Etiqueta: opinión

Estamos ya a unos diez meses de las próximas elecciones de los denominados gobiernos locales en cada uno de los ahora 82 cantones de la República, así como en los 8 concejos de distrito.

Pese a todas sus dificultades del más diverso orden y a toda la serie de vicios que se han venido desarrollándose en este tipo de instituciones republicanas de la Democracia; siempre hemos pensado que las municipalidades representan el sistema de gobierno más cercano a la gente, más ligado a la ciudadanía, más cociente de las necesidades de sus pobladores.

Es más, siempre hemos admirado el modelo municipal instaurado en los países nórdicos, como en Finlandia, donde el poder de los municipios va ligado a una serie de exitosa prestación de una gran cantidad de servicios públicos, concebidos para la inclusión económica real y para el verdadero desarrollo social de carácter integral.

Pero, ¡bueno! Estamos en Costa Rica, la Patria amada que nos vio nacer y lo que tenemos es lo que tenemos, mediando, eso sí, una riquísima herencia institucional.

El fortalecimiento estratégico de los gobiernos locales, por tanto, debe ser una tarea de primer orden de la actual generación de costarricenses, en el marco de una sociedad que desde distintos ámbitos se nota resquebrajada.

Nosotros pensamos que las próximas elecciones municipales del próximo mes de febrero ocurrirán en un marco de transformación institucional radical del concepto histórico de la autonomía del régimen municipal, si nos atenemos a lo que sobre la misma contempló la actual Constitución Política del país, del 7 de noviembre de 1949; todavía vigente pero bastante devaluada por parte de los detentadores del poder real actual en nuestra sociedad.

Somos de la tesis de que ese concepto constitucional de la autonomía de los gobiernos locales fue violentado, vilmente, por el presente Gobierno de la República mediante la aprobación-imposición de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que el pueblo en lucha bautizó como el combo fiscal.

Prestigiosos ciudadanos estudiosos de la Democracia, de la Constitución, del régimen municipal en lo específico, vienen señalando, con alarma, esta grave circunstancia de una modificación, de facto, de la carta magna del país en materia de la autonomía del régimen municipal.

Destaca el estudio del licenciado don Edward Cortés García, de reciente publicación, titulado, precisamente, “Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas-impacto en el Régimen Municipal”, cuya lectura recomendamos.

Las municipalidades pasaron a depender, políticamente hablando y desde una perspectiva macroeconómico-fiscal de sesgo neoliberal, del Ministerio de Hacienda; dependencia que llega a varios extremos que todavía están por verse, pero que ya mostraron su primera faz con órdenes que ya recibieron de parte de dicha cartera ministerial con relación al crecimiento de sus presupuestos para el 2020.

Esto es de mucha gravedad para las nuevas autoridades municipales que, precisamente, entrarán en funciones en mayo de 2020, las cuales se toparán con un fuerte freno presupuestario para impulsar los principales puntos de sus correspondientes programas de gobierno en los cantones que van a dirigir, con lo cual, la ciudadanía que les votó les confrontará por incumplimiento de promesas, sin reparar que es la intrusión del Ministerio de Hacienda en las finanzas municipales lo que va a entorpecer el desarrollo comunal en los cantones de la República.

Esto, por una parte. Por otra, toda la política de personal y de recursos humanos, también, sufrirá la intervención del Estado central, vía el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

El sistema de empleo público municipal será homogeneizado para ser valorado según parámetros de corte tecnocrático, por una parte; y, por otra, con contenido macroeconómico-fiscal.

Esto puede conducir a dificultades como abaratamiento-precarización de los salarios, por un lado; por otro, a gran inestabilidad laboral producto de la flexibilización de los términos del despido, con base en otra nueva intrusión en perspectiva en la autonomía constitucional del régimen municipal, cual es el proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Creemos que con ocasión de las elecciones municipales 2020, las fuerzas vivas de cada cantón, incluidas las sindicales que representan al sector laboral de los gobiernos locales, deben promover un amplio proceso de incidencia en la conciencia de todas las personas candidatas, tanto a las alcaldías como a las regidurías, acerca de la urgente necesidad política de una recuperación estratégica de la autonomía constitucional del régimen municipal.

Este desafío es fundamental para hacer inviable la entronización en el país de un gobierno altamente centralizado, con propensión autoritaria; y, con la peligrosa circunstancia de que, a final de cuentas, será la figura presidencial la que se meta con la vida interna de los municipios vía esos superministerios, Hacienda y Mideplan, que impuso la ley 9635.

Aunque no somos fieles creyentes en las encuestas, pues la experiencia que vivimos con ocasión del “frauduréndum” sobre el TLC (en el año 2007), nos demostró su naturaleza manipuladora y acomodaticia al interés del pagador; siguen siendo tomadas muy en cuenta en diversos ámbitos de la realidad nacional.

Muy en lo específico, se les valora en esos espacios donde se toman decisiones; o en ese tipo de espacios adonde las decisiones ya tomadas, son llevadas para darles su legitimidad formal.

Igualmente, en encuestas cuyos resultados se dan a conocer y que, de antemano, se sabe que han abordado mediciones polémicas y/o controversiales; quienes son aludidos (directa o indirectamente), personas y/o entidades, ofrecen sus propias interpretaciones y/o conclusiones, según intereses directos y/o indirectos.

Apuntamos lo anterior pues nos ha llamado la atención la situación en las encuestas del señor Carlos Alvarado Quesada quien, sin haber llegado al primer año a la cabeza del Poder Ejecutivo, tiene la evaluación más negativa que una persona en su similar posición tuviera en los primeros doce meses de gestión presidencial, desde que tales mediciones se hacen, empezándose éstas hace ya 40 años.

