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Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La resolución de la Sala Constitucional con relación al Expediente Legislativo No. 21.049, oficialmente llamado Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos” (misma que el pueblo conoce como “ley mordaza” o ley-antihuelgas), es clara en reconocer que existe vicio de inconstitucionalidad en el artículo que pretendía la disolución de los sindicatos por la acción individual de los dirigentes y de sus afiliados; lo cual, en nuestro criterio, convierte el proyecto de ley en inconstitucional, toda vez que con solo uno de sus artículos que lo sea, ya el todo, lo es.

Por otro lado, y más grave aún, es el vicio de procedimiento que señala la Sala Constitucional en cuanto a que no se consultó este proyecto a la Corte Plena, dejando en indefensión a uno de los órganos fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, el Poder Judicial.

Y esta omisión no es cosa menor, sino que resulta en un infranqueable requisito que, al no haberse cumplido, le impone una lápida al procedimiento de vía rápida con el que pretendieron aprobar, a golpe de tambor, este nefasto proyecto para la Democracia costarricense, la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos.

Este grave error de procedimiento, de no consultar a Corte Plena, según el criterio experto de constitucionalistas, impediría que se pueda pensar siquiera en “algún tipo de procedimiento rápido para subsanar” los vicios detectados por la Sala Constitucional; como manipuladoramente lo ha hecho creer Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Asamblea; así como el diputado Pedro Muñoz Fonseca y la legisladora Yorleny León Marchena, tanto como el propio Gobierno de la República, principales impulsores de este proyecto.

Decimos lo anterior porque el criterio experto en materia constitucional indica que este vicio, es uno de los vicios de procedimiento que genera nulidad absoluta. Esta clase de inconstitucionalidad (el no hacer la consulta a Corte Plena), sólo se puede arreglar retrotrayendo el proyecto hasta antes de que naciera dicho vicio.

El tema es que al hacer la consulta a la Corte Plena sobre el proyecto de ley 21.049, ya no se le puede aplicar la vida rápida, por lo cual el procedimiento aplicable debe ser por la vía ordinaria.

Así las cosas, en nuestro criterio, el proyecto queda enterrado y tendría que presentarse uno nuevo, y como lo dijimos por la vía ordinaria, ya que debe ser consultado a Corte Plena. Por lo tanto, no cabría la vía rápida.

Todo lo anterior significa que Carlos Ricardo Benavides Jiménez y todos los que salieron a celebrar la resolución de la Sala Constitucional, se han llevado el más grande “alegrón de burro”.

Sin dejar de lado, que la Sala Constitucional lo que está haciendo con esta resolución, a sabiendas de la inconstitucionalidad del proyecto y del grave vicio de procedimiento, es adelantar criterio sobre los temas que se plantean en el mismo; dejando, además, con ello, a la Corte Plena con la cancha marcada en cuanto a cómo debe opinar sobre los artículos que sí consideró la Sala IV como constitucionales, con lo que se le hace un grave daño a la Democracia y deja de manifiesto una lucha de poder al interior del Poder Judicial.

En todo caso, la resolución de la Sala Constitucional habrá que estudiarla; pero, por ejemplo, resolver que la huelga se puede prohibir en toda la lista de servicios “esenciales” del proyecto, sin matizar que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay servicios que admiten disminución de labores en lugar de suspensión plena, es una postura rígida inaceptable; porque, además, con su resolución amplió el umbral de servicios esenciales determinados ya por los organismos internacionales.

Pero la discusión sobre el derecho humano a la protesta y a la manifestación, apenas comienza, pues hay un antes y un después del pronunciamiento de los Relatores Expertos de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en cuanto al proyecto que pretende regular las huelgas, puesto que ellos determinaron que existen una serie de violaciones al derecho a huelga y a los derechos humanos, los cuales fueron desconocidos por la Sala Constitucional, inexplicablemente.

Tal situación nos obliga a seguir accionando y denunciando a nivel internacional para que se aplique lo que correctamente indicaron los relatores, lo cual, le guste o no a los enemigos de las organizaciones sindicales, debe ser de acatamiento obligatorio por parte del Estado Costarricense que firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como con otros instrumentos internacionales y principios de Derechos Humanos establecidos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Es muy gratificante dar la siguiente buena nueva al mundo obrero-sindical nacional que lucha por la dignificación plena del trabajo de quienes dan lo mejor de sí, aunque en condiciones muy duras y adversas, en las plantaciones agrícolas de nuestro país, especialmente dedicadas al cultivo del banano y de la piña de exportación, particularmente dirigida a los mercados estadounidenses y de varios países de la Unión Europea (UE).

La corriente sindical en la cual militamos (y para ser consecuentes ética, moral y políticamente con nuestra prédica de abogar, también, por los intereses de la clase trabajadora que labora para el sector privado de la economía), ha venido impulsando fuertes esfuerzos para fundar, promover y desarrollar sindicatos en la indicada e importante área laboral del país.

