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¡Terriblemente sordos! El alto nivel de sordera política que ha alcanzado la clase política gobernante, la formal y la real, es de tal calibre que les lleva a impulsar, abrupta y alocadamente, la ley para eliminar las justas aspiraciones populares que, inapropiada e indebidamente atendidas, encuentran en la huelga una legítima forma de expresión; situación ésta demostrada en todas las épocas, en múltiples países y generadas por las más diversas circunstancias; es decir, no existió, no existe, ni existirá ley alguna que detenga la lucha social cuando ésta es justa.

¡Ilusos! La mayoría parlamentaria mecánica actual, misma que tramita en sede legislativa las directrices políticas que emanan de parte de la clase política realmente gobernante, en contra de la organización popular de los sectores laborales y sociales reiteradamente expoliados; está convencida de que una ley anti-huelgas detendrá la lucha social; como si una ley pudiera quitar el hambre de los estómagos de la gente que, a la vez que crece en incertidumbre sobre su futuro, crece en número, en cantidad: el mundo de las personas excluidas y las que están por serlo en el corto-mediano plazo.

¡Están asustados! A un año del gran movimiento de resistencia popular contra el ajuste fiscal de corte neoliberal, el potencial social de insumisión ha crecido en cantidad. Las encuestas del recién terminado año 2019, lo muestran. Esos grupos de poder político-económico, los del poder real especialmente y sus gerencias político-ejecutivas del poder formal, tienen bien claro que, en determinado momento habrá un ajuste de cuentas en la medida en que la polarización por la concentración de la riqueza adquiera carácter estratégico y trascienda el plano de lo coyuntural-circunstancial.

¡Tienen miedo! El miedo a la reacción civil de amplia base, la cual puede ser impulsada desde aquellos sectores sociales de mayor conciencia, les lleva a creer que una determinada legislación puede cortar de raíz los anhelos por brindar una mejor calidad de vida a la creciente población que está notando que ello ya no es posible, en el marco de este modelo económico distribuidor de pobreza y de exclusión. Y este tipo de impulsos, también puede materializarse en reacción social de furia sin que organizadamente se le haya calentado.

¡Se han deslegitimado! Hemos llegado a un punto en que la real legitimidad del gobernante no es la que sale de la urna electoral. Esta, la de la urna, es casualidad. La casualidad producto de un montón de plata, de dudosa procedencia, usada en la campaña electoral. La casualidad que da haber contado con el visto bueno o el beneplácito de un grupo mediático de fortaleza económica, de gran habilidad manipuladora. La casualidad que da cambiarse de partido y de ideología como es cambiarse de ropa interior. La clase política gobernante, especialmente la del poder formal actual, está deslegitimada y por eso recurre a todo tipo de medidas de coerción contra la organización popular y su expresión callejera pacíficamente mostrada.

Ese proceso de deslegitimación de la tradicional clase gobernante (y la que recién llegó a tal nivel de cúpula político-ejecutiva), lastimosamente no se corresponde con el surgimiento de la necesaria legitimidad alternativa, destinada por designio histórico a la imposición de nuevas formas de Democracia realmente inclusiva. Pero, no siempre será así.

Ese proceso de deslegitimación de la tradicional clase gobernante tiene bases objetivas e ineludible impacto en la vida de la mayoría de la población costarricense actual; especialmente con la imposición del detestado combo fiscal-ley 9635, en diciembre de 2018. Cierre de negocios, quiebra de micro-pequeñas y medianas empresas, desempleo abierto llegando al 15% y una cifra igual del que se cataloga como encubierto; precarización y rebaja salariales; inseguridad laboral, despidos masivos, pequeños y medianos productores agropecuarios al borde de la quiebra; juventud sin futuro, fraude fiscal incorregible, sistema tributario perversamente injusto; violaciones de Derechos Humanos, criminalidad que no cede y narco que avanza.

Cada una de estas circunstancias, de un modo u otro, alimentan la sensación de molestia colectiva y el enojo cívico, así como la necesidad de autodefensa individual, familiar y colectiva. Es decir, no ha habido una época como la presente, en la cual el alimento para la lucha social esté tan abundante, tan espeso, tan explosivo. De verdad que son ilusos, creyendo que una ley detendrá la derivación lógica de la reacción organizada cuando la gente se siente amenazada en su propia existencia y en la existencia de las personas más cercanas, las que le son queridas, las que le son amadas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Las últimas dos encuestas (con todas las reservas que generan, pues eso de que son “neutrales”, hoy más que nunca no es de mucha aceptación que digamos) coinciden en que Carlos Alvarado Quesada es un fracaso (el fraude político por él ejecutado ya es inobjetable); que el Gobierno es un desastre; que el rumbo que le impusieron al país va en la dirección contraria al sentir de la abrumadora mayoría; que sigue la corrupción, el tráfico de influencias, el “amiguis”; que se hace política pública para favorecer al alto corporativismo empresarial; que la gente señala el desempleo, costo de vida y situación económica como sus grandes preocupaciones; que el narco avanza; que los asesinatos y crímenes rebasan a las autoridades; que…; que…

Tanta bronca acumulada, tanta frustración en crecimiento, tanta gente con hambre; tantas personas usureramente endeudadas; tantas micro, pequeñas y medianas empresas dejando de existir y/o acorraladas; tanto agricultor en camino rápido hacia su extinción: etc., etc. Esto representa un conjunto de síntomas de una sociedad que está siendo llevada a niveles extremos de tolerancia y de paciencia que parecen agotarse.

