta político-tecnocrática, con ramificaciones intra y extra-institucionales se las “ingenió” para construir un real poder con peso político en las sucesivas administraciones cuyos jerarcas ministeriales se “acomodaron” a ese poder, rehusaron confrontarlo, terminando por cohonestarlo, de manera abierta o tácita.

Miles y miles y miles de millones de colones, de dólares, se evadieron en el marco de ese clima institucional del real poder en el Ministerio de Hacienda; plata que hoy no solamente está haciendo falta para intentar frenar el colapso del país, sino que deben estar en paraísos fiscales o en suculentas cuentas bancarias.

Curioso es notar que cuando el citado exjerarca ministerial planteó eliminar el secreto bancario para efectos tributarios, ese real poder y sus referentes externos soltaron toda su furia opositora, presionando para echarlo de la cartera de Hacienda. Al final lo lograron.

En varias entrevistas, especialmente en el programa del reconocido ciudadano don Claudio Alpízar Otoya, don Rodrigo Chaves Robles habló, sin pelos en la lengua de lo que encontró en el Ministerio de Hacienda. Aunque nos parece que se guardó varios elementos de sensible peligrosidad, lo que nos contó es espeluznante. De lo que señaló, destacamos:

• En Hacienda hay 59 sistemas de cómputo que no se hablan entre sí; es decir, cruzar datos es algo casi imposible.

• Los contenedores que entran al país se revisan por decisión de personas que usan una lista física impresa. Con con marcador fosforescente se decide qué se revisa y qué no, y se marca. Ese es el criterio «técnico e imparcial».

• Ante resultados incompetentes, el señor Chaves despidió funcionarios sin capacidad técnica, personas que ya habían estado con muchos ministros de Hacienda, en ésta y otras administraciones, sin dar resultados. Después de su salida de Hacienda se recontrataron algunas de esas personas por el actual ministro.

• Se quedó frío al pedir el presupuesto de su ministerio: le informaran que anualmente se pagan 16 millones de dólares en alquileres (sólo en ese ministerio). Una de las razones que le dieron es que esos edificios son de “cierta” familia y no podían cancelar contratos. Indica que con lo que se ha pagado en alquileres, ya se hubiera construido tres edificios de primer nivel.

• Anualmente prescriben entre 12 mil y 20 mil millones de colones en cobros de impuestos, por “ineficiencia” de Hacienda.

• En Hacienda se “perdieron” 3.400 carpetas con información de cobros a deudores. Nadie le supo decir cómo.

• Los escáneres que se compraron para Aduanas hace 18 años aún están sin instalar.

En resumen, indica don Rodrigo: Hacienda está diseñada para no funcionar a propósito. Los presidentes de la República y ministros que hemos tenido desde hace varios lustros, permiten este desastre para que ciertas empresas e intereses sigan evadiendo. Al igual que siempre lo hemos pensado nosotros, en ANEP, no se necesitan más impuestos; se necesita orden en ese desorden y que los evasores y elusores paguen, según don Rodrigo. Los trabajadores y las trabajadoras, las micro-pequeñas y medianas empresas, la ciudadanía de a pie, es la gente que no evade impuestos. Nosotros creemos que, así como están las cosas, en el Ministerio de Hacienda la corrupción es sistémica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Cada hora que pasa, el repudio del pueblo costarricense contra las intenciones de Alvarado Quesada y su equipo económico, de imponer una cascada de nuevos impuestos en contra de los golpeados bolsillos obreros, micro-pequeño y mediano empresariado, la alicaída clase media, el cooperativismo, el sistema municipal, la calumniada y vilipendiada fuerza laboral del sector Público, etc.; aumenta su potencia, al evidenciarse vergonzosas triquiñuelas como la del financiamiento de 1.500 millones dólares, vía convenio FMI, para satisfacer la obsesión presidencial del tren eléctrico.

Efectivamente, en el documento oficial del pretendido pacto con el FMI, Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, se tiene al tren eléctrico presidencial dentro del grupo de proyectos de infraestructura, 2021-2023, por ese monto de 1.500 millones de dólares (pág. 56). Alvarado Quesada pretende, con esta jugada-triquiñuela, ya no solamente dejar al país en total quiebra, sino con esa deuda del tren eléctrico, la cual parece haberse convertido en una especie de obsesión presidencial que da demasiado en qué pensar.