Según entendidos en la materia, podría considerarse que las encuestas realizadas por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), son las que ofrecen mayor posibilidad de rigor y resultado objetivo; aunque, verdad se ha dicha pese a que incomode: durante la pasada campaña electoral, el CIEP recibió no pocos cuestionamientos en el entendido de que entre los dos Alvarado en la recta final de la competencia presidencial, sus simpatías habrían estado del lado del que ahora se desempeña en Zapote.

Por eso nos llama la atención que sean las cifras del CIEP las que ahora nos estén indicando que las valoraciones positivas acerca de la gestión ejecutiva del señor Carlos Alvarado Quesada no llegan al 25 %.

Es decir, que de cada 4 costarricenses, solamente a 1 le parece bien lo que este señor hace como la principal cabeza ejecutiva de la autoridad formal del actual Gobierno de la República.

Como indicamos al principio de que, en esto de las encuestas, las interpretaciones de sus resultados son subjetivas y que cada quien puede leer los números de las mismas según sus intereses; en nuestro caso, por supuesto, nada objetivo se puede esperar de nuestro análisis de los últimos resultados del CIEP-UCR, en cuanto a la medición de la popularidad del señor Alvarado Quesada.

Y, como nuestro ámbito cotidiano de acción es el mundo de lo laboral-social, la conclusión fundamental a la que llegamos es que, él ha llegado a un peligroso nivel de deslegitimación ante una relevante cantidad de la población trabajadora de este país; mucha de la cual le dio el voto, especialmente en segunda ronda, cuando al electorado se le puso a decidir entre “lo divino” o “lo satánico”.

Es decir, no hay la menor duda de que en los actuales momentos la autoridad presidencial de la actual administración está fuertemente cuestionada, desprestigiada… y deslegitimada, a los ojos de la mayoría ciudadana costarricense.

Nuestro sistema constitucional, nuestro sistema legal, los fundamentos jurídicos que nos integran como república, no consideraron nunca el cómo debe ser el proceder ciudadano ante el tránsito desde la legitimidad real-formal-electoral, a la acera opuesta de la misma; es decir, a la pérdida de aceptación ciudadana de dicha autoridad presidencial, cuando ésta, en el ejercicio de la misma se vuelve contra las aspiraciones de quienes, como mayoría que le votó, le dio esa autoridad.

Pensamos que para quienes están muy documentados y que han estudiado mucho este tema del deterioro de las democracias representativas, cuyos electorados son víctimas de estafas políticas (como la más recientemente acontecida en el país); podría ser muy interesante diseñar los mecanismos constitucionales-institucionales para demandarle cuentas a quien, con embustes, conquistó tan alto sitial como la Presidencia de la República; tanto como pedirle explicaciones a quienes le ayudaron en tan mala empresa defraudadora de la buena fe de conciencias cívicas transparentes y esperanzadas.

Sí nos llama poderosamente la atención que las destituciones de presidentes sin terminar mandato han encontrado “vías jurídicas” en otros países latinoamericanos, pese al contenido profundamente ideológico que desde el lado del capital han tenido esas destituciones (casos de Honduras, de Paraguay, de Brasil, por ejemplo).

Sin embargo, apartando lo ideológico (muy difícil, por cierto), ¿no habrá llegado la ahora para que en Costa Rica se diseñen los mecanismos jurídico-institucionales (y, por supuesto, constitucionales), para que la gente de a pie se deshaga del tipo que la engañó, que la estafó, del que le dio la espalda no más llegando a la silla presidencial? ¿Será posible un “impeachment” a la tica?

No es poca la cantidad de gente trabajadora que por estos días se viene haciendo semejante pregunta, por demás, ¡oportunísima!

El proyecto ideológico-económico que se viene impulsando desde el pasado 8 de mayo de 2018 no debe generarnos duda alguna de su naturaleza excluyente, de su visión sectaria y de su propensión autoritaria.

Luego de muchos años de intentarlo y de abogar por ello de las más diversas formas, muchas de ellas contrarias a la más elemental ética en materia de práctica transparente de la libertad de expresión, reproductoras fieles de la propaganda goebbelsiana; el latifundismo mediático del capital neoliberal con su práctica de periodismo de odio, está gobernando; impulsando las diversas acciones de su proyecto de política pública, tanto ejecutivas como legislativas, para constitucionalizar (de facto, por supuesto), su disciplinamiento-ordenamiento de nuestra sociedad bajo los más fundamentales dictados del neoliberalismo.

Dicho proyecto, de un rabioso antisindicalismo al que percibe como su enemigo natural al punto de merecerle impulsar la desaparición total de las organizaciones obrero-sociales de esta naturaleza (y ya trabaja en ello); también ha venido generando rechazo político-social de diversa naturaleza y amplia base.

Las personas que en los actuales momentos de la vida nacional estamos ocupando posiciones sindicales de dirigencia, sin importar el rango y/o la dimensión de la agrupación obrera en la cual militamos, hemos sido colocados en una de las etapas más cruciales de la institucionalidad republicana; quizás, la más determinante luego de los acontecimientos de los años 40 del siglo XX.

La otra acera tiene total convicción de que este gobierno es la viabilización política, por excelencia, de la materialización ideológico-hegemónica que estaban, ansiosamente, esperando durante los últimos 30 años: su egoísta y codicioso sueño de extermino de lo público como preponderante en el orden social, para dar paso a la entronización del mercado, de la “libre” competencia y de la total provisión privada de los más rentables servicios públicos todavía con carácter de propiedad pública.

