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Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Bien hizo la abrumadora mayoría legislativa que decidió excluir a las municipalidades de la regla fiscal, reparando el grave error político cometido por ella misma, cuando en diciembre de 2018 votó por imponerle al país la estrambótica ley Fortalecimiento de las finanzas públicas,profundamente detestada por la población; golpeándole el corazón al régimen municipal costarricense: su autonomía constitucional.

La gendarmería ideológica del sistema económico dominante, el del desastre de la exclusión social y económica, mediante su periódico estrella, está bufando de cólera, escupiendo rayos y centellas porque la policía financiera del planeta, las calificadoras de riesgo, argumentan que esa legislación, la de la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal, es la “culpable” de que la calificación riesgo-país de Costa Rica esté en caída. El enojo de dicha prensa se contrapone a la satisfacción de la corriente sindical en la cual militamos por haber impulsado y apoyado tal legislación.

Nada más injusto y nada más temerario para la propia estabilidad democrática del país que continuar con esos esquemas y dogmas de ortodoxia económica cuando todos los indicadores muestran que andamos mal en integración social; situación que ha agravado la pandemia del covid-19 con cuestionables decisiones gubernativas contrarias al derecho de las personas trabajadoras, pero sí muy oportunas para un empresariado afín a la evasión y a la elusión fiscales y tributarias.

Las calificadoras de riesgo, como bien apuntó el señor Ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto Jiménez, no le dan de comer a la gente. Por el contrario, tienen responsabilidad por la muerte y por la pobreza de millones de personas dado que nunca se han preocupado por la importancia de la vigencia plena de los Derechos Humanos en las sociedades-países que evalúan, cuando éstos están, per se, intrínsecamente ligados a sistemas tributarios justos y equitativos.

Las legítimas aspiraciones para el establecimiento de sociedades realmente democráticas, con inclusión socioeconómica y productiva, entran en colisión cuando las variables fundamentales de las calificadoras se centran, únicamente, en el nivel de producto interno bruto per capita, algo sumamente engañoso.

Además, el crecimiento real del PIB, el nivel de deuda pública y el balance de la gestión del Gobierno para honrar sus compromisos financieros al respecto, agravan más las posibilidades políticas de tener un desarrollo integral de las personas; si se omite que todo eso pasa, necesariamente, por un sistema de distribución justo y de los beneficios del crecimiento económico que no miden las calificadoras.

Más desarrollo económico, más y mejor distribución de la riqueza, más inclusión social y productiva no es más que, más democracia y más calidad de la misma. Las municipalidades están destinadas a jugar un rol sumamente estratégico en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, considerando que es el gobierno más cercano a la gente.

Esto no les importa a las calificadoras de riesgo, como no les importa a quienes en el país han acumulado riquezas inconmensurables y a sus cuadros gerenciales ideológicos y político-tecnocráticos que controlan la gestión macroeconómico fiscal y financiera, ganando jugosos salarios, regalías y dividendos no oficiales.

Hace tiempo que el Banco Central de Costa Rica, que el Ministerio de Hacienda y que la Contraloría General de la República trabajan teniendo como eje central de su quehacer político fundamental las líneas ideológicas que se marcan desde las calificadoras de riesgo. Prefieren quedar bien con la policía financiera del planeta que no con la gente, que no con bien común.

Albino Vargas Barrantes/ Secretario General ANEP

“Un pacto por el empleo” es el demagógico nombre escogido por el sindicato patronal Uccaep (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado) en su más reciente planteamiento (al menos, a nivel público, pues los que no lo son jamás llegan a ser del conocimiento ciudadano), dirigido al Gobierno de la República; pretendiendo un “reordenamiento” de las relaciones económico-sociales para la Costa Rica de los tiempos de la desigualdad y, ahora, los de la pandemia.

Se impone, necesariamente, la formulación de posiciones alternativas, mismas que han de surgir desde la acera opuesta en la cual se encuentra ubicado dicho gremio corporativo de los meganegocios del país; alternativas que ya han venido siendo formuladas desde las vivencias de los sectores obrero-sociales, cívico-patrióticos, así como los agrupamientos micro-pequeños y medianos del empresariado; tanto como desde sectores de la academia y de la intelectualidad inspirados en la promoción del bien común y de la inclusión social.

Es en este último caso que queremos comentar con las personas lectoras los primeros aportes que sobre la propuesta de la Uccaep nos brinda el grupo Economía Pluralista, integrado por “25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado”. Así se presentan ellos ante la comunidad nacional. Por demás, personas extraordinariamente serias y profesionales.

El grupo Economía Pluralista expresa su preocupación por el “tono político y moral de las propuestas económicas de la Uccaep”. Desde nuestra perspectiva obrero-social, tal conjunto de propuestas expresa una peligrosa tendencia totalitaria y esclavista.