Por otra parte, sin pizca de credibilidad alguna y según su decir, el ministro de Hacienda, don Elián Villegas Valverde, estaría indicando que eso fue un “error” al haberse incluido en ese documento, cometido por alguien que él no sabe quién fue. Una explicación, aparte de ridícula, cínica. Se burla de la inteligencia del pueblo costarricense. La inclusión del financiamiento para el tren eléctrico en el documento Propuesta para negociar con el FMI, es un acto consciente y de soberbia política de Alvarado Quesada y de su equipo económico.

Por otra parte, dice el refrán popular que, “al que no quiere caldo, dos tazas”. La obsesión presidencial por el tren eléctrico, al parecer, también es respaldada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual pretende llevar el punto a la “negociación” prevista para noviembre, sobre el tema de las finanzas presentes y futuras del régimen de pensiones más importante del país, Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS).

La tecnocracia política de la Caja, de gran poder supra-gobiernos, ahora auto-identificada como “Grupo Interno Especializado”, pretende que esa “negociación” arroje como acuerdo el siguiente punto: “(f) Inversión de recursos para el financiamiento de Obra Pública de alto impacto y gran necesidad de recursos, como el tren eléctrico…”.

Así se consigna en el documento que le presentaron a las corrientes sindicales que participarían en esa “negociación”; documento titulado Informe de Planes de Fortalecimiento al Seguro de IVM (pág. 24).

Repudiable actitud gubernamental y del “Grupo Interno especializado” de la CCSS que denunciamos y condenamos, de manera enérgica.

He aquí un segundo intento para darle financiamiento a la desesperada iniciativa del tren eléctrico; y que sean fondos obrero-sociales, de estratégica naturaleza para la paz del país, que se arriesguen en un negocio aventurero que ya ha sido sumamente descalificado por voces de amplio conocimiento en estas cuestiones del transporte ferroviario.

Es más, como ya se ha explicado, si ese nefasto negocio del tren eléctrico se le impone al país, y si se va a sacar plata de IVM-CCSS para financiarlo, será la clase trabajadora cotizante y el propio empresariado honesto que da su aporte patronal a este fondo de pensiones, los encargados de sostener el multimillonario subsidio que habría que darle a la empresa ganadora de la concesión, con altísimo riesgo de fracaso pronosticado.

Como ya lo indicamos, esto del tren eléctrico suena a una obsesión presidencial que, dado el elevado deterioro de la credibilidad del gobernante Alvarado Quesada, puede dar pie a una serie de interpretaciones de dudosa transparencia; habida cuenta del gran peso político que tienen en Casa Presidencial intereses mega-corporativos de “alto vuelo”, los cuales han venido determinando el rumbo estratégico de la actual gestión político-ejecutiva del país. Es hora de que se engavete tan inoportuna iniciativa y que se deje para “mejores tiempos”, eso sí, fomentada bajo otros parámetros de real vocación por el bien común y por la integración social.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

40 personas integrantes de la actual Asamblea Legislativa, con curul legislativa, votaron el pasado jueves 27 de agosto de 2020, el primer tramo o tracto de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto total de 508 millones de dólares; antesala de otro crédito de mayor cantidad en esa moneda, por 1.750 millones.

En total será un préstamo conocido en la jerga de ese ente financiero global, como “convenio Stand-by”, el cual compromete seriamente el futuro de la actual generación y de las venideras. Llamaremos a esas señoras legisladoras y a esos señores legisladores como diputaciones fondomonetaristas.

Con base en este actuar de estas diputaciones fondomonetaristas, al comprometer la vida de miles de costarricenses todavía en vida y otros miles más por nacer, es que nos estamos preguntando cuánta legitimidad política real tienen esas 40 personas, por más rango diputadil que tengan, de asumir tan gigantesca responsabilidad, rayana según nuestra visión de mundo, en un acto de traición a la Patria.

Cada una de esas 40 personas representan, individualmente, el 0,00002 por ciento de la actual población del país, misma que es de unos 5 millones de costarricenses. Juntas las 40, apenas alcanzan a significar 0, 0008 del total nacional de ticos y de ticas vivientes en estos momentos. Ni siquiera llegan al 1% de la población nacional y se aprestan a hipotecar el futuro del país más allá de cuando alguna de ellas, ya no estén en esta tierra.

