Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
“Huelga es Huelga”, decía el expresidente de la República, don José Figueres Ferrer; mandatario de facto una vez y dos por elecciones. La frase de don Pepe nos cae como anillo al dedo ante la “amenaza” neoliberal de castrar de raíz la protesta social y la movilización popular, aprobando en segundo debate, el expediente legislativo número 21.049, eufemísticamente denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”.
¡Ni frío ni calor nos da! Las únicas huelgas legales en Costa Rica, prácticamente fueron las que se presentaron el año pasado 2018, cuando se “estrenó” la Reforma Procesal Laboral en materia de huelga. Antes de ese año 2018, prácticamente todas las huelgas, desde la promulgación de la Segunda República, fueron declaradas ilegales.
Personajes políticos nefastos para la Democracia como Carlos Ricardo Benavides Jiménez, como Pedro Muñoz Fonseca, como Víctor Morales Mora, entre otros ocupantes de curules diputadiles, mal hacen en cantar victoria sobre el movimiento sindical y, especialmente, sobre las legítimas aspiraciones de luchas del pueblo trabajador costarricense por una real justicia social en la Costa Rica desigual de hoy.
Ellos, haciendo gala de sus convicciones neoliberales, totalmente fracasadas, que hasta los principales periódicos estadounidenses lo empiezan a reconocer, creen que la Patria es una finca de la cual ellos son sus capataces. Saben muy bien que están pisando un campo minado al seguir pretendiendo imponer un modelo de democracia autoritaria, cuando analistas políticos serios, de un modo u otro, reconocen que como sociedad estamos sentados sobre un barril de pólvora.
Por otra parte, los más célebres estudiosos de los fenómenos sociales globales y latinoamericanos coinciden en que la única forma de imponer el modelo neoliberal es con autoritarismo, represión policial y militar, revirtiendo derechos democráticos, relativizando y segmentando los Derechos Humanos, en realidades que indican que ya no bastan las dictaduras mediáticas tradicionales, pues el frente abierto por las redes sociales posibilitan la invocación al ejercicio democrático de la calle con consecuencias magistralmente demostradas en diversos pueblos de la Tierra.
En verdad, resulta ridículo e irrisorio que la represión jurídica, ilegalizando la huelga, proscribiendo sindicatos, criminalizando la protesta social y abriendo procesos penales espurios contra los dirigentes, puedan contener el desarrollo de la expresión abierta de la iracundia popular que se está incubando en las mentes, en los corazones, en los estómagos, de 300 mil personas sin empleo; de miles de micro-pequeñas y medianas empresas, personas emprendedoras de negocios en la ruina, de 800 mil personas al margen de la seguridad social, de muchos miles más de compatriotas altamente endeudados por las tasas de usura en créditos de todo tipo; de un cuarto de millón de personas trabajadoras en el sector público, vilmente ofendidas y culpabilizadas por un déficit fiscal de lo cual tienen ni la más mínima responsabilidad; y de varios miles de personas dedicadas a la actividad de la producción agropecuaria nacional al borde de la extinción económica por deudas con los bancos que no pueden pagar. Y ni qué decir de las juventudes, especialmente las que terminan la educación secundaria y universitaria enfrentando el futuro más incierto que generaciones anteriores de personas costarricenses tuvieron a partir de 1949.
Con o sin sindicatos, no pueden negar ni los Carlos Ricardo, ni los Pedro Muñoz, ni los Víctor Morales, ni toda esa clase política acuartelada en los muros agrietados del neoliberalismo, con tanto miedo que decidieron “bunquerizarse”, que la realidad social anteriormente descrita de la Costa Rica del Bicentenario, más temprano que tarde les estallará en la cara.
Esto apenas empieza…
