Este martes 15 de setiembre de 2015, da cuenta el Diario Extra, en nota firmada por la periodista María Siu Lanzas (página 8), de que el nuevo gerente del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Juan Carlos Corrales Salas, asumió tan alto cargo público con una “rebaja” de 10 millones de colones de salario mensual, quedándole en tan solo ¡13 millones 500 mil colones!
Según explicó el nuevo jerarca que si hubiese sido necesario “conservar” el salario calculado para tal puesto antes de que él lo asumiera, la suma original a recibir sería de ¡23 millones de colones mensuales!
Como se recordará, hace unos meses hubo gran polémica pública pues Fernando Naranjo Villalobos, el anterior jerarca en este puesto del BNCR, devengaba un salario mensual cercano a los 20 millones de colones; situación ésta que no solamente escandalizó a la ciudadanía sino que generó gran indignación.
En ANEP no compartimos el significado del “desprendimiento” que hace el nuevo jerarca gerencial de renunciar a ese salario de 23 millones de colones, para solamente seguir percibiendo 13 y medio millones.
Un salario de 13 y medio millones de colones no tiene la menor comparación con la mayoría abrumadora de los niveles salariales de la Administración Pública, bajo ninguna circunstancia; ni siquiera en los casos recientemente expuestos a la opinión pública nacional, bajo un gran escarnio mediático.
Estos “salariazos” que se están devengando en los máximos puestos de la alta jerarquía política y la no menos alta gerencia tecnocrática del Estado, debería indicar que el camino correcto, en la supuesta línea de ordenar todo el desorden salarial en la administración pública costarricense; es, precisamente, empezar a regularlos.
Si de lo que se trata es de lograr credibilidad en la sociedad de que en la generalidad del empleo público hay“excesos”, “prebendas”, “gollerías” y “beneficios”; nos preguntamos: ¿por qué es que los abanderados de la cruzada satanizadora contra el Empleo Público, no han propuesto, por ejemplo, una ley general de regulación salarial para los puestos más altos de la estructura político-gerencial del Estado?
Tal legislación debería cubrir cargos presidenciales, ministeriales y viceministeriales; presidencias ejecutivas, gerencias y subgerencias; diputaciones, alcaldías, magistraturas, entidades reguladoras y otros de similar naturaleza.
Este es un reto que en el orden del empleo público, los detractores del mismo no lo quieren asumir. ¿Por qué? He aquí tremenda interrogante…