Bien hace el grupo Economía Pluralista cuando nos enseña que “…en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la Uccaep agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Precisamente es por tal razón que a nosotros nos movió calificar esta propuesta empresarial como totalitaria. 

O sea, lo distinto, lo diferente, lo razonablemente diverso para que un ordenamiento de las relaciones económico-sociales costarricenses, en época de desigualdad y de pandemia sea lo más incluyente posible, no cuenta para Uccaep.

La connotación totalitaria que nosotros decimos tiene la propuesta “Un pacto por el empleo” dada a conocer el sindicato patronal Uccaep se explica muy bien por parte de estas 25 personas académicas integrantes del grupo Economía Pluralista cuando nos hacen ver lo siguiente: “…Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la Uccaep. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas”.

Al continuar el análisis efectuado por el grupo Economía Pluralista sobre la propuesta de Uccaep, el carácter totalitario de la misma se refuerza pues presenta una invisibilización histórica de los aportes multifacéticos del desarrollo socioeconómico costarricense a lo largo de la vida republicana del país, aportes que no solamente han sido dados por el empresariado. Uccaep “…ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la Uccaep y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio”. Para fortuna de la democracia, el grupo Economía Pluralista se ha encargado de cerrarle el paso a esta visión totalitaria de lo que ha sido la construcción social en Costa Rica… Volveremos sobre el tema la semana próxima.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Muy temprano en la mañana de este lunes 8 de junio, mediante mensaje colocado en su cuenta de “feisbuc” e inmediatamente compartido, el ciudadano don Mario Redondo Poveda, Alcalde de Cartago nos comunicó este conmovedor acontecimiento: “Una madre de un joven agricultor de Tierra Blanca de Cartago me despierta hoy con el triste mensaje de que su hijo se quitó la vida. Llevaba meses luchando ante entidades financieras por deudas adquiridas en su labor agrícola. Nuestros agricultores merecen mejor trato”.

Aparte de expresar un sentimiento de solidaridad para con la familia de don Andrés Gilberto Ramírez Víquez, costarricense dedicado a la noble actividad de productor agrícola y quien decidió quitarse la vida, el comentario del señor alcalde de Cartago, “Nuestros agricultores merecen mejor trato”, resume lo que ha venido siendo una fuerte lucha en los últimos meses, especialmente a partir de los acontecimientos de calle del año 2019, con ocasión de las movilizaciones que se dieron a raíz de la aparición en la escena sociopolítica del país del Encuentro Social Multisectorial del cual, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), es integrante.

La muerte de don Andrés Gilberto Ramírez Víquez dramatiza el fracaso radical de políticas económicas para el campo agropecuario nacional, inspiradas en doctrinas económicas y en valores políticos ajenos a lo que ha sido la particular forma del ser costarricense; la peculiar idiosincrasia tica que, como un pilar fundamental incluyó el amor por los productos de la tierra generados por el cultivo de los suelos nacionales, por hombres y mujeres compatriotas, como don Andrés Gilberto, como sus conterráneos de Tierra Blanca.

La transformación estructural de la sociedad costarricense que se viene impulsando por los sucesivos gobiernos de los partidos Liberación, Unidad y PAC (transformación que sigue sin terminar habida cuenta de poderosas acciones multifacéticas de resistencia popular a lo largo de tales administraciones), ha tenido en el agro nacional uno de los campos de mayor dolor, exclusión y sacrificio.

La desnaturalización de los principios fundacionales de la nacionalización bancaria, impuesta en 1949 por el líder político del siglo XX, José Figueres Ferrer (don Pepe), tiene consecuencia directa en el suicidio de don Andrés Gilberto Ramírez Víquez; dado que la lógica de acumulación desenfrenada y de intereses de usura extorsionantes y expoliadores, consustanciales a la práctica crediticia de una banca privada, contaminó a los bancos del Estado… los que quedan.

Don Andrés Gilberto Ramírez Víquez se suicidó agobiado por las deudas contraídas y, seguramente, acosado por los personeros de la entidad financiera acreedora. Lo más injusto de esta dolorosa circunstancia es saber que al momento de la llegada oficial al país de la pandemia del coronavirus covid-19, los depósitos del público en moneda extranjera en las entidades y bancos del sistema financiero nacional, estarían llegando a la inmensísima cantidad de 35 mil millones de dólares, unos 20 billones de colones (20.000.000.000.000).

Al respecto, nos preguntamos: ¿de cuántos colones eran las deudas de don Andrés Gilberto?; ¿cuánto porcentaje representaría dentro de un universo monetario de 35 mil millones de dólares?; ¿cuál es el público que tiene esa enorme cantidad de depósitos en moneda extranjera en las entidades financieras del país?… De seguro don Andrés Gilberto no era parte de ese público.

