Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

En varios lugares, espacios y momentos, hemos planteado nuestro resentimiento-reclamo a las universidades públicas, especialmente a la Universidad de Costa Rica (UCR), la más emblemática del país sin que ello implique desconocer la relevancia para la Patria de las otras cuatro casas de enseñanza superior universitaria pública, motivado por lo siguiente.

Específicamente, la notoria ausencia política de la UCR (y de las otras también), en el marco de la tormentosa situación social y política del tema fiscal; y, más en detalle, de la popularmente conocida como lucha patriótica contra el combo fiscal, fue más que evidente.

A lo mejor, somos unos perfectos ignorantes-desconocedores pero nunca supimos de una propuesta fiscal integral, justa, equitativa, progresiva, salida de las universidades públicas (especialmente de la UCR), que pudiera contraponerse a la que finalmente se le impuso al pueblo trabajador mediando toda clase de irregularidades, entre éstas (la más notoria), la del fallo constitucional del compadre hablado. Hablamos del detestado combo fiscal, hoy ley de la República No. 9635, con el pomposo nombre de Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

Este reclamo-resentimiento no es el objetivo de este comentario, por supuesto. Sin duda alguna, la lista de aportes positivos de las universidades públicas al desarrollo del país, es interminable. Sería tremendamente injusto descalificarles por este asunto del combo fiscal, por demás, una apreciación muy subjetiva. En todo caso, es la opinión personal de quien esto escribe.

Interesa, ahora sí, centrarnos en el objetivo del presente comentario: “Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”, concepto éste emitido por alguien con propiedad y con conocimiento enorme para hablar del asunto.

Se trata de don José Manuel Arroyo Gutiérrez, exmagistrado y figura cercana al Partido Acción Ciudadana (PAC), del cual es uno de sus garantes éticos (nos parece el único que les queda en cuanto tal).

Don José Manuel fue comentarista en la presentación del extraordinario trabajo-estudio denominado Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos); libro presentado el pasado 8 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR); elaborado y escrito por el académico don Manuel Antonio Solís Avendaño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR.

Por supuesto que, en lo personal, no hemos leído el libro. Deberemos comprarlo no más entrado el año pues nos acabamos de enterarnos de su publicación, leyendo el sitio oficial de la UCR (https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/08/09/costa-rica-es-una-democracia-disfrazada-de-legalidad.html).

Pese a ello debemos destacar el oportunísimo momento histórico de la publicación de este libro, destacándose como un notable aporte de la UCR a la sociedad, al punto de que (como indicamos líneas arriba), el exmagistrado Arroyo Gutiérrez se dejó decir, a modo de resumen de la lectura que él hizo del libro, el concepto éste de que: “Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”.

Según la crónica noticiosa UCR, el libro de don Manuel, de 500 páginas de extensión, “…evidencia un sistema por el cual, desde hace décadas en Costa Rica, se logran ‘concertar’ voluntades, a favor de partidos políticos específicos o de intereses personales concretos, entre los distintos poderes de la República”.

Nada nuevo bajo el sol”, dirán muchosSin embargo, por primera vez en la historia republicana reciente del país, el estudio describe el mecanismo por el cual se logra esa ‘‘concertación’’ de voluntades entre los tres poderes de la República.

Por otra parte, de impacto es la afirmación que sirve de título a la publicación de la UCR: Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad.

Con base en la crónica noticiosa de la UCR que venimos citando, se expresa que tal mecanismo de “concertación” entre poderes, “…es hijo de la apertura económica y de la Reforma del Estado que se promovió en los 90, en la cual hubo acuerdos entre las fuerzas del bipartidismo. Al respecto, en la presentación del libro se comentó que los nombramientos realizados en ese momento por la Asamblea Legislativa fueron casi de ‘uno para ti y otro para mí’ ”.

Por otra parte, la cuestión es ideológica según la hegemonía política dominante de los últimos tiempos, apuntamos nosotros. ¿Por qué? El estudio de don Manuel Solís Avendaño no solamente indica que ese mecanismo de “concertación” de poder entre los poderes del Estado, fue impuesto por la apertura económica exigida por el proceso de globalización neoliberal; sino que, además, fueron los organismos financieros internacionales los que obligaron al sistema a diseñarla e imponérnosla.

Finalmente, siempre citando nosotros la información digital de la UCR elaborada a propósito de la presentación de este libro-estudio Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos), se nos llama la atención en lo siguiente:

“Además, el investigador advierte que de esa misma manera se eligen en Costa Rica al defensor o defensora de los habitantes y al contralor o contralora general de la República. Estos casos también quedaron documentados en la publicación”.

Efectivamente, “nada nuevo bajo el sol”. ¡Ya lo sabíamos! Dos designaciones recientes nos lo confirman: el magistrado nombrado para la Sala Constitucional en vísperas políticas de la imposición-aprobación legislativa del combo fiscal; y, la reciente designación en la Defensoría de los Habitantes de la República, que habría sido una concesión político-sistémica al evangelismo partidario con asiento parlamentario. El extraordinario mérito de esta publicación es mostrárnoslo con la rigurosidad científica de la investigación académica.

Sinceras felicitaciones a don Manuel Solís Avendaño, al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR y a la misma Universidad de Costa Rica. Debemos leer este estudio. Es más que obligado porque “Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad”.

La legalidad de la democracia costarricense es una fachada pues esconde la realidad del verdadero poder que toma las decisiones. Nada más contundente en tal sentido que los momentos sociopolíticos que estamos viviendo.

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