Etiqueta: opinión

El allanamiento a la Casa Presidencial, tardíamente efectuado, pero allanamiento al fin, efectuado por la Fiscalía General de la República en la mañana de este viernes 28 de febrero de 2020, debe ser interpretado como un duro golpe para los grupos de gran poderío económico-financiero que adoptaron a Carlos Alvarado Quesada como su “gerente político”, a partir del resultado de la segunda ronda de las elecciones presidenciales de abril de 2018.

Pretendieron que él impulsase (como efectivamente ocurrió), medidas de ajuste macroeconómico fiscal de corte neoliberal, en contra del bien común y de la inclusión social, como el paquetazo del IVA, la perversa regla fiscal y el virulento ataque al empleo público.

¡Así ocurrió! Alvarado está pagando (por tal razón y por otras similares de su errática gestión), un altísimo costo al punto de que su propia credibilidad y su propia legitimidad sufren el más grave deterioro que presidente alguno mostró desde el establecimiento de la Segunda República, en 1949.

Estafar políticamente al electorado como él lo hizo al aliarse con esos grupos del megacorporativismo empresarial, básicamente aglutinados en el sindicato patronal UCCAEP; enfrentarse, ya como gobierno, a las organizaciones laborales y sindicales en el 2018 con ocasión del trámite de la hoy fracasada ley del combo fiscal; la constatación popular, hoy muy extendida, de que tal legislación ha venido perjudicar a las grandes mayorías ciudadanas que son las menos responsables del déficit fiscal; y, compartir la gestión presidencial íntima con arribistas del bipartidismo tradicional PLUSC,  así como con el inexperto “kindergarden” político-asesor PAC en su círculo cerrado, le tienen contra las cuerdas; y si no fuera por las muletas mediáticas del gran negocio de las noticias editorializadas que lo están sosteniendo, Alvarado estaría más políticamente liquidado de lo que ya lo está.

La operación encubierta de la Unidad de Análisis de Datos Presidenciales (UPAD), destapada, al inicio, “curiosamente” por una de las apoyaturas mediáticas más ligadas al capital financiero del país, misma que al principio de la gestión Alvarado actuó como su “club porrista” más entusiasta en el mundo del periodismo digital (específicamente en cuanto al inmisericorde e infame ataque al personal asalariado del empleo público); abre enormes interrogantes no solamente a lo que pareciera ser el fin de tal apoyo a Alvarado; sino en cuanto a las verdaderas razones que se gestaron en el seno del despacho presidencial mismo, para el impulso de gran opacidad a la hoy cuestionada UPAD y todo lo conexo que con ella está apareciendo.

Ahora bien, es innegable que Alvarado y su equipo más cercano se ha adherido al conjunto de grupos y sectores de lo que conocemos como la clase política tradicional, misma que -como bien sabemos-, originalmente ha estado comandada por los partidos Liberación y Unidad (que la gente asumió originalmente como el PLUSC); y ahora PLUSC-PAC, por la ampliación al Partido Acción Ciudadana; de forma tal que comandadas las tres agrupaciones partidarias desde el punto de vista ideológico por el neoliberalismo, con su característico odio a la participación estatal en el desarrollo socioeconómico; empieza Alvarado a convertirse en un “problema” por los yerros de su estilo de gestión presidencial, su soberbia y su vanidad, así como por esta extraordinaria habilidad para ganarse las antipatías de la gente, al punto de que las demandas para que renuncie a su cargo siguen aumentando día con día.

Pareciera que han decidido dejarlo sólo sus aliados partidarios de ideología macroeconómico fiscal de corte neoliberal, principalmente las voces político-gerenciales más connotadas de la actual Asamblea Legislativa, pertenecientes a Liberación y a la Unidad (más el turequismo oportunista y rentista de la deuda político-electoral); pues, luego del escándalo de la UPAD y del espectacular allanamiento de la Fiscalía a la Casa Presidencial, seguir al lado de él es un suicidio político.

A fin de cuentas, como lo que interesa es la plata y la acumulación de capital (incluida la venta de los jugosos activos de propiedad pública que todavía quedan), tienen los votos para hacer avanzar la agenda legislativa contraria al bien común (hasta los de la propia fracción gobiernista); así que, si Alvarado debe hundirse, que lo haga enterrándose solo.

La circunstancia política en desarrollo, de gran sensibilidad para la propia estabilidad institucional de la República, no se corresponde con una buena capacidad articulada que pueda emerger desde ese amplio abanico de la resistencia potencial de carácter estratégico, que no encuentra el punto clave de la convergencia como para mostrarse en contraposición desafiante a esos grupos del alto corporativismo empresarial de los macro-negocios que parece han decidido jalar la cadena y que Alvarado se haga su propio harakiri político con sus experimentos de laboratorio político de control social mediando agencias de inteligencia.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La institucionalidad del régimen municipal del país apenas empieza a tomar plena conciencia de la gravedad que implica la intromisión del Ministerio de Hacienda en la vida republicana de los gobiernos locales, por la imposición a éstos de la denominada regla fiscal, en contra de las aspiraciones legítimas de que el desarrollo local, vía las municipalidades, alcance mayores impactos en la Costa Rica actual, la de la exclusión y la de la desigualdad.

Para este año 2020, el Ministerio de Hacienda ha ordenado a todas las municipalidades del país que sus respectivos presupuestos no puedan crecer más allá de un 4.67%, con lo cual les obliga a contraer planes de expansión de cobertura de sus servicios, a no asumir nuevos proyectos de desarrollo socioeconómico, o bien, a golpear a aquellos que estén en proceso; e, incluso, a recortes de personal, como ya nos consta.

Obligar a las municipalidades a asumir las consecuencias de unas políticas públicas de endeudamiento que, irresponsablemente, han asumido las últimas administraciones gubernativas del tripartidismo PLUSC-PAC, constituye un verdadero acto de irresponsabilidad social y, peor aún, un atentado a la Democracia misma.

