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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

El gobierno neoliberal de los presidentes Alvarado-Garnier, por medio de su vocería hacendaria, está diciendo que el próximo 17 de setiembre de 2020, los y las costarricenses conoceremos cuáles serán los contenidos que el país (no es el país, son ellos), le propondrá al Fondo Monetario Internacional (FMI), como temas de “negociación” a cambio de los 1.750 millones de dólares del segundo tramo del crédito con este organismo financiero, cuya primera parte, de 508 millones de dólares, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de agosto de 2020.

Varios aspectos indignan. En primer lugar, la soberbia de esta gente de creer que el pueblo tico no entiende de estas cosas, de creer que somos imbéciles, de creer que el sentido común de nuestra precaria situación económica no nos da para olfatear la catástrofe que se nos viene encima.

En segundo lugar, dado que tienen un estilo de gestión gubernativa altamente opaca, sumamente manipulador y groseramente clasista, nadie puede creer que tales temas ya no han sido discutidos en “privado”, virtualmente, con los tecnócratas fondomonetaristas y los de la cúpula política del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Así que lo que van a hacer el 17 de setiembre no es nada más que una operación mediática tratando de fortalecer la estrategia del engaño a la ciudadanía.

Realmente pensamos que es un crimen contra toda la sociedad, más endeudamiento público sin tener absolutamente certeza de todas las circunstancias que a lo largo de los años han confluido como para que el país (ahora sí, el de todos y todas, incluidos ellos), esté al borde del colapso total, económica y financieramente hablando; y cerca del cataclismo social.

Es inmoral, no tiene la menor pizca de ética, es más, se trata de un condenable juego sucio que, sin más ni más, nos estén diciendo que para el 2021, buscando que el país no quiebre, que ocupan 10 mil millones de dólares; cuando la clase gobernante a la que pertenece esa gente permitió que en la última década se diese una defraudación tributaria de casi 4 veces más esa cifra; si consideramos la reiterada denuncia del exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, de que el robo de impuestos fue de 3.800 millones de dólares por año.

Por otra parte, endeudarnos más, en una cifra realmente insignificante para la magnitud del desastre que dicen que se nos avecina, resultaría inmoral si no se procede con la transformación tributaria estructural harto diagnosticada y sabida. Connotados especialistas coinciden en que este crédito con el FMI es innecesario, dado el desastre fiscal estructural que nos tiene al borde de la quiebra. Más deuda, en tales condiciones, es algo más que suicidio colectivo.

Hay trampa en todo esto. La ausencia de voluntad política para impulsar las correcciones estructurales del desastre fiscal del país, indica que la apropiación privada de los más rentables negocios que todavía son propiedad estatal, es lo que verdaderamente les importa. Por tanto, debemos fortalecer esta circunstancia ante la ciudadanía, porque quieren seguir evadiendo de manera obscena, pero acumulando riqueza, también de manera obscena.

Nuevamente, la urgencia de una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública del país, es lo que debería impulsarse, legislarse y ordenarse desde la Asamblea Legislativa. Es monstruoso que la deuda llegue al 80% del PIB el año entrante, 2021, sin siquiera saber quiénes son nuestros acreedores. Sencillamente, todo esto es aterrador, ojalá nos defendamos antes de que nos aplaste.      

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Carlos Alvarado Quesada, como Presidente de la República, se ha quedado ya sin legitimidad política. De seguro, seguirá con la legitimidad formal dada por el resultado electoral de febrero-abril de 2018, según la Constitución y la ley; aunque 2 años y 3 meses después de haber asumido tal rol, crecen las voces que le piden que renuncie.

De manera reiterada lo venimos manifestando, es más, fuimos los primeros en plantearlo de esta forma: que Alvarado es el estafador político más notorio y más cínico en llegar a la Casa Presidencial, desde la caída del Muro de Berlín.

Por otra parte, si consideramos que desde su asunción a la primera magistratura del país a la fecha, 4 de cada 5 costarricenses desaprueben su trabajo, según la más reciente encuesta del Centro de Estudio Político (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), se nos muestra así el carácter, la profundidad y el impacto de esa estafa política.

Alvarado representa un contundente ejemplo de la deslegitimación de la clase política tradicional del país, hoy bien marcada en el tripartidismo PLN-PUSC-PAC (más el turequismo adjunto); si consideramos que la esencia del quehacer de la misma no apunta a impulsar modificaciones estructurales que restauren, de manera estratégica, la promoción del bien común en todas las políticas públicas.

Alvarado y su realidad actual de deslegitimación política como Presidente de la República, refleja algo que también venimos señalando en los últimos tiempos de deterioro integral de nuestra convivencia como nación: cada vez más se amplía, se alarga, se profundiza la distancia entre el gobernante y los gobernados.

