Autor:

*Adolfo Pérez Esquivel **, presidente honorario de SERPAJ AL capítulo Argentina.

Foto: Leonel Ibarra
Texto : Gloria Silvia Orellana

En tono muy serio, afirmó que el tema del agua, la seguridad alimentaria, y la privatización de ejércitos, para exportar la guerra en el mundo, son los males a los que deberán enfrentarse los movimientos sociales, que buscan una sociedad más justa.
Reitera que con la vigencia de los TLC´s , la soberanía de los pueblos va a estar en manos de las transnacionales, que manejan todo el comercio mundial, y que al desplazar a los gobiernos de América Latina, dejarán en clara indefensión a millones de ciudadanos, donde los abusos será la cotidianidad de los pueblos.

Co Latino – Señor Pérez Esquivel, quizá si nos explica el trabajo del Servicio para la Paz y la Justicia , en América Latina.
Pérez Esquivel (PE) – El Servicio Paz y Justicia comienza en el año sesenta; desde México viajan dos grandes amigos, la doctora en filosofía Hildegard Goss-May (Viena, Austria), y su esposa Jean Goss, un obrero ferroviario (Francia), líder de la Segunda Guerra Mundial, que cuando ve la política de Francia en Argelia, devuelve todas sus condecoraciones y tiene un cambio profundo, hacia la no-violencia.
Ellos comienzan entonces un trabajo desde México, visitando a Obispos , Iglesias Evangélicas, tratando de motivarlos en la no-violencia, y el compromiso social, que va más allá de los enunciados o las oraciones personales .

¿Qué lo llevó, a un compromiso de esa magnitud, recordemos que en esa época, los movimientos populares eran reprimidos por los gobiernos en turno?
PE – Yo siempre estuve ligado por mi origen, que era muy humilde, segundo, me crié con los franciscanos, tenía conocimiento de los grupos de base y las organizaciones sociales, esto era en lo ecuménico, había un compromiso social.
Y también, mi conocimiento de los movimientos en América Latina, tomar contacto con los campesinos en Paraguay, de los indígenas en Brasil, Argentina, Chile. Para mí, mis grandes maestros fueron los pueblos.
Y aprendí de mi abuela india, que era una guaraní, que nunca llegó a aprender muy bien el español, Mi abuela era iletrada pero, era muy sabia. Comprendía el sentido profundo de la vida, tenía tres años, cuando murió mi madre y ella me crió.

¿Con su experiencia, qué lectura hace sobre las democracias actuales y los gobiernos militares de los sesenta a los ochenta?
PE – Nosotros pasamos en América Latina por dictaduras militares, desde el período sesenta al setenta , esto responde a políticas impuestas a través de la doctrina de seguridad nacional. Más de 80 mil militares latinoamericanos pasaron por las escuelas de las Américas, en Panamá, y de los Estados Unidos, hubo un proyecto de dominación del continente que dura hasta el día de hoy.
Terminaron las dictaduras y comienza la primavera de las democracias, que son formales, no reales, donde muchos gobiernos terminan siendo cómplices del sistema, se hacen acuerdos a espaldas del pueblo. Cuidado esa no es democracia, es dictadura.

¿Por qué ?
PE – Cuando votamos, al día siguiente te botan. Hay algunos gobiernos que son rescatables pero, tienen ataduras tremendas, porque una cosa es el gobierno y otra es el poder.
La responsabilidad del Estado, sus acuerdos y Fray Beto lo dijo, con el gobierno de Lula (presidente de Brasil), cuidado ha llegado al gobierno, pero, no al poder.
La democracia debe estar ligada a la vigencia de los derechos humanos, que son valores indivisibles, en su integridad, o sea, sociales, culturales y económicos, educación , libertad de prensa y el derecho de participación.

¿Dónde está el poder?
PE- Está en las grandes corporaciones, en tanto mecanismo de dominación, en las privatizaciones, en la deuda externa, que es eterna, que ahoga y asfixia a los pueblos. Que es amoral e injusta, pero, los gobierno siguen pagando a costa del pueblo.
Eduardo Galeano dice: que más que democracia son “democradura”, es un juego de palabras, sobre el tipo de democracia que tenemos, ahora, pienso que la democracia es algo que debemos de construir, no es algo que se regala, sino que, se conquista.