Los esfuerzos máximos de toda la dirigencia sindical nacional de la actualidad, en sus diversas expresiones organizativo-políticas, legales o coyunturales, pueden mostrar el potencial de ese poder social latente en la sociedad y que tiene en la figura sindical, un fuerte vehículo de expresión cívico-patriótica; para conjuntarse con los otros sectores y fuerzas que, desde otros ángulos, están con enorme preocupación por la ofensiva neoliberal que sale desde la Casa Presidencial y desde la Asamblea legislativa.

Le parece a uno que, en términos generales, las dirigencias sindicales están coincidiendo en una lectura compartida de la actual coyuntura político-histórica del país, así como la naturaleza del desafío gremial-corporativo que tal escenario representa.

Creemos que anida en la dirigencia sindical nacional actual una inteligencia colectiva con fuerte perspectiva obrero de carácter integral; que existe una convicción amplia en cuanto a que la gente de la otra acera no tendrá conmiseración alguna; y que, en ofensiva abierta, como ya lo están desde el Poder, la timidez, la ingenuidad y/o una apuesta “gremial-salvacionista”, terminará siendo consumida más temprano que tarde.

Es de esperar que otros sectores no sindicales y cívico-patrióticos también habrán de manifestarse este primero de mayo.

No importa si convocan en un lugar A, o en un lugar B, o en un lugar C; lo importante es la salida a La Calle (pongámoslo en mayúscula), pues es La Calle el terreno más que legítimo para que “los y las de abajo” (de lo cual, los sindicatos apenas somos una parte), muestren el potencial de una articulación de nuevo tipo, a partir de una agenda que integre, que sume, que convoque.

Algunos pensamos que la celebración histórica del primero de mayo, en el caso costarricense, debe obligarnos a honrar la conmemoración patria (junto a la obrero-mundial); cual es esa del triunfo del pueblo costarricense en favor de su soberanía, con ocasión de la derrota definitiva, el primero de mayo de 1857, de la primera incursión seria por estas tierras latinoamericanas del naciente expansionismo estadounidense.

Por eso nos congregaremos al pie de la estatua del Héroe Nacional y Libertador de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora.

Otras corrientes sindicales están destacando que este año 2019, se celebran los primeros 100 años de existencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Válida motivación que también nosotros avalamos.

Al salir éstos del Parque La Merced y los otros del Correo Central, esta manifestación obrero-patriótica se juntará en el Parque Central; muestra más que simbólica de que partiendo desde distintos puntos es posible el caminar juntos.

Algunos grupos patrióticos han decido congregarse al pie del Monumento Nacional. Su enojo cívico, compartido plenamente desde la perspectiva sindical, también está destinado a confluir en esta hora crucial en que la Patria está llamando a la preservación del mejor legado acumulado, hoy puesto al servicio del mejor postor.

– La fuerza política dominante en estos momentos, misma que básicamente responde a los intereses ideológicos, hegemónicos, políticos y económicos de “los y las de arriba”, basa mucho de su fuerte incidencia en el devenir de la actual cosa pública del país, precisamente a partir de la desarticulación de “los y las de abajo”.

Al llegar el primer año de la presente gestión gubernativa, la conclusión más contundente es ésta: la coalición político-ideológica que se formó a partir de los resultados de las elecciones presidenciales y diputadiles del año pasado, abrazó el “ideario” neoliberal y la ejecución de la retardada implantación (o lo que todavía falta) en el país, de los postulados fundamentales del Consenso de Washington.

Esa alianza neoliberal, en esencia, tiene tres componentes fundamentales: el principal es el surgimiento como actores políticos de primera línea, en los últimos años, de lo que nosotros denominamos como latifundios mediáticos del capital (expresados, básicamente, cierta prensa escrita y televisiva), afines a la reducción al mínimo del papel del Estado en la sociedad.

Su idolatría fundamental es la del mercado y sus dos consecuencias negativas más destacadas: la concentración de la riqueza-acumulación desmedida de capital, por una parte. Por la otra, la entronización de la desigualdad y la apropiación de los servicios públicos que fueran establecidos para, precisamente, propiciar la integración y la equidad sociales, en función de no permitir la entronización de esa desigualdad.

Estos latifundios mediáticos diseñaron como estrategia fundamental de su nuevo rol político-estratégico en la conducción hegemónica-ideológica de la política pública de los últimos tiempos, el desarrollo de la más grande ofensiva contra el Estado social, contra el empleo público y contra las personas trabajadoras asalariadas que laboran en él; apelando a los más perversos elementos de la propaganda goebbelsiana. Desplegaron, tácticamente, una campaña de odio, infamia, injuria, desinformación; típica de cuando un país se encuentra en confrontación abierta, político-bélica, con otro.

El segundo componente que posibilita la concreción material de dicha alianza neoliberal, como para tenerle en ofensiva, es la degeneración política del bipartidismo tradicional, primero; y, luego del Partido Acción Ciudadana (PAC), después. La Socialdemocracia está huérfana, dispersa y golpeada pues creyó que este partido sería su nuevo albergue luego de que el PLN la echó de El Balcón Verde. El Humanismo Cristiano solamente resultó para el PUSC, un eslogan de corte publicitario-electoral pues una de sus esencias, como lo es la justicia tributaria real, jamás representó una prioridad política.

El deterioro moral, ético y político-ideológico que llevó al vaciamiento de contenido a dichos partidos, halló “refugio” en los nuevos partidos electorales, especialmente los de la derecha religiosa, muy proclive ésta al ideal neoliberal desde el punto de vista que éste encontró en el desaliento y en la desesperanza de la gente excluida, un terreno fértil de acomodamiento ante el degenere de sus “casas político-partidarias originales”, cuando éstas abandonaron esos pensamientos de orden filosófico social que construyeron la Costa Rica de la inclusión social.

