Disolver a la ANEP: ¿un altar a la ignorancia o un golpe a la democracia?

Por: Benjamín Sevilla García, Secretario de Juvetud ANEP

¡Disolvamos a la ANEP! Con mirada desorientada y rostro desencajado, así golpean la mesa quienes no tienen argumentos para debatir. ¡Cómo les cuesta entender que “hasta los ineptos son contados como inteligentes cuando guardan silencio”!

El odio que algunas cámaras empresariales manifiestan en contra de la Asociación Nacional de Empleados PÚBLICOS y PRIVADOS (ANEP), pone en evidencia la incapacidad que tienen para hacer Patria, para velar por la Democracia y para darle continuidad al Estado Social de Derecho

Los sindicatos constituyen una institución de la Democracia. Su evolución los ha llevado a realizar planteamientos sobre los grandes temas del país, con particular interés en aquellos que guardan relación con derechos económicos, sociales y culturales. Además, son los sindicatos verdaderos defensores de Derechos Humanos. 

En este sentido, la ANEP es una organización reconocida a nivel nacional por sus planteamientos, por sus luchas en favor de las personas trabajadoras del sector público y del privado; y, por denunciar lo que otros no se atreven. ¿A quiénes molestará realmente este sindicato para que grupos poderosos del país estén pidiendo su disolución?

Las personas que leen algo más que los periódicos y que observan más allá de lo que una pantalla de televisión tenga que decirles, podrían estar conscientes que las razones por las que buscan silenciar a la ANEP no se ajustan a las esgrimidas públicamente.

Altar a la ignorancia es afirmar que el motivo radica en los bloqueos, en la solidaridad con las personas que no son atendidas en los centros hospitalarios producto de una huelga; o, en el supuesto delito de instigación de un dirigente sindical.  

El costarricense bien informado se da cuenta de que el morbo y sensacionalismo que gira en torno a casos aislados y lamentables, que ocurren en momentos de huelgas o protestas, no se compara con la reacción mediática ante casos más numerosos que ocurren en otros momentos y que casi pasan desapercibidos.

No se ven entrevistas televisivas de aquellos casos en los que una persona no pudo llegar a tiempo al hospital por las enormes presas que se generan por falta de ampliación de una carretera, por la deficiente inversión del Estado en infraestructura. No se ven denuncias por la programación de citas médicas en plazos exagerados. Tampoco se ven denuncias masivas en contra de empresarios que defraudan al fisco, que roban impuestos y que eluden.

Así las cosas, se podría afirmar que el interés mostrado por quienes piden la disolución de la ANEP claramente está direccionado hacia otros fines, unos muy distintos de los que públicamente manifiestan. Ni siquiera pueden adjudicarle al sindicato una lucha abusiva por privilegios, gollerías o sobresueldos, pues sus agremiados son de los estratos más bajos del empleo público y del privado (policías, municipalistas, trabajadores privados de las plantaciones de piña y banano, etc.), en su mayoría con salarios muy bajos y condiciones de trabajo deplorables.

Los detractores de la ANEP, de manera reiterada, mencionan el tema de los bloqueos, pero nunca se refieren a las condiciones previas de una huelga. Es un error criminalizar la protesta y castigar una reacción ciudadana, si antes no se atienden las causas, los verdaderos motivos que obligan a una parte del pueblo a levantarse y protestar. Las denuncias se deben dirigir en contra de quienes con sus decisiones y conductas obligan a las mayorías a resignarse a una condición de pobreza y desigualdad.

En Costa Rica todavía quedan liderazgos insumisos, personas con criterio propio. Se cuenta aún con profesionales que aprendieron el Derecho y estudiaron leyes para hacer justicia.  Coinciden ellas en que la disolución de sindicatos es una reacción natural de las dictaduras, una afrenta al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero, por otra parte, surgen profesionales, académicos reconocidos que, por un puesto, un nombre y sus propias frustraciones, tuercen los criterios a conveniencia del poder político. Opacan así, lo que un día defendían y enseñaban desde sus libros o estrados universitarios, ¡la historia se los cobrará!

Finalmente, pedir la disolución de un sindicato con base en declaraciones sacadas de contexto, no sólo constituye un altar a la ignorancia, sino que es un golpe a la Democracia. Bien harían las cámaras empresariales si en virtud de estar invadiendo el ámbito de competencia sindical, se limitaran a evitar que sus representadas pudieran evadir sus obligaciones contributivas. Es posible que en algún momento el favor les sea devuelto; que a alguien se le ocurra pedir la disolución de una cámara empresarial, porque su presidente o alguna de sus empresas decidió ocultar sus ganancias o dejar de cumplir sus deberes fiscales.

Lic. Benjamín Sevilla García

Secretario de Juventud ANEP

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