Usted que lee esto sabe que todo esto está ocurriendo. En mayor o menor medida, según circunstancias sociales, económicas, demográficas, geográficas… ¡pero está pasando! 

Nos preguntamos: ¿Por dónde reventará todo esto? Pero, en verdad, ¿reventará? Si así fuera, ¿cómo reventará? ¿Anárquicamente? ¿Violencia política? ¿Secuestros selectivos? ¿Saqueos? ¿Huelga o paro nacional articulado o espontáneo? O, ¿combinando las dos situaciones?… ¿Se “caerá” el Gobierno? ¿Terminará Alvarado Quesada su gestión?

Cuesta creer que haya amplios sectores de la ciudadanía que, en estos momentos, se estén preguntando tales cosas. Efectivamente, el descontento es mayúsculo. 

Los de la otra acera piensan en estas cosas y están tomando medidas. 

Por ejemplo: se mandaron a “bunkerizar” (edificio legislativo). Se han construido el mejor “monumento” que puede simbolizar la creciente distancia entre el gobernante y los gobernados.

Están a punto de imponernos la “ley mordaza”; impulsan iniciativas de disolver sindicatos; decidieron penalizar-criminalizar el accionar del dirigente sindical y social; se da fuerte intensificación del periodismo de odio; continúan la agresión psicológica y el terrorismo ideológico contra la población; y se potencian similares tropelías para mantener un statu quo perversamente concentrador de riqueza en el marco de la entronización del autoritarismo en Democracia y hacia el totalitarismo político.

El cinismo político, paralelamente, no tiene antecedentes similares. Alvarado dice ser el Presidente del 100% de los y de las costarricenses. ¿Se lo creen ustedes? El Parlamento más pro empresarial de los últimos años se apresta a legislar para instaurar jornada laboral de 10 horas. ¡Inaudito! ¿A esto le llaman “reactivación económica”? Se gestan despidos masivos de empleados públicos para 2020… ¿También es esto “reactivación económica”? (Así lo ha anunciado el órgano oficial del sector financiero dentro del conjunto del grupo de medios del odio).

¿Por dónde reventará todo esto? De verdad que todo esto es muy grave… Lo que pase, sea lo que pase, no fue el pueblo el que lo provocó. ¡Asuman ustedes las consecuencias!

En estos momentos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), analiza los contenidos del Expediente Legislativo No. 21.049, oficialmente denominado Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, popularmente denominado “ley mordaza”.

Desde nuestra perspectiva, esta legislación resulta imprescindible para los sectores hegemónica e ideológicamente dominantes, a fin de imponerle a la sociedad medidas más crudas con relación al desmontaje de lo que queda del Estado Social de Derecho; para dar paso a la preponderancia absoluta del mercado total como regulador de la convivencia nacional. Es lo que llaman algunos como la neoliberalización completa de Costa Rica.

Pese a nuestra visión de tal proceso, misma que es compartida por amplísimos sectores más allá del ámbito sindical, destaca la circunstancia de que sin apasionamientos políticos ni sesgos ideológicos, el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), presentó a la Sala Cuarta un documento en el que técnicamente demuestra que el proyecto de ley-expediente legislativo Nº 21.049, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos tiene vicios que contravienen otros derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Costa Rica.

Notemos que los expertos del IIRESODH han auscultado el proyecto “ley mordaza” desde el ámbito sensible de los Derechos Humanos, en el marco de toda la normativa internacional que los rige y la cual está totalmente en vigencia en Costa Rica; trascendiendo su análisis del aspecto constitucional contenido en la carta magna nacional.

Es decir, la “ley mordaza” tiene dos tipos de problemas: de orden constitucional y de eventuales violaciones de Derechos Humanos. ¡Casi nada!

Se han puntualizado los severos riesgos de que se apruebe una ley que sería, de inicio, inconstitucional y contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los Pactos Internacionales de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y criterios consolidados de su Comité de Libertad Sindical.

El documento del IIRESODH estudia la relación intrínseca entre la Libertad Sindical y los derechos colaterales que lo hacen viable (derecho a asociarse libremente a sindicatos, derecho a reuniones públicas y pacíficas y libertad de expresión), donde la libertad sindical y el ejercicio de la huelga son herramientas que ayudan no solo a balancear o a disminuir inequidades que afectan al sector laboral; sino a expresarse sobre temas de interés nacional, incluyendo asuntos de políticas públicas (mal llamadas huelgas políticas).