Por otra parte, la deslegitimación política de Alvarado es enfática si consideramos cuál es la verdadera naturaleza del real poder al cual él se asoció para gobernar: el mega-empresariado corporativo de los superricos ticos, sector económico que emergió a la luz pública en la persona de André Garnier Kruze, ministro facilitador del proceso de los macro-negocios asociados a entidades públicas determinadas; personaje que nosotros categorizamos como la figura presidencial real quedando la de Alvarado como la figura presidencial formal.

Al respecto, debemos resaltar la denuncia que en redes sociales ha estado circulando por estos días de parte del dirigente campesino don José Oviedo Chaves, quien da cuentas de una reunión en la cual él participó y en la que estuvo presente el Segundo Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, el cual admitió (según nos lo narra don José), de que él mismo ha deseado irse de Casa Presidencial ante la contundencia del poder en el seno de la misma de André Garnier Kruze y su grupo; el cual tiene un agenda totalmente definida hacia el todo mercado-nada Estado, incluyendo la facilitación de la apropiación privada de los más ricos bienes estatales todavía existentes de propiedad pública, los denominados activos.

Además, el presidente real no cree en un auténtico diálogo social multisectorial, de ahí que la única concesión que ha hecho ha sido la fanfarria del buzón digital de sugerencias, oficialmente denominado “Costa Rica escucha, propone y dialoga”; remedo ridículo de participación ciudadana que no contó con la aquiescencia sindical de la corriente en la cual militamos.

Estamos ya a un año de que alcancemos los 200 años de vida republicana independiente. El bicentenario del 2021 nos llegará con una sociedad terriblemente empobrecida, muy penetrada por el crimen organizado y el narcotráfico; de enorme polarización económica en cuanto a la concentración de la riqueza y la entronización de la desigualdad, prácticamente irreversible. Un país con una deuda pública que no puede pagar, un Estado en quiebra y una clase política “bunkerizada” (alusión a la horrible estructura del nuevo edificio legislativo), que está posicionada como un fin en sí misma y gobernando para sí misma y sus círculos de amistades y familiares.

Lastimosamente, la deslegitimación política de Alvarado y todo lo que ello significa, no va acorde con la construcción de una articulación cívico-social y popular-patriótica que se asuma como desafío estratégico a ese real poder del cual el Segundo Vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez Cordero, se “lamenta” intramuros palaciegos.

Sabemos que se hacen esfuerzos de distinta naturaleza y bienintencionados en su gran mayoría. Sin embargo, el otro lado de la acera, jefeados por André Garnier Kruze y su grupo, avanza con rapidez que el campo de lo popular, al menos hasta hoy, no ha podido equilibrar.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

¡Atención! ¡Su atención, por favor! Señoras diputadas y señores diputados, diputaciones fondomonetaristas: Ustedes 40 (cuyos nombres completos citamos al final del presente artículo), votaron por abrir el pernicioso camino de entrega del país a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI); negándose a considerar la serie de alternativas que se han venido proponiendo en los últimos tiempos para enfrentar, con real perspectiva humanista, el horroroso panorama fiscal del país: su alto déficit, su impagable deuda pública, la naturaleza perversa de su sistema impositivo radicalmente injusto, así como la espantosa realidad de la evasión y de la elusión tributarias; dado que no puede haber responsabilidad alguna imputable por tal desastre al pueblo trabajador, ni a sus capas medias.

Congruentes con el sistema político-hegemónico del autoritarismo neoliberal que ha venido imponiéndosele a la gente, ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, deciden a espaldas, ya no solamente de las personas electoras que les llevaron a sus respectivas curules legislativas; sino en abierto contubernio con esas fuerzas contrarias al bien común, a la inclusión social y a la reducción de las desigualdades. Fuerzas que nos han situado en la deshonrosa posición de ser uno de los 10 países más desiguales del planeta; fuerzas a las que ustedes, ahora, potencian para que procedan al aniquilamiento final del Estado Social de Derecho, con la consigna ideológica de la venta de activos: la entrega de lo mejor que queda de ese patrimonio público que ya estaba antes de que, ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, hubieran nacido en esta tierra maravillosa llamada Costa Rica.

Nos atrevemos a afirmar que ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, no tienen ni la menor idea de los correspondientes procesos socio-históricos y político-sociológicos que dieron origen a cada una de esas entidades que ustedes se disponen a entregar; una vez que le den viabilidad a la segunda parte del mismo proceso crediticio, por 1.750 millones de dólares que votarán con el FMI; como lo hicieron votando el primer tracto, ese empréstito de los 508 millones de dólares, el pasado jueves 27 de agosto. 

