Desde una perspectiva laboral un anuncio de tal calibre ha impactado sensiblemente, considerando la estrechez salarial de ingreso, tanto para la clase trabajadora con empleo formal, como aquella parte de la misma que se desenvuelve en el mercado informal, en el cuentapropismo.
No es poco ya el tiempo en que venimos insistiendo en que nuestro país sigue transitando por la senda peligrosa de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad; y como la política salarial de los últimos gobiernos sigue siendo, en esencia, de carácter restrictivo, un 13% de aumento en la tarifa de autobús tiene un efecto perturbador para las finanzas familiares de las amplias mayorías.
Decimos que los aumentos salariales semestrales tienen un carácter restrictivo, porque se dan apenas para compensar el aumento en la inflación, es decir, son un ajuste; no son aumentos que incrementan el poder de compra del salario, que expanden el mismo, que le dan más poder de compra.
En esto del negocio con el transporte público modalidad autobús, es bueno distinguir dos campos que tiene su actividad empresarial. Por un lado, queda todavía un grupo empresarial que podríamos denominar como “_criollo_”, que tienen un pequeño grupo de unidades automotoras y que, en no pocos casos, son formas de negocio familiar; y, por otro, se vienen perfilando grandes conglomerados autobuseros, con fuertes tendencias monopólicas u oligopólicas con influencia extranjera y que tienden hacia una acaparamiento total del mercado del transporte por autobús, dejando por fuera del mismo a aquellas empresas del primer grupo que hemos mencionado.
Este segundo grupo, el de los “_grandotes_”, ha logrado acumular un fuerte poderío que ha llegado ya a la esfera de la política electoral, brindando enormes aportes financieros a los diferentes partidos buscando garantizarse la salvaguarda de su negocio autobusero en las mejores condiciones.
Con alguna información en nuestro poder, el anuncio de que Aresep ha de autorizar ese fuerte incremento de la tarifa de autobús en un 13%, por la modalidad en que se impondrá, expresa el desarrollo de una poderosa influencia empresarial autobusera que es imposible pensar que no provenga desde los grandes grupos corporativos que vienen avanzando en el control total del transporte público modalidad autobús.
Cuando se indica que uno de los parámetros, sino el principal, para el incremento de 13% en la tarifa de autobús, resulta de una comparación de precios de varios insumos que ocupa la actividad, entre lo que costaban en el año 2009 y lo que valían en el año 2011, notamos una desproporción abusiva en la cuantificación de lo que debería ser la nueva tarifa en este año 2012; dejándose en total estado de indefensión a los miles y miles de personas trabajadoras usuarias de los servicios de autobús.
Es más, solamente por esta circunstancia, la sospecha de un “_compadre hablado_” en esta situación, surge con fuerza ante un escenario de creciente desconfianza ciudadana en la institucionalidad que le gobierna.
Muchas cosas deberían considerarse a la hora de que se autorizara un incremento en la tarifa de los buses, en cualquier circunstancia que fuera, tanto ordinaria como “_extraordinaria_”. Por ejemplo, se debería divulgar si tal empresa ha pagado, puntualmente, su impuesto sobre la renta, por un lado; y, por otro, si está al día en sus obligaciones patronales para con la Seguridad Social (CCSS). Además, la constatación de que los choferes de los buses y otros trabajadores de estas empresas, tienen garantizado el pleno respeto a sus derechos laborales, debería ser elemento esencial a la hora de pedir un incremento en la tarifa, haciendo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), emitiera una certificación al respecto.
En este sentido, somos testigos directos de la represión y la persecución que en muchas empresas sufren los choferes de autobús cuando se afilian a un sindicato, promueven uno ó se vuelven dirigentes sindicales. Tenemos casos directos en nuestras manos por razones de nuestro trabajo cotidiano, no solamente de este tipo de despido antisindical, sino de que el chofer “_sindicalista_” queda condenado a una especie de muerte civil, pues su nombre es pasado a otras empresas y cuando se presenta en éstas buscando un nuevo empleo en la misma actividad, le dicen que no le contratan.
No es posible que en la democrática Costa Rica estas situaciones se den. Como no es posible aceptar que la población usuaria de los servicios de transporte público modalidad autobús quede, prácticamente, en total estado de indefensión ante este fuerte incremento tarifario; y que, más grave todavía, haya líneas de autobús que con este ajuste podrían incrementar sus ingresos mensuales entre 20 y 40 millones de colones, con este “_compadre hablado_” que pareciera existir para que tengan ese aumento del 13% en el pasaje de autobús.
En una perspectiva de promoción del bien común, de la integración y de la movilidad sociales, los empresarios autobuseros con seria responsabilidad social corporativa deberían buscar acuerdos con las organizaciones sindicales de sus trabajadores choferes (si en verdad quisieran que éstas tuvieran existencia plena a la luz del Estado de Derecho que todavía sigue vigente en el país); acuerdos que compartidos con la población usuaria respectiva, podría hacer que emergieran escenarios de un “_ganar-ganar_” en beneficio de una justicia social de enorme urgencia en este país. Con esta aspiración seguramente nos ganaremos la “_cajita blanca_” del mes. Por el contrario, una actitud abusiva y poco transparente, contraria al sentir de la gente pareciera imponerse con este aumento del 13% en los pasajes de autobús. Intentaremos volver sobre el tema la semana próxima.