Particularmente, llamamos la atención para las nuevas autoridades que asumirán escaños en los concejos municipales en el próximo mes de mayo, tanto como corresponde indicarle a las alcaldías del período constitucional venidero (las nuevas y las reelectas); acerca de que las promesas y los compromisos que se asumieron con ocasión de la pasada campaña electoral de las elecciones municipales, no se podrían cumplir a plenitud dada la intromisión fiscalista del Ministerio de Hacienda en los presupuestos de los gobiernos locales. La gente que les votó podría sentirse engañada y, otra vez, estafada, políticamente hablando.

Es conveniente y necesario ponerse a pensar en esto: ¿qué pasará si para el 2021, la orden imperial-fiscalista del Gobierno Central, vía la cartera ministerial de Hacienda, es que las municipalidades no puedan crecer, presupuestariamente hablando, en un 5.50%; si para el 2022, las obligan a observar un 7% de contención de crecimiento presupuestario?; y, ¿qué pasaría si para el 2023, por el contrario, la orden es recorten-rebajen un 5 o un 6% (o más), del presupuesto ordinario?…

Somos del criterio de que las municipalidades, por tener esa característica de ser la forma de gobierno republicano más cercana a la gente, están destinadas a asumir mayores responsabilidades de política pública; precisamente ante la parálisis (por no decir, quiebra), del Estado central, ahogado éste por un endeudamiento imposible de honrar, además de estar estrangulado por un pago, obsceno y escandaloso, de unos 5 mil millones de colones al día.

Prácticamente, el 100% de las ingresos de las municipalidades provienen de recursos propios, de tributos que paga la ciudadanía local, misma que aspira, con sobrada legitimidad, a mejor calidad de vida, integralmente conceptuada ésta; desde adecuados servicios de recolección de basura y su exigente y necesario tratamiento de desechos sólidos, pasando por nuevos servicios de seguridad comunal ante el avance criminal, así como nuevas alternativas de recreación, de cultura y de sano esparcimiento para el fomento de vidas sanas; destacando políticas de asistencia social para las poblaciones más vulnerables de sus cantones.

Creemos que es imposible que la tecnocracia fiscalista de corte neoliberal, inspirada en nefastos postulados fondomonetaristas puede comprender, cabalmente, las necesidades sociales y comunales de todos esos poblados postergados de una gran cantidad de municipios del país; los cuales, ahora, verán más cortadas sus posibilidades y sus voluntades de atención de las necesidades de la gente que atienden, porque recibieron una orden desde la Avenida Segunda de San José para que recorten presupuesto, para que no expandan, para que le entreguen a la cartera ministerial de Hacienda, sus “superávits”.

La enorme torpeza política, combinada con el fanatismo ideológico anti-estatista que impregna el quehacer parlamentario de la actual Asamblea Legislativa, violentó groseramente la autonomía constitucional del régimen municipal con la inclusión en el mismo en la nefata legislación 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas, popularmente conocida como la ley del combo fiscal. La no menos nefasta regla fiscal arrasó con varias autonomías constitucionales, incluida la de las municipalidades.

Dos proyectos de ley están presentados para corregir el grave error de la aplicación de la regla fiscal a los gobiernos locales. Al parecer, ya habría algún nivel de conciencia entre algunas personas diputadas actuales que le dieron su voto a esa ley, que estarían admitiendo que con las municipalidades se cometió un monumental error en esto de la regla fiscal. Es urgente que se aprueben y ambos expedientes pueden ser conjuntados para bien de la comunidad municipal costarricense.

Finalmente, creemos que es imprescindible que las autoridades municipales salientes y entrantes, que toda la población trabajadora de los gobiernos locales y sus diversas expresiones organizativas, que las comunidades y que las fuerzas vivas cantonales, sin miramientos de color partidario alguno, cierren filas para defender al régimen municipal costarricense. Nos atrevemos a decir que, desde la promulgación de la actual Constitución Política de la República, la del 7 de noviembre de 1949, jamás las municipalidades habían enfrentado un peligro semejante: la regla fiscal y la contraproducente carga ideológica que conlleva, misma que es enemiga del desarrollo local con integración social y económica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Gran explosión de enojo cívico ha causado el Decreto Ejecutivo No. 41996-MP-MIDEPLAN, creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, siglas UPAD, al publicarse en el diario oficial La Gaceta la semana pasada, aunque había sido emitido desde octubre anterior.

Nosotros mismos, en nuestras primeras reacciones, calificamos a la tal UPAD como una especie de Gestapo nazi, guardando las lógicas distancias de espacio, tiempo y magnitud; preocupados profundamente por las amplias potestades que se le dieron a la ya hoy tristemente célebreentidad de espionaje tico, especialmente por estar, prácticamente, de escritorio de por medio, ubicada en el despacho presidencial.

Si nos ponemos a analizar con cuidado el artículo 7 del indicado decreto ejecutivo, lo primero que usted nota es que tal calibre de atribuciones que se le dan a la UPAD, son tan amplias y poderosas que deberían otorgársele mediando una ley específica emitida por el parlamento y, aun así, no se escapa de que un control riguroso de constitucionalidad señalaría graves violaciones a la Carta Magna.

Lo segundo es que la siguiente frase fomenta todo tipo de imaginación para los tiempos actuales, que son los de El Gran Hermano, es decir, la vigilancia digital y el control electrónico al que ya estamos sometidos millones de seres humanos: “…también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.

Esa información de carácter confidencial que manejan las entidades estatales tiene que ver con la vida económica, social y hasta política de las personas; de ello que la gran reacción adversa de la gente contra el gobierno de Alvarado, así como la de políticos de diversos bandos, tenga un peso tan grande que no se podía desconocer al punto de que, poco después de publicado, el decreto de la UPAD fue derogado.

Constatamos lo anterior si leemos con cuidado ese artículo 7, del Decreto Ejecutivo No. 41.996-MP-MIDEPLAN: “Artículo 7º. – Obligación de acceso a la información. Para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Presidente de la República, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado. Para ello, se le facilitará los accesos a los datos o brindarán los insumos de información de forma oportuna y en formatos que permitan su análisis y procesamiento estadístico, cumpliendo todos los estándares para una adecuada gestión de la información, de forma que se garantice la integridad, confiabilidad y seguridad de los datos. En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD. En estos casos, la UPAD y las instituciones deberán establecer acuerdos de gobernanza para garantizar un uso responsable y coherente de los datos que beneficie a los ciudadanos y fortalezca la confianza pública”.