Sin importar el partido político-electoral que les llevó a la actual Asamblea Legislativa, se han comportado ustedes como la mega-fracción parlamentaria al servicio de esos oscuros intereses que ya controlan el Poder Ejecutivo instalado en Zapote, disponiendo de dos presidencias de la República en estos momentos: la formal (Carlos Alvarado Quesada), y la real (André Garnier Kruze).

Sin embargo, todavía hay tiempo de que, por lo menos algunos de ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, retrocedan; especialmente porque ahora se nos está diciendo que esos 2.250 millones de dólares del FMI (los que ya ustedes votaron como primer tracto y el segundo por venir, de 1.750 millones de dólares), ya no se trata de un crédito stand-by, sino uno denominado “facilidad de fondo ampliada” (Extended Fund Facility -EFF-); enredo de modalidades o siglas crediticias que desde nuestra perspectiva obrero-social siempre implican entrega al FMI con ventas de activos incluida, más impuestos y más despidos de personas trabajadoras asalariadas del sector Público. O, ¿estamos equivocados? ¡Corríjannos ustedes y dígannos que no será así! ¿Podrían ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, convocar, al menos, a un conjunto de representaciones sociales de diversa naturaleza, dándonos la cara y explicándonos las razones de fondo, las transparentes, de su actual proceder?… ¡Lo dudamos!

En el entretanto, para las personas lectoras de esta columna, les aportamos los nombres de esas 40 diputaciones fondomonetaristas: Aida Montiel Héctor, Ana Lucía Delgado Orozco, Carlos Avendaño Calvo, Carlos Ricardo Benavidez Jiménez, Carolina Hidalgo Herrera, Catalina Montero Gómez, Daniel Ulate Valenciano, David Gourzong Cerdas, Eduardo Cruickshank Smith, Enrique Sánchez Carballo, Erwen Masís Castro, Floria Segreda Sagot, Geovanny Gómez Obando, Gustavo Viales Villegas, Ivonne Acuña Cabrera, Jorge Luis Fonseca Fonseca, Karine Niño Gutiérrez, Laura Guido Pérez, Luis Antonio Aiza Campos, Luis Fernando Chacón Monge, Luis Ramón Carranza Cascante, María José Corrales Chacón, María Vita Monge Granados, Mario Castillo Méndez, Marulin Azofeifa Trejos, Mileydi Alvarado Arias, Nielsen Pérez Pérez,  Oscar Mauricio Cascante Cascante, Paola Valladares Rosado, Paola Vega Rodríguez, Roberto Thompson Chacón, Rodolfo Peña Flores, Silvia Hernández Sánchez, Víctor Morales Mora, Wagner Jiménez Zúñiga, Welmer Ramos González, Xiomara Rodríguez Hernández, Yorleny León Marchena, Zoila Rosa Volio Pacheco.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Don José María Villalta Florez-Estrada, actual diputado de la Asamblea Legislativa, fue el autor intelectual y el impulsor político de una crucial acción judicial que merece, por siempre, el reconocimiento obrero del pueblo trabajador. Nosotros lo hacemos por esta vía y creemos que es algo muy justo, felicitarle y aplaudirle por ello.

Gracias a su iniciativa, el Estado costarricense ha sido condenado a pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la gigantesca cantidad de, prácticamente, 6 billones de colones (en cifras así: 6.000.000.000.000); equivalentes a la deuda que se generó cuando se decidió quitarle al Ministerio de Salud el histórico programa, famoso en América Latina y en el mundo, de la Atención Primaria, trasladándosele esa responsabilidad a la Caja para dar paso a lo que hoy conocemos como los EBAIS: Equipos Básicos de Atención en Salud.

Ese traslado ocurrió en 1994, tanto en lo político-institucional, como en la gestión directa de prestación de este servicio, de tanta cercanía a la población asegurada. Sin embargo, la Caja tuvo que hacerse cargo de financiar los EBAIS, pues el Gobierno Central (Estado: Ministerio de Salud-Ministerio de Hacienda), se lavó las manos e indicó algo así como “ahí le va eso… vea a ver cómo hace para financiarlo”. Jamás se le dio a la CCSS recursos nuevos, frescos, para sostener a los EBAIS, debiendo hacerlo la Caja con su propia plata.

De manera irresponsable, la Asamblea Legislativa al momento del traspaso, que fue en 1994, emitió la Ley de la República No. 7374, pero sin ningún traslado presupuestario o financiamiento alternativo alguno para la CCSS.

Luego de un juicio que duró mucho tiempo, agotadas que fueron todas las diversas etapas del proceso judicial, el Estado lo perdió y no le queda más que pagar el monto acumulado de esa deuda que se cuantificó en 5 billones 930 mil millones de colones; prácticamente 6 billones.

