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Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA)

El presente documento recoge una serie de medidas que ya están siendo planteadas por muchas de nuestras afiliadas en diversos países de las Américas en respuesta a la crisis.

Además de las formulaciones políticas de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), es imprescindible considerar el respeto de todos los Derechos Humanos, así como de los principios y derechos fundamentales en el trabajo tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Igualmente, compartimos la sistematización de las respuestas sindicales a la Encuesta Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre el COVID-19, que pueden servir como referencia de nuestra acción.

Es necesario tener presente que más allá de las respuestas urgentes y necesarias, esta crisis, antes de ser sanitaria y de salud pública, es una crisis del sistema económico neoliberal y evidencia el fracaso de sus políticas de reducción del Estado, de las privatizaciones, precarización del trabajo y de los derechos sociales.

Para la CSA, la verdadera respuesta a la crisis tendrá que orientarse en medidas de emergencia de mediano y largo plazo. La pandemia, además de mostrar el fracaso del neoliberalismo, abrirá una disputa sobre el modelo económico, social y político en las Américas y el mundo.

Las acciones de emergencia efectivas para garantizar la vida de las personas solo serán posibles con el abandono del paradigma neoliberal y la intervención estatal, basada en principios democráticos, en diversas áreas.

La opción democrática es la única forma de construir el camino para superar la crisis a mediano y largo plazo, a nivel regional e internacional. Las medidas del combate al virus no pueden ser confundidas con posturas autoritarias que se aprovechen de la situación para profundizar el autoritarismo, la exclusión y el ataque a países que son considerados como enemigos por las grandes potencias.

Defendemos el fin inmediato de los embargos financieros y sanciones económicas impuestas a Cuba y a Venezuela para garantizar la atención de la población en estos países. La CSA considera importante que esta medida sea adoptada en otras regiones del mundo. La defensa de la vida de las personas no puede ser confundida con oposición a gobiernos o sistemas políticos de signo ideológico diferente. Reafirmamos nuestra opción irrenunciable por la Democracia, por el Estado democrático de derecho y la soberanía de pueblos y naciones.

Hoy, los organismos multilaterales y los organismos financieros internacionales deben constituir un fondo mundial para financiar a todos los países para la atención de la población. El FMI, Banco Mundial, el BID, el G-20 deben abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento.

El fin de esas líneas de financiación es la atención a la población, el fortalecimiento de los sistemas de salud pública, la investigación para vacunas, de materiales hospitalarios, de los kits de pruebas masivas; así como también al abastecimiento de alimentos, de productos básicos de higiene, de vivienda para personas en situación de calle, de la renta mínima, del empleo y salarios para trabajadoras y trabajadores.

Defendemos la inmediata legislación para imponer impuestos a las grandes fortunas, las herencias y la ganancia de las grandes empresas. Especialmente a los capitales especulativos del sector financiero y las guaridas fiscales, que continúan ocultando los dineros de la corrupción, el narcotráfico y otros crímenes en el mundo.

Las empresas farmacéuticas y de la salud que se están lucrando de esta crisis, deben responder a las necesidades de la salud de la población con reducción de precios, atención universal, liberación de patentes, entre otras medidas.

Orientamos desde la CSA a todas nuestras organizaciones afiliadas y fraternas a estar en la línea de frente para enfrentar la crisis, comprometiéndose con estas líneas políticas generales y con las propuestas específicas listadas a continuación.

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LA RESPUESTA A LA PANDEMIA.

1. Reforzamiento/activación de los mecanismos de diálogo social tripartito, bipartito, así como otros instrumentos de diálogo social amplio, a fin de garantizar que la definición y el establecimiento de medidas en el marco de la pandemia, sean tomadas con la participación de los sindicatos y organizaciones sociales con el objetivo de proteger los derechos básicos, de vida, trabajo y salud de la clase trabajadora en su diversidad.

2. La Negociación Colectiva es la principal herramienta para garantizar el diálogo. En este sentido, es fundamental garantizar la ultra-actividad de la negociación colectiva por 180 días o hasta que la crisis sea superada.

3. Garantía de estabilidad de empleo y de salario para trabajadores y trabajadoras a través de políticas públicas existentes, o con la creación de nuevos mecanismos que garanticen el empleo y la renta de trabajadoras y trabajadoras; ya sea en condiciones de formalidad o de informalidad (mecanismo de transferencia de renta directa).

4. Adoptar, restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos de protección social, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales, a fin de garantizar el derecho a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, independientemente de sus condiciones de formalidad o informalidad laboral.

5. Prohibición de la suspensión o terminación de contratos de prestación de servicios temporales durante el tiempo que dure la emergencia, para todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades; bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.

6. En aras de garantizar la estabilidad del empleo y del salario, se ha implementado el teletrabajo como respuesta a la parálisis económica; sin embargo, en la región la mayoría de nuestros países no tienen o está insuficientemente regulada; es importante destacar que es fundamental que esta modalidad no precarice y flexibilice las relaciones laborales existentes. Por el contrario, debe tener como premisa la garantía del empleo en concordancia con los estándares de la OIT.

7. Proteger a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores que, por integrar grupos de riesgo han accedido a una licencia médica en el marco de la emergencia; así como a quienes se encontraban de licencia (médica, de maternidad, de vacaciones, etc.), previo a la crisis.

8. Proveer con todos los insumos necesarios a las trabajadoras y a los trabajadores de la Salud y a la totalidad de trabajadoras y trabajadores, públicos y privados, que están al servicio de nuestros pueblos enfrentando a esta crisis en la primera línea.

9. Garantizar el acceso de la clase trabajadora y de la sociedad en general a la información sobre la gravedad de la pandemia a través de los medios, sin ningún tipo de censura o intervención, asegurando que estos cumplan con su papel de informar para que ello contribuya a la prevención y la garantía de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE REALIDADES DE LA CLASE TRABAJADORA

10. Garantizar la alimentación, higiene y habitación a personas en situación de calle desde un enfoque de derechos y prestando especial atención a quienes forman parte de la población de riesgo. Esto incluye: disposición de hogares de habitación para personas mayores o con enfermedades preexistentes en situación de calle, disposición de espacios públicos e inclusivos de higiene con productos dispuestos a estos efectos (papel higiénico, alcohol en gel, jabón, agua, duchas, lavatorios), distribución de kits individuales de alimentos y agua.