El debate lo centra el IIRESODH en que, si bien el derecho de huelga se puede y debe regular, esa reglamentación debe ajustarse a los estándares internacionales sin incurrir en un vaciamiento de los alcances y fines de esos derechos. Se concluye que el proyecto de ley no cumple con la validez de los límites o restricciones a los derechos de libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión y de manifestaciones públicas y pacíficas.

El derecho a huelga no es absoluto, pero los límites a imponer también deben tener límites, que según la Sala Constitucional deben ser razonables, necesarios, idóneos y proporcionales. En el marco de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, deben ser restricciones previstas por ley y ser necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El proyecto de ley no cumple con ese control de constitucionalidad y convencionalidad en muchos casos.

La huelga puede ser restringida, más no prohibida, en los “servicios de importancia trascendental”, por no poner en riesgo, como punto de partida, la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda o parte de la población. En esos casos, la regulación debe ser a favor de la huelga permitiendo una prestación mínima de servicios que no prohíban la huelga, ni que anulen el ejercicio de otros derechos en servicios de migración y servicios aduaneros y conexos y los servicios de moneda y banca, por ejemplo.

No es posible prohibir las “huelgas políticas” o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono porque sería una intromisión del Estado y censura previa para que las personas trabajadoras puedan manifestarse públicamente sobre grandes problemas nacionales de políticas públicas, sociales y económicas que puedan afectar sus intereses y derechos.

Las siguientes medidas que podrían ser aprobadas por ley, son contrarias a la Constitución y a tratados internacionales de Derechos Humanos porque representan restricciones a la libertad de asociación y de reunión, libertad de opinión y expresión, derecho a manifestarse pública y pacíficamente y libertades sindicales: a) La posibilidad de disolución de un sindicato por delitos cometidos por algunos de sus dirigentes. b) El establecimiento de un mínimo de personas para la validez de una huelga. c) La lista ampliada de supuestos de ilegalidad manifiesta y automática de la huelga en caso de servicios esenciales que no requeriría de trámite de calificación de ilegalidad. d) La prohibición de “huelgas políticas”, sin especificar su definición ni caracterización. e) La prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado. f) La reducción retroactiva de salarios como sanción en casos de que se determine que la huelga fue ilegal. g) Limitaciones temporales al ejercicio de la huelga.

En Costa Rica tenemos un refrán muy propio (¡bueno!, eso creemos nosotros): “toda escoba nueva barre bien”. Ahora resulta que la nueva y máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), la ciudadana oriunda de Bulgaria, Kristalina Georgieva (sucesora de otra mujer en ese altísimo cargo de la más importante burocracia financiera internacional, la francesa Christine Lagarde), dice que llegó la hora de ponerle impuestos a los ricos.

¡Ay Dios! Sin posibilidad alguna de que le demos algo de credibilidad a dicha afirmación, a pesar de que lo haya dicho esa señora ocupante de tan alto cargo, hay algo que ya es ineludible a esta altura del desarrollo y de la imposición de la globalización neoliberal: la desigualdad está en el centro del debate político internacional, en el centro de las protestas sociales, en el centro de las demostraciones de la Democracia de la Calle; en las más variadas regiones y en los más diversos países del planeta.

Efectivamente, la desigualdad está dinamitando la institucionalidad democrática de fachada que ha sido impuesta a varios países latinoamericanos, por ejemplo; dejando al descubierto una amplia gama de reclamos y de descontentos que estaban incubándose durante mucho tiempo y que, a partir de un incidente, presuntamente, “insignificante”, originaron estallidos sociales de consecuencias insospechadas. El caso de Chile es ejemplarizantemente emblemático.

No encontramos mejor forma de que usted, quien nos honra leyendo el presente comentario, constate los espantosos datos de la desigualdad en el planeta, que compartiéndole los datos que publican sitios y medios digitales que no ofrecen dudas de su inclinación político-ideológica hacia el mercado; lo cual nos señala que en estos ámbitos, nada afines a las ideologías de la redistribución y de la inclusión sociales, la realidad de la desigualdad es tan dolorosamente repugnante, que no es posible ocultar lo que los datos duros arrojan en perjuicio de tantos miles de millones de personas a lo largo del globo. Repare en ello, seguidamente (datos de la publicación digital businessinsider.es):

• Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett -los tres estadounidenses más ricos-, poseen tanta riqueza como el 50% de la población de Estados Unidos, unos 160 millones de personas.

• La fortuna del director ejecutivo de Berkshire Hathway, Warren Buffet, está estimada en 93.000 millones de dólares. 

• La fortuna de los multimillonarios aumentó casi un 13% anual entre 2006 y 2015, mientras que los salarios aumentaron tan solo un 2% de media anual.

• La fortuna total de los multimillonarios de todo el mundo sumó 762.000 millones de dólares en 2017.

• Cada dos días aparecía un nuevo multimillonario en 2017.

• Se espera que las 500 personas más ricas del mundo leguen a sus herederos 2,4 billones de dólares durante los próximos 20 años.

• Estos superricos ocultan al menos 7,6 billones de dólares a las autoridades fiscales en paraísos fiscales. Eso significa que el 1% de las personas más ricas del planeta evade cerca de 200.000 millones de dólares en impuestos, ¡anualmente!