Paralela y colateralmente, casos como el del fallecido don Andrés Gilberto, indican la gravedad del deterior de las políticas públicas de cuido, protección, estímulo y apoyo a los productores agropecuarios nacionales, destacándose la paulatina liquidación del papel del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entidad ésta despreciada por los indicados partidos y sus respectivos gobiernos.

Cada día queda más claro que el modelo económico todavía hegemónico en nuestro país, el inspirado en el neoliberalismo, es un soberano fracaso: es un modelo que comprende en sí mismo el suicido y la muerte. Don Andrés Gilberto Ramírez Víquez se quita la vida mientras que sus acreedores tenían en sus arcas bancario-financieras 35 mil millones de dólares.

El dolor de su trágico fallecimiento y las circunstancias que lo produjeron ha de servir de abono para continuar la lucha por la liberación de sus deudas a los agricultores y a las agricultoras costarricenses: con su vida don Andrés Gilberto, en el plano moral, ya los liberó.

Rodrigo Chaves Robles, el ya “renunciado” Ministro de Hacienda indicó en su carta de abandono del puesto lo siguiente: “Mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el Ministerio, es decir un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”.

Sostenemos que no fue consecuente con esta prédica; sin embargo, lo que nos interesa resaltar porque vale mucho para nuestra causa por la justicia social real en la maltrecha democracia costarricense, es que él apuntó que “se tocan intereses y sensibilidades profundas” cuando se debe emprender “la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal”. Lo dejó por escrito quien por 25 años ha sido funcionario del Banco Mundial y, por tanto, buen conocimiento tiene de los temas tributario-fiscales en países como el nuestro.

Y es que aquí está el punto central y medular de la grave crisis fiscal que vive el país: un sistema tributario perversamente regresivo y espantosamente corrupto al punto de que, anualmente, entre 15 y 16 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), se les van de las manos al fisco por la maraña del relacionamiento ilegal, de esa podrida colusión entre lo público y lo privado de la situación tributaria del país, que son “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”.

El señor Chaves Robles dijo la mitad de lo que debió indicarle al país. Le faltó indicar, explícitamente, que esas “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”, son hoy en día un fuerte factor de poder real que tienen enorme peso político tanto en el seno de la Asamblea Legislativa como en la propia Casa Presidencial.

Es más, creemos que más allá de los “errores” políticos del hoy exministro de Hacienda, esas “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas” son comandadas por el empresauriado evasor de impuestos mediando las más diversas y creativas maneras, legales e ilegales; además de que importantes segmentos de ese empresauriado fraudulento ubicado en el sector bancario-financiero del país, gestiona dinero sucio proveniente del crimen organizado y del narcotráfico. Por algo será que, al momento de la llegada de la pandemia al país, los bancos tenían cerca de 35 mil millones de dólares en depósitos del público; ¿cuál público?

Esta circunstancia, descaradamente tolerada y tutelada por los últimos gobiernos, incluido el actual, es la que mueve nuestra feroz resistencia a que se siga sacrificando a la clase trabajadora, tanto la pública como la privada, así como a la micro-pequeña y mediana empresa, obligándola a pagar los efectos de la crisis fiscal en desarrollo.

El congelamiento salarial para el sector público anunciado por el sucesor de don Rodrigo Chaves Robles, don Elián Villegas Valverde, este pasado día lunes 1 de junio, que le será impuesto a toda la clase trabajadora estatal, ha sido rechazado fuertemente por parte de la corriente sindical en la cual militamos, precisamente por su profunda injusticia; misma que queda en evidencia al contrastar la maléfica realidad del fraude tributario que hay en el país, el cual incluye el comercio ilícito y la corrupción, tal y como explícitamente fue mencionado por el ahora exjerarca hacendario en su carta de renuncia.

Si esos 15 o 16 puntos PIB anuales que, en los últimos años, han venido faltando en la hacienda pública y que, por tanto, fueron reemplazados por diversos tipos de endeudamiento tanto a nivel nacional (colocación de bonos en la Bolsa Nacional de Valores), como internacional; ahora están generando una profunda crisis fiscal agravada por la pandemia; entonces las verdaderas responsabilidades políticas deben señalarse con el dedo acusador de una ciudadanía en proceso de empobrecimiento, estafada políticamente hablando una y otra vez, agobiada por altos impuestos y la no menos alta carestía de vida; y, ahora, extorsionada en lo social, lo económico, lo psicosocial y lo emocional por la grave crisis derivada del covid-19.

Continuaremos por esta senda de combate frontal a esta criminal política neoliberal del fraude fiscal y en contra del abusivo poder del empresauriado corrupto. Es la misma democracia lo que ya están poniendo en juego cuando han decidido jugar con el hambre de la gente.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Rodrigo Chaves Robles, el ya “renunciado” Ministro de Hacienda indicó en su carta de abandono del puesto lo siguiente: “Mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el Ministerio, es decir un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”.