La UPAD puede pedir toda la información que le dé la gana, aún la confidencial; y, las entidades públicas deben permitirle el acceso a toda la información que guarden en sus propios bancos de y almacenamiento de datos. Nada se escaparía al gran ojo de la UPAD.

Y en cuanto a que a la UPAD no tendría acceso a información catalogada como secreto de Estado, esto suena a una ridiculez, además de que el secreto de Estado necesita recibir una declaratoria presidencial específica para catalogarse como tal; de modo que no sería nada complejo saber qué cosas tienen el rango de secreto de Estado. Además, ¿sabe alguien cuántos secretos de Estado existen?…

Uno de los misterios más llamativos de toda esta situación es qué motivó a los ideólogos de la UPAD para su creación con tales connotaciones: acceso irrestricto a toda la información pública y hasta la de carácter confidencial.

Esta dependencia estratégica de la Casa Presidencial ya venía funcionando desde hacía unos 18 meses (¡bueno!, eso es lo que se dice), de modo tal que aparte de hacerlo en la ilegalidad (pues el decreto se le dio), la gente debe saber cuál es toda esa información a la que tuvo acceso durante todo el tiempo en que estuvo oculta; y, muy importante, cuáles fueron las decisiones presidenciales que se tomaron con base en los datos proporcionados por esa UPAD.

Ahora que la propia Defensoría de los Habitantes de la República indicó que procederá a una investigación de todo lo concerniente a la misteriosa UPAD, sería muy oportuno que los hallazgos que encuentre los haga del conocimiento público lo más rápidamente posible; y que los presente en un evento abierto al que puedan acudir personas y organizaciones interesadas en lo que podría ser el más sonado caso de espionaje tico.

De todos modos, siempre hemos sido espiados por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Así que si la UPAD le quiso hacer competencia con la atribución del acceso a datos confidenciales de las personas depositados en instituciones públicas, bien haría la Defensoría en indicarnos en qué casos y circunstancias ello pudo haber ocurrido.

Y, ¿qué es lo diferente ahora? La magnitud de la estupidez política nunca antes vista de ciertas voces detractoras de la UPAD, ligando a Alvarado y a sus espías con procesos políticos de otras naciones latinoamericanas; como si no fuera evidente el matrimonio ideológico entre la política económico-fiscal del gobierno de Alvarado con algunas histéricas voces reactivas a la UPAD, juntitos en esto del neoliberalismo.

¡Perdieron el debate! ¡No insistan más! Las causas fundamentales, esenciales, reales del déficit fiscal, no son los salarios que devengan las personas trabajadoras que laboran para el Estado. ¡Ésta se la ganamos!

¡Ahora sí! Desgranemos la mazorca. Hasta 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), en fraude fiscal y evasión tributaria. Para este 2020, los entendidos, del lado de ellos, dicen que un punto PIB equivale a 372 mil millones de colones: 372.000.000.000.

Tenemos que coger esta cantidad, 372.000.000.000 y multiplicarla por 8 veces: 2 billones 976 mil millones de colones anuales (2.976.000.000.000).

Esto es que quienes roban impuestos en todas sus formas y variedades, se están dejando para sus propios patrimonios financieros, unos 8 mil 153 millones de colones diarios, ¡cada 24 horas! (8.153.424.657,53 con exactitud).

¡Sigamos!: 6 puntos porcentuales PIB en exenciones-exoneraciones. Tampoco ya nadie refuta este dato. 372.000.000.000 (1 punto PIB), multiplicado 6 veces: 2 billones 232 mil millones de colones (2.232.000.000.000).

Entonces, cada 24 horas, en exenciones-exoneraciones, el Estado deja de percibir 6 mil 115 millones 68 mil 493 colones con quince céntimos: 6.115.068.493,15.

Juntemos ambas sumatorias por los numeritos diarios: 8 mil 153 millones de colones en robo de impuestos; más, 6 mil 115 millones de colones en exenciones-exoneraciones. Entonces, tenemos que andan en el aire, cada 24 horas, unos 14 mil 268 millones de colones (14.268.000.000).

Por otra parte, según lo ha afirmado el Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, poco más de 5 puntos PIB consumirá el obsceno pago de intereses de la deuda pública en este 2020.

Entonces, 372.000.000.000 millones de colones (un punto PIB), multiplicado 5 veces nos da, 1 billón 860 mil millones de colones los cuales, divididos entre los 365 días del año nos arroja el dato de 5 mil 95 millones 890.410 colones.

¡Qué barbaridad! Redondeando tenemos que, prácticamente, sumados el monto diario de robo de impuestos y el de exenciones-exoneraciones, equivale a 3 veces el que hay que desembolsar cada 24 horas por pago de intereses de la deuda pública. ¿Es esto razonable y justo?… ¡Por supuesto que no!

No hay forma alguna de descalificar la propuesta del indicado ministro en cuanto a que se necesita la apertura del secreto bancario en sede administrativa y con las seguridades del caso, ante la realidad de que poco más de 14 mil millones de colones al día se quedan en las cuentas bancarias de personas y/o empresas inescrupulosas por concepto de los impuestos que se roban y/o por la amplia gama de exenciones-exoneraciones; mientras que, por otro lado, la cartera ministerial de Hacienda vive estrujando a todo el mundo ante la ineludible realidad de pagar, al día, casi 5 mil 100 millones de colones.

Tenemos entonces que, grosso modo, reduciendo en un tercio el monto de la evasión fiscal en todas sus dimensiones; y reduciendo en un tercio el monto total de las exenciones-exoneraciones, al juntarse ambos tiene usted una suma similar o cercana a la erogación diaria del pago de los intereses obscenos de esa impagable deuda pública.