• Un director ejecutivo en Estados Unidos gana la misma cantidad de dinero en un día de trabajo que el sueldo medio anual de un empleado promedio. 

• El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, ganó 12,8 millones de dólares en 2017. 

• De los 2.043 multimillonarios en todo el mundo, el 90% son hombres.

Los datos anteriores son una pequeñísima muestra de la profundidad de la acumulación de riqueza, concentrada en el 1% de la población del planeta; 1% que posee tanto dinero como el 99% restante, conjuntado todo. Creemos que estamos en la época de mayor concentración de riqueza de toda la historia de la Humanidad.

Pero, ¿cómo es la situación en Costa Rica? Según el ciudadano economista don Luis Paulino Vargas Solís, Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la realidad de los super-ricos costarricenses es todo un misterio. Sus datos están amurallados y encriptados, son prácticamente inaccesibles y no pueden ser detectados para efectos estadísticos y, mucho menos, para una correcta y justa tasación tributaria. Es decir, los niveles de concentración de riqueza en nuestro país, son un verdadero misterio, aunque su realidad está ahí.

¡Este es el mundo que nos tocó vivir! ¡Es esta la clase lucha que nos comprometimos dar!

La mayoría del pueblo trabajador costarricense, incluyendo a personas dedicadas a la actividad de la micro-pequeña y mediana empresa (que también son clase trabajadora -en nuestro criterio-), está sufriendo un delicado proceso de pauperización económica debido a diversas causas, entre ellas, ser presas de préstamos de variado orden y procedencia pero que tienen todos algo en común: el altísimo pago de intereses, tasas de usura inmorales y hasta condenables desde una perspectiva bíblica y cristiana.

Esta especie de esclavitud financiera, uno de los fundamentos de la desigualdad actual que afecta a nuestra sociedad, necesita de una férrea voluntad política de parte de las instancias republicanas con poder suficiente para empezar a combatirla, especialmente desde el Poder Legislativo; siempre y cuando sus integrantes más conscientes tengan la plena actitud de cerrarle el paso a esos poderosos grupos de reducida membrecía pero de gran fuerza económica, dispuestos a bloquear iniciativas en la línea de la abolición de la usura, por más tenues que éstas sean.

Dos proyectos de ley en esa línea de atacar la esclavitud financiera del pueblo trabajador y de abrir un espacio a procesos más sostenidos de abolición de la usura, están en proceso de tramitación parlamentaria en estos momentos. El 20.861 es para poner tope al cobro de intereses de usura. El 21.177 tiene que ver con el cobro de intereses por tarjetas de crédito.

Por lo general, a los proyectos de ley se les pone un título que no indica la esencia de su contenido; a veces por razones técnicas, otras por perversas intenciones de tratar de evitar que la ciudadanía se dé cuenta del verdadero fin político de una iniciativa, especialmente si ésta es controversial o contraria al bien común.

Uno de esos dos proyectos, Expediente Legislativo No. 20.861, lleva el título de “Adición de los artículos 36 bis, 53 inciso g, h y reforma del artículo 63 de la Ley n° 7472, De la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, del 20 de diciembre de 1994, publicada en la gaceta n° 14 de 19 de enero de 1995”. Como podemos notar, al leer este título quedamos sin comprender de qué se trata.

Nos explicó el señor diputado don David Gourzong Cerdas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), que este proyecto tiene una inspiración socialdemócrata y que se pretende ponerle un límite al porcentaje de cobro de intereses de todo tipo de préstamos, así como también en las compras a crédito de artículos que la gente mucho aprecia como los electrodomésticos.

Contiene este proyecto dos estipulaciones muy importantes: por un lado, se convierte en figura delictiva el cobro usurero superior al límite establecido con las normas del proyecto; por otro, se deben ajustar todos los contratos de deuda que tengan las personas a esos nuevos límites, al momento de entrada en vigencia de esta ley.

Este proyecto de ley 20.861 que, aparte de ser iniciativa del ya mencionado legislador, también ha recibido fuerte impulso de parte de su colega parlamentario, don Welmer Ramos González, tiene unos fundamentos jurídicos muy sólidos en los que pocas veces reparamos nosotros, los esclavos financieros. Tome nota usted al respecto:

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), planea en su Artículo 21 lo siguiente: “… 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por ley”.

La Constitución Política de Costa Rica, en su Artículo 46 señala: “… Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias”.

Es decir, al ser víctima uno de intereses de usura, uno está sufriendo violación de Derechos Humanos, por una parte. Por otra, nuestra carta magna le ordena al Estado proteger los intereses económicos de la gente, procediendo a impulsar este tipo de legislación como la que promueven los señores legisladores David Gourzong Cerdas y Welmer Ramos González.

Aunque la tasa que quedaría en esta legislación seguiría siendo alta, si la analizamos con el poder de compra del salario mínimo o de niveles superiores en la concepción de salario decente, representa un gran avance en la línea bíblica y cristiana, y de justicia social, de abolición de la usura: quedaría una media del 35 %, mucho menor que las abusivas y obscenas que se cobran en compras de electrodomésticos, por ejemplo.