Para ello, entre otras motivaciones, hemos estado siguiendo el ejemplo de una histórica y muy respetada organización obrera en este campo, el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), que realiza enormes esfuerzos de dignificación laboral en la zona atlántica de nuestro país.

Ahora bien, en el plano global de la mundialización del capital, y considerando su expansión explotadora bajo concepciones neoliberales, estamos teniendo la oportunidad de insertar el tipo de sindicalismo que promovemos en plantaciones bananeras y piñeras, dentro del marco de un proyecto internacional denominado Cadenas Globales de Producción (CGP), o Cadenas de Valor; considerando que estamos de cara a “…estructuras empresariales con forma de largas cadenas cuyos eslabones son empresas, talleres o centros de producción en los que se obtienen, elabora o fabrica una parte del producto final, fragmentando las etapas del producto o servicio”.

Aunque la producción de banano y de piña en suelo costarricense, muestra perfiles y dinámicas diferentes a la producción de la industria textil, lo real es que las empresas transnacionales buscan producir en aquellas áreas geográficas de países que les parezca más “rentables”, considerando que en muchos de estos estados sus respectivos gobiernos “…desean atraer inversión extranjera a base de reducir los derechos laborales y ambientales”.

Las frases entrecomilladas son extraídas de un folleto explicativo del proyecto-proceso de las Cadenas Globales de Producción (CGP), que está desarrollando la Confederación Sindical de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la más grande central de sindicatos de nuestro continente; contándose para ello con el respaldo del más grande e importante conglomerado sindical de Alemania, la DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund).

Valga anotar que la CSA, a su vez, está adscrita a la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Lo que nos interesa resaltar con este comentario es que la CSA contará, por tres años más (2020, 2021 y 2022), con el apoyo de la DGB para extender y profundizar más el proyecto de Cadenas Globales de Producción (CGP), lo que a fin de cuentas rendirá frutos para elevar la calidad de la organización obrera costarricense en los ámbitos de la producción de la piña y del banano; todo lo cual apunta a darle mayor énfasis a implementar, a plenitud, el concepto de la política de Trabajo Decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), misma que para el caso de Costa Rica está considerada como política pública oficial.

En realidad, desde la perspectiva de la CSA, que aquí nosotros compartimos, la clase trabajadora latinoamericana y los sindicatos que la representamos tenemos un objetivo común: “acabar con la precariedad, conseguir el trabajo digno y el pleno respeto a los derechos laborales y de la libertad sindical en todas y cada una de las empresas y centros de trabajo del conjunto de las Cadenas Globales de Producción”.

La imperiosa necesidad de fortalecer la Democracia en países como el nuestro pasa por garantizar la plena Libertad Sindical y, precisamente, la promoción de proyectos de solidaridad sindical obrera con carácter internacional-global, como el de las CGP, o Cadenas de Valor, apunta en esa dirección.

Se ha logrado establecer que en el seno de las empresas multinacionales que impulsan el modelo productivo de las CGP, “…existe una serie de conductas tendientes a destruir las organizaciones sindicales y a impedir que se formen nuevas, como, por ejemplo: continuos despidos de dirigentes y activistas sindicales, amenazas a quienes desean afiliarse, intimidaciones, campañas de descrédito e intentos de chantaje y coacción mediante amenaza de cierre o traslado de los centros de trabajo a otra zona franca o país”.

Este proyecto-proceso de las Cadenas Globales de Producción (CGP), es fiel reflejo de la importancia de la solidaridad obrera internacional en el plano sindical. Los colegas sindicalistas de la DGB, de Alemania; así como de las agrupaciones a las cuales nos adscribimos como corriente sindical costarricense, la CSA y la CSI, deben saber que honraremos al máximo nuestros compromisos en tal sentido, en este nuevo período del proyecto-proceso CGP.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A quien esto escribe le costó leer-pronunciar este nombre: Abhijit Banerjee. Probablemente a usted, quien nos da el gran honor de leer el presente comentario, le pase lo mismo. El señor Abhijit Banerjee es un ciudadano estadounidense nacido en India y le acaban de otorgar el Premio Nobel de Economía correspondiente a este año por concluir, 2019. Por cierto, otro gran ciudadano de origen indú, también economista, ya había ganado dicho galardón, Amartya Sen.

El señor Abhijit Banerjee compartió dicho premio con dos personas más, entre ellas su esposa, Esther Duflo, ciudadana de origen francés. Ambos laboran en el muy reconocido y prestigioso MIT: Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estado Unidos. Él es profesor de Economía en esa casa de altos estudios superiores de este país.

Ambos escribieron un libro-estudio, muy galardonado, cuyo nombre en español es “Repensando la pobreza: Un giro radical en la lucha contra la desigualdad”.

Nos referimos en nuestro artículo de hoy a esta pareja por cuanto se les reconoce sus serios estudios de muchos años en torno al problema de la pobreza mundial y cómo aliviar la misma. Dentro de su enfoque en tal sentido, estima el señor Banerjee que las políticas neoliberales destinadas a que los ricos paguen menos impuestos, así como bajarles los que ya tienen, permitirá más inversión en la sociedad, es un mito.