¿ Cuál es entonces, su opinión en la negociación del tratado de libre comercio de los Estados Unidos con la región?
PE – De libre comercio no tiene nada. Son imposiciones de control de las economías y lleva la destrucción del pequeño y mediano empresario rural e industrial. Basta ver los subsidios agrícolas y tecnológica de los Estados Unidos, y lo mismo hace la Unión Europea.
Los tratados de libre comercio son para el ingreso de las transnacionales que controlan todo, y hay un problema muy preocupante, el problema del agua, que es un bien cada vez más escaso.
El otro, la soberanía alimentaria, que cada día esta más controlado por las transnacionales y que están llevando a nuestros pueblos al monocultivo, destrucción del medio ambiente y al condicionamiento a través de los transgénicos.

¿Resultará un nuevo conflicto entre las naciones que han negociado el TLC?
PE – La instalación de bases militares norteamericanas en todo el continente y el entrenamiento de los ejércitos (nacionales), como hicieron con la doctrina de seguridad nacional (60´s a 80´s), donde la hipótesis del conflicto, el enemigo es el pueblo, según la dictadura, Vemos que cambió una forma del ejercicio en el sistema del poder de dominación.
Si un informe de la FAO que es organización de la ONU, afirma que hay más de 35 mil niños que mueren de hambre. Yo a eso le llamó terrorismo económico.
Con el TLC será una zona maquilera. En Haití la gente se encuentra en semi-esclavitud, descansan medio día a la semana, en jornadas de 16 horas, y para ir al baño y comer sólo tienen 20 minutos.

¿Y que pasó con la responsabilidad de los partidos políticos (de izquierda), que no logran representar los intereses de los ciudadanos?
PE – Yo escribí, hace tiempo, un artículo que se llamaba “Las izquierdas en su laberinto”, donde se reúnen dos, forman tres partidos políticos. Ellos dividen lo dividido, y no tratan de acercar posiciones para construir proyectos alternativos o nacionales o continentales.
Hay una mala visión, es como que cada uno cuida su territorio, y esa es la verdad absoluta. No comparten y esto los está llevando al fracaso y al cansancio de la población.

¿Cuál es la alternativa para la gente?
PE – Los movimientos sociales que están creciendo, que van generando otros espacios, porque los partidos políticos no están dando las respuestas. Tenemos el Foro Social Mundial, el Foro de las Américas, que nosotros estamos trabajando fuertemente para el mes de noviembre, y se realizará en Mar del Plata.
Paralelo al Encuentro de las Américas de los presidentes del continente. Incluso, va a ir (George) Bush, donde ya hay un gran cordón preventivo de seguridad, habrá cientos de guardias y todo el personal del hotel entero, será sustituido por el personal que él trae, por sólo tres días. Ese es un hombre esclavo de sus propias atrocidades.

¿Qué pueden hacer entonces los pueblos?
PE – Hay emergentes muy importantes, que puede unir a los pueblos en el continente, están los sectores indígenas, el movimiento de mujeres, que hay que estar muy atentos, porque tienen una intervención cada vez, más grandes, los organismos de los derechos humanos, al margen de los partidos políticos.
A los partidos hay que revitalizarlos, hay gente honesta, lo que tenemos que hacer es la construcción de la democracia y utilizar herramientas como el plebiscito, donde la población pida rendición de cuentas o derogue mandatos

¿Por el momento, la población se encuentra frente a la impunidad de los políticos?
PE – Llevamos muchos años de lucha en esto, y es contra la impunidad. Y esto tiene que ver con el poder judicial, que generalmente está aliado o sometido al poder político, cuando debería ser independiente.
Y sino, qué ha ocurrido que no se ha investigado los asesinos de Monseñor Romero (Óscar Arnulfo), el asesinato de los Jesuitas y de tanta gente, en las masacres, sobre la impunidad es muy difícil construir un proceso democrático.

¿Entonces qué debe buscar la gente?
PE- Que las instituciones del Estado funcionen correctamente, al hacerlo sería la gran revolución, que exista un control que evite la corrupción, consejos populares para fiscalizarlos, esto significa democracia.

¿Definitivamente, el TLC con los Estados Unidos ya se ratificó, qué puede hacer la población?
PE – Los pueblos no se rinden, tienen la resistencia cultural, social y espiritual. Creo en los imprevistos históricos, en los cambios y en la capacidad de respuesta de los pueblos.
El mundo está en crisis, esto va generando otras perspectivas con los países del Norte, hay una fuerza en los pueblos y hay que darle la dimensión política, haciéndola participativa y respetando los derechos humanos, como divisas indivisibles.