Este proyecto debe recibir un apoyo unánime de parte de las 57 personas legisladoras del actual parlamento. Ética y moralmente, además de bíblica y cristianamente, no puede concebirse que no sea así.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La aprobación-imposición de ley del combo fiscal-No. 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), hace ya poco más de un año, puede considerarse como el quiebre de la institucionalidad republicana establecida desde que entró en vigencia la Constitución Política actual, el 7 de noviembre de 1949. Un “parteaguas” desde la fundación de la Segunda República y la apertura hacia el establecimiento del Estado neoliberal total. Eso está generando diversos tipos de rebeldías que, para los ampliamente sectores del cívico-patriotismo nacional, debemos celebrar y conjuntar.

La decisión de Corte Plena de rebelarse contra el dictado imperial de la Contraloría General de la República, pretendiendo esta pisotear la soberanía constitucional de aquel y obligándole a aplicar una reconfiguración estructural de su modelo salarial, en contravención al principio de irretroactividad de la ley, expresa una consecuencia directa de ese quiebre de la institucionalidad republicana que la ley 9635 generó.
El punto correcto del problema es este, no el de si hay un plus salarial que debe ser transformado. ¡Es el imperio de la Constitución lo que está en juego! La Contraloría juega con fuego. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.

Por otra parte, la derogatoria de facto que hizo esa ley 9635 de la histórica autonomía constitucional del régimen municipal representó otro quebranto de la institucionalidad republicana heredada de la Segunda República. Ya hay otra manifestación de rebeldía expresada, en este caso, en sede constitucional por parte de una gran cantidad de las actuales alcaldías y concejos. Próximamente, esa rebeldía municipal, en perspectiva obrero-laboral, deberá expresarse en las calles y en ello ya estamos trabajando. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.

Con todas las discrepancias que podamos tener acerca de la cuestión salarial de la alta academia universitaria pública del país, la academia de lujo; e, incluso, discrepancias sobre el comportamiento de su actual cúpula dirigente por darle la espalda a la gente en los momentos críticos de la aprobación-imposición de esa detestada legislación, al hacer prevalecer un cálculo partidista-corporativo; lo real es que hoy las universidades estatales están rebeladas contra la grave lesión que a su autonomía constitucional representó esa ley 9635, otro quiebre a la institucionalidad heredada de 1949. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.

El 22 de marzo de 2019, presentamos (ejecutando nuestro acto de rebeldía obrera) ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una acción de inconstitucionalidad en defensa de los derechos adquiridos de buena fe y de las situaciones jurídicas consolidadas, para proteger la estabilidad socioeconómica y financiera de las miles de familias trabajadoras asalariadas del sector Público, violentadas en tal sentido por la indicada ley que, en nuestro criterio, quebrantó ese principio constitucional de irretroactividad de las leyes (entre otras violaciones al ordenamiento constitucional establecido del 7 de noviembre de 1949). Esperamos que el tribunal constitucional de la República no se haga un “harakiri”.

Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
Varios miles de compatriotas dedicados a la producción agropecuaria nacional, agricultores y agricultoras, por ejemplo, sufren hoy las duras consecuencias de un sistema económico que los viene atropellando, de manera sistemática, a lo largo de los últimos gobiernos del hoy tripartidismo gobernante. Están al borde de la ruina económica, pero siguen hoy más burlados que antes en búsqueda de una fuerte política pública que les atienda su crítica situación de endeudamiento; y, aunque reciben ofrecimientos gubernamentales al respecto, son tan burlescos que no les queda más que ejercer una rebeldía activa. De hecho, acaban de lanzar un ultimátum. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
¡Son tiempos de rebeldía! En este 2020 y dada la agenda ideológico-política del gobiernismo tripartidista (PLN-PUSC-PAC), cargada de iniciativas contrarias al bien común y en contra de la reducción de la desigualdad, la apelación a la rebeldía cívica en la lucha social está más que legitimada.

La mayoría parlamentaria actual, misma que está funcionado mecánicamente, está impulsando decisiones y tomando iniciativas ordenadas por las grandes cámaras empresariales, básicamente por el alto corporativismo del “empresauriado” evasor de impuestos, acumulador desenfrenado de riqueza. Esto lo admitió, de manera pública, la señora Paola Vega Rodríguez, actual legisladora de la República e integrante de la fracción parlamentaria del oficialismo gobiernista.

El tal sentido y para “compensar”, el rol de la lucha social bajo criterios de rebeldía cívica es el gran reto que tenemos los sectores populares, sociales, cívicos y sindicales (en este caso, los no afines al gobiernismo oficialista), en este año 2020; de manera tal que, en el marco de la lucha frontal contra la desigualdad creciente, construyamos un polo de poder patriótico que impulse la restauración de, al menos, un sano equilibrio para una convivencia sanamente compartida antes de que lleguemos a un punto de no retorno de consecuencias indescriptibles.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al localizar en la internet al vocablo “malinchismo”, específicamente en el sitio web de la Real Academia Española de la Lengua (RAE),  –https://dle.rae.es/malinchismo–, leemos la siguiente definición: “Actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio”.