11. Reforzar, retomar y/o implementar planes de distribución de alimentos y de elementos de higiene a familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo acceso a fuentes de energía para uso doméstico (cocción de alimentos, calefacción). Es imprescindible una política de control de precios de todos los artículos incluidos en la canasta básica y extenderlo a la regulación de tarifas de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, etc.), incluyendo la prestación gratuita de estos servicios para los sectores de la población que así lo requieran.

12. Inclusión de las trabajadores y de los trabajadores migrantes, refugiados y refugiadas, así como sus familias en todas las políticas de protección social existentes o que se implementen para atención de la crisis.

13. Reforzar, retomar y/o implementar políticas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, especialmente la violencia de género y el abuso en niños, niñas y adolescentes que se ven incrementados en situaciones de autoaislamiento y cuarentena preventiva y/u obligatoria.

14. Inclusión de trabajadores y de trabajadoras en condiciones de informalidad y precarización a las políticas y prestaciones ya existentes o que se implementen durante el periodo que dure la pandemia. Los trabajadores y las trabajadoras en condiciones de informalidad están presentes en diversos sectores de actividad: economía de plataforma, trabajo doméstico y economía de los cuidados, trabajadores-trabajadoras ambulantes, comercio minorista, cuentapropistas, entre otros. Esto incluye subsidios especiales, extensión de la seguridad social y protección social (políticas distributivas y no contributivas), reducción y/o congelamiento de tarifas de servicios básicos y acceso a productos de higiene y alimentos.

15. Garantía de salarios para aquellos trabajadores y para aquellas trabajadoras que no presten sus servicios por causa de medidas de auto-aislamiento y cuarentena obligatoria: trabajadoras/trabajadores del hogar, de los cuidados, trabajadoras/trabajadores sexuales quienes se ven obligadas a continuar ejerciendo su actividad para poder alimentar a sus familias y la estigmatización y discriminación de la que son objeto en la sociedad, reforzando su vulnerabilidad.

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES NO DEBEMOS PAGAR LA CRISIS

16. Los Estados deben responder garantizando los derechos de la población en general y exigiendo el pago por parte de quienes se han beneficiado históricamente: grandes empresas y capital trasnacional.

17. Las instituciones financieras internacionales deben estar al servicio de las necesidades financieras de los pueblos. La ayuda que otorgan estas instituciones no puede significar un nuevo ciclo de endeudamiento de los países ocasionando restricciones presentes y futuras ni condicionándolos a planes de ajuste estructural.

18. El Estado es responsable por garantizar el acceso a la salud para toda la población afectada y en riesgo. Es urgente incrementar la inversión en salud, tanto en adaptación de infraestructura, compra de insumos de salud e higiene como en el pago de salarios y garantía de condiciones de trabajo dignas para los y las trabajadores/as vinculadas al sector. La reducción del gasto y la privatización del sector deben revertirse como primer paso para enfrentar la pandemia.

19. Es necesario definir medidas de ampliación del gasto público para responder a esta coyuntura que incluyan: subsidios al desempleo; reducciones al pago por alquiler, impuestos o servicios; transferencias monetarias básicas para trabajadoras/es en condiciones de informalidad o precarización, del campo y de la ciudad; subsidios a la pequeña agricultura y a la agricultura familiar; apoyos a las PyMEs y micro PyMES que garanticen la nómina de sus trabajadoras/es; pago a cuidadoras/es para trabajadoras/es que están en primera línea de atención, entre otras.

20. Las medidas de atención a la emergencia sanitaria, social y económica exigen la suspensión y/o eliminación de las restricciones a la inversión y al gasto social, así como a las reformas fiscales que han sido propuestas y/o impuestas en algunos países.

21. Suspender el pago del servicio de la deuda pública en el contexto actual y, cuando sea necesario, pedir su renegociación por parte de los gobiernos, en condiciones que permitan la autonomía en la definición de políticas públicas hacia el futuro. Por otro lado, con relación a la deuda privada de PyMEs, independientes y trabajadora-trabajadores, ofrecer alternativas de renegociación o suspensión de pago de cuotas, diseñar nuevas líneas de crédito en condiciones de bajo interés y plazos favorables, para los y las más personas afectadas por la crisis.

22. Suspender o revertir las reformas tributarias que han exonerado a las grandes empresas e incrementado los impuestos para la población en general. Es preciso orientar a impuestos directos y progresivos, cobrar impuestos a las grandes fortunas, ganancias y fondos ilícitos, cobrar impuestos a evasores, así como a las empresas transnacionales; de esta manera, se puede financiar la necesaria ampliación del gasto fiscal. La población trabajadora no puede continuar asumiendo el costo del gasto público con impuestos indirectos y regresivos o con rebajas salariales para contribuir a fondos para combatir la pandemia.

23. Es urgente y necesario regular precios y garantizar el abastecimiento y acceso para la totalidad de la población de los productos de la canasta básica. Así mismo, apoyar a pequeños y medianos comerciantes en la venta de producción nacional y la implementación de políticas de compras públicas, lo que contribuye a generar un efecto positivo en la economía en el mediano plazo.

24. Con relación a las empresas transnacionales, renegociar y regular tarifas y regalías, por ejemplo, de telefonía, comunicaciones y energía.

DEMOCRACIA Y SOLIDARIDAD

25. Los sindicatos somos actores de la democracia, representantes de un sector fundamental de la sociedad, vinculados a los centros de trabajo, las comunidades y los territorios y conectados con las necesidades de la población. Nuestro papel frente a la contingencia actual es de primerísimo orden y reclamamos nuestra participación, fortaleciendo los mecanismos de diálogo tripartido y bipartito, así como en otras instancias de participación y diálogo con los demás actores de la sociedad, comprometidos con el enfrentamiento de la crisis.

26. Las Américas son territorios de paz. Las medidas que tomen los gobiernos para frenar la propagación del virus no pueden provocar el aumento de la militarización, violencia y criminalización en los territorios. El aislamiento social es la medida más efectiva para la no propagación del virus, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las medidas no pueden impedir el acceso a alimentos, atención médica, insumos de higiene y otros bienes esenciales durante todo el período en que estén vigentes, por lo que deberá garantizarse acceso seguro y sin consecuencias para la integridad personal de aquellos trabajadores y de aquellas trabajadoras que deba desplazarse.