Creemos que, llegada esta situación hasta este punto, es más que conveniente que todas las organizaciones sindicales de genuino contenido obrero, se dispongan a actuar como veedoras activas, fiscalizadoras puntuales, promotoras intensas de que el Gobierno no busque subterfugios, tretas manipuladoras, recursos espurios de último momento y de dudosa legalidad, como para no honrar esa deuda con la Caja; monto gigante que dada la crucial situación que enfrenta la CCSS por la cuantiosísima inversión que ha tenido que hacer producto de la pandemia del covid-19, va a representar un respiro muy fuerte en el saneamiento de sus estresadas finanzas.

El proceso para la ejecución de sentencia que ha indicado la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se acaba de anunciar públicamente, exige, por lo tanto, ese acompañamiento activo, fiscalizador y promotor de parte de las diversas agrupaciones del pueblo trabajador organizado, especialmente en sindicatos; y, especialmente, también, en las entidades sociolaborales que aglutinan a la clase obrera cotizante de la Caja.

Como sabemos, también la Caja se ha visto en aprietos financieros por decisiones gubernamentales pro-patronales, más allá de lo que debió haber sido lógica razonabilidad, estableciéndose por parte de su junta directiva rebajas cuestionables en las aportaciones empresariales para la Seguridad Social; amén de las reducciones de aportaciones obreras por despidos, reducciones salariales y crecimiento de la informalidad.

Y, como es lógico suponer, la crítica situación financiero que vive la institución más emblemática del pueblo costarricense, también ha golpeado las finanzas del régimen de pensiones más importante del país: el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); el cual, de por sí, ya arrastraba pérdidas sensibles producto de males decisiones político-administrativas, en materia de inversiones que, incluso, están siendo tramitadas como acusaciones penales en el Ministerio Público.

Bien podría considerarse que de esa esperada inyección de 6 billones de colones que el Estado debe honrar con la Caja, se destine una cifra considerable para allegarle recursos frescos a IVM; el cual requiere con urgencia socorro financiero mientras la reactivación económica integral de los tiempos post-pandemia llegue; y, aun así, el envejecimiento poblacional de las personas que con derecho reclaman y reclamarán ser cubiertas por este régimen de pensiones, obligan a las autoridades de la Caja a considerar todas las opciones para su fortalecimiento; opciones que no pueden golpear más a la población trabajadora cotizante, misma que no está ni dispuesta ni en condiciones de que le aumenten la edad para pensionarse, ni la cotización para estar en este sistema, ni tampoco le reduzcan el monto a recibir una vez en estado de jubilación.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

De la manera más categórica y vehemente, tenemos que rechazar la imposición, a cambio de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de más cargas tributarias para el pueblo trabajador, para quienes sufren el desempleo y están en la informalidad; para las micropequeñas y medianas empresas.

El propio Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde, ya lo reconoce abiertamente, aunque era un secreto a voces; como secreto es lo que han pactado con el FMI, con los hermanos Arias Sánchez y con algunos líderes parlamentarios, usuales operadores políticos de los sectores económicos con poder real en estos momentos: andan tras la venta de los activos más rentablemente jugosos que todavía quedan con categoría de propiedad pública.

Guerra a los impuestos debe ser un unánime clamor social, exhortando de nuestra parte a que, desde las bases de la sociedad trabajadora y popular de este país, se articule la necesaria oposición cívica que impida la imposición de más cargas tributarias contra las mayorías muy golpeadas desde antes de la pandemia y producto de la misma.

Lo que sí corresponde es que la injusta estructura tributaria costarricense, profundamente regresiva, agravada por un escandaloso robo anual de impuestos que no es cometido por la gente de a pie, establezca que sea el sector de los superricos ticos el que deba aportar, ahora sí, sustancialmente, para impedir la irreversibilidad de una situación tan injusta como explosiva.

Ahora resulta que es la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tan “idolatrada” por esos sectores económicos con poder real en estos momentos, la que está planteando subir impuestos al patrimonio, al capital y también establecer los denominados impuestos “verdes”.

Según reporte de noticias de prensa del medio digital español El Mundo, la OCDE acaba de dar a conocer un informe fiscal en el marco de las graves consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia global del coronavirus covid-19. Dos párrafos de esa noticia son más que elocuentes y, por eso, se los compartimos:

Las medidas puestas en marcha por los países para luchar contra el coronavirus tienen un impacto clarísimo en la economía. A nadie se le escapa eso a estas alturas. Los costes se han disparado y los ingresos se han hundido, de ahí que los países se apresuren a lanzar sus planes de reconstrucción y de estímulo económico, como está haciendo Francia hoy mismo. A la OCDE tampoco se le escapa. Este jueves ha presentado un informe fiscal en el que ahonda precisamente en esa caída de los ingresos. Para la organización que aglutina a los países más desarrollados del planeta, la receta pasa por subir impuestos.