Sostenemos que no fue consecuente con esta prédica; sin embargo, lo que nos interesa resaltar porque vale mucho para nuestra causa por la justicia social real en la maltrecha democracia costarricense, es que él apuntó que “se tocan intereses y sensibilidades profundas” cuando se debe emprender “la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal”. Lo dejó por escrito quien por 25 años ha sido funcionario del Banco Mundial y, por tanto, buen conocimiento tiene de los temas tributario-fiscales en países como el nuestro.

Y es que aquí está el punto central y medular de la grave crisis fiscal que vive el país: un sistema tributario perversamente regresivo y espantosamente corrupto al punto de que, anualmente, entre 15 y 16 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), se les van de las manos al fisco por la maraña del relacionamiento ilegal, de esa podrida colusión entre lo público y lo privado de la situación tributaria del país, que son “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”.

El señor Chaves Robles dijo la mitad de lo que debió indicarle al país. Le faltó indicar, explícitamente, que esas “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”, son hoy en día un fuerte factor de poder real que tienen enorme peso político tanto en el seno de la Asamblea Legislativa como en la propia Casa Presidencial.

Es más, creemos que más allá de los “errores” políticos del hoy exministro de Hacienda, esas “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas” son comandadas por el empresauriado evasor de impuestos mediando las más diversas y creativas maneras, legales e ilegales; además de que importantes segmentos de ese empresauriado fraudulento ubicado en el sector bancario-financiero del país, gestiona dinero sucio proveniente del crimen organizado y del narcotráfico. Por algo será que, al momento de la llegada de la pandemia al país, los bancos tenían cerca de 35 mil millones de dólares en depósitos del público; ¿cuál público?

Esta circunstancia, descaradamente tolerada y tutelada por los últimos gobiernos, incluido el actual, es la que mueve nuestra feroz resistencia a que se siga sacrificando a la clase trabajadora, tanto la pública como la privada, así como a la micro-pequeña y mediana empresa, obligándola a pagar los efectos de la crisis fiscal en desarrollo.

El congelamiento salarial para el sector público anunciado por el sucesor de don Rodrigo Chaves Robles, don Elián Villegas Valverde, este pasado día lunes 1 de junio, que le será impuesto a toda la clase trabajadora estatal, ha sido rechazado fuertemente por parte de la corriente sindical en la cual militamos, precisamente por su profunda injusticia; misma que queda en evidencia al contrastar la maléfica realidad del fraude tributario que hay en el país, el cual incluye el comercio ilícito y la corrupción, tal y como explícitamente fue mencionado por el ahora exjerarca hacendario en su carta de renuncia.

Si esos 15 o 16 puntos PIB anuales que, en los últimos años, han venido faltando en la hacienda pública y que, por tanto, fueron reemplazados por diversos tipos de endeudamiento tanto a nivel nacional (colocación de bonos en la Bolsa Nacional de Valores), como internacional; ahora están generando una profunda crisis fiscal agravada por la pandemia; entonces las verdaderas responsabilidades políticas deben señalarse con el dedo acusador de una ciudadanía en proceso de empobrecimiento, estafada políticamente hablando una y otra vez, agobiada por altos impuestos y la no menos alta carestía de vida; y, ahora, extorsionada en lo social, lo económico, lo psicosocial y lo emocional por la grave crisis derivada del covid-19.

Continuaremos por esta senda de combate frontal a esta criminal política neoliberal del fraude fiscal y en contra del abusivo poder del empresauriado corrupto. Es la misma democracia lo que ya están poniendo en juego cuando han decidido jugar con el hambre de la gente.

Albino Vargas Barrantes / Secretario General ANEP

Rodrigo Chaves Robles, el ya “renunciado” ministro de Hacienda, indicó en su carta de abandono del puesto lo siguiente: “Mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el Ministerio, es decir un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”.

Sostenemos que no fue consecuente con esta prédica; sin embargo, lo que nos interesa resaltar porque vale mucho para nuestra causa por la justicia social real en la maltrecha democracia costarricense es que él apuntó que “se tocan intereses y sensibilidades profundas” cuando se debe emprender “la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal”. Lo dejó por escrito quien por 25 años ha sido funcionario del Banco Mundial y, por tanto, buen conocimiento tiene de los temas tributario-fiscales en países como el nuestro. 

Y es que aquí está el punto central y medular de la grave crisis fiscal que vive el país: un sistema tributario perversamente regresivo y espantosamente corrupto al punto de que, anualmente, entre 15 y 16 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), se les van de las manos al fisco por la maraña del relacionamiento ilegal, de esa podrida colusión entre lo público y lo privado de la situación tributaria del país, que son “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”. 

El señor Chaves Robles dijo la mitad de lo que debió indicarle al país. Le faltó indicar, explícitamente, que esas “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas” son hoy en día un fuerte factor de poder real que tienen enorme peso político tanto en el seno de la Asamblea Legislativa como en la propia Casa Presidencial. 