¿Está en crisis el neoliberalismo?
PE – Estados Unidos está en crisis profunda, necesitaron de la guerra, de invadir países, y hay un terrorismo de Estado y ese lo están ejerciendo, fundamentalmente los Estados Unidos.

Nos preocupa más la privatización de las guerras, están creando empresas multinacionales de ejércitos privados que llevan a otros países. Y los dos grandes centros de entrenamiento y reclutamiento son los Estados Unidos y Gran Bretaña.

Estos ejércitos se alquilan y los Estados Unidos y gobiernos africanos lo están haciendo, para el control, en sus empresas de las minas de diamantes o de oro, que según una investigación han obtenido ganancias hasta por los cien millones de dólares.

Donde soldados ganan 15 mil dólares mensuales, y en situación de riesgo, dos mil dólares diarios, hay altos mandos que llegan a ganar por años hasta 500 mil dólares.

Estos actúan en muchos lados, pueden estar en Colombia, Cono Sur, o Centroamérica, donde los Estados no se hacen responsables, porque son privados y ellos obedecen a la única bandera, la del dinero.

Hay que revertirlo a través de la conciencia de los pueblos, de los valores, desde ahí podemos comenzar a decirle a la gente, que otro mundo es posible y no hay que desesperar.

Martes, 23 de Agosto de 2005 hora 13:58

* Esquivel es Secretario del Servicio para la Paz y la Justicia en América Latina (SERPAJ – AL).

Fuente: www.diariocolatino.com

Lisbeth Barboza González
lbarboza@prensalibre.co.cr

Una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado y ex diputado Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser pretende que se señale como contrario a la Carta Magna el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (expediente legislativo 16.047), antes de que sea sometido a votación el documento.

En la petitoria Gutiérrez solicita, como ciudadano, que se ordene la desaplicación “del proceso de incorporación del Tratado en cuestión al orden normativo interno, se ordene al órgano legislativo suspender definitivamente el conocimiento y trámite de dicho proyecto de ley”.

De declararse con lugar la impugnación, haría que el expediente legislativo se retrotraiga a su fase inicial, por lo que “esto constituirá una segunda oportunidad para que se hagan las cosas bien y se negocie un tratado de libre comercio de forma bilateral con Estados Unidos”, afirma.

La acción de inconstitucionalidad, particularmente, se orienta a objetar las omisiones del Poder Ejecutivo con motivo de la negociación y firma del TLC, ya que el accionante considera que se violan las disposiciones del artículo 7 de la Constitución Política.

En ese artículo se establece que los tratados internacionales que estén ratificados tendrán rango superior a las leyes, pero inferior al mandato constitucional.

“El problema es que la sola aprobación del TLC en la Asamblea Legislativa, sin la aprobación previa de una legislación complementaria o agenda complementaria, como le llaman popularmente, provoca automáticamente fuertes vicios de inconstitucionalidad”, destaca Gutiérrez.

El abogado además citó preocupado el informe emitido por el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, en que se detalla la posibilidad de que Costa Rica, como nación, resultará responsable pecuniariamente por el incumplimiento en la aprobación de la agenda complementaria que exige el tratado.

Seguros y telecomunicaciones

En la acción presentada ante la Sala Constitucional, Gutiérrez se refiere al principio de gradualidad que debe prevalecer para que se garantice una apertura de las telecomunicaciones y seguros, y a la conveniencia y oportunidad de las fechas planteadas y acordadas en el TLC, las cuales a su criterio_ “hoy no son razonables ni proporcionadas”_ tal y como lo entiende el Derecho de la Constitución.

Asegura que se impone al Poder Legislativo una responsabilidad que no le compete a causa de la precipitación del Poder Ejecutivo, visto en la actualidad en el incumplimiento de las fechas planteadas y acordadas en el Tratado en materia de telecomunicaciones, y otras próximas a vencer en materia de seguros, ya que no se vislumbra aprobación legislativa de la legislación complementaria a corto plazo.

En ese sentido, opina, no habrá período de acomodo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a las nuevas condiciones de apertura, lo que pone en riesgo al Estado costarricense y sus servicios inalámbricos.

De igual manera, cita Gutiérrez, ocurriría en el caso del Instituto Nacional de Seguros (INS), cuya administración de seguros de riesgos de cualquier género es monopolio del Estado, institución que “nunca fue consultada durante el proceso de Ronda de Negociaciones del TLC”, según lo hizo saber el entonces presidente ejecutivo, Germán Serrano Pinto.