El tercer elemento que hace posible la actual ofensiva en desarrollo por parte de la hegemonía neoliberal, de manera concreta y materializada en varios y nefastos proyectos de ley como el denominado “Ley Marco del Empleo Público”, o como su inmediato antecesor combo fiscal-ley 9635; tiene que ver con la disgregación de los distintas fuerzas de variada naturaleza que representan un Poder Social latente pero que no encuentra el camino de una articulación estratégica como para desafiar a la hegemonía neoliberal que tiene el control de la práctica totalidad del aparato estatal tomador de decisiones, como la propia Asamblea Legislativa.

La fuerza política dominante en estos momentos, misma que básicamente responde a los intereses ideológicos, hegemónicos, políticos y económicos de “los y las de arriba”, basa mucho de su fuerte incidencia en el devenir de la actual cosa pública del país, precisamente a partir de la desarticulación de “los y las de abajo”.

Impresiona constatar que, al interior de lo que se mueve en las redes sociales podría ser leído por un extraño a nuestra realidad política, como una sociedad en ebullición a punto de un estallido conmovedor de un orden que está imponiéndose en contra de las mayorías; sin embargo, no hay un aliciente unificador materialmente fijado, al menos por ahora que fructifique desde lo social para la disputa por el control hegemónico en la sociedad. O, al menos, para salvar lo poco que queda de un Estado Social acorralado y que, paradójicamente, se hace más necesario ante el indetenible y deshumanizante proceso de crecimiento de la desigualdad. Una tarea que, las afortunadamente todavía existentes terquedades patrióticas, siguen dispuestas a asumirla.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nunca como en los tiempos actuales, apelar a la Legitimidad Democrática de La Calle (así, en mayúsculas), se vuelve una necesidad estratégica para la sobrevivencia misma de la convivencia social.

El próximo PRIMERO DE MAYO, que cae miércoles, es una oportunidad de enorme relevancia con tal propósito, dado el mal estado de las cosas en este país que, sin duda alguna, está afectando a la mayor parte de la población.

La democracia representativa ya hace aguas y se queda corta para satisfacer la necesidad de que en esta sociedad impere, de nuevo, la promoción del bien común, la inclusión y la integración sociales; la ética y la decencia plena en el ejercicio de la política. Por ejemplo, esto no es lo que está percibiendo la joven generación actual, gran parte de la cual está desempleada.

El sistema de partidos políticos es mera formalidad de tramitología electoral. Se han reducido a escaleras agarra-puestos. En la actualidad, la gente es llevada a la urna electoral a votar, no a elegir.

Eso fue lo que pasó hace un año cuando fuimos testigos, y luego víctimas (como sucede en estos momentos), de la más grande estafa electoral de los últimos tiempos.

Nos toca, en consecuencia, de ahora en adelante, apelar a la Legitimidad Democrática de La Calle, para que tome vida real en la institucionalidad republicana cotidiana, el precepto constitucional del artículo 9 de nuestra Carta Magna, mismo que nos indica lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable” (según la reforma constitucional-Ley de la República No. 8364, de 2003).

Considerando que en estos momentos el poder real de nuestra sociedad no es el de la institucionalidad formal, sino que sufrimos una especie de autoritarismo ideológico impuesto por fuerzas económicas de muchísimo capital; esos dos conceptos claves que debe tener un gobierno de la República, POPULAR y PARTICIPATIVO, no funcionan sino se reclaman mediando la Legitimidad Democrática de La Calle.

El año pasado, con ocasión de la Huelga Patriótica Contra el Combo Fiscal (hoy la funesta ley de la República No. 9635), fue de tal calibre la apelación a la Legitimidad Democrática de La Calle que la institucionalidad formal tuvo que hacerle trampa al pueblo para imponer tan detestada legislación; trampa que consistió en torcer el reglamento legislativo, en la negativa diputadil para efectuar la consulta legislativa por el fondo de la constitucionalidad de tal proyecto; y, luego, con la emisión del fallo constitucional de compadre hablado.

Es por tal razón que, con ocasión de la fiesta obrera mundial de la clase trabajadora del planeta, este Primero de Mayo de 2019, debemos realizar un nuevo y renovado esfuerzo para impulsar, en el actual escenario sociopolítico y económico post-combo fiscal, el extraordinario papel de la Legitimidad Democrática de La Calle, como el instrumento cívico idóneo para concretar en la vida de la gente los conceptos de que el gobierno de la República debe ser POPULAR y PARTICIPATIVO, según ese artículo 9 constitucional.

La Legitimidad Democrática de La Calle se está practicando, en la actualidad, en muchos países cuyos pueblos reclaman a sus gobernantes el darles la espalda con sus políticas de exclusión social y económica.

Es más, es tan estratégica que, por ejemplo, en Venezuela, las fuerzas en pugna acuden a la Legitimidad Democrática de La Calle como el escenario fundamental que estaría determinando el posicionamiento final de una determinada hegemonía política.

Es real que, por una parte, en la actualidad política costarricense, la hegemonía económico-ideológica dominante, afín al todo mercado-nada Estado, tiene el control de la institucionalidad republicana formal, como el parlamento (cuya mayoría cuantitativa responde a los intereses de esa hegemonía, tanto como lo hacen entes como la Procuraduría y la Contraloría, sin hablar del gobierno neoliberal).

Por otro lado, la amplia gama de sectores sociales de toda variedad, los cívico-patrióticos, los nacionalistas-soberanistas, los político-electorales decentes, constituyen una fuerza en latencia que, aunque hoy en día disgregada, muestra un potencial amenazante para los pocos sectores político-económicos que sí la están pasando bien.

