Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La aprobación-imposición de ley del combo fiscal-No. 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), hace ya poco más de un año, puede considerarse como el quiebre de la institucionalidad republicana establecida desde que entró en vigencia la Constitución Política actual, el 7 de noviembre de 1949. Un “parteaguas” desde la fundación de la Segunda República y la apertura hacia el establecimiento del Estado neoliberal total. Eso está generando diversos tipos de rebeldías que, para los ampliamente sectores del cívico-patriotismo nacional, debemos celebrar y conjuntar.
La decisión de Corte Plena de rebelarse contra el dictado imperial de la Contraloría General de la República, pretendiendo esta pisotear la soberanía constitucional de aquel y obligándole a aplicar una reconfiguración estructural de su modelo salarial, en contravención al principio de irretroactividad de la ley, expresa una consecuencia directa de ese quiebre de la institucionalidad republicana que la ley 9635 generó.
El punto correcto del problema es este, no el de si hay un plus salarial que debe ser transformado. ¡Es el imperio de la Constitución lo que está en juego! La Contraloría juega con fuego. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
Por otra parte, la derogatoria de facto que hizo esa ley 9635 de la histórica autonomía constitucional del régimen municipal representó otro quebranto de la institucionalidad republicana heredada de la Segunda República. Ya hay otra manifestación de rebeldía expresada, en este caso, en sede constitucional por parte de una gran cantidad de las actuales alcaldías y concejos. Próximamente, esa rebeldía municipal, en perspectiva obrero-laboral, deberá expresarse en las calles y en ello ya estamos trabajando. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
Con todas las discrepancias que podamos tener acerca de la cuestión salarial de la alta academia universitaria pública del país, la academia de lujo; e, incluso, discrepancias sobre el comportamiento de su actual cúpula dirigente por darle la espalda a la gente en los momentos críticos de la aprobación-imposición de esa detestada legislación, al hacer prevalecer un cálculo partidista-corporativo; lo real es que hoy las universidades estatales están rebeladas contra la grave lesión que a su autonomía constitucional representó esa ley 9635, otro quiebre a la institucionalidad heredada de 1949. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
El 22 de marzo de 2019, presentamos (ejecutando nuestro acto de rebeldía obrera) ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una acción de inconstitucionalidad en defensa de los derechos adquiridos de buena fe y de las situaciones jurídicas consolidadas, para proteger la estabilidad socioeconómica y financiera de las miles de familias trabajadoras asalariadas del sector Público, violentadas en tal sentido por la indicada ley que, en nuestro criterio, quebrantó ese principio constitucional de irretroactividad de las leyes (entre otras violaciones al ordenamiento constitucional establecido del 7 de noviembre de 1949). Esperamos que el tribunal constitucional de la República no se haga un “harakiri”.
Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
Varios miles de compatriotas dedicados a la producción agropecuaria nacional, agricultores y agricultoras, por ejemplo, sufren hoy las duras consecuencias de un sistema económico que los viene atropellando, de manera sistemática, a lo largo de los últimos gobiernos del hoy tripartidismo gobernante. Están al borde de la ruina económica, pero siguen hoy más burlados que antes en búsqueda de una fuerte política pública que les atienda su crítica situación de endeudamiento; y, aunque reciben ofrecimientos gubernamentales al respecto, son tan burlescos que no les queda más que ejercer una rebeldía activa. De hecho, acaban de lanzar un ultimátum. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
¡Son tiempos de rebeldía! En este 2020 y dada la agenda ideológico-política del gobiernismo tripartidista (PLN-PUSC-PAC), cargada de iniciativas contrarias al bien común y en contra de la reducción de la desigualdad, la apelación a la rebeldía cívica en la lucha social está más que legitimada.
La mayoría parlamentaria actual, misma que está funcionado mecánicamente, está impulsando decisiones y tomando iniciativas ordenadas por las grandes cámaras empresariales, básicamente por el alto corporativismo del “empresauriado” evasor de impuestos, acumulador desenfrenado de riqueza. Esto lo admitió, de manera pública, la señora Paola Vega Rodríguez, actual legisladora de la República e integrante de la fracción parlamentaria del oficialismo gobiernista.
El tal sentido y para “compensar”, el rol de la lucha social bajo criterios de rebeldía cívica es el gran reto que tenemos los sectores populares, sociales, cívicos y sindicales (en este caso, los no afines al gobiernismo oficialista), en este año 2020; de manera tal que, en el marco de la lucha frontal contra la desigualdad creciente, construyamos un polo de poder patriótico que impulse la restauración de, al menos, un sano equilibrio para una convivencia sanamente compartida antes de que lleguemos a un punto de no retorno de consecuencias indescriptibles.
