Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Estamos en una de las fases más crudas de una persistente lucha en los más diversos planos, lucha que podríamos decir tiene ya casi cuatro décadas, acerca de cómo los y las costarricenses organizamos nuestra convivencia civilizada como nación, como Estado, como República, como país.
Uno que ha tenido la oportunidad histórica de tener parte activa en uno de los dos bandos en pugna constante, en una buena parte de ese período confrontativo; para efectos de mayor comprensión con relación a qué es lo que deseo comunicar, me permito hacer una simplificación conceptual (solicitando disculpas anticipadas por cualquier imprecisión científico-metodológica), a todo este planteamiento, con la siguiente expresión dicotómica: todo mercado – nada Estado.
Con el todo mercado hago alusión a las personas, grupos y sectores costarricenses seguidores de los principales planteamientos de lo que conocimos como el Consenso de Washington, entendido éste como el “… conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos”.
(https://omal.info/spip.php?article4820).
Con base en la misma cita indicada en el párrafo anterior (extraída del Diccionario crítico de empresas transnacionales, del Observatorio de Multinacionales en América Latina -OMAL-), agregamos, complementariamente ésta: “El concepto como tal fue acuñado por el economista británico John Williamson en un artículo publicado en 1989, donde enunciaba una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales determinadas instituciones con sede en Washington —mayormente el FMI y el BM, así como el gobierno y la Reserva Federal de EE.UU.— parecían tener un consenso sobre su necesidad. En términos generales, el entonces nuevo ideario apostaba por un paquete conjunto de políticas económicas como: la lucha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, la PRIVATIZACIÓN de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los MERCADOS de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la entrada de INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA y la desregulación de los mercados laborales internos, entre otras”.
Noten ustedes, estimadas y respetadas personas lectoras, cómo la hegemonía ideológico-política, económico-social y cultural imperante en el país (a pesar de los diferentes gobiernos del tripartidismo PLUSC-PAC de los últimos tiempos), a través de sus matrices mediáticas dominantes, de los latifundios del negocio de las noticias con su práctica incesante del periodismo de odio, difunden de mil maneras, a diario, los postulados fundamentales del Consenso de Washington. En síntesis, es el fomento constante, durante ya bastante tiempo, de la consigna, profundamente ideológica que da título a este comentario.
Con el nada Estado, hago alusión a los postulados fundamentales de nuestra carta magna, la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, surgida en el marco sociohistórico y económico de los acontecimientos de la década de los años 40 del pasado siglo XX; los cuales terminaron con el conflicto bélico-Guerra Civil entre costarricenses (marzo-abril de 1948), y, precisamente, con el establecimiento de esa constitución. Desde el surgimiento del Consenso de Washington, nuestro modelo de organización social, establecido en esa constitución, ha estado bajo ataque, ideológico-político.
Ya antes de la Constitución de 1949, la preocupación por el bien común y por la inclusión social anidada en grandes patriotas costarricenses, hombres y mujeres; de la política, de la economía, del campo judicial, de la educación, de la cultura. Aunque tuvieran distintas fuentes filosófico-políticas, lograron dejarnos en el ADN del ser costarricense, tales preocupaciones. Estas preocupaciones ya no lo son de la gente partidaria del todo mercado.
La corrupción generada por la colusión de lo público con lo privado de los últimos tiempos; la degeneración de los valores inherentes a la búsqueda y a la promoción del bien, sustituidos por el afán de lucro desmedido y rápido; un sistema tributario perversamente injusto y corrupto; un endeudamiento público gigante para “reponer” lo que la corrupción fiscal se ha robado durante tanto tiempo; entre otros factores, le han dado “alimento político” a los adoradores del becerro de oro, la gente que nos quiere imponer, mediando la dictadura en Democracia (ya en desarrollo); o la aplicación draconiana de las garantías económicas, conocida como regla fiscal en la ley del combo fiscal, el totalitarismo dogmático del Consenso de Washington.
Luchas sociales de los últimos tiempos como el combo ICE, contra la revisión técnica vehicular monopólica, el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el NO al TLC con Estados Unidos, la lucha patriótica contra el combo Fiscal, las manifestaciones fuertes en carreteras del año 2019; así como el surgimiento del Movimiento Rescate Nacional, así como la batalla del empleo público, debemos verlas con el prisma confrontacional todo mercado – nada Estado. Hay muchos más episodios de lucha social que se pueden analizar bajo tal prisma.
Por supuesto, usted comprenderá que he realizado una, si me lo permiten, abusiva simplificación histórica que, podría ser, a ojos y mentes rigurosas de las ciencias sociales, una herejía. Pido disculpas por ello. Solamente quise ejemplificar la actual naturaleza del conflicto social que, en vísperas de la conmemoración del Bicentenario de la independencia de Costa Rica con respecto a España, está teniendo lugar en el escenario de lo político que también, incluye el de la calle.