27. Las fuerzas de seguridad policiales y militares deben ser desplegadas con mesura evitando generar estados de alarma en las comunidades. La presencia de militares y fuerzas de seguridad (públicas y privadas) en la región  están, a menudo, asociadas a situaciones de violencia y operan con impunidad criminalizando protestas y el ejercicio de la libertad de expresión. El aislamiento no puede convertirse en la excusa para profundizar la criminalización de líderes sindicales y sociales. Llamamos a los organismos judiciales y a la comunidad internacional a mantener la observancia sobre las medidas de seguridad pública que puedan atentar contra la libertad sindical y los derechos a la manifestación pacífica, respetando las medidas orientadas por la OMS de no aglomeración para no propagación del virus.

28. La clase trabajadora, en especial en las Américas, tiene un legado histórico de construcción de redes de solidaridad nacional, regional e internacional en épocas de restricción de derechos, libertades y ataques a la democracia. En esta pandemia llamamos a todas las organizaciones sindicales y sociales a unir fuerzas y activar estas redes de solidaridad internacionales pues serán fundamentales para poder sostener a las clases populares en épocas de crisis sanitaria, económica y social.

29. La Central de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), nuestros sindicatos, las organizaciones y movimientos sociales aliados, seguiremos unidos por otro mundo, no solamente posible, sino necesario para un planeta sano para nuestros pueblos en la defensa de avances civilizatorios para la Humanidad.
¡Seguiremos en lucha!

El Gobierno ha venido anunciando que se propone otorgar un subsidio por la cantidad mensual de 200 mil colones para ayudar a la sobrevivencia de unas 375 mil personas-familias, las que están recibiendo afectación directa producto de la crisis económica en desarrollo, derivada de la pandemia Covid-19; compatriotas que se han venido quedando sin trabajo del todo o que han sido afectados por la reducción de jornada y la rebaja salarial subsecuente. 

Nosotros pensamos que se trata de una iniciativa correcta, pero que no estaría considerando que la pandemia Covid-19 vino a agravar lo que ya era antes de la misma una grave situación social, producto de que el país fue sometido a un modelo económico que concentró, de manera abusiva la riqueza; que, además, ya había generado 309 mil personas desempleadas (según la última encuesta oficial en la materia por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC-); que ya tenía a casi el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) en la informalidad y al margen de la Seguridad Social; que teníamos montos de todo tipo de fraude fiscal de, prácticamente, un 8% del Producto Interno Bruto (PIB); modelo que había acumulado hasta 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones; que teníamos una clase trabajadora altísimamente endeudada; que teníamos a la producción agropecuaria nacional, prácticamente en la quiebra por las altas deudas, impagables todas, de los productores, etc.

Es decir que si para el Gobierno la consecuencia directa de los efectos económicos perversos de la pandemia Covid-19 se debe contabilizar a 375 mil personas-familias, está sumamente equivocado. ¡Son más de 375 familias! 

En tal sentido, la iniciativa gubernamental se queda muy corta. Es por eso que la ANEP, con el respaldo del Encuentro Social Multisectorial, ha formulado una iniciativa con la cual se podría cubrir hasta unas 660 mil personas-familias; es decir, ya no solamente las 375 mil que señala el Gobierno, sino 285 mil más, o sea, un 37.5% adicional de lo que el oficialismo está previendo; y con 250 mil mensuales, no 200 mil. No obstante, la situación se ve tan grave que la cifra de familias afectadas podría ser superior a las 660 mil personas.

La propuesta obrero-social que formula la ANEP parte de la gran decisión política que debería tomar el Gobierno para dejar de pagar los intereses diarios que le demanda el gigantesco momento de endeudamiento público, en este caso deuda interna contraída con acreedores nacionales, con lo cual dispondría de 5.500 millones por día para ayudar a esas 660 mil familias con un monto mayor al que ellos están proponiendo; es decir, 250 mil colones mensuales en vez de los 200 mil, como ya indicamos.

5.500 millones por día equivalen a 165 mil millones de colones por cada uno de los tres meses en los cuales regiría tal moratoria, inicialmente, puesto que la crisis se ve tan profunda que podría implicar más meses la ayuda de lo que nosotros denominamos el Subsidio Social Solidario (SSS) para esas 660 mil personas. Ese trimestre de moratoria representa unos 495 mil millones de colones.

Los acreedores nacionales que, en su mayoría (según entendemos), son entes públicos, saben que no estamos en tiempos de normalidad y que estamos en una situación sociohistórica y económica inédita, requiriéndose también, decisiones inéditas como la moratoria de pago de intereses de la deuda pública, en este caso interna, que estamos planteando. 

Además, hay que tener en cuenta que el otro segmento de la deuda pública, que es el contraído con organismos financieros internacionales, las posibilidades de condonación de la deuda externa, en el marco de la crisis de la pandemia Covid-19, parece emerger como una posibilidad política real en el plano internacional. Hasta el mismo Gobierno actual lo ha estado planteando ante la comunidad mundial de naciones.

Es decir, la moratoria planteada para el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS) de 660 mil personas-familias, por un monto de 250 mil colones mensuales, podría ser sostenible con los recursos que se liberarían ante la eventualidad de la condonación de la deuda pública externa o parte de ella.

Por otra parte, se está planteando por otras voces calificadas, como la del ciudadano William Hayden, utilizar unos mil millones de dólares de las reservas internacionales que resguarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que andan por poco más de ocho mil millones de dólares. 

Es decir, se podría echar mano a unos 565 mil millones colones adicionales a los 495 mil millones que daría la moratoria de tres meses del pago de intereses de la deuda pública que nosotros estamos planteando, pues, como dijimos, 5.500 millones de colones diarios de moratoria, durante 90 días, representan esos 495 mil millones. 

Los mil millones de dólares a emplear de las reservas del BCCR vienen a ser unos 188 mil millones de colones mensuales con los cuales se podría, en consecuencia, ante un eventual agravamiento de la crisis, atender, solidaria y socialmente, hasta 753 mil personas-familias adicionales, a las 660 mil, con los mil millones de dólares de las reservas del BCCR. 