¿Y qué decir de los casi 7 puntos PIB del lavado de dinero que la entidad Global Finance Integrity, para 2015, ocurre en Costa Rica? Hablamos, anualmente, de unos 2 billones 604 mil millones de colones. ¡Impresionante! 7 mil 134 millones 246 mil 275 colones. ¡Qué locura! Tiene usted, entonces, que el monto diario de lavado de dólares es un 70 % superior al monto diario del pago de intereses de la deuda pública.

No hay argumentos sólidos para oponerse al levantamiento (pleno, decimos nosotros), del secreto bancario. Son muchos números, cantidades muy grandes; que el PIB por aquí, que el PIB por allá; pero resulta imposible de disfrazar que todo esto está ocurriendo en estos momentos en la sociedad costarricense; y que, no es la gran mayoría de la población la que está involucrada en este fiestón de acumulación sin freno que -entre otras consecuencias-, ha generado dejar ubicada a Costa Rica entre los países más desiguales del mundo.

Corregir todo esto, a lo que nosotros llamamos la Transformación Tributaria Estructural, es una tarea patriótica que no puede ser postergada por más tiempo. Este es el desafío más relevante de nuestro tiempo actual: el combate fuerte a la desigualdad pasa, necesariamente, por el impulso a una Transformación Tributaria Estructural la cual, como eje esencial, debe incluir el levantamiento del secreto bancario, de manera plena (es decir, que no dependa de un juez).

Albino Vargas Barrantes , Secretario General ANEP

“El que nada debe, nada teme”, proverbio religioso oportunísimo para abrir el presente comentario. El actual ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, le ha pedido a la Asamblea Legislativa que apruebe, con urgencia, el levantamiento del secreto bancario, pleno (así lo definimos nosotros pues actualmente debe mediar para ello una autoridad judicial); definiéndole como una necesaria herramienta para combatir el fraude tributario y la evasión fiscal.

¡Aplausos! Definitivamente, la clase trabajadora, la que tiene empleo formal o la que se la está jugando en la informalidad, día a día; la de ingresos bajos y medios; la que está altamente endeudada y que tiene una liquidez salarial precaria; la que es puntual pagadora de los impuestos que le competen y que no los evade, pues, quiéralo o no, debe honrarlos casi que de manera inmediata al tiempo que percibe ingresos (estables o no), ¡debe apoyar el levantamiento del secreto bancario! Igualmente, las micro, pequeñas y medianas personas propietarias, de negocios.

Aunque desde los tiempos de don Helio Fallas Venegas, entonces Ministro de Hacienda en el período gubernativo-constitucional 2014-2018, se había hablado del robo de impuestos en los altos montos que esto estaba alcanzando ya en el país; la potencia política que parece asistirle al ministro Chaves Robles no da ya espacio, hoy en día, para desmentir que en Costa Rica el fraude tributario y la evasión fiscal están llegando hasta los 8 puntos de Producto Interno Bruto (PIB) al año.

La magnitud de esta estafa a la sociedad, o mejor llamarlo como crimen social contra toda la población, que es el robo de impuestos en todas sus dimensiones, con ropaje legal o sin él, debe estar en los sectores de mayor acumulación de riqueza; de esos sectores (personas y corporaciones) que declaran cero ganancias o declaran cero pérdidas, pese a los nombres archiconocidos o prestigiosos de sus marcas y de sus empresas; denominaciones corporativas “libres de toda sospecha” que, en no pocos casos, esconden la plata de sus ganancias, legales y/o “controversiales” (por decirlo, elegantemente) en los paraísos fiscales.

Lo que llama la atención es que quienes ya empiezan a pegar gritos al cielo en contra de la propuesta del ministro Chaves, para que el Parlamento apruebe el necesario pero real urgente y obligado levantamiento del secreto bancario, pleno; son voces que proceden de los sectores del alto corporativismo megaempresarial metido en “controversias” tributarias (declarantes de cero ganancias y de “pérdidas”); son voces que han venido pidiendo el linchamiento político-social del conglomerado laboral del sector Público, responsabilizándole por el déficit fiscal, lo cual ya no es sostenible bajo ninguna circunstancia; son las mismas voces que ahora están clamando por la venta de activos públicos, montándose en la pifia política del ministro Chaves para que se privatice la Fanal y el banco Bicsa; son voces afines a los sectores político-empresariales de negocios que quisieran dejarse para sí, precisamente ya no solamente estas dos entidades del patrimonio público, sino ir más lejos, tiburoneramente hablando: dejarse el INS, el BCR, el ICE, el INS, Recope, el AyA y hasta la CCSS.

Lo ridículo de esta oposición megaempresarial al levantamiento del secreto bancario de parte de tales sectores archimillonarios es que son los mismos que han impulsado el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el “club de los países ricos”; cuando, precisamente, la OCDE tiene en funcionamiento, desde el año 2009, el Foro Mundial sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, al cual ya pertenece Costa Rica.

Es decir, nos meten a la OCDE, pero no quieren someterse a la transparencia tributaria, para efectos fiscales, de las riquezas que concentran; algo que es políticamente insostenible en materia internacional, toda vez que la autoridad política superior de la OCDE, el G20, en ese mismo año 2009, decretó “el final de la era del secreto bancario”. 

Oponerse al levantamiento pleno del secreto bancario en un acto antipatriótico en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Dados los altos movimientos de dinero sucio provenientes del crimen organizado y del negocio del narcotráfico que circula, anualmente, por la economía costarricense y su circuito financiero-bancario y comercial; amerita que las autoridades fiscales y tributarias del país sepan, con toda claridad, quién está ganando y acumulando plata como Dios manda, es decir, limpiamente; y quién concentra riqueza y ganancias valiéndose de dineros y de capitales de dudosa reputación, por no decir, abiertamente, sucios y ensangrentados.