Planteado esto en la Costa Rica de hoy, es una verdadera herejía. O sea, que los ricos paguen más impuestos, que se eleve la carga tributaria por el lado de la progresividad y que, por tanto, haya más dinero en el circuito financiero de los países pues habría más ingresos para más y mejores políticas sociales y de fomento económico inclusivas, es una tesis “inviable” según la hegemonía neoliberal actualmente en el poder y en los gobiernos.

El señor Banerjee y la señora Duflo son parte de esa amplia gama de mentes brillantes que, desde las mismas entrañas del capitalismo neoliberal central, en este caso el de Estados Unidos, vienen preocupadísimos alertando acerca de que la pobreza, si ya era un serio problema, ahora es mucho peor pues ha generado otro en grado superlativo: la desigualdad.

Al leer el sitio digital de noticias, el ahora premiado señor indú-estadounidense Sr. Banerjee responde de manera categórica en cuanto a que la estimulación de la demanda será a partir de subir los impuestos, no recortándolos. Y, además, critica a varios gobiernos de países muy grandes en cuanto a que la han dado incentivos fiscales a los ricos que ya de por sí, dice él, están sentados sobre toneladas de dinero.

Nos dice en esa entrevista para www.portafolio.co lo siguiente: “La creciente brecha de desigualdad en países desarrollados como Estados Unidos ha enfurecido a los ciudadanos y ha contribuido a las tensiones comerciales mundiales que estamos viendo hoy”. ¡Exacto! Las más notables conmociones sociales latinoamericanas del año ya por terminar, así nos lo demuestran.

Adicionalmente, indicó algo impactante desde el punto de vista de la calidad de intelectual que es él y del amplísimo cúmulo de conocimientos que tiene: “Es increíble que, en nombre del crecimiento, se haya permitido que la desigualdad explote hasta este punto”. Es decir, hasta que la revienten en la cara a los gobiernos esos estallidos sociales. Para él, el crecimiento se consigue dando dinero a la gente, no recortando impuestos.

La desigualdad, su sistemático crecimiento, las conmociones sociales que ha generado y que seguirá provocando, la espeluznante circunstancia de que la actual brecha entre ricos y pobres parece la más grande de todos los tiempos; además de que aquellas sociedades que, exitosamente, construyeron clases medias hoy las están destruyendo; repetimos, la desigualdad es ya algo de vida o de muerte en nuestro tiempo. Y parece que, por tanto, el antagonismo crucial de la época presente no es más que la confrontación de esa desigualdad con los derechos humanos fundamentales.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“Más ajuste fiscal durante mucho tiempo” es la cruel sentencia que desde el imperio de los mercados neoliberales nos están dictando, condenándonos a mayores niveles de tormento social y económico para la clase trabajadora y, en general, para las grandes mayorías del pueblo costarricense.

Así lo afirmó el señor Fernando Losada, Director General de Análisis de la firma Oppenheimer & Co. (New York), en entrevista que le hiciera la periodista Gabriela Frías, de la sección de economía y finanzas, Portafolio Global, de la cadena de noticias CNN en Español.

Este durísimo señalamiento, ¡no nos toma por sorpresa! Tenemos una enorme cantidad de tiempo planteando que la hegemonía político-ideológica impuesta por el mismo grupo económico-financiero implantado en la gestión macro-fiscal del país, a lo largo de las últimas administraciones gubernativas (PLN-PUSC-PAC), nos conduce al precipicio.

Espeluznante es el anuncio del citado especialista, ese tipo de “gurú neoliberal” de los mercados financieros globales (que tienen tanta influencia en los sectores banquero-financieros ticos), de que para el próximo año 2020, 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), serán consumidos por el déficit fiscal y por amortizaciones de deuda.

¡TRES BILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE COLONES! (3.850.000.000.000), deberá cubrir el pueblo costarricense sacando plata de donde ya no tiene y/o de sus esquilmados bolsillos, para el año que ya se asoma.

¡Se fue Rocío Aguilar Montoya y la situación macro-fiscal y tributaria del país quedó peor de cuando la pusieron en ese cargo el grupo ideológico-político, económico-mediático dominante!

“Costa Rica: una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible”, nos apunta, por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), fuente nutriente de nuestras apreciaciones macrofiscales con perspectiva socio-sindical, inspiradas en el lema de tan prestigiosa entidad independiente: Por una Política Fiscal para la Democracia y el Desarrollo; entidad que es financiada por instituciones cooperantes de Suecia.

El ICEFI “manifestó su preocupación por el nivel de déficit fiscal planteado para 2020, que según el proyecto de presupuesto alcanzaría 7.8% del PIB, por encima del 5.8% estimado por ICEFI para el cierre de 2019”. ¡Nos llevan al precipicio!

La impagable, para nosotros, deuda pública es una candela de dinamita del más puro TNT: vamos hacia la fatídica cifra de 40 mil millones de dólares. Por eso el ICEFI afirma que la deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Para salva la Paz, la estabilidad política hoy sumamente frágil y la Democracia misma, Costa Rica ocupa, por una parte, la más grande gesta de Diálogo Social jamás emprendida antes de que el hundimiento sea irreversible.

