Albino Vargas Barrantes, Secretario General, ANEP
Las verdaderas causas del problema fiscal del país están, ahora, adquiriendo su real dimensión y, hay que admitirlo abiertamente, producto de la nueva gestión política en el Ministerio de Hacienda a cargo del señor Rodrigo Chaves Robles.
Él ha puesto énfasis en varios aspectos con relación al grave problema fiscal nacional, algunos de los cuales, por supuesto, no compartimos. Ahora bien, dos de ellos resaltamos nosotros que han sido de reiterada preocupación en la causa que defendemos, a partir de haberse dado en el país la más grande ofensiva político-mediática de agresión ideológica y de terrorismo ideológico en contra de un segmento de la población costarricense del país: las personas trabajadoras asalariadas del sector público, a la cuales se les venía responsabilizando del problema del déficit fiscal.
Ahora, tal y como lo veníamos sosteniendo, no podrá el país superar tal problema si no se “agarra el toro por los cuernos” en lo siguiente. Por un lado, atender el desafío que representan los 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), reconocidos por el indicado jerarca como la cifra de evasión fiscal y de fraude tributario anuales. A ellos debemos sumarle la cifra de exenciones-exoneraciones, también oficial, de 6 puntos PIB.
Por otra parte, y la más grave, está representada por el elevadísimo monto de la deuda pública y su exorbitante cifra diaria de pago de intereses, calificado como “obsceno” por la persona en el cargo de Ministro de Hacienda que le antecedió al Sr. Chaves Robles.
Se estima que la deuda pública del país está ya, en unos 37 mil millones de dólares y al terminar la presente gestión gubernativa, en el 2002, ya habría pasado los 40 mil millones de dólares si el indicado jerarca logra que la actual Asamblea Legislativa le autorice un nuevo endeudamiento, eurobonos, por un monto de 4.500 millones de dólares.
Tal cifra de deuda está implicando, en estos momentos y sin ese monto adicional en perspectiva, una cantidad de casi 5 mil millones de colones por día, ¡cada 24 horas!, en pago de intereses, según datos del Ministro Chaves en cuanto a que para este año 2020, poco más de 5 puntos PIB deben destinarse para tal fin.
Es en este punto en el cual queremos llamar su atención en lo siguiente: si la deuda pública es de semejante magnitud y el pago diario de los intereses obscenos que demanda, ¿no cree usted que debería auditarse? ¡Así es! Hace un tiempo un distinguido grupo de costarricenses planteó la idea que nosotros, de manera entusiasta, apoyamos. Le urge a Costa Rica tener claridad de qué entidades, qué personas, cuáles son nacionales y cuáles extranjeras, son las acreedoras del país.
Se necesita saber cuál es la cuantía de deuda pública que se le debe a acreedores internos y cuál es la cuantía a acreedores externos. Se ocupa saber los términos de ese endeudamiento en cada caso, tasas de interés, plazos, vencimientos, casas jurídicas representantes, entes financiero-bolsistas intervinientes y similares. Cuánta de esa deuda podría reestructurarse, redefinirse en plazos, fundirse, canjearse, etc., etc. Y, no menos importante, cuánto de esa deuda pudiera ya haberse pagado de sobra por la carga abusiva de intereses, tal y como sucede con las deudas de los mortales altamente endeudados con tarjetas de crédito, con créditos de electrodomésticos, por ejemplo. Es decir, cuánto de esa deuda debe ya considerarse amortizada.
Uno piensa que hay dos formas de ejercer tal auditoría de la deuda. Una sería mediando la emisión de una ley dictada por la Asamblea Legislativa en cuya elaboración tomen parte especialistas de reconocida independencia y solvencia moral y profesional, como los de las universidades estatales y algunas privadas ya reconocidas como prestigiosas y de altísima calidad académica. Por supuesto, las personas especialistas de la autoridad hacendario-financiera del país en sus diversas manifestaciones institucionales. Esta vía podría ser sumamente difícil pues la actual composición parlamentaria no parece ser proclive al interés del bien común dado que se ha venido denunciando el excesivo peso político de los banqueros en la política nacional; banqueros con un interés directo en que el estado actual de las cosas en materia de deuda pública siga como está.
La otra podría ser la conformación de una organización cívica de diferentes procedencias sectoriales que, autónomamente, con base en experiencias internacionales exitosas en estas cuestiones, pudiera generar un esfuerzo libre de toda intromisión partidaria y acometer semejante tarea histórica, para lo cual, seguros estamos, sobran voluntades y mentes de altos quilates dispuestas a aportar en tal sentido.
Lo que sí es contundentemente conclusivo es que esta cuestión del endeudamiento y de los altos intereses que conlleva está provocando que el país esté ya pisando arenas movedizas de consecuencias gravísimas ya no solamente para la generación presente sino para la de los y de las costarricenses que todavía no nacen. La auditoría, ciudadana o no, de la deuda es un imperativo patriótico ineludible.