Pero, ¿qué impuestos? Subir ahora los impuestos a las rentas de trabajo o al consumo, como se hizo tras la crisis financiera de 2008, sería un error, a ojos de la OCDE. El empleo está en una posición muy delicada, por no decir en cuidados intensivos, y el consumo, también tocado, hay que reactivarlo, no penalizarlo. La fórmula posible, para la OCDE, es elevar los tributos que gravan el patrimonio o las rentas de capital”.

(https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/09/03/5f50dbe221efa006258b467d.html)

Por otra parte, y considerando este elemento que no estaba en la mesa, lo que ahora dice la OCDE, fortalece nuestro clamor que tenemos que repetir hasta la saciedad es que no es necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), para “resolver” el problema fiscal nacional. Hay alternativas.

Sin embargo, tanto el presidente formal (Carlos Alvarado Quesada), como el real (André Garnier Kruze), realizan una gestión político-ejecutiva de gran carga ideológica, a favor del desmantelamiento final del Estado Social de Derecho y de los valores que le inspiran, insertos en la maltrecha Constitución Política de 1949; gestión que incluye aumentar los impuestos, sin que hayan renunciado a subir el impuesto al valor agregado (IVA).

Con ese objetivo estratégico en sus mentes, la entrada en escena a la política nacional del FMI, no solamente adquiere un matiz estratégico, sino que cuentan con los operadores políticos legislativos necesarios para garantizar las votaciones mecánicas que aprobarán la segunda y vital parte de esos créditos. A eso nos enfrentamos en un marco de condiciones, desde el punto de vista de la lucha social, totalmente adverso. En realidad, ¿cuándo ha sido diferente?…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Dos señores diputados pertenecientes a la misma fracción político-ideológica, la del autoritarismo neoliberal, Gustavo Alonso Viales Villegas y Enrique Alejandro Sánchez Carballo, atendiendo instrucciones de una de las “autoridades políticas superiores” del país, Rodrigo Arias Sánchez; anuncian que promoverán un proyecto de ley para que la próxima campaña electoral nacional, la de las votaciones presidenciales y diputadiles del año 2022, se haga de manera “express”; es decir, con una cortedad de tiempo que, por lo menos, salve la formalidad del nombramiento de las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas de la República para el cuatrienio 2022-2026.

El argumento central que están brindando para ganarle respaldo a su iniciativa, es que la actual Asamblea Legislativa ocupa de mucha “tranquilidad”, para la tramitación de los proyectos de ley que se deriven de la materialización de los contenidos ideológicos del préstamo-crédito conocido como FMI-Stand-by, que con ardor se está impulsando por la gerencia político-gubernativa del país, instalada en Zapote y en Cuesta de Moras.

La propuesta de los legisladores Viales Villegas y Sánchez Carballo, respectivamente de Liberación Nacional y de Acción Ciudadana, pero, como indicamos arriba, integrantes del mismo parlamentarismo autoritario-neoliberal; ofrece la posibilidad de ser sometidas a análisis desde distintas perspectivas, siendo la de la lucha social de contenido cívico-patriótico, una de ellas.

¡Empecemos! Si consideramos el resentimiento de la gente acumulado en los últimos períodos gubernativos, dada la sucesión de estafas políticas electorales cuatrienales; cualquiera podría estar tentado a aplaudir al juvenil binomio político Viales-Sánchez, pues nos ofrecen un período de fanfarria propagandística de “comercialización electoral” muy corto. “Si va a ser más de lo mismo, pero en menos tiempo y a menor costo en cuanto a dineros públicos, ¿cómo oponerse a ello?”

Visto en la superficie, esto es lo que ellos pretenden: que el común ciudadano capte la “bondad” de su iniciativa y, por ende, la aprobación legislativa de su “ideota” quede asegurada.

Sin embargo, la propuesta Viales-Sánchez muestra una temeridad inusual e insana del ejercicio de la política, según se comprende a partir de la perspectiva del neoliberalismo autoritario y absolutizante.

Los contenidos fundamentales condicionantes del préstamo con el FMI están ya definidos: más impuestos indirectos, venta de empresas públicas rentables y despidos de empleados públicos.

Éstas son las matrices político-ideológicas para las cuales, según el binomio Viales Sánchez, en el parlamento se ocupa de “tranquilidad” en cuanto a la tramitación de los respectivos proyectos de ley; por tanto, los ruidos del “electorerismo comercial circunstancial”, enturbiarían la discusión, por demás, insulsa ante las definiciones macropolíticas pre-establecidas ya indicadas.

Su propuesta manda el siguiente mensaje: todo está decidido… el modelo FMI va… los mismos vamos a quedar en el 2022…; por tanto, con una campaña corta bastará para cumplir la formalidad electoral de legitimación política, internamente y ante el mundo.