¿Se imaginan ustedes el enorme impacto que tendría para una recuperación y una reactivación económica que, en los próximos tres meses, esté circulando la enorme cantidad de 1 billón 60 mil millones de colones en la economía para el relanzamiento del mercado interno? 

Estamos hablando de que, durante un periodo de 90 días, la economía del mercado interno estaría recibiendo unos 11 mil 777 millones de colones cada 24 horas; compuestos por, repetimos, los 495 mil millones de colones de los tres meses de moratoria del pago de intereses de la deuda pública interna, digamos; y los mil millones de dólares que se sacan de las reservas del BCCR para, en conjunto, atender hasta 1 millón 353 mil personas-familias sumidas hoy en la desesperanza.

Si se dejan de lado los dogmas macrofiscales, mismos que han sido los causantes de la desigualdad cruel e inhumana que ya teníamos antes del estallido de la pandemia y desigualdad que está profundizándose como jamás se pensó, nadie pasaría hambre en nuestra Patria y todos podríamos quedarnos en casa con el plato de comida garantizado durante, al menos, 90 días.

Con dolor y con enorme preocupación, y hasta gran angustia, nos enteramos de la dramática denuncia pública formulada por la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), acerca del cierre de 7.980 establecimientos y de que ello ha implicado, dramáticamente. 109 mil despidos.

Anuncios parecidos se vienen escuchando por estos días, vaticinando una grave crisis social, más allá de la de salud que ya padecemos.

Para estas 109 mil personas trabajadoras de los restaurantes (como para las demás en idéntica o parecida situación), acatar la recomendación oficial de quedarse en casa, es una situación sumamente compleja, de gran estrés y de sufrimiento familiar. Quedarse en casa bajo estas condiciones no es humano.

Por eso queremos insistir en la propuesta de la ANEP para el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), por un monto de 250 mil colones mensuales para personas trabajadoras desempleadas y/o en la informalidad. Quienes han perdido su trabajo, según la denuncia de Cacore, perfectamente califican para recibir tal subsidio.

Como se constata ya a nivel planetario, los países están tomando decisiones impensadas hasta hace poco, en materia de políticas públicas destinadas no solamente a combatir y detener la pandemia, que también está afectando a Costa Rica; sino que ya están impulsando acciones estatales fuertes para socorrer a las miles de personas trabajadoras que están perdiendo sus empleos, así como a miles de empresas y negocios que necesitan apoyo gubernamental directo para subsistir y reactivarse económicamente.

Los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), como el Banco Mundial y como el Banco Central Europeo, por ejemplo, están abandonando sus dogmas macrofiscales de corte neoliberal y orientando la toma de decisiones para la atención de la pandemia, por un lado; y, por otro, evitar al colapso total de las economías.

ANEP ha propuesto el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), como parte de las 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19; propuestas que tienen el aval del Encuentro Social Multisectorial.

Se necesita, a efectos del establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), que el Gobierno de la República y la propia Asamblea Legislativa adopten la decisión política de decretar, al menos, una moratoria del pago de intereses de la deuda pública, inicialmente por tres meses.

Hablamos que eso permitiría tener un fondo para el Subsidio Social Solidario (SSS), de 165 mil millones de colones por mes; cantidad que puede dar sustento económico-financiero a unas 660.000 personas trabajadoras desempleadas, por ese monto de 250 mil colones mensuales, como las 109 mil personas trabajadoras y trabajadores de los restaurantes que han quedado en la calle.

Recordemos que esos 165 mil millones de colones al mes, son porque entra en moratoria el pago de tales intereses que, al día, representan 5.500 millones de colones. 660.000 familias en desamparo ahora, podrían quedarse en casa sin sufrir sufrimiento alguno; incluyendo las 309 mil personas desempleadas que ya se sabía de su existencia antes del estallido de la pandemia del Covid-19.

ANEP ya entregó a la Casa Presidencial documento oficial de las 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19, dentro de las cuales resalta la propuesta del Subsidio Social Solidario (SSS). Estamos en espera.

La situación en el mundo con respecto a la pandemia del coronavirus covid-19 es extremadamente delicada. La situación en Costa Rica no es menos peligrosa. Algunos pensamos que ya debíamos estar en cuarentena total, pues el número de personas contagiadas sigue subiendo y ya vamos por 158 casos, al lunes 23 de marzo de 2020.

Tan dura y cruel circunstancia sociohistórica que nos ha tocado vivir, nos obliga a hacer a un lado las diferencias ideológicas, políticas, económicas, sociales para unirnos a todo el mundo en esta lucha.

En este momento existen numerosas noticias, artículos y videos que muestran el estupendo efecto del medicamente cubano Interferón Alfa 2B contra el coronavirus en China, el primer epicentro mundial de la pandemia. Asimismo, en Italia, el segundo foco de la misma y que en estos momentos está recibiendo la ayuda cubana de médicos epidemiólogos, tal medicamento ya se está empleando.

En Chile están importando el medicamento los municipios de Santiago y en Brasil están recontratando a los médicos cubanos que expulsaron. El congreso de Bolivia solicita la llegada del medicamento y de médicos cubanos, lo mismo que países del Caribe y de Centroamérica.

El Interferón Alfa 2B no es un medicamento que cure el coronavirus, pero permite obstaculizar sus efectos y fortalece el sistema inmunológico del paciente al activar la generación de anticuerpos. El interferón, por ende, posibilita el no avance de la enfermedad a situación grave, evitando la muerte del paciente. Como es lógico suponer, personas especialistas en la materia, así nos lo han hecho saber.

Nos dicen que, por lo menos, el 50% de las personas infectadas en China, han sido tratadas y salvadas por el interferón junto con otros medicamentos complementarios. El interferón forma parte de una familia de proteínas con efectos biológicos como la propiedad de interferir con la multiplicación viral dentro de la célula. Es capaz de suplir la deficiencia del sistema inmunológico en pacientes con dolencias respiratorias

Ante el avance del covid-19 en el país, no nos atrasemos más en la solicitud de ayudas que han demostrado eficacia real y concreta en el planeta, como la posibilidad de que en Costa Rica se adquiera tal medicamento cubano.