Notemos, al respecto, estos dos enunciados confrontados en la anterior definición: “apego a lo extranjero” vs. “menosprecio de lo propio”.

Aunque no exactamente pudiera calzar, como anillo al dedo, a la circunstancia que de seguido pasamos a comentarles, sí creemos que lo que pasó el pasado 17 de diciembre de 2019, en el seno de la insípida comisión de “negociación” salarial para el sector Público, podría catalogarse como “malinchismo” sindical. ¿Por qué?

A 350 mil personas trabajadoras asalariadas del sector Público se les cambió, abruptamente, las reglas del juego en cuanto a cómo se decide la recuperación del poder adquisitivo del salario, mediando (hasta diciembre pasado), reajustes por costo de vida fijados semestralmente, es decir, dos veces año.

Y aunque tales reajustes semestrales, por lo general, han venido siendo poco sustanciales como para hablar de recuperación real de pérdida del poder adquisitivo; la verdad es que la oportunidad del reajuste semestral daba espacio para cuestionar el proceso de deterioro de la situación socioeconómica familiar en el sector Público y plantear las alternativas, de carácter integral, para abordar este grave problema.

Lastimosamente, con el beneplácito de varias entidades sindicales, presuntamente, esto “¡no va más!… (como suele decir un conocido narrador de futbol).

Las corrientes sindicales Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y Central General de Trabajadores (CGT), decidieron optar por el “apego a lo extranjero”, es decir, adoptaron el discurso gobiernista-oficialista, macroeconómico-fiscal de ideología neoliberal, legitimando esa política salarial que culpabiliza a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, por este asunto del llevado y traído déficit fiscal, de ser las responsables del mismo.

Si se analizan bien las declaraciones y proclamas de estas corrientes sindicales en cuanto a los graves perjuicios del neoliberalismo en lo que respecta a las condiciones socioeconómicas de las clases trabajadoras, no fueron consecuentes con las mismas a la hora en que decidieron legitimar con su firma, en convenio con el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, un único reajuste salarial anual por costo de vida para todo el sector Público, imponiéndoselo a esas 350 mil familias trabajadoras asalariadas. Sin hablar de la cuestión numérica del pacto salarial que firmaron.

Es decir, hicieron un “menosprecio de lo propio”, de su propio pensamiento sindical y social, adoptando la visión “extranjera” de la cuestión macrofiscal, que es la del neoliberalismo. A esto es lo que llamamos “malinchismo” sindical.

Particularmente es de resaltar que ese “malinchismo” sindical es más grave aún en el caso de las  las corrientes Rerum Novarum y CMTC,  pues ambas pertenecen a y comulgan con los postulados de su entidad sindical matriz a nivel continental, como lo es la Confederación Sindical de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), de notable posición crítica al neoliberalismo y por sus acertados planteamientos a favor de nuevas políticas de combate a la tormentosa desigualdad en nuestra región americana que, precisamente, está catalogada como las desigualdad del planeta; lo cual incluye otra política fiscal radicalmente distinta a la que fue legitimada por estos grupos sindicales en el “acuerdo” del 17 de diciembre de 2019.

Las personas dirigentes-firmantes y legitimadoras de tal “acuerdo” siguen sin dar la cara. La condena obrera a su desleal proceder debe ser constante. En los tiempos de la desigualdad, lo que corresponde es la rebeldía al sometimiento del empobrecimiento y de la exclusión social y económica. Argumentos sobran. Lo inaceptable es que desde “la acera de los mismos” le demos a los de la otra acera, la legitimación que han venido perdiendo, precisamente, por el grave ataque a las personas trabajadoras que, presuntamente, estamos representando.

Don Mario Rojas, de la CTRN (y del sindicato SEC); don Olman Chinchilla, de la CMTC (y del sindicato Sinconapro, del Consejo Nacional de Producción -CNP-); don Carlos Cabezas, de la CGT (y del sindicato SEPI, del Patronato Nacional de la Infancia -PANI-); y, don Mario Rodríguez, también de la CGT (y del sindicato SITRAA, de Acueductos y Alcantarillados -A y A-), deben más que una explicación.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hemos venido sosteniendo la tesis de que en nuestro país está en desarrollo la instauración de un sistema de corte autoritario-totalitario en el ejercicio del poder político-gubernativo, marcado con especial énfasis a partir de la aprobación, más bien, imposición, de la detestada Ley de la República No. 9635, mal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como combo fiscal.

Somos del criterio de que tal legislación, a un año de la férrea lucha social ejercida por los sindicatos en su contra, muestra todas sus carencias, su inefectividad, sus injusticias; y, lo que es más grave, sus roces y violaciones constitucionales.