Precisamente, es esa disgregación lo que facilita el control social de la actual hegemonía ideológico-económica dominante; misma que, por cierto, tiene tanto miedo de que la Legitimidad Democrática de La Calle le desplace de ese control (o, al menos, se lo atenúe),por lo que está impulsando peligrosa legislación antidemocrática, antisindical, castradora del derecho constitucional de huelga; y, lo que hasta hace era inimaginable, ilegalizar la presencia juvenil en las manifestaciones cívicas.

Realmente, solamente apelando a la Legitimidad Democrática de La Calle, con sentido estratégico y congregante de la civilidad en resistencia y en exclusión, la Costa Rica que nos fue heredada podrá retener sus mejores valores de bien común y de inclusión social, completamente devaluados por las matrices hegemónicas del poder económico-mediático promotor del odio en la sociedad. Este PRIMERO DE MAYO resultará clave en tal sentido.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“¡Es la economía, estúpido!” La célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, en la exitosa campaña que en 1992, le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico; olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más perentorias de los ciudadanos, vuelve a estar de plena actualidad cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones (http://www.gaindegia.eus/es/es-la-economia-estupido)

Releamos esta parte: “cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones”. Entonces decimos, de manera fuerte y crítica: “¡Es la economía, estúpido!”

Don Carlos Alvarado Quesada: guardando las distancias de espacio y de tiempo y apelando a las normas por todos aceptadas del debido respeto, adaptamos la famosa frase del señor James Carville:

“¡Es la economía, estúpido!; para señalar, con toda vehemencia que, en cuanto al desempleo ¡es el modelo, no la huelga!… Ni tampoco el cambio climático.

¿El modelo?, ¡Sí! El modelo neoliberal que se basa en la promoción a ultranza del mercado como regulador de las relaciones sociales; reniega del papel del Estado como interventor para la equidad y la inclusión social, aunque el sector privado lo invoca cuando lo ocupa; que promueve la concentración de la riqueza; que desdeña la producción agropecuaria para el mercado interno; que abandona la micro-pequeña y mediana empresa; que fomenta la acumulación abusiva de capital con los altísimos intereses financiero-bancarios; que es incapaz de controlar los déficit fiscal pero sí habilidoso en generación de deuda pública pero apropiación privada de sus beneficios; etc., etc.

En la presente gestión gubernativa (continuación del PAC, pero ahora PLUSC-PAC), el desempleo está superando la dramática cifra del porcentaje del 12%; es más, los datos que da al respecto la Universidad Nacional (UNA), podría estarse superando el 20% si todas las personas sin empleo, a la misma vez, aparecen en la calle o gestionando un puesto de trabajo.

En el desempleo tenemos una de las constataciones fundamentales del fracaso de las políticas neoliberales basadas en el Consenso de Washington, aplicadas en nuestro país (aunque a medias, gracias a la resistencia popular de tantos años), a partir del primer programa de Ajuste Estructural, en 1984.

Todavía tenemos muy fresco lo que al respecto decían quienes ansiaban la suscripción de un TLC con Estados Unidos, hablando que con este tipo de tratado se generarían hasta ¡500 mil empleos! La soberana mentira está estallándoles en su cara en estos mismos momentos.

La cantidad oficial de personas sin trabajo nos habla de 294 mil personas, más de la mitad de los empleos “prometidos” con ese TLC.

El desempleo, una de las más crueles estafas políticas de las últimas administraciones gubernativas, todas con una misma orientación ideológico-económica, está mostrando la imperiosa necesidad de una reformulación estratégica del rumbo de la economía que hasta la fecha se le ha impuesto al país y a la sociedad.

Si la sana aspiración por un desarrollo con inclusión social y productiva, teniendo como pensamiento central la promoción del bien común, y buscando al máximo la reducción de las desigualdades y un más justo esquema de distribución de los beneficios del crecimiento económico; las crueles cifras de desempleo que han salido a la luz recientemente, señalan fuertemente que el rumbo está equivocado.

De verdad que da pena ajena escuchar al señor Alvarado Quesada, considerando la posición política que ostenta, afirmando él que las dramáticas cifras del desempleo se deban a la circunstancia de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal la cual, durante tres meses del pasado año 2018, conmocionó al país.

La indicada lucha social duró tantos días como el gobierno que encabeza, ejecutivamente, el señor Alvarado Quesada, quiso que durara.

Por la responsabilidad que nos compete asumir con relación al indicado movimiento, por la convicción que siempre nos animó de que fue completa y totalmente justo; además, por la profunda indignidad que nos invade (como a la mayoría de la población del país), acerca del carácter de la gestión del gobierno neoliberal actual; con toda contundencia debemos rechazar el falaz y turbio argumento de Alvarado Quesada de culpar a la huelga del año pasado por el altísimo desempleo que azota a miles y miles de familias de la clase trabajadora.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“¡Es la economía, estúpido!» La célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, en la exitosa campaña que en 1992, le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico; olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más perentorias de los ciudadanos, vuelve a estar de plena actualidad cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones (http://www.gaindegia.eus/es/es-la-economia-estupido)

Releamos esta parte: “cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones”. Entonces decimos, de manera fuerte y crítica: “¡Es la economía, estúpido!”

Don Carlos Alvarado Quesada: guardando las distancias de espacio y de tiempo y apelando a las normas por todos aceptadas del debido respeto, adaptamos la famosa frase del señor James Carville:

“¡Es la economía, estúpido!; para señalar, con toda vehemencia que, en cuanto al desempleo ¡es el modelo, no la huelga!… Ni tampoco el cambio climático.