Es más, creemos que más allá de los “errores” políticos del hoy exministro de Hacienda, esas “…áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas” son comandadas por el empresauriado evasor de impuestos mediando las más diversas y creativas maneras, legales e ilegales; además de que importantes segmentos de ese empresauriado fraudulento ubicado en el sector bancario-financiero del país, gestiona dinero sucio proveniente del crimen organizado y del narcotráfico. Por algo será que, al momento de la llegada de la pandemia al país, los bancos tenían cerca de 35 mil millones de dólares en depósitos del público; ¿cuál público? 

Esta circunstancia, descaradamente tolerada y tutelada por los últimos gobiernos, incluido el actual, es la que mueve nuestra feroz resistencia a que se siga sacrificando a la clase trabajadora, tanto la pública como la privada, así como a la micro-pequeña y mediana empresa, obligándola a pagar los efectos de la crisis fiscal en desarrollo.

El congelamiento salarial para el sector público anunciado por el sucesor de don Rodrigo Chaves Robles, don Elián Villegas Valverde, este pasado día lunes 1 de junio, que le será impuesto a toda la clase trabajadora estatal, ha sido rechazado fuertemente por parte de la corriente sindical en la cual militamos, precisamente por su profunda injusticia; misma que queda en evidencia al contrastar la maléfica realidad del fraude tributario que hay en el país, el cual incluye el comercio ilícito y la corrupción, tal y como explícitamente fue mencionado por el ahora exjerarca hacendario en su carta de renuncia.

Si esos 15 o 16 puntos PIB anuales que, en los últimos años, han venido faltando en la hacienda pública y que, por tanto, fueron reemplazados por diversos tipos de endeudamiento tanto a nivel nacional (colocación de bonos en la Bolsa Nacional de Valores), como internacional; ahora están generando una profunda crisis fiscal agravada por la pandemia; entonces las verdaderas responsabilidades políticas deben señalarse con el dedo acusador de una ciudadanía en proceso de empobrecimiento, estafada políticamente hablando una y otra vez, agobiada por altos impuestos y la no menos alta carestía de vida; y, ahora, extorsionada en lo social, lo económico, lo psicosocial y lo emocional por la grave crisis derivada del Covid-19.

Continuaremos por esta senda de combate frontal a esta criminal política neoliberal del fraude fiscal y en contra del abusivo poder del empresauriado corrupto. Es la misma democracia lo que ya están poniendo en juego cuando han decidido jugar con el hambre de la gente. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nuestro compañero de causa en la lucha social que libramos bajo los conceptos del Sindicalismo Sociopolítico, don Jorge Fonseca Fonseca, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda, elaboró varios y valiosos criterios acerca del “cambio” (así entrecomillado), ocurrido en la máxima categoría política del importante Ministerio de Hacienda en las pasadas horas.

Es importante compartir con la ciudadanía lectora de esta columna semanal de opinión que nos publica El Decano de la Prensa Nacional, esta opinión obrera intramuros de tal cartera ministerial, emitida por el mencionado destacado profesional integrante de su planilla, con muchos años de servicio público en ese ministerio y con gran conocimiento de la cuestión hacendaria con perspectiva de los de abajo. Veamos lo que nos comenta don Jorge:

Empieza el comentario de don Jorge así: “El Ministro de Hacienda saliente, don Rodrigo Chaves Robles, por sus largos años de trabajo en el Banco Mundial y por sus contactos en el mercado financiero internacional, venía precedido de una gran aureola y su nombramiento había creado mucha expectativa. Es más, se podría afirmar que el Gobierno hasta presumía con esta designación. Sin embargo, ya podemos decir que su paso ministerial fue efímero e intrascendente y que, por algunas decisiones que tomó en el corto tiempo que ejerció como ministro, fue perdiendo credibilidad, debilitándose su labor en gran medida.

El comentarista nos recuerda parte del accionar del hoy exministro al momento del inicio de su breve gestión: “Algunos hechos que sobresalieron durante su breve estadía en el Ministerio de Hacienda, incluyeron la sacudida que hizo en algunos puestos estratégicos, que son clave en la lucha contra la gran evasión y contrabando que hay en nuestro país; pensándose que ahora este grave tema sí iba a ser abordado en serio y que los grandes evasores y contrabandistas, serían perseguidos y que, ¡por fin!, su impunidad tributaria sería severamente castigada, por lo que había mucha expectativa con las nuevas designaciones. Pero, al final, sólo se removieron funcionarios con muchos años de laborar en Hacienda y en su lugar se nombraron personas provenientes de reconocidos despachos de asesoría tributaria y de otros entes privados; y muy recientemente, cuando se realizó el cuestionado nombramiento de un joven funcionario que era su asesor, como Director de Hacienda”.