En este último ámbito, el de haber atentado contra los principales postulados de la Constitución Política de 1949, que resalta la creciente reacción observada en las últimas semanas por parte de autoridades institucionales municipales, las cuales se han manifestado en contra de tal legislación por haber esta violentado la Carta Magna en cuanto a la autonomía constitucional del régimen municipal.

Nos sentimos muy satisfechos de que nuestro insistente clamor de denuncia al respecto (iniciado desde el mismo momento en que se dio cuenta pública de los alcances de la tramitación parlamentaria de tan nefasta iniciativa), ya tiene enorme eco.

Ha sido provechoso nuestro transitar por una importante cantidad de concejos municipales, a lo largo y ancho del país, pues suman ya varias acciones de inconstitucionalidad interpuestas en favor de que retorne la soberanía de los gobiernos locales a sus legítimas autoridades electas popularmente: alcaldías y concejos.

Como bien sabemos, la lógica política dominante de quienes se inspiran en el neoliberalismo para el disciplinamiento de la sociedad, según su visión totalitaria de la esta, es la imposición. Efectivamente, los neoliberales no negocian, ¡imponen!

Eso fue lo que pasó con la autonomía constitucional del régimen municipal, cercenada por la ley 9635, cuando lo que correspondía era haber procedido a eliminarla siguiendo los procedimientos de modificación constitucional, establecidos por la misma carta magna; si lo pretendido era someter a los gobiernos locales a los ajustes fiscalistas de la tecnocracia político-neoliberal, hoy en control abierto y descarado más que nunca antes de las políticas económicas del país.

Por eso hay que festejar que la municipalidad más grande del país, la de San José, por intermediación de su actual alcaldía, haya acudido a la sede constitucional para la devolución al sistema municipal de la autonomía autoritariamente cercenada por la detestada legislación 9635.

Al mismo tiempo, justo es destacar que fue la de Alajuela la que inició la cadena en desarrollo de municipalidades insumisas que están tocando las puertas de la Sala Cuarta, en abierta rebeldía a las imposiciones del Ministerio de Hacienda de convertir a los 82 gobiernos locales del país en corresponsalías de una política fiscal destinada a perjudicar a las grandes mayorías del país; beneficiando a los sectores financiero-bancarios y a quienes ganan con el déficit fiscal y con los intereses del pago de la exorbitante deuda pública del país.

La lista de las municipalidades insumisas rebeladas contra la inconstitucional Ley 9635 incluye a las de Goicoechea, Tilarán, Buenos Aires, Esparza, Zarcero, Aserrí, Santa Bárbara, Garabito, Paraíso, Santo Domingo, dato que aún no estaba actualizado al momento de escribir este artículo.

Adicionalmente, el clamor por la democracia lesionada y vulnerada en cuanto a la autonomía de las municipalidades con respecto al Gobierno Central y al pretendido totalitarismo fiscalista hacendario está en el mismo seno del Parlamento, con dos iniciativas de ley.

Una de ellas, impulsada con gran apoyo obrero de la familia laboral costarricense: el expediente legislativo No. 21.430, precisamente denominado Ley para el Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal.

El otro expediente legislativo en la misma línea es el 21.949, salido del seno de la fracción parlamentaria liberacionista (como si fuera la expresión de una especie de “mea culpa” por haber cohonestado esta el ataque más mortífero de toda la historia del régimen municipal costarricense, efectuado al aprobarse la ley del combo fiscal); proyecto de ley para que las municipalidades y los concejos de distritos queden fuera del ámbito de la aplicación de la regla fiscal contenida en esa ley 9635.

A las puertas de las elecciones municipales de febrero entrante, al menos, ambas iniciativas de ley (ojalá fundidas en una sola), deberían estar aprobadas por la actual Asamblea Legislativa; retornándose de esta forma la soberanía gubernativa de las municipalidades a fin de que estas, en un escenario social de alta polarización y de desigualdad, pudieran asumir nuevos retos y desafíos de integración social.

La municipalidad es el Gobierno más cercano a la gente. En momentos en que la ciudadanía ha llegado a niveles insólitos de hartazgo con relación a su clase política tradicional, los gobiernos locales parecen destinados a devolver la confianza, en el propio seno de la comunidad, en la efectividad de la acción gubernativa de sus alcaldes y concejales, lo cual resulta imprescindible para salvar a la Democracia misma. ¡Enhorabuena por las municipalidades insumisas!

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La llegada del nuevo año 2020 y el inicio de la tercera década del Siglo XXI; es más, en la proximidad de la celebración de los 200 años de la independencia política del país con respecto a España, el Bicentenario; da pie para compartir con quienes nos dan el gran honor de leer esta columna, algunas impresiones nuestras con relación al futuro inmediato y mediato del sindicalismo costarricense.

Partimos, para tal efecto, de nuestro planteamiento anterior en cuanto a que en Costa Rica no existe un movimiento sindical en el amplio concepto del término: ni en lo filosófico-ideológico ni en lo político-social. Tan solo, una especie de archipiélago de sindicatos, con procesos unitarios casuales-coyunturales, pero no estructurales.