Recordó que los actuales presidentes ejecutivos del ICE y del INS han manifestado que esas instituciones públicas no están preparadas para entrar en competencia de libre mercado tan pronto se apruebe el TLC, y que_ “demandará aproximadamente de 4 a 6 años ajustar estructural y administrativamente a cada una de estas instituciones autónomas”_.

Nombramientos cuestionados

Gutiérrez también considera que el nombramiento de los negociadores del acuerdo comercial fue irregular, ya que “según un informe de la Contraloría General de la República esa designación se hizo por medio de servicios profesionales, procedimiento que no es correcto ni el más idóneo”.

Ello por cuanto no medió un concurso para los puestos de los negociadores, con lo que asegura se violaron las normas constitucionales contenidas en el artículo 182 de la Carta Magna.

“¿Cuál facultad, norma legal, acuerdo ejecutivo o acuerdo legislativo autorizó al señor ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos Zúñiga, a la jefa del equipo de negociadores Anabel González Campadabal, y a los negociadores (funcionarios públicos) a incluirlos (telecomunicaciones y seguros) en la Ronda de negociaciones?”, acotó.

Razones de peso

Para el abogado, es necesario el control de constitucionalidad antes de que Congreso apruebe o no el TLC, ya que es inconstitucional debido a que no puede ser aplicado directamente, pero aún así rompería de inmediato los monopolios de seguros y telecomunicaciones.

“Ahora es el momento más indicado y oportuno para ejercer el control de constitucionalidad de las omisiones hechas por el Poder Ejecutivo acometidas durante el proceso de negociación y suscripción para evitar gravísimos perjuicios a la Nación, evitar lesionar los principios que uniforman el Derecho de la Constitución y los principios de legalidad y de supremacía de la Constitución”, afirma.

Finalmente Gutiérrez recordó que no sólo él ha cuestionado el TLC, sino que también los ex presidentes de la República, Luis Alberto Monge y Rodrigo Carazo Odio, así como la Conferencia Episcopal, la Comisión de Notables, las cuatro universidades públicas, el ICE y el INS, entre otros, han manifestado ya sus dudas respecto al contenido del tratado.

Mal hace el Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, atizando la hoguera de la confrontación social, insistiendo en un TLC que ya es rechazado por una abrumadora mayoría de la ciudadanía.

Este TLC está generando tanta resistencia que insistir en su aprobación, es abrir las puertas de un conflicto social de grandes dimensiones, aún superior a lo visto con ocasión de las protestas del año 2000 que derrotaron el combo ICE.

El actual gobernante cree que ya se le olvidó al pueblo costarricense lo cuestionado del proceso que lo llevó a la Presidencia de la República:

Reelección presidencial inconstitucional; el proceso electoral más polémico desde 1948: y, un triunfo controversial y cerradísimo, determinándose finalmente que tan sólo tuvo el apoyo de 1 de cada 4 ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Al Presidente Arias se le salió el sesgo autoritario, creyendo que la Costa Rica de hoy es igual a la de hace 20 años.

El imponente movimiento de los sectores sociales organizados se encargará de demostrárselo en las vías públicas de este país, pues se ha de enfrentar al más grande evento de ciudadanía activa jamás visto, a través del Referéndum de la Calle, llegado el momento oportuno, cada vez más cerca.

Ese tufillo autoritario del Presidente Arias lo lleva, incluso, a insultar al parlamento costarricense, depositario de la soberanía popular según nuestras reglas constitucionales.

Si las cosas van lentas como dice el Presidente Arias, es porque hay una feroz resistencia, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, a sus ideas; que son las ideas del grupo económico-financiero que se ha enriquecido aceleradamente en los últimos veinte años, a costa del empobrecimiento generalizado.

El Premio Nóbel de la Paz, deshonra el honor de ser poseedor semejante galardón, el más prestigioso del planeta. Paradójicamente, con la casa a punto de incendiársele, agita, peligrosamente, la hoguera de la confrontación entre sus propios conciudadanos. Estamos convencidos de que el Referéndum de la Calle le cerrará la boca.