Don Jorge nos lleva a que pensemos en lo siguiente que, a lo mejor, podría haber significado un obstáculo para don Rodrigo, el breve ministro en la cartera de Hacienda: “Nos parece que, por tantos años de vivir fuera del país, el ahora exministro estaba un poco desconectado de la realidad costarricense; y que, por más que se diga del acercamiento y contacto que se logra por medio de las redes sociales, no es lo mismo estar afuera que adentro, sintiendo y viviendo de cerca, los efectos de los principales problemas nacionales”.

El comentario sobre el cual estamos desarrollando el presente artículo, recuerda los dos principales episodios negativos que le abrieron el camino hacia la caída del ya exministro don Rodrigo Chaves Robles. Así lo describe nuestro compañero Jorge Fonseca Fonseca: “Y dentro de esta distorsión del entorno nacional, se hizo evidente su idea de que los empleados públicos tenemos buenísimos salarios y que estamos llenos de privilegios, por lo que para alivianar un poco las serias consecuencias de la pandemia, se atrevió a proponer una contribución solidaria a los salarios de medio millón de colones en adelante, lo cual en pocas horas, provocó un gran rechazo en las redes sociales, hasta el punto de que el propio presidente Alvarado tuvo que desautorizar su temeraria propuesta que luego, también, regresiva y arbitrariamente, se quería imponer a los sueldos de un millón cien mil colones. Posteriormente, sobrevino la segunda desautorización presidencial, cuando don Rodrigo Chaves se opuso abierta y públicamente a la ley de la República, recientemente aprobada por abrumadora mayoría parlamentaria, de liberar a las municipalidades de las rigideces de la regla fiscal”.

La carta de renuncia del ahora exjerarca hacendario le permite a don Jorge destacar el siguiente contenido, mismo en el cual nosotros mismos ya reparamos pues nos ofrece una nueva argumentación en nuestra lucha persistente sobre el trasfondo de la realidad del problema fiscal del país. Dijo don Rodrigo lo siguiente: “…que en la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito y la corrupción, se tocan intereses y sensibilidades profundas…”.

¡Importantísimo! Ha atinado el compañero Jorge Fonseca Fonseca al destacar en su análisis las palabras de don Rodrigo Chaves Robles al dejar el cargo de Ministro de Hacienda; tal y como ha sido señalado por la reiterada lucha de la corriente sindical que ocupa nuestro quehacer diario: “intereses y sensibilidades profundas” son las piedras angulares del gigantesco y criminal, socialmente hablando, fraude fiscal-tributario del país a gran escala.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Utilizo esta frase ya histórica en el ambiente cultural latinoamericano, creación del cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños, el popular Chespirito, para abrir este comentario con relación al papel que la Defensoría de los Habitantes de la República debería estar jugando en la sociedad costarricense de la actualidad; misma que, para el caso costarricense, presenta tres características imposibles de ignorar: a) la gente vota, pero no elige a sus gobernantes; b) la desigualdad en cuanto al ingreso y la concentración de la riqueza minan la confianza de la gente en su clase gobernante; c) la sociedad civil, aunque con buenos niveles organizativos en lo gremial-corporativo, muestra una espantosa desarticulación que abre el espacio para la facilitación de la acumulación y el fomento de la exclusión.

De manera ilusa, quizás, uno esperaría que la Defensoría de los Habitantes de la República se hubiese convertido en la figura de la institucionalidad pública destinada a la defensa de los y de las habitantes de la República quienes, en su abrumadora mayoría, están en alta vulnerabilidad de cara a los efectos negativos en el plano económico y social que se derivan de las tres características apuntadas en el párrafo anterior que perfilan la Costa Rica de estos días; apuntados los mismos desde nuestra perspectiva de la lucha social (lucha social de legitimidad democrática incuestionable). En tiempos de pandemia como los que estamos viviendo, estas circunstancias han de empeorar.

Ha sido un duro golpe la admisión de culpa por parte de la actual titular de la Defensoría, doña Catalina Crespo Sancho en cuanto a que dentro de la institución hubo una “pérdida” de parte de una grabación proveniente de la intervención de dicha jerarca en Casa Presidencial, con ocasión del escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAS); grabación que contenía datos de la interpelación que ella le hizo al propio mandatario de la República, Carlos Alvarado Quesada.

Si consideramos el gran impacto en la ciudadanía que generó la posibilidad real de sentirse espiada desde la misma sede del Poder Ejecutivo, espionaje que habría sido ideado con la venia del propio Alvarado Quesada, el “extravío” de dicha grabación, aparte de la sospechosa conveniencia que eso representa para la parte de la oficialidad gubernativa involucrada en esta delicada cuestión; se le ha dado un golpe muy duro a la credibilidad y a la transparencia de la Defensoría de los Habitantes de la República; entidad que, la verdad sea dicha, ya venía jugando un rol tan desteñido y tan “invisible” para grandes segmentos de la ciudadanía que ésta se percata de que todavía existe al aflorar una lamentable circunstancia como la comentada.