Además, particularmente, se ocupa de una Transformación Tributaria Estructural. Actualmente, la carga tributaria es rígida, los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres, la estructura tributaria no permite el combate a los flujos internacionales de capital (FIC), y la estructura tributaria es regresiva. Así caracteriza el ICEFI la disfuncionalidad impositiva que está calentando la olla de presión social.

Ahora que quienes nos han llevado al desastre económico-fiscal han decido incrementar la acción político-represiva, pretendiendo imponer la ley anti-huelgas, aunque ello implique desdeñar los compromisos obligantes para el país en materia de Derechos Humanos; en ANEP pensamos que se impone la más grande unidad cívico-popular y patriótica para enfrentar el autoritarismo en Democracia, de corte neoliberal, ya en desarrollo en estos momentos. Hacemos un humilde pero vehemente llamado en tal sentido.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Huelga es Huelga”, decía el expresidente de la República, don José Figueres Ferrer; mandatario de facto una vez y dos por elecciones. La frase de don Pepe nos cae como anillo al dedo ante la “amenaza” neoliberal de castrar de raíz la protesta social y la movilización popular, aprobando en segundo debate, el expediente legislativo número 21.049, eufemísticamente denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”.

¡Ni frío ni calor nos da! Las únicas huelgas legales en Costa Rica, prácticamente fueron las que se presentaron el año pasado 2018, cuando se “estrenó” la Reforma Procesal Laboral en materia de huelga. Antes de ese año 2018, prácticamente todas las huelgas, desde la promulgación de la Segunda República, fueron declaradas ilegales.

Personajes políticos nefastos para la Democracia como Carlos Ricardo Benavides Jiménez, como Pedro Muñoz Fonseca, como Víctor Morales Mora, entre otros ocupantes de curules diputadiles, mal hacen en cantar victoria sobre el movimiento sindical y, especialmente, sobre las legítimas aspiraciones de luchas del pueblo trabajador costarricense por una real justicia social en la Costa Rica desigual de hoy.

Ellos, haciendo gala de sus convicciones neoliberales, totalmente fracasadas, que hasta los principales periódicos estadounidenses lo empiezan a reconocer, creen que la Patria es una finca de la cual ellos son sus capataces. Saben muy bien que están pisando un campo minado al seguir pretendiendo imponer un modelo de democracia autoritaria, cuando analistas políticos serios, de un modo u otro, reconocen que como sociedad estamos sentados sobre un barril de pólvora.

Por otra parte, los más célebres estudiosos de los fenómenos sociales globales y latinoamericanos coinciden en que la única forma de imponer el modelo neoliberal es con autoritarismo, represión policial y militar, revirtiendo derechos democráticos, relativizando y segmentando los Derechos Humanos, en realidades que indican que ya no bastan las dictaduras mediáticas tradicionales, pues el frente abierto por las redes sociales posibilitan la invocación al ejercicio democrático de la calle con consecuencias magistralmente demostradas en diversos pueblos de la Tierra.

En verdad, resulta ridículo e irrisorio que la represión jurídica, ilegalizando la huelga, proscribiendo sindicatos, criminalizando la protesta social y abriendo procesos penales espurios contra los dirigentes, puedan contener el desarrollo de la expresión abierta de la iracundia popular que se está incubando en las mentes, en los corazones, en los estómagos, de 300 mil personas sin empleo; de miles de micro-pequeñas y medianas empresas, personas emprendedoras de negocios en la ruina, de 800 mil personas al margen de la seguridad social, de muchos miles más de compatriotas altamente endeudados por las tasas de usura en créditos de todo tipo; de un cuarto de millón de personas trabajadoras en el sector público, vilmente ofendidas y culpabilizadas por un déficit fiscal de lo cual tienen ni la más mínima responsabilidad; y de varios miles de personas dedicadas a la actividad de la producción agropecuaria nacional al borde de la extinción económica por deudas con los bancos que no pueden pagar. Y ni qué decir de las juventudes, especialmente las que terminan la educación secundaria y universitaria enfrentando el futuro más incierto que generaciones anteriores de personas costarricenses tuvieron a partir de 1949.

Con o sin sindicatos, no pueden negar ni los Carlos Ricardo, ni los Pedro Muñoz, ni los Víctor Morales, ni toda esa clase política acuartelada en los muros agrietados del neoliberalismo, con tanto miedo que decidieron “bunquerizarse”, que la realidad social anteriormente descrita de la Costa Rica del Bicentenario, más temprano que tarde les estallará en la cara. 

Esto apenas empieza…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Definitivamente no hay otra forma de calificar el robo de impuestos en Costa Rica, como que se trata de un crimen contra toda la sociedad. El actual ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, no se anduvo con rodeos: indicó, abiertamente, que la evasión de impuestos en nuestro país está entre el 6 y el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tomemos el 8%, cifra muy aceptada en círculos de alta seriedad profesional con conocimiento en la materia. Como cada punto del PIB equivale a 350 mil millones de colones, esos 8 puntos corresponden, anualmente, a 2 billones 800 mil millones de colones. En cifras así: 2.800.000.000.000.