Al igual que está sucediendo con el señor Carlos Alvarado Quesada, cuya presidencia de la República tiene una altísima deslegitimación política en estos momentos; debemos elevar nuestra voz y denunciar que esas 40 personas diputadiles no tienen en la actualidad, una legitimidad política real como para actuar como una asamblea constituyente de facto, cambiando la concepción político-ideológica de carácter estratégico y estructural que fue plasmada por las personas constituyentes, que sí eran realmente legítimas, las que aprobaron la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949.

El significado de esos créditos con el FMI que están votando esas diputaciones fondomonetaristas, va más allá de las cantidades de millones de dólares que han de aumentar la impagable deuda pública del país.

Es más, parece conveniente impulsar un ejercicio de cívica rendición de cuentas para determinar cuántas de esas 40 personas diputadas fondomonetaristas, que están dispuestas a entregar el país a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), podrían en estos momentos convocar a reuniones a quienes le eligieron, darles la cara y explicarles su actual comportamiento político-legislativo.

Apostamos a que ni uno solo de ellos o de ellas, asumirá un reto de semejante calibre; especialmente si activos grupos de ciudadanía activa se apersonaran frente a las casas donde habitan a solicitarles, con respeto y vehemencia, que den la cara.

Creemos, a la vez, que dar un voto legislativo a convenios fondomonetaristas de préstamos condicionados que implican, por ejemplo, dar viabilidad política a la venta de instituciones públicas exitosísimas como el Instituto Nacional de Seguros (INS), en su ramo la empresa comercial de seguros más importante y rentable de toda la región mesoamericana; supone un monumento a la ignorancia para con nuestra historia y lo que significó su fundación hace ya casi un siglo, en 1924; como también suponemos que se desconoce el pensamiento de don Ricardo Jiménez Oreamuno y de don Tomás Soley Güell, cuando tomaron la visionaria decisión política de impulsar la fundación del INS.

Es una verdadera conmoción política imaginar que un 0,0008% de la población costarricense actual (las 40 diputaciones fondomonetaristas), se dispongan a viabilizar la venta del Instituto Nacional de Seguros (INS), un emporio en su campo que ni siquiera la competencia de las transnacionales de actividad homóloga instaladas en el país, han podido desplazarle del mercado.

Las 40 diputaciones fondomonetaristas deben ser exhibidas, una y otra vez, con sus nombres y con sus apellidos, para indicarles por todos los medios a nuestro alcance, su real estado de deslegitimación política plena como para tomar semejantes decisiones de; por un lado, darle un golpe de Estado de facto a la Constitución Política de 1949; por otro, facilitar la entrega de parte de las más grandes riquezas de propiedad pública que todavía quedan en manos del pueblo costarricense. En el caso del INS y desde nuestras propias trincheras, siempre hemos honrado y lo seguiremos haciendo, el legado de don Ricardo Jiménez Oreamuno y de don Tomás Soley Güell.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Robin Hood es el legendario héroe de baladas inglesas que robaba a gobernantes y eclesiásticos acomodados, para entregar parte del botín a necesitados, menesterosos y oprimidos.

Se lo sitúa entre los finales del siglo XIV y principios del XV. Según la leyenda, Robin Hood era un barón llamado Robin Longstride o Robin de Loxsley, quien era de gran corazón y vivía fuera de la ley, escondido en el bosque de Sherwood, cerca de Nottingham, ciudad del centro de Inglaterra. Más simple: Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres.

El pasado 8 de marzo, el parlamento europeo, en el cual están representados los 27 países que forman la Unión Europea (UE), votó a favor de ponerle un impuesto a las transacciones financieras (ITF) que se hagan en toda Europa.

Culminaba así una larga lucha, básicamente impulsada por los movimientos sociales y sindicales de la UE, a partir de la propuesta del economista estadounidense James Tobin.

En 1971, él propuso un impuesto sobre el flujo de capitales en el mundo para crear un gigantesco fondo de combate a la pobreza y para propiciar políticas públicas de inclusión social. El señor Tobin recibió el Premio Nobel de Economía en 1981 y a su propuesta de impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), se le conoció como la “Tasa Tobin”.

Esa larga lucha por llevar a la realidad la Tasa Tobin, fue liderada por la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC); convirtiéndose en un movimiento internacional que promueve el control democrático de los mercados financieros.