En estos momentos cruciales de la historia nacional, con tanto desempleo, tanta desigualdad, tanta precariedad laboral; tanto endeudamiento salarial; tanto cierre-quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas; quien se oponga al levantamiento del secreto bancario pleno, tal y como lo pide el ministro Chaves, es porque se siente culpable del dinero que acumula, a lo mejor indebidamente; es porque sabe que su procedencia podría ser difícil de demostrar; es porque se podrían descubrir sus conexiones, enlaces, vínculos turbios; o es porque, aun cuando sea plata bien habida, simplemente evade sus responsabilidades tributarias y, por tanto, le está robando a toda la sociedad. Terminamos este artículo con otro proverbio religioso: “el que mal anda, mal acaba”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General, ANEP

Las verdaderas causas del problema fiscal del país están, ahora, adquiriendo su real dimensión y, hay que admitirlo abiertamente, producto de la nueva gestión política en el Ministerio de Hacienda a cargo del señor Rodrigo Chaves Robles.

Él ha puesto énfasis en varios aspectos con relación al grave problema fiscal nacional, algunos de los cuales, por supuesto, no compartimos. Ahora bien, dos de ellos resaltamos nosotros que han sido de reiterada preocupación en la causa que defendemos, a partir de haberse dado en el país la más grande ofensiva político-mediática de agresión ideológica y de terrorismo ideológico en contra de un segmento de la población costarricense del país: las personas trabajadoras asalariadas del sector público, a la cuales se les venía responsabilizando del problema del déficit fiscal.

Ahora, tal y como lo veníamos sosteniendo, no podrá el país superar tal problema si no se “agarra el toro por los cuernos” en lo siguiente. Por un lado, atender el desafío que representan los 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), reconocidos por el indicado jerarca como la cifra de evasión fiscal y de fraude tributario anuales. A ellos debemos sumarle la cifra de exenciones-exoneraciones, también oficial, de 6 puntos PIB.

Por otra parte, y la más grave, está representada por el elevadísimo monto de la deuda pública y su exorbitante cifra diaria de pago de intereses, calificado como “obsceno” por la persona en el cargo de Ministro de Hacienda que le antecedió al Sr. Chaves Robles.

Se estima que la deuda pública del país está ya, en unos 37 mil millones de dólares y al terminar la presente gestión gubernativa, en el 2002, ya habría pasado los 40 mil millones de dólares si el indicado jerarca logra que la actual Asamblea Legislativa le autorice un nuevo endeudamiento, eurobonos, por un monto de 4.500 millones de dólares.

Tal cifra de deuda está implicando, en estos momentos y sin ese monto adicional en perspectiva, una cantidad de casi 5 mil millones de colones por día, ¡cada 24 horas!, en pago de intereses, según datos del Ministro Chaves en cuanto a que para este año 2020, poco más de 5 puntos PIB deben destinarse para tal fin.  

Es en este punto en el cual queremos llamar su atención en lo siguiente: si la deuda pública es de semejante magnitud y el pago diario de los intereses obscenos que demanda, ¿no cree usted que debería auditarse? ¡Así es! Hace un tiempo un distinguido grupo de costarricenses planteó la idea que nosotros, de manera entusiasta, apoyamos. Le urge a Costa Rica tener claridad de qué entidades, qué personas, cuáles son nacionales y cuáles extranjeras, son las acreedoras del país.

Se necesita saber cuál es la cuantía de deuda pública que se le debe a acreedores internos y cuál es la cuantía a acreedores externos. Se ocupa saber los términos de ese endeudamiento en cada caso, tasas de interés, plazos, vencimientos, casas jurídicas representantes, entes financiero-bolsistas intervinientes y similares. Cuánta de esa deuda podría reestructurarse, redefinirse en plazos, fundirse, canjearse, etc., etc. Y, no menos importante, cuánto de esa deuda pudiera ya haberse pagado de sobra por la carga abusiva de intereses, tal y como sucede con las deudas de los mortales altamente endeudados con tarjetas de crédito, con créditos de electrodomésticos, por ejemplo. Es decir, cuánto de esa deuda debe ya considerarse amortizada.

Uno piensa que hay dos formas de ejercer tal auditoría de la deuda. Una sería mediando la emisión de una ley dictada por la Asamblea Legislativa en cuya elaboración tomen parte especialistas de reconocida independencia y solvencia moral y profesional, como los de las universidades estatales y algunas privadas ya reconocidas como prestigiosas y de altísima calidad académica. Por supuesto, las personas especialistas de la autoridad hacendario-financiera del país en sus diversas manifestaciones institucionales. Esta vía podría ser sumamente difícil pues la actual composición parlamentaria no parece ser proclive al interés del bien común dado que se ha venido denunciando el excesivo peso político de los banqueros en la política nacional; banqueros con un interés directo en que el estado actual de las cosas en materia de deuda pública siga como está.

La otra podría ser la conformación de una organización cívica de diferentes procedencias sectoriales que, autónomamente, con base en experiencias internacionales exitosas en estas cuestiones, pudiera generar un esfuerzo libre de toda intromisión partidaria y acometer semejante tarea histórica, para lo cual, seguros estamos, sobran voluntades y mentes de altos quilates dispuestas a aportar en tal sentido.

Lo que sí es contundentemente conclusivo es que esta cuestión del endeudamiento y de los altos intereses que conlleva está provocando que el país esté ya pisando arenas movedizas de consecuencias gravísimas ya no solamente para la generación presente sino para la de los y de las costarricenses que todavía no nacen. La auditoría, ciudadana o no, de la deuda es un imperativo patriótico ineludible.

Razón más que suficiente para calibrar la importancia de que en Costa Rica el levantamiento del secreto bancario en este tipo de transacciones financieras y para efectos tributarios sea una realidad.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El ciudadano don Juan Diego Castro Fernández ha formulado un vehemente emplazamiento público, mediante un video que circula ya en redes sociales, al también ciudadano don Leonel Baruch Goldberg, reconocido acaudalado político-empresario-banquero, acerca de su papel en el negocio de financiamiento de varios partidos políticos participantes en la campaña electoral del 2018.

En lo específico, nos dice don Juan Diego que don Leonel se ganó una cantidad de dinero cercana a los 2 mil millones de colones producto de la plata que le prestó a los partidos Liberación, Unidad, PAC y Frente Amplio; pues a los cuatro les dio a crédito una suma superior a los 10 mil millones de colones.