Lo peor de todo es que están siendo asesorados por el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); el que dirige el cuestionado magistrado Sobrado González, cuya posición política hacia el arismo primero y luego hacia el PAC, es muy notoria en amplios círculos sociopolíticos del país.

La finalidad principal de esta propuesta está en la creación de una serie de condicionalidades ideológico-políticas y político-logísticas que inviabilicen la posibilidad real de construcción de alternativas desafiantes en lo electoral que, articuladas, pudieran poner en riesgo (retardando o revirtiendo), la estrategia de liquidación del modelo de organización política implantado en el país a partir de la vigencia de la Constitución Política, del 7 de noviembre de 1949.

El cómo se puede articular la materialización de esa obstrucción de eventuales construcciones de sujeto electoral contrario a lo representado por el dúo diputadil Viales-Sánchez, nos presenta diferentes opciones; todas las cuales germinarían positivamente para tal finalidad castrante, si el período de relevo formal del dominio hegemónico es lo más corto posible.

Por eso es que tal propuesta es peligrosa y es antidemocrática. Tiene un fuerte contenido de autoritarismo y es congruente con el planteamiento ideológico-económico que se nos está imponiendo; que, aunque partiendo del fracaso fiscal del neo-liberacionismo PAC-PUSC, apuestan férreamente por la concentración de la riqueza y por la exclusión social y económica.

La propuesta del binomio diputadil Viales-Sánchez, acatando directrices superiores, muestra una contundente congruencia con el modelo macrofiscal FMI.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Consta a todo el mundo que el Partido Liberación Nacional (PLN) y, más específicamente, la abrumadora mayoría de su actual fracción parlamentaria, han jugado un papel de soporte estratégico para la gestión gubernativa de Carlos Alvarado Quesada. Es más, podría decirse que, en cuestiones de política económica y fiscal (principalmente), el PLN ha sido su faro ideológico.

Es imposible olvidar lo acontecido con ocasión de la tramitación legislativa del popularmente detestado proyecto de ley del combo fiscal, hoy ley de la República 9635, cuando su operador político central lo fue la connotada figura liberacionista de Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez; hoy muy devaluada como para impulsar su ansiado sueño de la inmediatez electoral: ser candidato presidencial del PLN.

Dicha ley causó enorme daño a quienes menos responsabilidad han tenido en cuanto al déficit fiscal del país y todas esas personas afectadas o, gran parte de ellas, tienen factura pendiente de cobro al PLN.

La consumación del ejercicio del doble discurso liberacionista en cuanto a la práctica político-operativo cotidiana, lo ha ejercido su fracción parlamentaria en el presente período constitucional. Han mantenido, una y otra vez, una iniciativa de legislación económica centrada en el fortalecimiento de la exclusión y el potenciamiento de la desigualdad, abriendo nuevos senderos a la concentración de la riqueza.

Si alguna vez el original ideario socialdemócrata fue dejado de lado por el liberacionismo histórico, mostrándose con más crudeza, cinismo y deshumanización, ha sido el presente devenir parlamentario que empezó el 1 de mayo de 2018.

Ese fraude y ese cinismo políticos se muestran en toda su desfachatez cuando anuncian, con bombos y platillos, que no votarán la segunda parte del crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), si el gobierno de Alvarado “no ordena las finanzas públicas”.

Desvergüenza total en el parlamentarismo liberacionista pues le dieron todos sus votos (excepto uno que salva la honra histórica del PLN), al primer tracto de dicho crédito, el de 508 millones de dólares, antesala del que ya está encima, por 1.750 millones de dólares. Juntos completarán el propagandizado préstamo stand-by de 2.250 millones en moneda estadounidense.

El fraude político del parlamentarismo liberacionista se nos presenta en un nuevo escenario de cinismo descarnado, pues “el ordenamiento de las finanzas públicas” ya está ideológicamente definido por el FMI en el marco de ese préstamo stand-by: 1) más impuestos, especialmente subir el impuesto al valor agregado; 2) venta de activos que no es más que pasar a manos privadas (nacionales e internacionales), las más rentables empresas públicas que todavía quedan; y 3) despidos puros y duros de una elevada cantidad de personas trabajadoras empleadas públicas.

Nótese que la fracción verdiblanca no objeta por el fondo el crédito stand-by con el FMI. Es decir, están de acuerdo en que haya más impuestos indirectos, en que se pongan en subasta las más ricas instituciones públicas y que se vaya gente empleada pública a la calle. Esto es para estas diputaciones liberacionistas-fondomonetaristas, “ordenamiento de las finanzas públicas”, en concordancia con lo que ya tienen pactado con el FMI, Alvarado y su grupo.