La ATTAC se originó en Francia, en junio de 1998, teniendo entre sus promotores a un extraordinario ciudadano, el periodista español Ignacio Ramonet, director de uno de los periódicos de mayor prestigio en el planeta: “Le Monde Diplomatique”.

Como es bien sabido, la ideología dominante en el mundo, pese a su evidente fracaso, es la que comúnmente denominamos como el “neoliberalismo”, pero dentro de la misma, su parte más criminal, más anticristiana, más deshumanizada, es la del capital financiero-bancario; el cual, sin piedad ni misericordia alguna, arruina países, destruye empleos, produce violencia desenfrenada, potencia a niveles siderales la corrupción y vive en una orgía desenfrenada de acumulación y de concentración de riqueza jamás vista en la historia de la Humanidad.

La propuesta de la Tasa Tobin, es decir, el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras), como indicamos, llegó a popularizarse en Europa como el impuesto “Robin Hood”, dado que ese capital financiero es de tal magnitud, es tan “recontragigantesco”, que quitarle un “poquito”, vía ese impuesto, en nada se le afecta. Aún ese “poquito”, generaría un fondo enorme.

Aunque por ahora el impuesto “Robin Hood” aprobado en la UE es de un monto diminuto, evitaría, por ejemplo, la necesidad de realizar recortes tan drásticos en el gasto público que afectan a miles y miles de personas trabajadoras con rebajas de salarios y con recortes de empleos y eliminación-deterioro profundo de los servicios públicos sociales.

Por ejemplo, el Instituto Austríaco de Investigación Económica, ha estimado que una tasa global de transacciones de 0.05 % podría aportar entre 447 mil millones de dólares y 1.022 millones de millones, ¡al año!

Está más que claro que el impuesto “Robin Hood” no será la solución auténtica y definitiva para atender los problemas de la pobreza y de la desigualdad mundiales, pero su entrada en vigencia podría, con gran fiscalización ciudadana, elevar los ingresos disponibles por los gobiernos para financiar algunos aspectos de una agenda de desarrollo inspirada en el bien común, la inclusión social y el cambio climático, es decir, la preservación de la vida misma del planeta.

El impuesto “Robin Hood” es una iniciativa realista y viable, sumamente necesaria para contrarrestar la dinámica desbocada de los movimientos financieros a nivel internacional (y nacional, también); movimientos que alimentan crisis recurrentes con impactos destructivos sobre la economía de los países y las condiciones de vida la población.

En Costa Rica, el capital financiero-bancario ha sido sino el más, uno de los sectores que más ha acumulado riqueza, en cantidades insospechadas por la ciudadanía, con las políticas económicas dominantes que han prevalecido en los últimos seis gobiernos, incluido el actual.

Tan es así que el comentario siguiente no es de un sindicalista, sino de un costarricense que se ha movido en ese “mundillo” y que lo conoce profundamente. Hablamos del prestigioso economista don Jorge Guardia Quirós, quien el 24 de noviembre de 2009, en su columna de opinión indicó lo siguiente:

“Lo que dije, y sostengo, es una realidad objetiva que… nadie podrá camuflar…: los banqueros han desplegado una influyente labor de cabildeo y logrado beneficios injustificados que el país debe cuestionar. Ese es el punto. Se les permitió captar recursos y efectuar préstamos sin una licencia bancaria (a cualquier mortal lo habrían metido en la cárcel), sin satisfacer encajes ni pagar impuestos. Gracias a esos y otros beneficios, su tasa efectiva es muy baja, mientras se crucifica a otros contribuyentes. Vivieron en la opulencia y cotizaron como paupérrimos. También gozaron de reducciones de encajes que les liberaban recursos para prestar y ganar más… Están las leyes, reglamentos, actos y decretos que lo demuestran, y las actas de la Asamblea donde se bendijo a las offshore, en 1995. Yo no estoy contra la banca. Cumple una función vital. Pero mi preocupación por los privilegios es sana y de interés público. Por eso creí que de la polémica podría emanar algo positivo. Esperaba un examen de conciencia y acto de contrición para pedir perdón al país por todos los beneficios concedidos y su anuencia a consentir reformas para eliminarlos. Pero no…”.