Justo es indicar que un antecesor de don Rodrigo Chaves Robles en ese cargo de Ministro de Hacienda, también ya lo había señalado. Fue don Helio Fallas Venegas, en el Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera. 

Desde una multiplicidad de sectores cívicos, académicos, sociales y sindicales el tema lleva ya muchos años de ser planteado y denunciado. En nuestro caso, desde la corriente sindical en la cual militamos, este asunto es, prácticamente, el número uno en nuestra agenda obrero-social de lucha patriótico-cívica.

Hemos invertido mucho tiempo en lecturas, estudios, foros, seminarios, eventos de la más variada índole, especialmente en el plano nacional y también en el internacional. En este caso, por ejemplo, tres de las entidades sindicales a las cuales está adscrita la ANEP tienen, también, bastante tiempo en incluir en sus agendas el tema fiscal-tributario.

Nos hemos nutrido de los aportes que en tal sentido han estado brindando tanto la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la Confederación Sindical Internacional (CSI), así como la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

Es un problema global, con espectacular impacto negativo para la integridad social en los países de la América Latina. Tan es así que esta región está conceptuada como la más desigual del planeta, precisamente por sus sistemas tributario-fiscales tan regresivos como injustos. 

Para el caso costarricense, considerando la procedencia político-tecnocrática del ministro Chaves Robles, su estadía por un cuarto de siglo en el Banco Mundial; que él reconozca los altísimos porcentajes de la evasión fiscal-tributaria con relación al PIB, hay que ponerle la firma. Y si la prensa afín u oficial al capital evasor le abrió sus páginas para que lo dijera, esa gigantesca cantidad de robo de impuestos es ahora, ¡completamente oficial!

Es que estas cantidades son, aparte de monstruosas, inmorales, antiéticas… Sencillamente estamos hablando de un crimen contra toda la sociedad. 

Por día, quienes roban impuestos en todas sus manifestaciones, por múltiples formas, utilizando recovecos legales, artimañas jurídicas o, simple y sencillamente, evasión pura y dura; se están dejando, ¡7 mil 671 millones de colones (¢7.671.000.000)! 

Redondeado: casi 89 mil colones por segundo. Unos 5 millones 300 mil colones por minuto. Casi 320 millones de colones diarios. 

A un año de la aprobación-imposición del combo fiscal, Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los partidos Liberación, Unidad y PAC nos tienen con salario congelado, con salarios a la baja, miles de micro, pequeñas y medianas empresas quebradas, altísimo desempleo, con la carga del IVA y con el costo de la vida siempre en alza… mientras el gigantesco fraude fiscal sigue tan campante como siempre por la protección que les dan a los ladrones de impuestos las élites políticas.

Al terminar de leer este artículo, usted habrá ocupado unos 4 minutos con 40 segundos. Eso quiere decir que mientras usted nos hacía el honor de leer de este artículo, los ladrones de impuestos se dejaron 24 millones 760 mil colones. ¿Hasta cuándo compatriotas…?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hoy, martes 10 de diciembre de 2019, estamos conmemorando el DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, recordando la fecha del 10 de diciembre de 1948, cuando la Tercera Asamblea de la recién fundada Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; inspirándose en el sueño, en la filosofía, en la aspiración noble de que en algún momento todos los pueblos y todas las naciones del planeta alcancen un “estándar común”.

Del sitio web www.humaniun.org/es/derechos humanos-1948, hemos extraído algunos criterios relevantes que nos estimulan a considerar la urgencia política de poner como eje central de la lucha sindical el conocimiento, la promoción, la difusión y la lucha más firme para su respeto pleno en la Costa Rica actual, con un estado de desigualdad en crecimiento constante.

Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

En aquel 10 de diciembre de 1948, ninguna de las 56 naciones que a ese momento estaban conformando la ONU votó en contra de dicha declaración. Costa Rica tuvo el privilegio de estar en esa votación y, por supuesto, votó a favor. Según los registros históricos, 3 países se abstuvieron: Arabia Saudita, Sudáfrica y la hoy extinta Unión Soviética (URSS).

El indicado sitio web nos cuenta algo tan interesante como esto: “El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo” … El texto final es pragmático, resultado de numerosos consensos políticos, de manera tal que pudiera generar una amplia aprobación”.

Es este memorable DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, quienes estamos en la lucha sindical cotidiana tenemos que fijarnos en el contenido del Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual tiene 4 aspectos:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Cómo está nuestra querida Costa Rica hoy, al respecto? No es difícil la respuesta. A miles de compatriotas no se les está respetando plenamente este artículo 23 en lo atinente.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Mucho camino por recorrer nos queda al respecto, especialmente en lo que respecta a las mujeres trabajadoras.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Evidentemente, las políticas macrofiscales actualmente en boga, en las cuales la prioridad número uno es atender el altísimo endeudamiento público y su excesivo pago de intereses, van a deteriorar el acceso de miles de compatriotas a las diferentes políticas de protección social tan características de una sociedad que estuvo siempre preocupada por la inclusión.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. La ofensiva antisindical de los últimos tiempos que se ha dado en Costa Rica, nos obliga a enlazar más la estrecha relación entre la actividad de organización sindical y el activismo militante por la defensa de los Derechos Humanos.