San José, domingo 20 de agosto de 2006

María Florez Estrada
Redactora Semanario Universidad

Cuando la administración Arias alcanza sus primeros 100 días y encuentra que la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), junto con la conversión de los servicios de telecomunicaciones y electricidad en actividades mercantiles, es más lenta y trabajosa de lo que pensaba, ha optado por un cambio de estrategia: fusionar las leyes de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de apertura del sector.

Si bien la versión final de este nuevo proyecto todavía no fue presentada a las autoridades superiores de esta entidad, sí le fue anunciado en la primera semana de agosto, según una fuente bien informada, quien también aseguró que las organizaciones sindicales del Instituto se encuentran_ “detrás del palo”_ sobre lo que está ocurriendo.

“SE MANTIENEN LAS AMARRAS”

Según la fuente (cuya identidad pidió mantener en reserva) la posición del Gobierno cambió en la primera semana de agosto, luego de negociaciones con el Banco Central y la Junta Directiva del ICE, a partir de los cuales venía afinando su propuesta original.

“Anunciaron que unirán fortalecimiento con liberalización, pues no se quieren correr el riesgo de aprobar, primero, el fortalecimiento del ICE, y que luego no se apruebe el proyecto de apertura o el TLC”, dijo.
En resumen, agregó, “se trata de una segunda versión del combo, en la que se incorpora el marco para la competencia, bajo la rectoría de un Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)”.

“El anuncio oficial al ICE ya se hizo. Solo se están negociando pequeñas modificaciones a la propuesta de reforma”, continuó.

“Este nuevo proyecto abrirá el mercado, con TLC o sin él. Pero, lo más grave es que se mantiene la exigencia de tener que pasar por autorizaciones para el financiamiento de las grandes obras del ICE, a pesar de que se señala su autonomía de endeudamiento para las cosas pequeñas. Se mantienen las restricciones, más las apelaciones y el refrendo de las licitaciones públicas, en competencia. Como resultado, el ICE terminaría desapareciendo”, enfatizó.

Lo anterior queda en evidencia principalmente en el artículo 10 de la propuesta del Ejecutivo, referido al endeudamiento de la entidad, y que la fuente proporcionó.

Allí se establecen regulaciones diferenciadas para el endeudamiento que pueda hacer el ICE en grandes proyectos, según los servicios de la institución estén sujetos o no a competencia.

Así, en caso de estar en un régimen de apertura, se plantea que “el ICE y sus empresas podrán adquirir y ejecutar pasivos reales y contingentes sin requerir de la autorización previa del Poder Ejecutivo, Banco Central de Costa Rica o de cualquier otro ente u órgano externo a la institución.”
Pero, en caso de no haber competencia, solo “podrán adquirir y ejecutar pasivos reales y contingentes sin requerir de la autorización previa del Poder Ejecutivo, Banco Central de Costa Rica o de cualquier otro ente u órgano externo a la institución, con un límite anual de crecimiento en el índice de endeudamiento de un 20%.”

Además, con competencia o sin ella, “el nivel de apalancamiento (se refiere al límite del compromiso por este endeudamiento) máximo del ICE y sus empresas será del 60 %, respectivamente”. En este caso, la dirección del ICE plantea precisar que el apalancamiento sea sobre sus “activos”.

Sin embargo, una tercera opción, que barajan el Ejecutivo y el Banco Central, es que, en cualquier caso no importa si hay apertura o no, el ICE deba seguir las siguientes reglas: “Para el financiamiento de su capital de trabajo, de sus inversiones, el ICE podrá incrementar su pasivo total hasta por un monto anual equivalente a: multiplicar el saldo de su pasivo total al 31 de diciembre del año anterior, denominado en dólares de los Estados Unidos de América, por el factor resultante de sumar tres (CINCO) puntos porcentuales al promedio de la tasa de crecimiento real del producto interno bruto de Costa Rica, de los últimos tres años.”

El inciso agrega que “en el caso de que el ICE requiera incrementar su financiamiento en montos mayores a los contemplados en el inciso anterior, deberá someter sus requerimientos de financiamiento adicional a la autorización del Poder Ejecutivo, el cual, para su decisión, solicitará un dictamen al Consejo de Empresas del Estado en Energía y Telecomunicaciones.”