Efectivamente, en Costa Rica ocupamos de la instauración, a lo tico, del impuesto “Robin Hood”. Señora Presidenta Chinchilla Miranda: Con todo el respeto que requiere su honrosa investidura, usted que dice que los sindicatos en vez de protestar deberíamos proponer, aquí le dejamos ésta, junto a los otros 13 planteamientos que ya le formulamos para que se resuelva el grave problema del déficit fiscal que su gobierno dice tener; pero resolviéndolo sin que los y las de abajo (incluida la clase media), siga sufriendo más.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Detectada que ha sido una gran sensibilidad obrera de base, así constatada en cientos de consultas efectuadas en el trajinar cotidiano de la verdadera lucha sindical, hay un consenso contundente en materia de IVM-CCSS: rechazo total a la pensión a los 65 años; rechazo total a que se suba más el aporte obrero en la cotización; y, rechazo total a que se reduzca, todavía más, el monto a recibir una vez que se deja de laborar activamente.

Ninguna de las tres circunstancias es aceptable para el gran conglomerado trabajador del país. La corriente sindical en la cual militamos, lo deja constando de manera pública por esta vía, en el sentido de que esta es la base fundamental de nuestra posición para los actuales momentos históricos de IVM.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tiene una junta directiva de 9 personas integrantes. Solamente una de ellas tiene una legitimidad de representación obrera-genuina y es don Mario Devandas Brenes. En la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra lucha diaria, así lo reconocemos. La acertada intervención de él logró que sea hasta el mes de noviembre próximo cuando esa directiva tome decisiones de fondo, sobre el futuro del régimen de pensiones más importante del país: Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Sin embargo, como este es un tema sumamente sensible, de altísimo impacto político-laboral y que se presenta en un delicadísimo momento de riesgo de conmociones sociales impensadas, es que estamos instando, de manera pública, al respetado don Mario Devandas Brenes, para que insista en una ampliación del plazo para esta discusión, más allá de noviembre próximo.

Sabemos que don Mario está, prácticamente, “solo” en esa directiva de la Caja: De las 8 personas adicionales que junto a él la integran, 3 representan al cuestionadísimo actual gobierno; 3, al más renombrado gremio empresarial-corporativo del país, el sindicato patronal UCCAEP (gran aliado de Alvarado). Los dos restantes vienen del sector cooperativo y del sector solidarista. En el primero de los casos, el cooperativo, dudamos mucho que “su” actual directivo pueda exhibir un sólido respaldo proveniente de la base de tan importante y estratégico movimiento social.

Por tanto, será necesario que una fuerte base social se presente y se manifieste en el escenario de la discusión que la Caja quiere que sea ya, de inmediato (… o, que no se dé del todo). La dirección política de la Caja no tiene nada de ganas de que otras perspectivas sobre el estado de situación actual del IVM, se ventilen de manera pública. La Caja prefiere que sus tesis se impongan y para ello ocupa que se las legitime el mundo obrero organizado.

Las principales intenciones de la CCSS, que son las que ya olfatea la clase obrera y trabajadora, son las siguientes: a) hombres y mujeres se pensionarán a los 65 años, sin distingo alguno; b) les subirán a las personas actualmente cotizantes el aporte obrero, sustancialmente; y, c) pretenden reducir de un 60 a un 40% el monto que se recibiría por pensión.

Tampoco es descartable que esas “mentes brillantes” del manejo financiero de la Caja, ya estén pensando en poner a cotizar a las personas actualmente pensionadas por IVM, las cuales deben moverse para organizarse, ¡pero ya!, seriamente.

Para la Caja es “molesto” que se insista en que se ventilen sus decisiones de inversiones. Particularmente, en las del mundo empresarial privado como el Grupo Nación. Igualmente, que se le diga a la clase trabajadora, la verdad acerca de la plata que tiene invertida en bonos del Gobierno; bonos que muchos estiman no valdrán nada en un plazo no muy lejano, si el país llega a un estado de quiebra.

A la Caja no le gusta que se le cuestione, de manera pública, cómo tiene todavía en puestos de sensible toma de decisiones en el ámbito financiero, a personas que están cuestionadas y hasta acusadas en el Ministerio Público, por “malas” decisiones con los fondos de IVM; “malas” decisiones que dejaron un gigantesco hueco en sus finanzas, de muchísimos millones de colones.