Decidimos terciar en el asunto desde dos perspectivas, con base en la orientación político-ideológica del periódico digital propiedad del banquero Baruch, en cuanto a exigir del funcionariado público total transparencia con los fondos públicos mediante las correspondientes notas de prensa que elaboran los y las profesionales asalariados del medio digital de su propiedad.

En primer lugar, es más que conveniente y necesario que don Leonel haga pública su declaración de impuestos para que la ciudadanía sepa que sí tributó renta con base en esos casi 2 mil millones de colones que se ganó por intereses de préstamos con base a dineros públicos de deuda política (fondos públicos), que reciben los indicados partidos. Es decir, es plata del pueblo costarricense la que hizo más grandes las arcas de don Leonel; y, por tanto, la ciudadanía tiene derecho a saber sí tributó al respecto y cuánto tributó.

En segundo lugar, ni menos relevante que lo planteado en el punto anterior; es la imperiosa necesidad de que don Leonel explique la procedencia de la plata que prestó al PLUSC-PAC y al FA (10 mil millones y resto de colones), desde dos ángulos.

1. Si es netamente propia, proveniente de su fortuna personal acumulada en buena lid, cuán congruente son sus declaraciones tributarias con relación a su real patrimonio capital; un reto que debería asumir la tributación hacendaria para auscultar, considerando que la posesión privada de semejante cantidad de dinero resulta imposible de pasar desapercibida pues se hizo público el asunto al pasar a ser esa plata destinada para deuda política en condición de préstamo para campaña electoral que los partidos involucrados aspiran a recibir de las arcas públicas.
2. Si la plata prestada a esos partidos es proveniente de inversionistas que son clientes de su banco, don Leonel; entonces es imperativo ético-moral insoslayable que usted le hable al país acerca de la identidad-procedencia de esos inversionistas y sus dineros; toda vez que sabe muy bien usted que, en la actualidad, los flujos ilícitos de capital en el sistema bancario-financiero del país están a la orden del día; especialmente esos dineros lavados que, en palabras del propio Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, representan 22 puntos PIB anualmente.

Comprenderá usted, don Leonel, que nos motiva una sana y cívica preocupación con esta interpelación a su persona; dada la alta relevancia de su papel en los ámbitos de la real hegemonía que direcciona las principales decisiones políticas del país en estos momentos.

Sabe usted muy bien que la cosa pública, hoy, es sumamente “controversial” como se constata fácilmente con las publicaciones periodísticas del medio de comunicación digital de su propiedad. Y ese altísimo nivel “controversial”, es más profundo y preocupante cuando la cosa privada se interrelaciona con la pública como en este caso; mismo que abrirá cualquier cantidad de interrogantes si usted decide quedarse callado.

Razón más que suficiente para calibrar la importancia de que en Costa Rica el levantamiento del secreto bancario en este tipo de transacciones financieras y para efectos tributarios sea una realidad.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Sin duda alguna estamos en una de las etapas más difíciles de la historia republicana costarricense, al menos desde el establecimiento de lo que se conoce como la Segunda República: es la época del caos fiscal.

Luego de meses y meses, semana tras semana y día tras día de soportar la más infame campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, jamás desplegada en contra de un sector de la población y ejecutada por el periodismo violento, el del odio, este ha fracasado. Las verdaderas razones del caos fiscal nacional están en otra parte, no en el salario que devengan quienes laboran para el Estado, más allá de lo que debe y deba ser corregido.

Con la llegada del señor Rodrigo Chaves Robles -a quien no conocemos-, al cargo de Ministro de Hacienda, muchas cosas de la verdadera real realidad del caos fiscal nacional han comenzado a tomar rango de política de Estado; y, aunque de su enfoque del problema se puedan tener diferencias, varios de sus planteamientos viendo siendo formulados, hace ya bastante tiempo, desde la corriente sindical en la cual militamos. Veamos:

Ya es oficial que el robo de impuestos (como nos gusta llamar nosotros a la evasión fiscal) está llegando a representar hasta 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) ¡anuales! Es decir, unos 2 billones 800 mil millones de colones. A ellos hay que agregar, los 6 puntos PIB en materia de exenciones-exoneraciones, cifra que hace ya tiempo había logrado el rango de dato oficial. Entonces, tiene aquí usted un terreno fértil de 14 puntos PIB para ir a buscar soluciones al grave problema del déficit fiscal: unos 4 billones 900 mil millones de colones anuales.

Levantar el secreto bancario como lo propone el ministro Chaves Robles, lo cual apoyamos nosotros de manera entusiasta, es algo sumamente necesario e impostergable, como consecuencia de lo anterior. Este tema de la fuerte evasión tributaria nunca fue agenda central mediática para el periodismo violento, el del odio; y, muy probablemente, se opondrán a que se levante el secreto bancario, pues, como sabemos, optaron por vilipendiar al funcionariado público, criminalizándolo socialmente por trabajar para el Estado.

Todo mundo lo sabía, ha sido secreto a voces; y, mucho mejor que todos, ha sido de amplio conocimiento para ese periodismo violento, el del odio: el dinero proveniente del lavado de dinero, del negocio sucio del crimen organizado ha llegado a representar 22 puntos de PIB al año: es decir, 7 billones 700 mil millones de colones. El ministro Chaves Robles se rajó e hizo echar pus al apretar esa llaga enferma del tejido social y político del país. Nosotros nos quedamos cortos pues manejábamos que el dato al respecto era el de unos 6,9 puntos PIB.

Al entrar en vigencia el levantamiento del secreto bancario, muchas verdades aflorarán en este asunto del fraude fiscal; y hasta el momento lo que se consideraban capitales respetables, “libres de toda sospecha”, podrían dejar de serlo. La gritería que ya se está dando para impedir que en el país se dé una transparencia tributaria total a respecto, podría estar surgiendo desde esas fortunas suciamente generadas y/o desde esos grandes capitales escondidos en paraísos fiscales. 