¿El modelo?, ¡Sí! El modelo neoliberal que se basa en la promoción a ultranza del mercado como regulador de las relaciones sociales; reniega del papel del Estado como interventor para la equidad y la inclusión social, aunque el sector privado lo invoca cuando lo ocupa; que promueve la concentración de la riqueza; que desdeña la producción agropecuaria para el mercado interno; que abandona la micro-pequeña y mediana empresa; que fomenta la acumulación abusiva de capital con los altísimos intereses financiero-bancarios; que es incapaz de controlar los déficit fiscal pero sí habilidoso en generación de deuda pública pero apropiación privada de sus beneficios; etc., etc.

En la presente gestión gubernativa (continuación del PAC, pero ahora PLUSC-PAC), el desempleo está superando la dramática cifra del porcentaje del 12%; es más, los datos que da al respecto la Universidad Nacional (UNA), podría estarse superando el 20% si todas las personas sin empleo, a la misma vez, aparecen en la calle o gestionando un puesto de trabajo.

En el desempleo tenemos una de las constataciones fundamentales del fracaso de las políticas neoliberales basadas en el Consenso de Washington, aplicadas en nuestro país (aunque a medias, gracias a la resistencia popular de tantos años), a partir del primer programa de Ajuste Estructural, en 1984.

Todavía tenemos muy fresco lo que al respecto decían quienes ansiaban la suscripción de un TLC con Estados Unidos, hablando que con este tipo de tratado se generarían hasta ¡500 mil empleos! La soberana mentira está estallándoles en su cara en estos mismos momentos.

La cantidad oficial de personas sin trabajo nos habla de 294 mil personas, más de la mitad de los empleos “prometidos” con ese TLC.

El desempleo, una de las más crueles estafas políticas de las últimas administraciones gubernativas, todas con una misma orientación ideológico-económica, está mostrando la imperiosa necesidad de una reformulación estratégica del rumbo de la economía que hasta la fecha se le ha impuesto al país y a la sociedad.

Si la sana aspiración por un desarrollo con inclusión social y productiva, teniendo como pensamiento central la promoción del bien común, y buscando al máximo la reducción de las desigualdades y un más justo esquema de distribución de los beneficios del crecimiento económico; las crueles cifras de desempleo que han salido a la luz recientemente, señalan fuertemente que el rumbo está equivocado.

De verdad que da pena ajena escuchar al señor Alvarado Quesada, considerando la posición política que ostenta, afirmando él que las dramáticas cifras del desempleo se deban a la circunstancia de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal la cual, durante tres meses del pasado año 2018, conmocionó al país.

La indicada lucha social duró tantos días como el gobierno que encabeza, ejecutivamente, el señor Alvarado Quesada, quiso que durara.

Por la responsabilidad que nos compete asumir con relación al indicado movimiento, por la convicción que siempre nos animó de que fue completa y totalmente justo; además, por la profunda indignidad que nos invade (como a la mayoría de la población del país), acerca del carácter de la gestión del gobierno neoliberal actual; con toda contundencia debemos rechazar el falaz y turbio argumento de Alvarado Quesada de culpar a la huelga del año pasado por el altísimo desempleo que azota a miles y miles de familias de la clase trabajadora.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El día de hoy cedemos el espacio de opinión que nos brinda Diario Extra, desde el año 2002, a la Mesa Sindical de Mujeres, misma que está convocando a la Manifestación “Ollas Vacías”, para mañana jueves 4 de abril de 2019, a partir de las 2:00 p.m., en el Ministerio de Hacienda.

Reconocemos la importancia de esta convocatoria contra la canasta básica tributaria que impone el neoliberal gobierno Alvarado-Piza. Igualmente, reconocemos el trabajo que desde este espacio de articulación de lucha social de las secretarías de Género realizan, desde hace más de cuatro años, las centrales-confederaciones sindicales; representadas por las compañeras María Laura Sánchez Rojas, de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP-ANEP); Rose Mary Rodríguez Bustos, de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN); Olga Serrano Serrano, de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC); y,  Tatiana Otto Golovina, de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).

A continuación, el Manifiesto “Ollas Vacías” de la Mesa Sindical de Mujeres.

La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) manifiesta su disconformidad con la manera en que el Ministerio de Hacienda ha conformado la canasta básica tributaria, ya que a los productos excluidos se les aplicarán impuestos del 13%, convirtiéndolos en artículos incomprables para algunos sectores. 

En el mes de octubre del año 2018 la Mesa Sindical de Mujeres participó, en la Huelga General que se desarrolló en este país contra el Proyecto de Ley número 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, conocido popularmente como “Combo Fiscal” que favorecía a los ricos y cargaba de impuestos al pueblo trabajador. Con gran indignación fuimos testigos de que, a pesar del gran clamor ciudadano en contra del Combo Fiscal, el gobierno no se dignó a atender a las personas huelguistas, a pesar de que proponían importantes puntos para que se realizara un Plan Fiscal menos agresivo contra el pueblo como el que se aprobó. 

Los resultados están hoy a la vista, una serie de medidas impositivas que ya empiezan a agobiar a los costarricenses. 

A partir del mes de junio del 2019, empezara a regir una serie de impuestos a todos los servicios públicos, a los ahorros y a los productos alimenticios, y es que este gobierno, por medio de su Ministerio de Hacienda, en una forma perversa han excluido de la canasta básica, alimentos nutritivos que han sido tradicionales en la mesa de nuestras familias.

Esta maniobra del gobierno de sacar productos de la canasta básica tributaria ocasionará que en las familias más pobres no puedan adquirir los alimentos necesarios para una alimentación nutritiva, sana y adecuada en cantidad y calidad, golpeando aún más a las familias compuestas por mujeres jefas de hogar que históricamente han hecho milagros con el presupuesto familiar para alimentar a sus hijos, hijas, nietos y nietas.  