A su vez, para elaborar su dictamen, este Consejo deberá considerar: “i.- Las condiciones de oferta y demanda de los servicios para financiar por medio del endeudamiento adicional. ii.- El impacto en la capacidad competitiva de la economía. iii.- El acceso a estos servicios de los habitantes en condiciones de universalidad y solidaridad. iv.- La opinión del Banco Central de Costa Rica sobre la capacidad de endeudamiento total del país y el efecto del nuevo financiamiento en la balanza de pagos. v.La opinión del Ministerio de Hacienda respecto del impacto del financiamiento sobre la situación global de las finanzas públicas. vi. La opinión del Ministerio de Planificación Nacional sobre los requerimientos de inversión de otros sectores económicos y sociales y las prioridades del desarrollo nacional.”

Finalmente, “las decisiones del Consejo de Empresas del Estado en Energía y Telecomunicaciones serán adoptadas por mayoría calificada y el dictamen deberá ser motivado y razonado de conformidad con lo establecido según la Ley General de la Administración Pública. Las disposiciones contempladas en este artículo serán aplicables a CNFL, RACSA, CRICSA y demás subsidiarias con que cuente el ICE.”

UNIVERSIDAD intentó obtener la opinión del presidente Ejecutivo de la entidad, Jorge Gutiérrez Gutiérrez, sobre esta información, pero al cierre de edición, el lunes 14, no se había obtenido respuesta.

SITUACIÓN “MUY DELICADA”

Por su parte, consultado sobre el tema el ingeniero Ricardo Segura, fiscal de la Asociación de Técnicos en Telecomunicaciones (ANTTEC), del ICE, consideró que “el reemplazo del proyecto de ley de fortalecimiento con uno de reforma del sector de telecomunicaciones, que involucra la apertura, plantea una situación muy delicada, similar a la que antecedió a la lucha contra el “combo del ICE”. En aquella ocasión, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez avanzó en esa misma dirección, es decir, se dejó de lado el fortalecimiento del ICE y se aventuró en el pantano del “combo energético” aperturista. Ya conocemos el resultado de esa decisión. Con estas agendas complementarias previas al TLC, que involucran el desmantelamiento del ICE y de otras instituciones, el gobierno va hacia un terreno “movedizo y pantanoso.”

El también miembro de la Comisión Política del Frente Interno de Trabajadores (FIT), de esa institución, consideró que “la inversión es clave para el desarrollo de las telecomunicaciones y de la energía, especialmente en esta última, que es de gran cuantía para llevar adelante el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica. En esto, al ICE lo han debilitado sistemáticamente y no se vislumbra una intención política para mejorar esa situación.”

El dirigente sindical recordó que las decisiones de los gobiernos anteriores en cuanto al ICE “han sido para golpearlo de una u otra manera.”

Entre ellas, citó la concesión concedida a Millicom en la anterior administración Arias, que luego fue declarada inconstitucional; la Ley 7200 para la generación eléctrica privada, en la administraciones Arias y Calderón Fournier; la propuesta para la venta de activos del Estado y privatización del ICE, de Roberto Dobles y René Castro; la Ley 7508 para ampliar la generación en competencia, en la administración Figueres Olsen; el “combo” del ICE en la administración Rodríguez Echeverría; las propuestas de recorte de la inversión, en la administración Pacheco de la Espriella.

“Con esos antecedentes y en un gobierno de corte derechista como el de Óscar Arias no se puede esperar otro propósito que un ataque frontal a la institucionalidad costarricense. Por eso, es razonable que no quieran que el ICE invierta nada. Lo que les interesa es debilitarlo. Si la situación es seria ahora, en el caso de una apertura, el ICE paulatinamente se iría debilitando hasta convertirlo en un cascarón inservible”, aseguró.

Por otro lado, afirmó que “los sindicatos del ICE, agrupados en el FIT, no están de ninguna manera “viendo para los cipreses”. Estamos conscientes de la responsabilidad política de nuestras decisiones. Estamos claros de que el país está enfrascado en una contradicción político social de gran envergadura. El Frente Interno del ICE, inició ya un proceso de trabajo para enfrentar este “big combo” aperturista, con el que se quiere poner en subasta al ICE.”

Segura también opinó que el ambiente se está caldeando.
“El TLC no es la contradicción en sí misma, es un acelerante de esa contradicción social, que avanza incontenible. La concentración de la riqueza es cada vez mayor y los mecanismos de distribución de riqueza están haciendo agua por todos lados. Todos sabemos que los salarios no alcanzan, es decir, que hay problemas. Estos y otros factores de alguna manera, indistintamente del TLC, están calentando el ambiente y todos los pasos que está dando el gobierno se orientan hacia una confrontación social. Ellos quieren avanzar en la contrarreforma y destruir el Estado Social. Que sigan por ese camino. Nosotros les vamos a oponer una feroz resistencia”, pronosticó.