Y es que la Defensoría de los Habitantes de la República se convirtió en un botín politiquero, en un trueque de votos diputadiles que negocian el nombramiento de su titular según conveniencias partidarias. Además, destacados cuadros profesionales de su equipo pasan a ser jerarcas de esos gobiernos cuyos partidos participan de ese trueque y luego vuelven, como si nada, a ocupar sus puestos en la Defensoría, cuando han sido partícipes, de un modo u otro, del deterioro del estado de la cosa pública que afecta la calidad de vida de los habitantes; precisamente habitantes que deben defender cuando retornan a la institución.

Ahora resulta que, dentro de la propia Defensoría, a juzgar por el carácter de la denuncia que se presentó su titular ante el Ministerio Público por dicha “pérdida”, se puede colegir que a nivel interno institucional las lealtades partidarias pesan más que las lealtades para con los y las habitantes que se deben defender.

Seguramente peco de ignorante, pero no conozco cómo pueden hacer los y las habitantes de la República para evaluar cómo les defiende la Defensoría. Pareciera más que urgente una beligerante acción civil de esta entidad en defensa de los derechos de la gente y en defensa de la institucionalidad pública diseñada y heredada por parte de las generaciones anteriores para el fomento de la inclusión social y de la promoción del bien común. No veo que esté en condiciones de asumir semejante desafío histórico.

Nunca como antes el fomento de la inclusión social y de la promoción del bien común están intrínsecamente ligados al bienestar de los y de las habitantes de la República. La Defensoría de los Habitantes de la República no parece estar ya a la altura de tan urgente necesidad y de tan grande desafío.

La entidad sufre de una especie de neutralización política. Está en zona de confort. Está pagando, además, el costo de que la convirtieran en botín politiquero y en cuna de jerarcas ministeriales al servicio del tripartidismo neoliberal hoy dominante. Apelo al legado de Chespirito y por eso pregunto: “¡Oh!… ¿y ahora quién podrá defendernos?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Parece ser que el señor presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey, vive en otro planeta; en realidad, actúa como viene funcionando esta entidad en los tiempos del neoliberalismo: como república independiente. Proponer que el impuesto al valor agregado (IVA) suba al 15% es una gran desconsideración (para decirlo de manera de manera elegante), para con la gran mayoría del pueblo costarricense hoy más agobiado en el plano económico y en plano social, por la crisis sanitaria de la pandemia.

Es sumamente conocido que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el más injusto de los impuestos que puede tener un sistema tributario, dado que se le aplica a todo el mundo sin discriminar capacidad de ingreso de las personas, de manera tal que el IVA empobrece más a quienes menos tienen. Eso es tan cierto como lo que nos ha venido pasando luego de la imposición de la ley del combo fiscal, especialmente para el caso de las personas trabajadoras asalariadas, por una parte; y por otra, la afectación negativa que han sufrido las micro-pequeñas y medianas empresas. El covid-19 no ha hecho más que agravar las penurias de ambos segmentos de la comunidad nacional.

Lo que nos propone don Rodrigo en consecuencia es echarle leña a la hoguera de las desigualdades; dándole la razón, nada menos y nada más que a la “bendita” OCDE que desde el 2018 había advertido que Costa Rica era ya muy desigual tanto o más que México y que Chile, que habían ingresado a esta organización y que todo el mundo sabe en América Latina de las desigualdades de ambos países. Costa Rica parece que hará el ridículo, sentándose en la mesa del “club de los países ricos”, quedando como el más pobre y el más desigual de los mismos.  

“Gran favor” le está haciendo al país el jerarca bancario-fondomonetarista con su propuesta de trepada del IVA.

Pero nuestra indignación no termina ahí, decir que hay que subir el IVA al 15% para salvar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la quiebra y al propio IVM de un destino igual de desafortunado, es creer que los y las costarricenses tenemos una inteligencia disminuida; o bien que no estamos a la altura de la mente brillante de don Rodrigo. Aparte de mostrar con esta propuesta una gran manipulación emocional de los sentimientos de la población costarricense para con la CCSS no deja de representar un gran irrespeto a una conquista social enraizada en el alma nacional, que debemos censurar. Seguramente don Rodrigo, al igual que su tocayo hacendario, si se enfermase iría a un hospital privado porque su ingreso le permite pagar ese tipo de atención, “olvidando” el señor presidente del BCCR que más del 90% del pueblo tico no podría financiarse un endeudamiento en la medicina privada.