Quedan otros ámbitos de abordaje analítico, crítico y propositivo con perspectiva obrero-social sobre este tema IVM-CCSS. Esperamos poner a disposición del pueblo trabajador, en fecha próxima, nuestros planteamientos elaborados con gran solidez técnico-profesional.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

La crisis económica que ha generado la pandemia, ha fortalecido el control de la política nacional en materia de toma de decisiones, con un profundo contenido ideológico que no es el de la promoción del bien común, ni el de la integración social.

La estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada, hoy con su legitimidad político-presidencial hecha añicos, no hizo más que extender la alfombra para el paso de esas fuerzas que no soportan más la existencia de las concepciones inherentes a un Estado Social que, como el costarricense, propició importantes dosis de humanismo asistencialista con cierto abordaje integral, por una parte; y, por otra, fomentó el desarrollo económico-social de capas medias con decente nivel de vida y buena capacidad de consumo… hasta cierto momento.

Lo uno y lo otro, ya están no solamente en fase de agotamiento inducido, sino que son víctimas de gran orfandad de representación política real y consecuente.

Revertir lo anterior, con un Estado en puertas de su quiebra; o con desesperadas inyecciones de recursos externos, ideológicamente condicionados también, para evitarlo en lo inmediato; requiere de la construcción de un contra-poder que implica más que líricas declaraciones «de concordia», o de «derribamiento del modelo neoliberal».

Varios elementos conviene impulsar en el análisis ante el semejante desafío de la construcción de ese contra-poder. Veamos. Uno piensa que lo subjetivo, hablando de lo que tiene que ver con las personas actoras directas que están ubicadas en diversos segmentos de este lado de la acera, en estos momentos; parece ser un obstáculo fundamental en las actuales circunstancias de gran de soledad política en que se encuentra esa enorme cantidad de compatriotas que está sufriendo a diario por las razones harto sabidas.

Quienes nos proclamamos «defensores» del pueblo costarricense tenemos pleno conocimiento de tan cruel realidad; sin embargo, las mezquindades de la competencia por el protagonismo, el cortoplacismo personalista y la fetidez del gusanillo electorero-sistémico de corte circunstancial, se atraviesan en el camino de la indicada y necesaria construcción de ese contra-poder; contrapoder con el cual se podría atacar de raíz esa soledad política, abriendo el paso a una gran comunidad de resistencia, de esperanza y de acompañamiento colectivo y solidario.

Por el contrario, la acera de enfrente se da el lujo de exhibir ya, sin escrúpulo alguno, dos presidencias: la formal y la real, en ruta articulada y casi-triunfante hacia la polarización económica total desde la perspectiva de la concentración de la riqueza.

Esta gente lo tiene todo tan perfilado, pese a que son ya visibles las pugnas en su interior por el control absoluto de la estrategia, en aras de la apropiación total de lo bueno que queda de la institucionalidad de propiedad estatal; es decir, esa cacería descarnada que se da en el seno del ámbito de la riqueza concentrada para incrementar ésta; dejando al margen a los competidores que, dentro de la misma clase oligárquico-económica, no van a “calificar” para participar el reparto final del pastel que, si bien quieren hacerlo lo más grande posible, los pedazos del mismo serán de tal tamaño que serán pocos para distribuir.

Por ejemplo, es notoria la bronca entre dos conglomerados mediáticos practicantes del periodismo de odio, aunque aliados viles contra el empleo público; ambos con fuertes intereses de macro-negocios.

También es notoria la pugna por el control absoluto de ese proceso de apropiación de lo público que es rentable todavía, entre la estructura tradicional del sindicalismo patronal (conocida en la jerga del mundo de los grandes negocios, como los «trameros de mercado»), vs. el grupo de los «positivistas de horizonte», que tienen en sus manos la presidencia de la República, realmente, y que está funcionando como potenciadora de más mega-negocios de carácter empresaurial.

Los “trameros de mercado” sienten que, al real poder instalado en Zapote, solamente se puede acceder “helicoptereado”, dado que es así como se hacen los mega-negocios; a tal punto que hoy han renunciado a participar en el ahora desacreditado buzón digital de sugerencias, el falso diálogo social “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Pese a sus trifulcas internas por el reparto del pastel, el acuerdo es estratégico e ideológico: nada Estado-todo mercado.