Para nosotras como Mesa Sindical de Mujeres (MSM) es inaceptable que se excluyan de la canasta básica frutas, verduras y legumbres, necesarias para una alimentación y nutrición sana; ya que al estar fuera de la canasta básica su precio se incrementará porque serán castigados con el 13% de impuestos, además porque esa acción golpea a nuestra agricultura, ya que, al encarecerse las frutas, verduras y legumbres, no se podrán consumir, debido a que nuestros bolsillos ya están bastante castigados y esto aumentará con este tipo de medidas y por supuesto al bolsillo de los y las agricultoras. 

Circula en la prensa  escrita  una denuncia del diputado José María Villalta Flórez-Estrada, de que el gobierno ha omitido para la conformación de la canasta básica los estudios proporcionados por los especialistas de la Unidad de Análisis Permanente de Salud (UAPSS) del Ministerio de Salud que fue emitido desde febrero, y en el que recomendaban de manera clara la presencia de productos saludables en la canasta básica tributaria, para salvaguardar el acceso de las personas de los estratos económicos de menor ingresos a alimentos con características nutricionales superiores. Esta recomendación incluía panes integrales y productos libre de gluten, cereales integrales y pastas integrales (para personas celiacas y diabéticas) así como queso fresco, yogurt y productos deslactosados, embutidos de pavo, el atún en agua y lo aceites de oliva y canola. 

Sobre este mismo tema se ha pronunciado la CCSS, la Universidad de Costa Rica, varios diputados y diputadas, el Colegio de Nutricionistas, el Ministro de Agricultura, entre otros grupos, alertando a la ciudadanía de que los productos de la canasta básica impuesta no son nutritivos. 

Carlos Alvarado Quesada y María del Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda en lugar de atender la recomendación de las personas expertas, promueven la desigualdad creciente de nuestro país, por medio de una de las peores formas de ella, con la alimentación, incumpliendo con el Derecho Humano a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional.

La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) exige al presidente Carlos Alvarado Quesada que escuche al pueblo y legisle para las personas más desposeídas que también son ciudadanos y ciudadanas de este país.

¡No más ollas vacías en nuestros hogares! Esta es la motivación central que nos anima para hacerle partícipe de esta importante jornada de lucha promovida por compañeras trabajadoras-mujeres y madres sindicalistas, con el apoyo total de sus organizaciones matrices; y con la solvencia moral y ética que les da saberse depositarias de una gran molestia ciudadana, principalmente del sentir de mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres jefas de hogar, las cuales viven, día a día y hora tras hora, las angustiosas circunstancias de una sociedad de exclusión social y económica; exclusión que, dramáticamente, tiene en las mujeres sus principales víctimas. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A poco más de un mes, el señor Carlos Alvarado Quesada cumplirá un año de estadía en Zapote, circunstancia que nos permite compartir con usted, estimada y respetada persona lectora de esta columna, algunas consideraciones que surgen de la práctica cotidiana de la concepción de Sindicalismo Sociopolítico en la cual creemos.

En tal sentido, lo primero que nos viene a la mente es que el actual gobierno que encabeza Alvarado Quesada, como su rostro formal, expresa un evidente contenido de clase, excluyente y sectario; dándole prioridad a la tutela y defensa de los intereses mega-corporativos del gran empresariado del país, gran parte del cual enfrenta cuestionamientos éticos-morales y legales en lo que respecta al cumplimiento real de sus responsabilidades tributarias para con la sociedad.

En tal sentido, el gobierno encabezado formalmente por Alvarado Quesada, muestra una congruencia ideológica clara con la ya, en muchas partes cuestionada, globalización neoliberal, la del imperio inmisericorde de las empresas transnacionales (ETN), uno de cuyos críticos más reconocidos es el propio papa Francisco.

El segundo elemento esencial, es que este gobierno muestra su proclividad para un ejercicio autoritario de su acción gubernativa, de fuerte prepotencia y arrogancia, con una subjetividad soberbia para la exclusión de la diferencia.

Ello le lleva a considerar la naturaleza del diálogo social como una mera formalidad y no como algo consustancial a una democracia que se definió como participativa, según la reforma introducida en la Constitución Política, en su artículo 9. ´

Esto quedó en absoluta evidencia con ocasión de la ahora histórica Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal, cuando la intolerancia gubernamental llegó a increíbles niveles de perfidia, como para dejar que el conflicto se prolongase por el mayor número de días y semanas posibles; al punto de que la ciudadanía mayoritaria que le dio su apoyo al inicio, se lo quitara en gran medida; para darle tiempo a la acción no menos pérfida del periodismo de odio contra los y las huelguistas, sus organizaciones y el movimiento en sí.

El tercer elemento que denota el carácter de clase del gobierno de Alvarado Quesada es que en torno a él, como vehiculizador político, se juntaron personajes políticos de otros partidos neoliberales, como Unidad y Liberación; de forma tal que el gran capital (especialmente el financiero-bancario), consolida el «asalto» ansiado de la conducción estratégica de la cosa pública, para la apropiación privada de aquellos activos y servicios públicos que, todavía y gracias a la férrea resistencia popular, siguen siendo patrimonio estatal.

El carácter de clase viene potenciado, además, con la gran carga subjetiva de odio de clase; muy bien expresado a través del periodismo de odio afín a Alvarado Quesada (como lo mencionamos arriba), en contra de las personas trabajadoras asalariadas del empleo público.

Éstas han sido criminalizadas, estigmatizadas, vilipendiadas, injuriadas, calumniadas en el marco de este gobierno de falsa «unidad nacional», que no es más que el gobierno de la unidad del capital neoliberal y su parte hegemónica, la financiero- bancaria.