En este momento entendemos que ya estamos recibiendo, incluso, colaboración por parte de la República Popular de China, cuyo modelo de cuarentena demostró excelente eficacia curativa y preventiva y en este momento están apoyado a Italia, a Irán y a otras naciones del mundo en tal sentido. Razón de más para considerar que el ingreso del interferón cubano al país debe ser visto como una alternativa adicional para salvar vidas. 

Ahora bien, la ayuda es fundamental para evitar muchas muertes. Pero según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la experiencia real, la cuarentena social total es la única forma, óigase bien, la única forma de erradicar el coronavirus.

Por otra parte, podrían explicarnos las principales autoridades políticas del país, empezando por el señor Ministro de Salud y por el señor Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuáles son las razones por las cuales no está considerándose la compra de ese medicamento Interferón Alfa 2B.

¿Será que las indicadas jerarquías políticas del exitoso sistema de salud costarricense, uno de los del top ten universal, tienen algún criterio técnico-especializado que descalifica al Interferón Alfa 2B que nosotros, ignorantes en el tema, desconocemos? De manera indudable que nada más oportunos que nos ayudaran a salir de esta duda.

Costa Rica mantiene relaciones diplomáticas con Cuba y, por tanto, tratándose de estas sensibles cuestiones de vidas humanas en juego no creemos que pudiera haber espacio para que irracionales griterías histéricas bloquearan que el indicado medicamento pudiera estar disponible, a fin de que compatriotas contagiados de covid-19 tuvieran mejores posibilidades de superar ese delicado estado de salud si les pudiera administrar el Interferón Alfa 2B.

Creemos que resulta muy conveniente poner en el tapete del debate este asunto pues los países más afectados, ante la desesperación por el avance de la pandemia covid-19 y el colapso de sus propios sistemas de salud, están derribando muros político-ideológicos. Se trata de un problema de vidas humanas y no de ideologías.

Hasta 660 mil personas trabajadoras sin empleo y/o en la informalidad estarían con condiciones dignas de enfrentar las duras circunstancias derivadas de la pandemia Covid-19, con el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), mismo que se fijaría en la cantidad mensual de 250 mil colones, durante los tres meses siguientes a su establecimiento, inicialmente, pero que podría prolongarse ante la extensión de la emergencia.

Hablamos de aquellas personas compatriotas que ya estaban sin empleo antes del estallido de la pandemia, por ejemplo; como también, estamos pensando en quienes producto de la misma, están ya perdiendo el suyo.

La acertada recomendación de las autoridades nacionales de quedarse en casa para reducir al mínimo los riesgos de contagio del Covid-19, resultaría un infierno para personas sin trabajo, sin ingreso alguno, en altísima vulnerabilidad total, con graves riesgos de que la convivencia intrafamiliar se deteriore todavía más.

La propuesta para el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), se puede financiar si el Gobierno toma la trascendental decisión de decretar una moratoria del pago de los intereses, reconocidos como obscenos, de la deuda pública; calculados para el presente año 2020 en unos 2 billones de colones, así consignados en el Presupuesto de la República actualmente en ejecución.

Estamos hablando de una cantidad mensual de poco más de 165 mil millones de colones; cantidad ésta que dividida entre 250.000, arroja la posibilidad de que tal cantidad de colones lo reciban 660 mil personas-familias.

Adicionalmente, esos 165 mil millones de colones cumplirán otro objetivo, adicional al humanitario social: potencian la reactivación económica del mercado interno que, como se constata ya, está entrando en un período más severo de deterioro y hasta recesivo.

Es imposible que el país supere la crisis que vivimos si seguimos, por una parte, con esquemas macro-fiscales ortodoxos, carentes de humanismo e insensibles al dolor de los que menos tienen que son los que más sufren.

Esta propuesta del establecimiento de un Subsidio Social Solidario (SSS), está incluida dentro de las 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19; propuestas con contenido solidario, con inclusión social y en pro del bien común; pensadas, a la vez, para la reactivación económica y para el fomento productivo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Las personas trabajadoras asalariadas del Estado a cargo de atender la emergencia nacional producto de la pandemia global del coronavirus COVID-19, según las respectivas responsabilidades institucionales, están dando una extraordinaria lección de solidaridad y de compromiso social que, de manera radical, contrasta con el odio neoliberal que han estado recibiendo en los últimos tiempos, especialmente en la pasada administración gubernativa y en la actual.

Nunca antes en la historia contemporánea costarricense, específicamente desde los acontecimientos bélicos del conflicto civil entre costarricenses, en 1948, el odio se había manifestado con tanta su crudeza y crueldad; como ha venido ocurriendo en los últimos años; cuando miles de personas compatriotas, por la sola circunstancia de laborar en el empleo público, fueron vilipendiadas, difamadas, calumniadas, estigmatizadas, acosadas, injuriadas, satanizadas; en medio de la campaña más perversa de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que, repetimos, guardando las dimensiones de espacio y de tiempo, solamente habíase visto algo similar en aquellos años de los cuarenta del siglo pasado.

Se les responsabilizó del déficit fiscal y desde los latifundios mediáticos del capital, dirigidos por personas que no comprenden bien el ADN costarricense, se les prendió hogueras para que fueran quemados vivos por una opinión pública manipulada al máximo; buscando, además, crear las condiciones para que se dieran las privatizaciones y la venta de esos activos públicos hoy imprescindibles en el combate al COVID-19.

A los empleados públicos y las empleadas públicas a quienes se les tildó de “vagos”, “haraganes”, “sinvergüenzas, “ladrones”, “vividores”, “corruptos”, hoy tienen a cargo la heroica tarea, la humanitaria cruzada, la cristiana labor de que el COVID-19 no cause tanto dolor y sufrimiento como a diario constatamos que se vive en otros pueblos de la Tierra, especialmente en países que se creían sociedades “superiores” como las europeas.

Pese a ese odio neoliberal contra todo lo público, es el sector público con sus instituciones sociales y con sus empresas públicas dedicadas a la promoción del bien común y con su funcionariado civil, el que está dando la cara a favor de toda la población, tanto la nacional como la extranjera que nos visita y la migrante que vive con nosotros. ¿O han visto ustedes a clínicas y hospitales de medicina privada abriendo sus puertas de par en par para ofrecer atención solidaria a la población, especialmente la desvalida y la más vulnerable?