Aunque en algunos casos hay contenidos programáticos y postulados diversos, todos muy valiosos, éstos son subordinados al preponderante factor del gremialismo corporativista que marca el accionar cotidiano de los sindicatos; quedándose esos contenidos y esos postulados tan sólo para declaraciones políticas, muy “bonitas”, en los planos nacional e internacional.

Si consideramos que en la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra actividad, esa circunstancia no nos ha sido ajena; creemos que es perentorio apostar por trascenderla y propiciar al máximo, una concatenación entre el discurso y la práctica; de modo tal que sea el interés obrero-social que decimos defender el que marque nuestras decisiones a todo nivel; y no el interés de firmar un acuerdo con las instancias del poder para que éstas nos certifiquen que estamos “vigentes” en el plano de la cancha de la institucionalidad democrática donde nos toca jugar, de manera lastimera, en no pocas ocasiones, sin el menor asomo de dignidad.

La más reciente fijación de incremento salarial por costo de vida valedera para el sector Público, impuesta con beneplácito sindical en diciembre anterior, fue un nuevo episodio en esta lamentable circunstancia de ese sindicalismo de alto sesgo gremialista-corporativista.

Si no es ese sindicalismo de corte gremialista-corporativista lo que ya no estaría a la altura de los acontecimientos en la sociedad de la desigualdad de hoy en día, entonces, ¿cuál es la alternativa?

Nuestra apuesta está centrada en la posibilidad de una acción sindical que,   sin dejar de lado su naturaleza esencial de corte corporativista gremial, asuma posiciones políticas fuertes para articular agendas multisectoriales y para propiciar un polo de contrapoder; mediando propuesta, vocación negociadora real (de respeto y respetable), sin renunciar a la movilización cívica y pacífica; para confrontar en amplio sentido y vías, las políticas de la preponderante clase tradicional en el gobierno y en el poder que no está interesada ni en el bien común ni en la inclusión social.

Al respecto, consideramos lo siguiente, dentro de varias afirmaciones que, por supuesto, no son todas ni son las únicas posibles en un debate cívico al respecto. Veamos las siguientes tres:

UNO: La clase hegemónicamente dominante, apoyada en sus latifundios mediáticos practicantes del periodismo de odio, tiene el control absoluto de los partidos Liberación, Unidad y PAC. La gestión político-ejecutiva y legislativa que sus respectivos gobiernos han venido realizando, para nada pone en riesgo el control real del poder que ejerce esa clase. Por el contrario, han decidido exterminar la posibilidad del desafío organizado desde los sectores populares.

DOS: Prácticamente, de parte de tales partidos no existe una opción que le genere confianza plena a la gente que está sufriendo la exclusión social y económica en sus múltiples manifestaciones. Por otra parte, los partidos evangélicos tienen una agenda económica prácticamente afín a la de la clase hegemónicamente dominante. Y los partidos que presumen de una proclividad socialdemócrata consecuente, tirando hacia la izquierda, han desperdiciado las oportunidades recibidas por parte de un electorado que les apostó todavía soñando en algo distinto.

TRES: La deuda social y económica se ha acrecentado, tanto como se ha acrecentado la concentración de la riqueza, la deuda pública, el déficit fiscal y el endeudamiento personal. El detestado combo fiscal no funcionó, tan sólo para sacarle más plata a los que menos tienen.  No menos notable es el crecimiento del enojo, la frustración, la impotencia, la indignación; sin embargo, esto no adquiere, todavía, mayores niveles de expresión contundente y desafiante.

En las bases de los sindicatos y de las diferentes corrientes que les agrupan, hay una gran comunidad de visión sobre el estado actual de nuestra sociedad y de nuestra Democracia. Las directivas, las dirigencias y los liderazgos de tales organizaciones con las excepciones de rigor, han venido bloqueando esas potencialidades de articulación desde las bases.

El modelo sindical tico, caracterizado por el verticalismo, la jerarquización y hasta por el machismo, se convirtió en un muro de contención para el desarrollo de la expresión popular desafiante de este orden socioeconómico y excluyente. Este muro debe romperse.

Nosotros mismos somos portadores y promotores de tales circunstancias que, repetimos, ya no están a la altura de un desafío sindical en las nuevas condiciones de espacio y de tiempo que acaban de comenzar. Vamos a ver si podemos redimensionarnos nosotros mismos y apuntalar el cambio que creemos necesario. Haremos lo propio.

Es ésta la gigantesca tarea que nosotros mismos hemos querido asumir para la actual circunstancia sociohistórica y económico-social de nuestra Patria: construcción de ese gran contra-poder cívico-social con aporte sindical; con una agenda de fuertes medidas de inclusión social y económica, bloqueadoras del crecimiento de la desigualdad, pero factibles de imponerse, precisamente a ese contra-poder de constatación real.

Aquí no se agota el tema y le lanzo como una provocación al debate en el seno del archipiélago sindical tico y para el mundo ciudadano que, pese a todos nuestros defectos, pleitos y problemas, tiene la fuerte convicción de que “no hay democracia que se precie de serlo sin sindicatos; y sin sindicatos no hay democracia”.