Tenemos certeza de que la abrumadora mayoría de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público que no tienen escapatoria alguna en cuanto a hacerles frente a sus obligaciones tributarias, aplaudirán el levantamiento del secreto bancario con tales propósitos de justicia impositiva real. Es el dinero narco el que le teme al levantamiento del secreto bancario.

También ahora todo queda claro que es el elevadísimo monto de la deuda pública y el escandaloso pago diario de sus intereses, parte fundamental del caos fiscal que nos está ahogando como país. El periodismo violento, el del odio, tuvo por mucho tiempo invisibilizado el tema y solamente hacía mención de ello ocasionalmente y como trámite informativo casual, dado que la prioridad de cobertura mediática era el ataque artero, el vilipendio, el prender la hoguera de la noticia de sesgo editorializado contra los empleados públicos y contra las empleadas públicas. Pues, fracasaron también en esta línea “informativa”.

El tripartidismo gobiernista de corte neoliberal, el del PLN-PUSC-PAC, acumula una deuda pública del orden de los 37 mil millones de dólares, con un pago diario de intereses imposible de tolerar: 5 mil millones de colones diarios, ¡cada 24 horas! La propuesta creativa del ministro Chaves Robles es cambiar deuda cara por deuda barata, pero, eso sí, que se aprueben nuevos endeudamientos, entre ellos, 4 mil 500 millones más en eurobonos, algo así como para que el gobierno de Alvarado Quesada termine su gestión y le pase la bomba explosiva, con mecha encendida, al siguiente.

Eso parece más difícil ahora dado que una de las tres integrantes la “policía financiera del planeta”, la calificadora de riesgo Moody’s, bajó la calificación de la deuda del país y, de un porrazo, esta subió en unos 250 millones de dólares. Si las otras dos, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, hacen lo mismo, entonces el caos fiscal nos puede llevar hacia una debacle, dentro de lo cual hablar de un default (cesación de pagos) podría no ser tan lejano.

Nos queda mucho para analizar sobre la propuesta fiscal del ministro Chaves Robles como la venta de activos o el tema del empleo público. Por ahora, quisimos destacar el fracaso de la matriz mediática centralmente dominante, la del periodismo violento, el del odio pues el déficit fiscal nunca ha sido responsabilidad de quienes laboran para el empleo público. ¡Siempre hemos tenido la razón!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Después de tantísimo tiempo de insistir en el asunto parece ser que, ¡al fin!, la esencia del gravísimo problema fiscal del país emerge con el planteamiento oficialista de sus verdaderas causas: es la deuda pública y su obsceno y abusivo pago de intereses la base del caos fiscal, por una parte. Por otra, la naturaleza profundamente injusta del sistema tributario costarricense y la estratosférica evasión fiscal-robo de impuestos en todas sus manifestaciones, así como el sistema, también abusivo, de las exenciones-exoneraciones.

¡Se nos dio la razón! El periodismo violento, el del odio, ha sido derrotado: su prédica perversa, la nefasta operación de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, responsabilizándoles del déficit fiscal, ha sido desenmascarado y quedó, como siempre debió haber sido, desacreditado. ¡Enhorabuena!

Ahora que empieza a cobrar estatura de política de Estado las verdaderas razones del problema fiscal nacional, nada mejor que poner cuidado a las más recientes reflexiones del papa Francisco, en torno a estos temas. En verdad, son alentadoras y dan fuerza ético-moral a quienes, como indicamos, llevamos muchísimo tiempo luchando para que emerja la justicia y la real razón del caos fiscal nacional.

El papa Francisco la emprende contra esas políticas de “sacrificios insoportables” que se les imponen a los pueblos a propósitos de las grandes deudas de sus países. La Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano acaba de realizar un seminario denominado “Nuevas Formas de Solidaridad”, contándose con la presencia de la recién nombrada directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva.

La información de prensa en nuestro poder y que da cuenta de ese evento indicó que, según el papa Francisco, la deuda pública en un país podría constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social cuando termina orientada hacia otras finalidades como la especulación financiera. Nosotros pensamos que esto ya está pasando en Costa Rica, dado que, por ejemplo, para este año 2020, cada 24 horas, se deben destinar unos 5 mil millones de colones solamente para el pago de intereses.

Es fuerte la indicación de la máxima autoridad eclesiástica católica del mundo en cuanto a que no puede condenarse a los pueblos a la desigualdad social o, incluso, generar una especie de “parálisis frente a la injusticia, por el tema del pago de la deuda pública de un país; apelando a la sensatez para exigir el pago de la misma, en este caso, interpelando al propio FMI.

Aboga el papa Francisco por una “nueva arquitectura financiera internacional”, demanda ineludible e impostergable. Ante el abultado e impagable monto de la deuda pública costarricense que asciende ya a unos 37 mil millones de dólares, gobernantes sanos deberían impulsar una nueva arquitectura del sistema financiero nacional que, entre otros aspectos, incluya una fuerte auditoría ciudadana de esa deuda y el establecimiento de una serie de estrategias para hacerle frente a la misma sin que caigamos en “parálisis frente a la injusticia”.

Esa “nueva arquitectura financiera internacional” a juicio del papa Francisco es aquella que “apoya el desarrollo de los países pobres, aliviando su deuda, sin paraísos fiscales, evasión y blanqueo de dinero que ‘roban a la sociedad’, con gobiernos que defienden la justicia y el bien común con respecto a intereses de las empresas y multinacionales más poderosas”.

En Costa Rica, la deuda pública, los paraísos fiscales, la evasión y el blanqueo-lavado de dinero están dentro del conjunto de las enfermedades generadoras del caos fiscal en que estamos.

Resulta de obligada lectura que reparemos en esta contundente afirmación del papa Francisco que calza como anillo al dedo a la situación del espeluznante nivel de endeudamiento público de nuestro país: “No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y el progreso”.

Precisamente eso es lo que, a nuestro modo, venimos planteando para el caso costarricense: aunque estimamos que la deuda pública tica es impagable; la necesidad de su reestructuración y de su reingeniería financiera se impone sin discusión y, repetimos, mediando el mecanismo de una auditoría ciudadana.