El neoliberalismo ha fracasado, pero se muestra hoy más furioso y rabioso que nunca, con tendencias totalitarias y autoritarias en fuerte desarrollo. Ya estamos viviendo esto en Costa Rica. La acción sindical seria, responsable, independiente y propositiva, que tenga vínculos sociales fuertes, es imprescindible para aportar en la construcción de la alternativa movilizadora que le haga frente a ese cruel neoliberalismo, tan repudiado por los pueblos.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

“El modelo del capitalismo triunfante está destruyéndose a sí mismo por su insostenibilidad. Tengo una perspectiva socialdemócrata y creo que la distribución del ingreso es muy injusta, pero más allá de la discusión sobre la justicia social o mejores oportunidades en la redistribución de la riqueza, un poco más allá del debate ideológico, hay una realidad, y es que la sostenibilidad de este modelo económico va a fracasar”.

Semejante pensamiento es del político español Felipe González, hoy un arrepentido de haber abrazado, en su momento y como gobernante, el neoliberalismo. Así se lee en reciente entrevista que le hiciera el periódico El País, medio de información muy conocido en los círculos políticos de habla española.

Lo que dice Felipe González se suma a una serie de planteamientos de diverso orden que en varias latitudes y con procedencias diversas, incluido el propio Papa Francisco, afirman que el neoliberalismo es un fracaso en el amplio sentido del término. ¡En Costa Rica también!

La democracia representativa, para el caso costarricense, tal y como la conocimos y como se ha practicado, ya no resulta funcional para mantener el control social ejercido por los sempiternos grupos económicamente poderosos, los cuales han venido acumulando riqueza de manera desenfrenada, dominando los diferentes gobiernos, aunque con ropajes partidarios distintos, a lo largo de los últimos 30-35 años.

El sistema económico que da cobertura a la democracia representativa tica “está destruyéndose a sí mismo por su insostenibilidad”, como lo apunta el político español.

El desastre socioeconómico del gobierno actual, el segundo del PAC (sumado al generado por sus contrapartes del hoy tripartidismo neoliberal), potenció la serie de cifras estadísticas negativas que, al conjuntarse, nos muestran un país en reversión, en retroceso, en involución; triste realidad que llena de tristeza, enojo, dolor e indignación a cada vez más número de costarricenses. Y esto tiende a crecer.

Alvarado y sus principales apoyaturas ideológicas, políticas y económicas se decidieron por un ajuste fiscal a la brava (la imposición de la hoy Ley de la República No. 9635, quizás la más detestada legislación de los últimos tiempos); misma que ha posibilitado la conjunción de malestares de diversa índole y procedencia, al punto de dar origen a un proceso de articulación en el ámbito de la resistencia, hoy conocido como Encuentro Social Multisectorial.

Pero no es el único, pues otros ya existen y otros más habrán de surgir al agudizarse la confrontación que ellos han decidido plantearle a la gente, a la ciudadanía.

Las múltiples formas de mostrar oposición hacia tal ajuste fiscal ya se están viendo y se seguirán dando. Por eso, están decididos a pasar el primer estadio de degeneración de una democracia representativa, cual es instaurar el autoritarismo.

Con la “ley mordaza” (expediente legislativo No. 21-049), ya aprobada en primer debate y ahora en consulta a la Sala Constitucional, ansían institucionalizar en el plano jurídico la política del miedo, castrando toda posibilidad de manifestación contraria a su visión de sociedad, en oposición al modelo económico que defienden, ahora catalogado por sus iguales político-ideológicos en tiempo reciente, como insostenible.

Paralelamente, en acción debidamente coordinada, el autoritarismo por implantarse nos muestra ya rostro más vil: el totalitarismo. El totalitarismo ya se ejerce mediando la intervención del periodismo de odio, el cual viene satanizando lo diferente, lo distinto, lo que les desafía; excluyendo de la noticia, la contracara del enfoque de cobertura, amén de que este es completamente sesgado, parcializado, subjetivizado y editorializado en contra del otro.

El otro es la gente, la ciudadanía, la población trabajadora (en lo específico). Gran parte de ese otro es bombardeado inmisericordemente, mediante las operaciones psicológicas y de terrorismo ideológico como las desplegadas en los últimos tiempos para la satanización, por ejemplo, de la clase trabajadora estatal a fin de que esta sea repudiada por su contraparte, aunque de la misma clase, del sector privado. ¡Y ni qué decir de lo que han hecho en relación con la institución democrática del sindicalismo, misma que hasta estatus jurídico internacional posee!