Un cuarto elemento es que el gobierno de Alvarado Quesada es antisindical ya no solamente por su esencia de clase, sino por su comportamiento práctico. Algunos elementos sanos en su interior, no hacen más que resaltar tal carácter de clase, tal y como lo acabamos de señalar.

La ofensiva antisindical que se desarrolla en estos momentos en el parlamento, con dócil mayoría pro-capital-neoliberal, es indicador contundente de un rabioso antisindicalismo visceral, expresado «magistralmente» por el legislador Carlos Ricardo Benavides Jiménez, del neoliberal PLN; reforzado por su compañera de bancada, Yorleny León Marchena (antes ella era del PAC); por el diputado de la Unidad, Pedro Miguel Muñoz Fonseca; por la diputada del PAC, Paola Viviana Vega Rodríguez, entre otros.

¿Un año de qué? Un año de autoritarismo, de falso diálogo, de prepotencia, de soberbia; un año de fomento de la exclusión social y económica; un año de mayor fraude fiscal en todas sus manifestaciones; un año de reversión de derechos salariales y sociolaborales; un año de más desempleo y precarización salarial; un año de más impuestos para quienes menos tienen; un año de más fracaso macroeconómico, de más endeudamiento público y de mayor pago de intereses obscenos de una deuda impagable; un año de ausencia de decoro y de hidalguía en el concierto de las naciones; un año de desprecio del Derecho Internacional; un año de feroz antisindicalismo… y un año de lucha… ¡La lucha continúa!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El problema del déficit fiscal tiene otras razones de fondo y muy superiores a la cuestión salarial del empleo público. Su manejo tiene otra forma de ser abordado, radicalmente distinta a la que le están imponiendo a la sociedad.

Resulta repugnante constatar que las necesidades más inmediatas del país en materia fiscal, según la ideología dominante de corte neoliberal de la tríada gobiernista PLUSC-PAC, se mezclen en una negociación política mediando derechos laborales como los que competen al empleo público, en cuanto fuerza de trabajo del futuro inmediato y mediato de los servicios estatales.

Tanto Alvarado como su réplica política en el parlamento, el diputado Benavides (quien, por ahora, ostenta el control político total de lo que se gestiona en la Asamblea Legislativa), reconocen, sin pudor alguno, que se desarrollan negociaciones entre ambos en lo que para nosotros representa un trueque turbio entre el Ejecutivo y el Legislativo: yo te entrego un empleo público de “nuevo tipo” (léase precarizado, altamente vulnerable al despido, incluyendo al actual y todavía vigente); y tú me das los 6 mil millones de dólares que ocupo para administrar el gobierno por los 3 años que quedan de aquí al 2022.

La monumental irresponsabilidad de gestión macroeconómico-fiscalista que está mostrando el sectario grupo gobiernista actual, no se había observado en administraciones anteriores.

Dejar al país con un nivel de endeudamiento que superaría los 40 mil millones de dólares, revela la perversa y maquiavélica estrategia de que quedemos, en el corto plazo, en bandeja para entregar al país en las garras del Fondo Monetario Internacional (FMI); pues no lleva ninguna sana intención ese malévolo trueque de empleo público por eurobonos.

En realidad, eso fue lo que pasó con ocasión de la imposición de la ley del combo fiscal-9635, oficialmente bautizada con el pomposo nombre de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

Nosotros preferimos entrecomillar tal denominación oficial de esa detestada ley 9635, porque no es cierto que con la misma haya ocurrido un “fortalecimiento” de las finanzas públicas, habida cuenta de que las mismas están con espantosos niveles de endeudamiento y con una carga de pago de intereses sumamente perversa y criminalmente obscena: ¡oígase y escúchese bien, de casi 4 mil millones de colones por cada 24 horas!

Tal legislación para lo único que ha servido es para hacer daño a quienes menos tienen responsabilidad en esto del déficit y de la deuda pública. Es el   mismísimo FMI, así como las agencias calificadoras de riesgo (“la policía financiera del planeta”), los que indicaron que, prácticamente, esa ley no sirvió de nada y que en el corto plazo el pueblo deberá ser sometido a más presión tributaria; y, por ende, a que pague más impuestos; dentro de lo cual el ahora Impuesto al Valor Agregado (IVA), debe subirse del 13 al 15 %, sino más.

Ninguno de los políticos fanáticos del enfoque fiscal y macroeconómico de corte neoliberal, ni tampoco sus cuadros dizque técnicos en entidades como la Contraloría y/o la Procuraduría, pudieron sostener la pérfida especie de que el déficit fiscal se debía a los salarios devengados en el sector Público, independientemente de las correcciones y excesos que nunca fueron regla sino más bien excepción.

El problema del déficit fiscal tiene otras razones de fondo y muy superiores a la cuestión salarial del empleo público. Su manejo tiene otra forma de ser abordado, radicalmente distinta a la que le están imponiendo a la sociedad.

Las alternativas existen; pero, verdad sea dicha, no está la hegemonía política necesaria que abra paso a esa vía alternativa, pues es la desarticulación de los sectores cívico-patrióticos, sociales, sindicales y populares, la base del actual y real poder que ejerce la tríada gobiernista PLUSC-PAC con el binomio político Alvarado-Piza como su gerencia fundamental.

En tal sentido y considerando que el trueque político de entrega de derechos del empleo público a cambio de los eurobonos, se está resolviendo en el más alto nivel de la indicada hegemonía macroeconómico-fiscal de corte neoliberal; mal haríamos como organización sindical prestarnos a un juego de negociación del “nuevo” empleo público, dándole a este gobierno legitimidad de gratis cuando ha quedado harto demostrado que esta gente no cree en procesos de diálogo social realmente transparentes y con negociación efectiva. Los neoliberales no negocian… imponen.