Las diputaciones fondomonetaristas del PLN y su propio Comité Ejecutivo siguen menospreciando la capacidad de asimilación por parte de amplios sectores del pueblo costarricenses, acerca de la naturaleza estratégica de su transición desde la socialdemocracia al neoliberalismo, hoy más evidente que nunca: guiando ideológicamente la gestión de Alvarado por la senda dorada del arismo: el autoritarismo en democracia.

Hace mucho tiempo lo habíamos planteado de que, en nuestro país, se quedó huérfana la Socialdemocracia y que quienes pensaron en el Partido Acción Ciudadana como su albergue sustituto, todavía no terminan de salir de su asombro ante la profundidad de la estafa política cometida con el proceso electoral nacional de 2018.

La Socialdemocracia, aún la más condescendiente con un orden económico global de desastre generalizado, en Costa Rica no tiene futuro alguno en los marcos del sistémico y corrupto “bunkerizado” ejercicio de la política nacional, tal cual la venimos viviendo (y sufriendo) en los últimos tiempos; particularmente en los dos años y resto que lleva el gobierno de Alvarado “alumbrado” por su faro ideológico, el PLN.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La corriente sindical en la cual militamos, por medio de sus organizaciones ANEP y ASDEICE, le entregó al Gobierno su posición acerca del proceso que éste denominó “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Al hacer un análisis serio y responsable del asunto, llegamos a la conclusión de que tan sólo será una especie de buzón digital de sugerencias. Seguidamente, le compartimos algunos extractos de nuestra comunicación al Gobierno, indicándole que no nos prestaremos para legitimar un proceso que si de algo carece es, precisamente, de diálogo.

Para empezar, caracterizamos de la siguiente forma el estado actual del país de esta forma: “En momentos en que la preocupación principal del gran capital es perder lo menos posible, hay personas que lo están perdiendo todo. Hay compatriotas con hambre y hay compatriotas en condiciones de mayor precariedad, quienes viven en menos metros cuadrados, que no tienen ingreso fijo, que ocupan solidaridad e instituciones que les acompañen”.

Pensamos que “…flaco favor se la hace a la tradición democrática que distingue la vía costarricense en el concierto de las naciones, reducir a lo ínfimo, a lo minúsculo, la promoción de diálogo social sobre políticas públicas; circunscribiéndolo a un simple ‘buzón digital de sugerencias’, donde las propuestas que se realicen tienen destino incierto, donde no esté transparentado los indicadores de valoración ni la persona, el jerarca, asesor, funcionario o equipo encargado de valorar cuál propuesta es buena, cuál no lo es y en función de qué criterios; dónde previo a toda notificación formal sobre el tema, la agenda, tiempos y enfoque están preconcebidos en muchas de las áreas sensibles que requieren un abordaje más participativo y, por ende, realmente democrático.

En nuestro planteamiento, resaltamos una circunstancia muy notoria acerca de la conducta presidencial en momentos en que se lanzaba el indicado proceso: “…resulta llamativo que quien ostenta la primera magistratura del país, no estuviese presente en la conferencia de prensa en la que el pasado domingo 9 de agosto, el Gobierno anunciaba el proceso que han nombrado como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Mala seña de apertura o escucha, reforzada pocos días después, al enterarnos las personas habitantes de la República, que dicha ausencia coincidió con el caso de las “vacaciones presidenciales”, que tomó notoriedad por denuncias en prensa de hechos aún no esclarecidos a profundidad.

Tanto para ANEP como para ASDEICE, el Gobierno decide impulsar ese proceso que, repetimos, es cualquier cosa menos que un diálogo social, considerando dos grandes antecedentes de movilización social: “El primero de ellos en reacción a la oposición de sectores sindicales al popularmente denominado combo fiscal (hoy, la cuestionada Ley No. 9635); y, el segundo, en reacción al manifiesto del Encuentro Social Multisectorial que implicaba la salida del entonces Ministro de Educación Pública, entre otra serie de demandas de diferentes sectores (estudiantes, sindicatos, transportistas, agricultores, pescadores, etc.).”.

Así las cosas, ANEP y ASDEICE concluimos que “…los procesos de interlocución a los que tuvo disponibilidad el Gobierno, no contaron con una voluntad política real para poner un alto a la ruta trazada por el Ejecutivo y su interlocución legislativa, acerca de las políticas públicas que causaban malestar social y que hoy hacen a Costa Rica más desigual”.

Por tanto, se le está indicando al Gobierno lo siguiente: “A pesar de la pandemia y sus efectos económicos y sociales, la iniciativa de interlocución de Gobierno para agosto de este año, no posee señas de diferenciarse de los episodios anteriores recién mencionados. Por el contrario, replica y profundiza parte de sus características.