¿Qué sigue? ¿La dictadura? Veamos la ruta perversa que están transitando, jugando con fuego o, como se dice popularmente, “jalándole mucho el rabo a la ternera”: Se han encargado de desprestigiar la democracia representativa y han copado, bajo un mismo prisma ideológico, la institucionalidad que les es funcional a sus intereses de hegemonía económica, de rentismo estatal y de peonada política pagada.

Controlan toda (o casi toda) esa institucionalidad que les permite -entre otros factores de insostenibilidad sistemática, según lo piensa don Felipe González-, la acumulación de riqueza desenfrenada, la imposición tributaria de sesgo regresivo, la reversión de conquistas y de derechos económico-sociales.

Este proceso está mostrando resistencias que les puede quitar el control si no hacen algo contundente y con urgencia: es algo es la “ley mordaza”: especie de autoritarismo legal pero no moral ni ético.

En su lógica política, esa gente piensa que lo que se salga de tal marco -si es que logran imponerlo del todo-, debe ser exterminado, liquidado, fortaleciéndose la desaparición de la disidencia, imponiendo el totalitarismo ideológico ya descarnado, cuya primera aproximación es lo que hemos venido sufriendo y denunciando como periodismo de odio. De aquí a la dictadura hay un único pero peligroso paso. No faltará quien le grite “comunista” a don Felipe González.

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Ante la feroz resistencia de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para que haya algún nivel de regulación en cuanto al cobro de las obscenas, escandalosas y socialmente criminales tasas de usura en los créditos que pesan sobre las finanzas de mayoría de las personas habitantes de este país, especialmente en cuanto a tarjetas y electrodomésticos; hace 10 años comentamos, en este mismo espacio, una denuncia que en aquel momento catalogamos como la “más sensacional de los últimos tiempos”, no solamente por quien la formuló sino por dejar al desnudo una conducta prácticamente delincuencial de parte del sector banquero del país.

Después de 10 años de esa denuncia, nada parece haber cambiado. Pero, ¿quién denunció en aquel momento? ¿Un sindicalista?, ¡no! ¿Una investigación periodística?, ¡no! ¿Un empresario honesto?, ¡no! Entonces, ¿quién denunció? 

Nada más y nada menos que don Jorge Guardia Quirós, economista ligado al PUSC y quien conoce al dedillo las intimidades del mundo financiero-bancario de este país y sabe quién es quién dentro de este.

Pero, ¿qué dijo don Jorge Guardia Quirós en aquel momento? Que los banqueros “lograron aprobar leyes, decretos y políticas económicas que los beneficiaron en cantidades muy grandes, tan grandes que nadie las ha podido cuantificar”.

En su denuncia, el Sr. Guardia Quirós lanzó su dedo acusador contra un notable banquero ligado al PLN, don Luis Liberman Ginsburg, acusándolo de ser un cabildero que está en deuda con el país.

En aquel momento, y en esta misma sección de opinión, nosotros comentamos lo siguiente a propósito de lo que denunció don Jorge Guardia Quirós: “Que los banqueros neoliberales hayan controlado la política económica costarricense en todos estos años, generó graves consecuencias que sufrimos hoy: crecimiento de la desigualdad, de la concentración de la riqueza, de la pobreza insuperada, de la violencia en todas sus formas; y como era de esperarse, de una corrupción desenfrenada”. ¡Nosotros dijimos esto hace 10 años! ¿Y cómo estamos ahora, en el 2019? ¿Verdad que peor? Pero esos banqueros siguen en total impunidad.

Nosotros escribimos en aquel momento que para don Jorge Guardia Quirós “… el grupo banquero del señor Liberman fue tan influyente que ‘persuadió’ a los partidos tradicionales (PLN-PUSC), para ubicar a miembros de su clan en Hacienda, Banco Central, Sugef, Conassif y Supen. Aquí emplazamos al sr. Guardia para que dé los nombres que nos ofreció en su denuncia”. ¡Jamás abrió más la boca el Sr. Guardia Quirós! Nunca nos dio esos nombres, pero no es gran “misterio” saberlos.

Apuntábamos nosotros hace diez años lo siguiente: “Mientras al pueblo, a la clase media, a las micro, pequeñas y medianas empresas les recetaban altísimas tasas de interés por sus créditos, los banqueros del grupo del Sr. Liberman…”; don Jorge Guardia los acusó de que “lograron que les rebajaran los encajes bancarios en ciertos períodos para poder prestar y lucrar más, obligando al Banco Central a absorber esos recursos e incurrir en pérdidas y afectar la inflación, que castiga a los más pobres. Lucraron con los bajos impuestos de renta a los intereses (8%), mientras que los demás mortales, incluyendo asalariados, pagaban tasas mucho más elevadas, del 15%, 25% y hasta un 30%…”.

Y el Sr. Guardia Quirós profundizó su acusación en ese entonces: Dijo que esos banqueros “captaron y prestaron mediante sus offshores sin satisfacer encajes, someterse a la Sugef, ni pagar impuestos. Toda una vida hicieron plata exenta por medio de sus offshores y, al final, tampoco pagaron nada (ni cuita), pues al ponerse viejos vendieron sus acciones a bancos extranjeros sin estar sujetos a impuestos sobre la renta”. 