A tales desventuras tenemos que enfrentarnos los viles mortales que dependemos de la CCSS, pues la república independiente del BCCR parece estar por encima del bien y del mal. Resulta imprescindible acabar con este modelo económico excluyente que puso al BCCR a impulsar concepciones económicas contrarias al bien común; cual es más grave en tiempos de pandemia, las personas entendidas, especialmente las versadas en economía que creen que ésta debe estar al servicio de las personas y no al revés, esperarían de un Banco Central volcado hacia la reactivación económica, utilizando sus reservas monetarias en tal sentido y preocupado por atacar las causas estructurales del déficit fiscal y del alto endeudamiento público que precisamente están en la base de los problemas de la CCSS, como lo es la alta evasión tributario-fiscal, y el abusivo y dispendioso sistema de exenciones-exoneraciones.

Si hubiera congruencia con una afiliación consecuente a la OCDE, tal y como lo pregona esta entidad, el BCCR debería estar ya diseñando modificaciones estructurales tributarias y tomando medidas para atajar el crecimiento de la desigualdad. Además, impulsando las reformas legales del caso para que interviniera en la política pública de generación de empleo. Sin embargo, a don Rodrigo lo único que se le ocurrió es recetarnos más impuestos indirectos, como el IVA o sea más evasión fiscal. Hay que acabar con esa república independiente, lo cual constituye una gran tarea de enorme necesidad ciudadana.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Desde antes de la llegada oficial de la pandemia el país mostraba ya peligrosos signos del avance de conductas autoritarias, más allá de la prepotencia, como forma fundamental del ejercicio de la acción gubernativa; autoritarismo que bajo la formalidad democrática pareciera haber contaminado la toma de decisiones en temas de altísimo calibre en los diferentes poderes fundamentales del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pareciera que, lejos de amainar, el autoritarismo en tiempos del coronavirus tiende a incrementarse.

La gestión gubernativa desde los ámbitos del real poder hegemónico dominante que tira línea a los indicados tres poderes acude al autoritarismo ante el descrédito constante de la clase político-ejecutiva que da la cara a nombre de esa gestión gubernativa, dado que la legitimidad de muchas de sus decisiones, por su carácter contrario al bien común, ha venido decayendo notablemente en los últimos tiempos. Por supuesto que en el camino se han venido dando excepciones, pero no tienen mayor impacto en el viajar del autoritarismo por el tejido institucional-republicano en la toma de decisiones de potencial conflictivo en lo económico y en lo social.

Precisamente hemos venido notando que transitar la ruta del autoritarismo está encontrando un fuerte valladar, un gran obstáculo, un impensado escudo democrático: la Constitución Política todavía vigente, también conocida como Carta Magna, que entró a regir en 1949, teniendo ya 70 años de vida política activa. 

La imposición de la reelección presidencial en 2003 (precisamente para facilitarle a Óscar Arias Sánchez una segunda presidencia de la República -lo cual se dio, finalmente-) abrió ese camino del autoritarismo; camino que ha tenido varios episodios de descalificación constitucional impresionantes y que, con ocasión de la tramitación-imposición-aprobación parlamentaria de la hoy Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635), refrendó que el autoritarismo se impuso a la construcción democrática de las relaciones político-sociales (hubo un fallo constitucional de compadre hablado, se torció el reglamento legislativo para obtener los votos diputadiles suficientes a fin de imponer tal legislación, y el propio tribunal guardián de la Carta Magna dijo que lo fiscal está por encima de lo constitucional). Luego vino la ley mordaza y la eliminación del derecho constitucional de huelga, que por cierto ha iniciado ya su proceso de litigio en el plano internacional.

Cuando creíamos haberlo visto todo nos llega el proyecto Ley Marco de Empleo Público, cargado con tales niveles de autoritarismo que sus promotores ideológico-políticos y sus redactores concretos dejan en evidencia, prácticamente en cada uno de sus articulados, un desprecio profundo por los valores que impregnaron la Constitución Política de 1949, especialmente aquellos que validaron la descentralización institucional del poder público.

Prácticamente pretenden imponernos un todopoderoso Estado central, de corte autoritario y antidemocrático, con el cuentito de regular las relaciones de empleo público; con su superministerio, el Mideplan, ya no “rector”, sino con un rango de comisario político-institucional para definir, diszque a futuro, las relaciones obrero-laborales en el seno de la Administración Pública, de toda la Administración Pública del país.

No se trata del salario único; no se trata de eliminar un plus en particular ni de las anualidades; no se trata, incluso, de derogar uno de los derechos humanos fundamentalmente reconocido, como es el de la negociación colectiva; ¡qué va! Es más profundo que todo eso junto.

Mideplan es el parlante ideológico y el megáfono político de esos sectores antidemocráticos que, bajo ese modelo del ejercicio del poder político con formas autoritarias cada vez más densas y descaradas, desean una derogatoria de facto de la Constitución Política de 1949 porque ya ésta les es evidentemente molesta e incómoda para la instauración final de la desigualdad social total y del mercado como único mecanismo de legitimación de la vida en sociedad. Es demasiado grave lo que está ocurriendo.