Nos ha asombrado (y asustado) muchísimo la pretensión de que se autorice por ley de la República que las cooperativas vendan agua potable.
Hay que decirlo con claridad: es una forma de privatización de los servicios de provisión de agua potable y de alcantarillado sanitario, lo que se busca con esta imprudente, inoportuna e innecesaria iniciativa.
Es más, sin profundizar en el tema del agua y del recurso hídrico (pues esperamos el criterio de la asesoría especializada en el tema que siempre nos ha ayudado al respecto), tenemos que decir que nos oponemos, desde ya, a esta “loca” iniciativa.
No puede interpretarse este criterio como una valoración negativa del sistema cooperativo de parte nuestra.
Pero de entrada, planteamos cuatro consideraciones iniciales que nos llevan a formular un no rotundo a la eventual aprobación del proyecto de ley No. 19441, con ese tipo de nombres “a lo neoliberal”, que se usan para confundir a la opinión pública: “Ley de autorización a las cooperativas para administrar sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios”.
PRIMERA: Considerando que en un futuro cercano la principal causa de las guerras ya no será el petróleo (como sucede en estos momentos), sino por el control de las fuentes acuíferas y los manantiales, toda la política pública de un país como el nuestro debe ir dirigida a controlar la provisión de servicios de agua, de acueductos y de alcantarillado sanitario, por parte del Estado. ¡Sí!, en manos del Estado. Tanto los ricos como los pobres, “los de arriba y los de abajo”, tenemos derecho a la vida y el agua que es esencial para ella, nos debe ser garantizada a todos por igual.
SEGUNDA: La provisión de los servicios de agua, como bien público, de carácter demanial y bajo la concepción de Derecho Humano Fundamental, no debe tener inspiración en el lucro mercantil, en la generación de ganancias, por más manto cooperativo que se le quiera dar. Dada la gravedad que en un futuro cercano tendrá la lucha por el agua, no sería descabellado pensar que bajo la figura cooperativa se generen verdaderos consorcios corporativos empresariales privados que atenten contra su carácter demanial y de Derecho Humano Fundamental.
TERCERA: Por otra parte, se tendría una duplicidad en cuanto a entes rectores en la provisión de un mismo servicio público, pues está claro cuál es el que rige el sistema cooperativo: Infocoop. Y lo más absurdo es que podríamos llegar a tener usuarios de dos tipos de servicios de agua: el que paga una tarifa que no está inspirada en la generación de lucro (AyA y Asadas); y otro, al que le cobrarán otra tarifa que dé ganancias para repartir dividendos entre los socios de la “cooperativa del agua” local.
CUARTA: Por el contrario, hace tiempo se debió legislar para que los proveedores privados de botellitas de agua paguen lo que deben por usar las fuentes públicas en su negocio; y, o, para que se les saque de ese mercado y sean, tanto el propio AyA como las Asadas, quienes vendan agua en tal forma sin lucro privado de por medio y para reinvertir en el propio sistema presente y futuro.
Nos podemos a las órdenes de las entidades sociocívicas y ecológico-ambientales que decidan conjuntar esfuerzos en contra de esta forma de privatización del servicio de agua potable y de alcantarillado sanitario vía sistema cooperativo.