Además, los señaló de que esos banqueros habrían obtenido “…una interpretación favorable de los gastos asociados con ingresos gravados a tasas preferenciales para ahorrar millones en impuestos”; que disfrutaron “de los beneficios de las minidevaluaciones, pues traían capitales extranjeros mientras el Banco Central asumía todo el riesgo cambiario”.

Luego de 10 años, ¡total impunidad! ¡Nada pasó! Los banqueros siguen siendo el sector político-hegemónico más poderoso dentro de lo que podemos conceptuar como el poder real en nuestra sociedad. Hoy, tal poder, aliado más que nunca con las matrices mediáticas dominantes, especialmente las del periodismo de odio, la emprende contra una legislación que nosotros más bien creemos que se queda corta: esa que pretende regular las tasas de usura por los créditos que se dan a la gente, de forma tal que queden entre un 30-32%, en vez de las escandalosas que hay actualmente en el mercado financiero que están en el doble (o hasta más) de esos porcentajes.

El contenido de las denuncias de don Jorge Guardia Quirós nos lleva a la conclusión de que las fortunas acumuladas por los banqueros y similares son inconmensurables y, seguramente, con pago de impuestos nulos o ridículos. Lo que correspondería es una condonación de ese tipo de deudas de la gente, parcial o totalmente, luego de que a la gente endeudada les han sacado plata a niveles, también, inconmensurables.

El grupo financiero-banquero que hace 10 años denunció don Jorge Guardia Quirós, sigue siendo en esencia el mismo de hoy y muchas de las entidades y personas integrantes del mismo forman parte de la Asociación Bancaria Costarricense, la ABC; esa misma que ha sido denunciada de impulsar una campaña sucia para frenar la iniciativa de ley de regulación del cobro de usura en créditos. ¡Total impunidad!

Con gran pompa, la prensa oligárquico-oficialista dio cuenta de que ya ingresaron a las arcas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) la cantidad de 1.500 millones de dólares que se consiguieron en el mercado financiero internacional, luego de que el Parlamento le aprobó al Gobierno una emisión de eurobonos para obtener esa plata.

Ahora, el Gobierno nos anuncia que irá, de nuevo, a pedir permiso a la Asamblea Legislativa para colocar 4.500 millones de dólares adicionales a esos 1.500 millones, de modo tal que alcance la meta que se fijó de endeudar más al país, con un total de 6 mil millones de dólares.

Esto le permitiría al Gobierno de Alvarado Quesada terminar su período con “holgura fiscal” y de paso, hacer la pantomima patriótica de la celebración del Bicentenario, tirándose flores y haciéndose autobombo, aunque a la gente común y corriente, que es la mayoría de la población, se le siga cobrando la factura por el desastre fiscal del país que no generó y del cual no tiene responsabilidad.

Adicionalmente a esa plata que ya está en la cuenta del Ministerio de Hacienda que tiene en el BCCR, es decir los 1.500 millones de dólares que ya entraron; vienen de camino 850 millones de dólares más, producto de dos nuevos préstamos: uno por $350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otro por $500 millones que se contraerá con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Sume usted: 1.500, más 350, más 850 millones de dólares. Tenemos un gran total de 2.350 millones de dólares que, presuntamente, llevarán “tranquilidad” a la agobiante situación fiscal del país y a los grandes ganadores con esto de la deuda: los mercados financieros.

Pero eso es un “alegrón de burro”, visto así desde una perspectiva popular y social puesto que, en pocas semanas, con la llegada del año 2020, así como entró esa plata, así se irá, rapidito. ¿Por qué?

Según esa misma prensa oligárquico-oficialista y en la mismísima información en la cual nos dio la “buena nueva” de la entrada en las cuentas del Ministerio de Hacienda de esos 2.350 millones de dólares; hay que pagar en el 2020, 1.130 millones de dólares debido a “vencimientos de deuda”, más otros 1.100 millones de dólares en pago de intereses de deudas contratadas en dólares. Entonces, vea usted esta conclusión de un cristiano-paga impuestos, ciudadano de a pie que viaja en bus y/o en taxi: Por un lado, entraron 2.350 millones de dólares (eurobonos más créditos BID y CAF); pero por otro, salen 2.230 millones de dólares (1.130 vencimientos y 1.100 intereses). “Quedan”, entonces, 120 millones de dólares pero que se esfumarán porque la suma de intereses mencionada es mayor (la información comentada expresa, textualmente, “…pago de intereses por deudas contraídas en dólares por más de $1.100 millones”).

¡Nos endeudan para pagar deudas! Nos llevan al precipicio. Por otra parte, si nos fijamos con más cuidado qué significa que se deban pagar en el próximo año 2020, más de 1.100 millones de dólares en intereses por deudas contraídas en esa moneda, y digamos que, a un tipo de cambio de 580 colones, nos están diciendo que cada 24 horas, el pueblo costarricense debe pagar casi 1.748 millones de colones, ¡diarios!