Particularmente, la CCSS, el ICE, el INS, el AyA, la CNE, Correos, la Fanal; los servicios migratorios y de Seguridad Ciudadana (en medio de la gran precariedad en que los tienen); el Ministerio de Salud y sus programas, el CEN-Cinai, el Inder y otras entidades; de un modo u otro, representan un modo de ser costarricense que desde generaciones anteriores desarrolló valores eternos como la promoción del bien común, la inclusión social, la reducción de las desigualdades, la solidaridad.

A partir del año 1984, cuando el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), impuso el primer programa de ajuste estructural, abriendo la primera puerta para que entraran los primeros aires inmundos del neoliberalismo y contaminaran el camino costarricense de desarrollo que ya traíamos; han pasado unos 36 años de combate abierto entre esas dos visiones de concebir la sociedad: la del egoísmo exacerbado, la del “sálvese quien pueda”, la del “todo-mercado, nada Estado”; versus la de la inclusión social, la del bien común, la de la solidaridad y la de la reducción de las desigualdades.

“No hay mal que por bien no venga”: el COVID-19, en el caso costarricense, está mostrando todo el valor de que conservemos todavía esa institucionalidad pública dedicada a la solidaridad, a la inclusión social y a la promoción de bien común. Tenemos que seguirla defendiendo y tenemos que corregirle lo que no ha estado bien; pero de ahí a entregarla a ese miserable egoísmo del lucro privado y de la codicia sin freno que pregona el neoliberalismo, hay mucha distancia.

Vivimos momentos históricos, indudablemente. Tenemos, con las excepciones de rigor, una clase política corrupta tripartidista que se encargó de mandar al tanque séptico los verdaderos postulados de la socialdemocracia y del humanismo cristiano, de la Doctrina Social de la Iglesia; corrientes de pensamiento que, junto a los mejores postulados del socialismo científico adoptado a la realidad costarricense, generaron esas instituciones sociales y esas empresas públicas que hoy están en la primera línea de fuego frente al COVID-19. 

Algunos fariseos dentro del mismo gobierno actual hoy se rasgan las vestiduras, ensalzando la circunstancia de que todavía los costarricenses tengamos esas instituciones sociales y esas empresas públicas. ¡Hipócritas! ¡Farsantes! 

Se han estado entregando al fundamentalismo fiscalista neoliberal y han descargado sobre las espaldas del pueblo trabajador las negativas consecuencias de haber estado conspirando, todos estos 36 años y desde las tiendas partidarias del PLN, del PUSC y del PAC, contra ese Estado Social que hoy nos permite enfrentar la pandemia del COVID-19 en mejores condiciones. La factura hay que pasárselas. 

Ojalá lo comprendamos a cabalidad en medio de esta oportunidad histórica que, de manera paradójica, tenemos para revitalizar la lucha cívica y patriótica en defensa del Estado Social que todavía tenemos y que, por lo general, identificamos con los rostros de Manuel Mora Valverde, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, José Figueres Ferrer. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La necesidad que tiene el país de contar con una real legislación que le permita levantar el secreto bancario, pero levantarlo de verdad, es inobjetable. La furia que están mostrando los sectores financieros y económicamente más poderosos así lo ratifica. La prensa que les representa ya se ha descarado, sin asco, en tal sentido, por lo que podemos afirmar de que no queda la menor duda de que estamos hablando de una legislación de enorme urgencia para beneficio de la mayoría.

Y es que no solamente es una medida urgentísima dado la brutalidad anual de las cifras de la evasión y del fraude fiscal en todas sus manifestaciones. Lo que durante muchísimo tiempo veníamos afirmando ya es oficial: prácticamente son 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) lo que se dejan los ladrones de impuestos; criminales sociales que no son integrantes de la clase trabajadora, pues esta paga puntualmente lo que le corresponde, como ha sido demostrado hasta el exceso.

Algunos estiman que al día de hoy un punto PIB equivale a 372 mil millones de colones. Nosotros hemos venido manejando la cifra de 350 mil millones por cada punto PIB. Esto quiere decir que, por año, la evasión es de 2 billones 800 mil millones de colones; poco más de 7 mil 600 millones de colones diarios.

Esta cantidad de plata no se guarda debajo de un colchón. Prácticamente no es detectada porque la esconden bajo el esquema de secreto bancario, tal y como está en la actualidad. Por eso, urge levantar el secreto bancario según lo está proponiendo el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.

Por otra parte, el mismísimo gobierno gringo está alertando al país en cuanto al peligro de que el lavado de dinero esté ya apuntando hacia el financiamiento de las campañas electorales; un secreto a voces en el seno de la clase política (la hegemónica y la que no lo es).

El más reciente reporte anual de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Cumplimiento de la Ley y Narcóticos (Bureau Of International Narcotics And Law Enforcement Affairs), del Departamento de Estados del gobierno de los Estados Unidos, ha dado a conocer el pasado 2 de marzo lo siguiente, según nota de prensa que leímos: “El financiamiento de las campañas políticas en Costa Rica se ha convertido en un nuevo foco para el lavado de dinero durante el último año”.

Lo que tal informe está indicándonos, ¡costarricenses!, es que en la política electoral ya el dinero sucio entró a jugar. Y si se indica que fue “durante el último año”, habría que preguntarse: ¿fue para la campaña presidencial del 2018?; ¿fue para las elecciones diputadiles de la actual Asamblea Legislativa? ¿Tenemos ya gente en curul legislativa financiada por el narcotráfico? ¿Fue en las elecciones municipales que acaban de pasar donde ya entró el dinero narco? ¿Por qué este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha sido ampliamente difundido, divulgado, comentado, como debe serlo una noticia que debemos considerar de enorme importancia para la Democracia?

Según tal informe, somos un país sumamente frágil lo cual permite que Costa Rica tenga mucha vulnerabilidad para grupos del crimen organizado transnacional. Somos un punto de atracción “para crímenes financieros debido a limitaciones para el cumplimiento de la ley y a su ubicación en una ruta clave para el tráfico de narcóticos y bienes ilícitos”; indicando que “las instituciones financieras siguen siendo utilizadas para el lavado de dinero”.