En consecuencia, la opinión pública debe ser que ANEP y ASDEICE decidieron lo siguiente: “Ante tales coincidencias del actuar del Ejecutivo en esta materia durante los últimos tres años; resulta difícil catalogar como omisión lo que más bien pareciera ser un estilo: el de impulsar este tipo de procesos de limitado alcance, en busca de proteger en momentos de efervescencia social, la consecución de la ruta previamente trazada que no es la de la promoción del bien común ni la de la reducción de la desigualdad”. Ambas entidades sindicales, por tanto, ¡no participarán! en ese buzón digital de sugerencias promovido por el Gobierno. Eso no es diálogo social.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La corriente sindical en la cual militamos, por medio de sus organizaciones ANEP y ASDEICE, le entregó al Gobierno su posición acerca del proceso que éste denominó “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Al hacer un análisis serio y responsable del asunto, llegamos a la conclusión de que tan sólo será una especie de buzón digital de sugerencias. Seguidamente, le compartimos algunos extractos de nuestra comunicación al Gobierno, indicándole que no nos prestaremos para legitimar un proceso que si de algo carece es, precisamente, de diálogo.

Para empezar, caracterizamos de la siguiente forma el estado actual del país de esta forma: “En momentos en que la preocupación principal del gran capital es perder lo menos posible, hay personas que lo están perdiendo todo. Hay compatriotas con hambre y hay compatriotas en condiciones de mayor precariedad, quienes viven en menos metros cuadrados, que no tienen ingreso fijo, que ocupan solidaridad e instituciones que les acompañen”.

Pensamos que “…flaco favor se la hace a la tradición democrática que distingue la vía costarricense en el concierto de las naciones, reducir a lo ínfimo, a lo minúsculo, la promoción de diálogo social sobre políticas públicas; circunscribiéndolo a un simple ‘buzón digital de sugerencias’, donde las propuestas que se realicen tienen destino incierto, donde no esté transparentado los indicadores de valoración ni la persona, el jerarca, asesor, funcionario o equipo encargado de valorar cuál propuesta es buena, cuál no lo es y en función de qué criterios; dónde previo a toda notificación formal sobre el tema, la agenda, tiempos y enfoque están preconcebidos en muchas de las áreas sensibles que requieren un abordaje más participativo y, por ende, realmente democrático.

En nuestro planteamiento, resaltamos una circunstancia muy notoria acerca de la conducta presidencial en momentos en que se lanzaba el indicado proceso: “…resulta llamativo que quien ostenta la primera magistratura del país, no estuviese presente en la conferencia de prensa en la que el pasado domingo 9 de agosto, el Gobierno anunciaba el proceso que han nombrado como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Mala seña de apertura o escucha, reforzada pocos días después, al enterarnos las personas habitantes de la República, que dicha ausencia coincidió con el caso de las “vacaciones presidenciales”, que tomó notoriedad por denuncias en prensa de hechos aún no esclarecidos a profundidad.

Tanto para ANEP como para ASDEICE, el Gobierno decide impulsar ese proceso que, repetimos, es cualquier cosa menos que un diálogo social, considerando dos grandes antecedentes de movilización social: “El primero de ellos en reacción a la oposición de sectores sindicales al popularmente denominado combo fiscal (hoy, la cuestionada Ley No. 9635); y, el segundo, en reacción al manifiesto del Encuentro Social Multisectorial que implicaba la salida del entonces Ministro de Educación Pública, entre otra serie de demandas de diferentes sectores (estudiantes, sindicatos, transportistas, agricultores, pescadores, etc.).”.

Así las cosas, ANEP y ASDEICE concluimos que “…los procesos de interlocución a los que tuvo disponibilidad el Gobierno, no contaron con una voluntad política real para poner un alto a la ruta trazada por el Ejecutivo y su interlocución legislativa, acerca de las políticas públicas que causaban malestar social y que hoy hacen a Costa Rica más desigual”.

Por tanto, se le está indicando al Gobierno lo siguiente: “A pesar de la pandemia y sus efectos económicos y sociales, la iniciativa de interlocución de Gobierno para agosto de este año, no posee señas de diferenciarse de los episodios anteriores recién mencionados. Por el contrario, replica y profundiza parte de sus características.

En consecuencia, la opinión pública debe ser que ANEP y ASDEICE decidieron lo siguiente: “Ante tales coincidencias del actuar del Ejecutivo en esta materia durante los últimos tres años; resulta difícil catalogar como omisión lo que más bien pareciera ser un estilo: el de impulsar este tipo de procesos de limitado alcance, en busca de proteger en momentos de efervescencia social, la consecución de la ruta previamente trazada que no es la de la promoción del bien común ni la de la reducción de la desigualdad”. Ambas entidades sindicales, por tanto, ¡no participarán! en ese buzón digital de sugerencias promovido por el Gobierno. Eso no es diálogo social.