El papa Francisco profundiza en el tema de la deuda y la asocia con la concepción teológica de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, pues establece que los recortes de impuestos para los más ricos en nombre de la inversión y el desarrollo, significa avalar una “estructura de pecados” que no tiene ninguna justificación ni ética ni moral.

Tal y como se sabe que ha venido sucediendo en Costa Rica, con los súper-ricos criollos que no pueden ser auscultados y procesados debidamente para efectos estadísticos, el papa Francisco pone el dedo en la llega al afirmar lo siguiente: “Cada año cientos de miles de millones de dólares, que deberían pagarse para financiar la atención médica y la educación, se acumulan en cuentas de paraísos fiscales impidiendo así la posibilidad del desarrollo digno y sostenido de todos los actores sociales”.

Es innegable que el caos fiscal costarricense, a la luz del pensamiento social, ético y moral del papa Francisco en esta delicada materia de la justicia tributaria y el robo de impuestos, no es responsabilidad de las mayorías trabajadoras del país; pero sí, a las que se ha estado sacrificando como lo significa (entre otros aspectos), la injusta ley del combo fiscal, la 9635.

El actual Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, acaba de hacer explotar una bomba política: 22 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), provienen del lavado de dinero, del dinero sucio que estaría pasando por el circuito financiero-económico del país, anualmente.

Lo afirmó durante una entrevista radiofónica de un programa de opinión asociado a uno de los latifundios mediáticos integrantes de la hegemonía político-ideológica dominante.

Dado el calibre, el impacto y las consecuencias de esta denuncia, resulta imposible dejarla pasar desapercibida. Es más, debe ser un tema fuerte, de alta relevancia política para la lucha social de los diversos sectores que, de un modo u otro, están siendo víctimas de la más cruel desigualdad desde la fundación de la Segunda Pública, en 1949; y, paralelamente, de la exclusión económica.

Particularmente, para el caso de la corriente social y sindical de lucha en la cual ejecutamos nuestro quehacer diario, el decir del ministro Robles potencia, enormemente, la fuerza moral, ética y argumental del reiterado reclamo que venimos formulando acerca de que Costa Rica requiere de una Transformación Tributaria Estructural; una especie de revolución tributaria profunda, por una parte.

Por otro lado, la gravedad de que se tenga que aceptar que hasta 22 puntos del PIB en la economía costarricense tiene procedencia sucia, nos lleva a formular varias conclusiones que, aunque apriorísticas y con gran carga subjetiva, nos sentimos obligados a plantearlas de manera pública:

¿Cuál es la naturaleza, la profundidad y el espesor de las conexiones político-gerenciales y tecnocrático-administrativas que se han venido conjuntando y conspirando para que tal cantidad de dinero esté circulando en el sistema bancario-financiero nacional, prácticamente de manera impune?

¿A qué niveles ha podido llegar la penetración de ese dinero sucio en el sistema político del país, particularmente en los segmentos de la clase política-tradicional (el tripartidismo PLUSC-PAC), gran parte de la cual está corrupta; como para financiar partidos y personas candidatas?

¿Qué tentáculos posee ese dinero sucio como para formular tráfico de influencias a fin de inducir o sesgar la toma de decisiones político-gubernativas, ejecutiva y parlamentariamente hablando, en una determinada dirección?

¿Y qué podría estar sucediendo con esos otros partidos que, de un pronto a otro, emergen con gran potencia económico-financiera en el escenario electoral pero que, de un momento a otro se disipan o se disminuyen pese a multimillonarias inversiones en publicidad y propaganda?

¿Estamos viviendo en una economía que, en realidad, está quebrada y que, por tanto, está a flote “gracias” a esas monstruosas cifras de dinero sucio proveniente del narcotráfico y del crimen organizado? ¿Somos ya una narco-economía?

¿Cómo está jugando en todo esto el Banco Central de Costa Rica (BCCR), así como el propio sistema bancario-financiera nacional, el público y el privado? ¿Está la supervisión financiera viendo para otro lado?

Es que eso de 22 puntos PIB de dinero sucio, de lavado de dólares, es algo monstruoso. El Ministro de Hacienda viene de laborar por muchos años en el Banco Mundial y esto quiere decir que sus estudios, su conocimiento, su experiencia, sus conexiones y saberes del mundo financiero global, le deben dar sustento para afirmar semejante cosa y decirlo de manera pública.

Estamos hablando de una cantidad en colones del orden de los 7 billones 700 mil millones de colones, ¡al año! Lo que se nos está diciendo es que hay un 1.83 punto porcentual de PIB, 642 mil millones de colones que, ¡cada mes!, estaría ingresando al circuito económico-comercial y financiero-bancario.

642 mil millones de colones mensuales es un arma política, un instrumento de presión capaz de pulverizar cualquier proceso o sistema de toma de decisiones políticas por más bunkerizado que éste esté.

En esa misma ocasión y circunstancia, el indicado jerarca reiteró que la evasión fiscal en Costa Rica anda entre el 6 y el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB); un tema-denuncia planteado por ANEP, de manera sumamente reiterada durante muchos meses y a lo largo de las últimas tres administraciones gubernativas.

¡Siempre hemos tenido razón!: El déficit fiscal no se debe a los salarios pagados a las personas trabajadoras que laboran para el Estado, ni aún en los pocos casos de remuneraciones escandalosas que, pese a lo anterior, sí pensamos deben ser eliminadas.

¿Cómo no va a darse el fracaso de la reforma fiscal impuesta, de manera tramposa, a la gente, en el 2018, si las verdaderas fuentes, las reales, de allegar recursos frescos a las finanzas públicas no fueron tocadas?

¡Qué va! La abrumadora mayoría del pueblo costarricense, incluido uno mismo, no tiene la menor idea de la profundidad y de los tentáculos de la red de corrupción, prácticamente sistémica, que está carcomiendo la institucionalidad republicana y minando las bases de la paz social. Es en este marco de circunstancia que se puede empezar a escudriñar las verdaderas razones de decisiones políticas de alto nivel como la ley mordaza.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)