Los llamados sportsbooks, los sitios de apuestas en línea (que en Costa Rica son legales), los importantes flujos de turistas y migrantes; la construcción, el mercado inmobiliario y los hoteles; representan ámbitos de negocios a los cuales les tiene puesto el ojo el gobierno gringo, pues estima que posibilitan los flujos ilícitos de capital que en territorio costarricense se pueden lavar fácilmente, debido a limitaciones en la ley para combatir los crímenes financieros.

El levantamiento real del secreto bancario, por tanto, se asocia directamente con el combate a los millones y millones de dólares que inundan la economía costarricense y que escapan al control fiscal, permitiendo la concentración de riquezas y de fortunas en dimensiones inimaginables para el pueblo costarricense, agobiado en su lucha por la subsistencia diaria.

Aunque en un inicio el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, se dejó decir que, en materia de lavado de dinero, de dinero sucio producto del crimen organizado y del narcotráfico, anualmente se estaría alcanzando el equivalente a 22 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), alegando conocer informes serios al respecto; rapidito se retractó (¿o lo “retractaron”?), alegando que se había “equivocado”. Sin embargo, admitió que 6 o 7 puntos PIB circulando en el sistema financiero y en la economía costarricense es algo real; cifra que hace ya bastante tiempo de nuestra parte la venimos mencionando.

Así las cosas, 7 puntos PIB de lavado de dinero indica que hablamos de unos 2 billones 450 mil millones de colones anuales. Es decir que unos 6 mil 700 millones de colones por día se mueven, ilegal y suciamente, en el sistema financiero costarricense; lo que no se puede combatir porque los mismos gringos dicen que la legislación costarricense tiene muchas limitaciones para combatir los crímenes financieros.

¿Cómo puede haber oposición a que se proceda a levantar el secreto bancario como Dios manda? ¿Cómo negar esta realidad de que, por día, cada 24 horas, al menos están disponibles unos 14 mil millones de colones (entre robo de impuestos y lavado de dinero); cifra casi tres veces superior a los 5 mil millones de colones, también diarios, que se deben pagar por los intereses obscenos que devenga la impagable deuda pública costarricense?

El levantamiento del secreto bancario está ya en vigencia en unos 150 países y quien se oponga a que en Costa Rica se dé la legislación necesaria para tal efecto, les hace el juego a criminales evasores de impuestos y/o a criminales del narcotráfico; o, lo que es peor, tienen grandes fortunas escondidas y/o camufladas en paraísos fiscales, enormes riquezas que, con toda seguridad, son por dinero mal habido. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“…Que veinte años no es nada”: Nos inspiramos en esta frase contenida en la letra del inmortal tango “Volver”, cantado por el no menos inmortal Carlos Gardel, para hacer alusión a que, luego de los ya históricos acontecimientos de lucha cívico-social y sindical del año 2000, contra la venta-privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la gesta patriótica del Combo ICE; surgió a la vida política del país un fenómeno partidario, conocido luego como el Partido Acción Ciudadana (PAC); que vino a quebrar el, hasta ese momento, hegemónicamente vigente bipartidismo clásico reinante en la vida pública nacional, constituido por los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

Recordemos que ambos partidos constituyeron corrientes de pensamiento (no las únicas, por supuesto), herederas de un gran proceso histórico que Costa Riva vivió en los años 40 del pasado siglo XX; el cual desembocó en los acontecimientos bélicos entre costarricenses, conocidos como la Guerra Civil de 1948 y la posterior instauración de una dictadura, a cargo de José Figueres Ferrer (Don Pepe), de dieciocho meses de duración, para dar paso a lo que la historia oficial denomina como la Segunda República.

Posteriormente, ambos se fundirían ideológicamente, adoptando los postulados dogmáticos del Consenso de Washington, el comúnmente denominado neoliberalismo; renunciando uno, el PLN, a su filosofía socialdemócrata; y el otro, el PUSC, a su ideario básico inspirado en el humanismo cristiano y en la Doctrina Social de la Iglesia Católica.

El pueblo costarricense, en su imaginario colectivo, los fundió en uno solo: el PLUSC (Partido Liberación-Unidad Social Cristiana), al quedar reducidos a meras maquinarias electorales, reparte-puestos públicos y soporte para grandes negocios con la cosa pública contaminada de corrupción.

“…Que veinte años no es nada”. Fundado en diciembre del año 2000 e, indudablemente, hijo político del combo ICE, el Partido Acción Ciudadana (PAC), representó para muchísimas personas la renovación de la credibilidad en la política-partidista; para otro gran número, la recuperación de la senda de desarrollo con inclusión y con movilidad social que habíase convertido en un distintivo costarricense en medio de una conflictiva región centro y latinoamericana marcada por la sangre de conflictos civiles, dictaduras y regímenes militares. Otros, bastantes, creyeron que el PAC sería la nueva socialdemocracia costarricense, al haber el PLN prostituido su filosofía original y haberse entregado a ser receptor del ideario anti-estatista de signo neoliberal.

Fundamentalmente, resaltó la circunstancia de que el PAC había nacido para la recuperación de la esencia de un servicio público transparente, de confrontación total a la corrupción y de imperio de la ética; vicios de la cosa pública que con gran descaro caracterizaron al PLUSC.

“…Que veinte años no es nada”. Hoy, a mitad de camino de su segunda gestión gubernativa (conocido ya qué fue lo acontecido en su primera administración ejecutiva); con un mandatario completamente descreditado, desprestigiado y en medio de una soledad política pasmosa, aislado ante un sonado caso de espionaje presidencial que, presuntamente, él mismo ordenó ejecutar; las muletas políticas que llegan para sacarlo del lodazal de la impopularidad y del rechazo ciudadano, ahora más extendido que nunca, nos ponen en un regreso al pasado.

La llegada política a Casa Presidencial del “trío de los RO”: ROdolfo Méndez Mata, ROdrigo Arias Sánchez y ROlando Laclé Castro; para que los tres saquen del bache en que la misma se encuentra por su cadena de yerros, su pésima estrategia de comunicación y por la gravedad de las revelaciones del escándalo de espionaje UPAD; marcan el entierro político-simbólico del Partido Acción Ciudadana (PAC); pues esos señores han sido categorizados como figuras emblemáticas de la transmutación de los partidos PLN y PUSC en el PLUSC, cuyos modos de hacer política fueron radicalmente rechazados por los postulados fundacionales del PAC.

Nos preguntamos: ¿qué podrían estar sintiendo en estos mismos momentos todo ese conglomerado ciudadano limpio, harto del PLUSC, al contemplar cómo su segundo presidente entrega el comando ejecutivo a personeros claves de ese bipartidismo clásico tan repudiado por el PAC? ¿Es que acaso no se sienten traicionados?

“…Que veinte años no es nada”: En estos veinte años del PAC, entonces, ¡nada cambió! Ese es el mensaje que nos deja la conformación de esa especie de “Junta de Gobierno”, con toda la carga ideológica que representan esas tres personas, los grupos económicos a los cuales pertenecen, las matrices mediáticas del corporativismo del negocio de las noticias que les respaldan, así como las férreas posiciones que siempre han estado promoviendo esos señores, para profundizar la puesta en práctica en nuestro país, de manera total, de los postulados del Consenso de Washington; incluido, por supuesto, la privatización-venta de los mejores activos-empresas públicas que todavía quedan en manos del pueblo costarricense.

Con ocasión de las alianzas político-partidistas que el señor Carlos Alvarado Quesada llevó a cabo para lograr ganar la Presidencia de la República en segunda vuelta electoral, en abril de 2018; apuntamos nosotros que esas “malas compañías”, lo hicieron cometer una gran estafa política; estafa política que hoy queda completamente al desnudo, totalmente expuesta, pues el “trío de los RO”, no significa más que el relanzamiento de la política del bipartidismo clásico que tanto repudio popular había concitado como para dar vía y viabilidad, hace 20 años, al surgimiento del PAC.

Así las cosas, teniendo como inspiración al tango de Carlos Gardel, hay que decir “…Que veinte años no es nada”:

Albino Vargas Bartantes, Secretario General ANEP

Con dolor y con indignación constatamos que la clase política tradicional, básicamente integrada por los partidos del actual tripartidismo neoliberal, está más preocupada en sobrevivir ella misma que en atender lo que debería ser la más grande preocupación de la Costa Rica actual: la desigualdad y cómo esta parece aumentar su fortaleza sistémica al punto de ir arriesgando la misma institucionalidad democrática del país.

Que un millón de compatriotas deba arreglárselas para sobrevivir en el día a día en medio de la más grande incertidumbre, en la informalidad, en la lucha por el bocado cotidiano sin pensar en el del día siguiente, y que más de 300 mil costarricenses sufran terriblemente por no tener trabajo no son asuntos de Estado, pues ahora lo más relevante es el allanamiento a Casa Presidencial y el escándalo del espionaje UPAD.

Que grandes segmentos de la clase trabajadora esté altamente endeudada y expoliada al máximo por las abusivas tasas de usura en los créditos; y que los precios de los medicamentos sean abultadísimos, no son cuestiones relevantes; como sí lo son si la señora Defensora de los Habitantes, o si la señora Fiscal General de la República, escenificaron, o no, un show mediático con el tema de la tal Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Que el proceso de empobrecimiento y la precarización salarial avanzarán más, tanto por el lado del ya casi oficial congelamiento salarial para el sector Público, por una parte; y, por otro, dado el deterioro del poder de compra en cuanto al salario mínimo en el sector Privado, son cuestiones de nulo interés mediático; pues lo más relevante es la moción de censura al Presidente y si el Ministro de la Presidencia tiene que renunciar por sus pésimas decisiones en el caso de la UPAD.

La clase política tradicional ya se metió a la carrera electoral del 2022 para la cacería de puestos políticos que le asegure su propia supervivencia en medio de la crisis social más fuerte desde la fundación de lo que denominan Segunda República; y deja que la agenda económica nacional siga su propia ruta y dinámica por la lógica de la acumulación desenfrenada, el caos tributario, la deuda pública en continuo ascenso y el pago de intereses sin control.

El decomiso del celular presidencial, la “torpeza” política de un desacreditado Ministro de la Presidencia que no lee los decretos que firma, las “travesuras” cibernéticas pero de hondo contenido ilegal del imberbe equipo asesor de Alvarado Quesada; más los malabares mediáticos de la prensa afín para sostenerle y tratar de evitar su caída libre hacia la deslegitimación total; resultan acontecimientos políticos de primerísimo orden que opacan el dolor del sufrimiento cotidiano de miles de personas trabajadoras costarricenses olvidadas por esa clase política tradicional cuyo principal desvelo es ella misma.

En estos momentos está a la cabeza del Poder Ejecutivo la persona en ese cargo que exhibe la más grande pérdida de credibilidad que presidente alguno desde que se hacen encuestas; el funcionamiento del Gobierno es casi que por generación espontánea sostenido por el funcionariado medio de la institucionalidad heredada; junto a un parlamento cuya centralidad legisladora no es el estímulo al bien común ni a la inclusión social, cuando debería ser la desigualdad la gran preocupación; entonces parece que lo peor está por venir.

El pueblo costarricense ha sido el gran “olvidado” por sus tradicionales gobernantes y de él solamente se recuerdan con ocasión de los procesos electorales de cada cuatro años, a los cuales se le lleva a votar, pero no a elegir. 

He aquí el reto mayúsculo para ayudar a que emerja la otra hegemonía, la del bien común y la de la inclusión social; la vieja, “magistralmente” retratada en el episodio del espionaje presidencial UPAD, la de la clase política tradicional, es la que necesita ser sustituida y la gente espera, con ansias, su llegada. 

Sin embargo, esa otra hegemonía emergerá cuando quienes están llamados y llamadas a hacerle emerger lo comprendan a cabalidad, y estén en gran disposición de desprendimientos personales, superación de celos egoístas y de exclusivismos autoproclamadores de ser propietarios de la verdad. En el entretanto, ese pueblo por el cual todo el mundo se corta las venas, seguirá sufriendo…. Y del pueblo, ¿quién se acuerda?