“ES CONTRADICTORIO”

Por su parte, el experto en telecomunicaciones, Gerardo Fumero, llamó la atención sobre el hecho de que “a solo dos semanas de que el Consejo Directivo aprobara el Proyecto de Ley de Fortalecimiento del ICE, a pedido del Poder Ejecutivo, para que entrara con su aval a la corriente legislativa, el Gobierno envió un nuevo proyecto, que incluye aspectos que no deben estar en una Ley del ICE, sino en una Ley Marco de Telecomunicaciones.”

Sobre esto, añadió: “La primera idea que salta a la mente es que el Gobierno, desesperado por aprovechar el impulso de la nueva administración y antes de que sufra el tradicional desgaste y empeore su credibilidad, dispara con escopeta. Improvisación y ocurrencias, parecen ser el pan de cada día.”

Para ilustrar su punto, Fumero agregó que “la visita del señor Presidente al Vaticano para solicitar que los señores obispos de Costa Rica desistan de sus posiciones críticas respecto al TLC, y luego a Chile, requiriendo ayuda para sustituir nuestro modelo solidario por el de libre mercado chileno, conforman un panorama lamentable, pues revelan la incapacidad del Gobierno para convencer al pueblo de las reformas y la imposición del principio maquiavélico de que el fin justifica los medios.”

Además, en su opinión, el plan de la administración Arias de mercantilizar las telecomunicaciones es contradictorio con su declarado propósito de apoyar la educación como un pilar del desarrollo nacional.

“Si en algo ha hecho énfasis este Gobierno es en fortalecer la educación, sustrato para cualquier proceso de desarrollo. Es una verdad de perogrullo que las telecomunicaciones son, a su vez, un elemento estratégico para alcanzar un nivel de educación que impulse el desarrollo. No por casualidad nuestro país es líder en Latinoamérica en ambos campos. Sin embargo, de nuevo, el Gobierno, haciendo gala de su incongruencia, mientras habla de fortalecer la educación, limita la capacidad el ICE para endeudarse y, por tanto, para invertir, obstaculizando el desarrollo en telecomunicaciones, en energía eléctrica y por ende en educación”, dijo.

Y agregó que el argumento de que la inversión privada complementaría la inversión pública, no es válido, pues “a aquella solo le interesa su rentabilidad, jamás llevar servicios sino a los grandes centros urbanos ya cubiertos, por lo que lo único que se podría esperar en este caso, es que los privados desplacen al ICE de esos mercados, para convertirlo en un IMAS, en un INCOFER o en un CNP más.”

COMPROMISOS ATRASADOS

Si bien la administración Arias promovió, durante la pasada campaña electoral, la capacidad del también Premio Nobel de la Paz, de llevar al país en la dirección de un comercio de bienes, servicios y capitales sin restricciones por causas de interés nacional, mediante la aprobación legislativa del TLC y la consiguiente creación de un mercado de las telecomunicaciones, en la práctica la mar parece estar más brava de lo que calculó el capitán.

Según estipula el punto “II. Modernización del ICE”, del Anexo 13 del TLC, titulado “Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Servicios de Telecomunicaciones”, el país “promulgará un nuevo marco jurídico para fortalecer al ICE, a través de su modernización apropiada, a más tardar el 31 de diciembre de 2004.” (La Gaceta NO 225, Proyecto No. 16047, TLC, Tomo I, pg. 13-14, 2005)

Además, según el punto “IV. Principios regulatorios“ de ese mismo Anexo, Costa Rica se comprometió a tener en vigor un marco para regular los servicios de telecomunicaciones (Ley Marco de Telecomunicaciones), “a partir del 1 de enero de 2006.” (Ídem Pg. 13-15)

Como se recordará, la polémica suscitada por el cambio que se pretende introducir en cuanto a este servicio público llevó, en el 2000, al mayor levantamiento cívico ciudadano, que se prolongó durante un mes, en todo el territorio nacional.

Esto ocurrió luego de que la Asamblea Legislativa aprobara, en primer debate, el proyecto de ley respectivo, que precisamente fusionaba en una las tres leyes que se discután independientemente por eso fue popularmente bautizado como “el combo del ICE” , y que en una lógica temporal privilegiaban el fortalecimiento del ICE antes de una posible apertura.

A tal resistencia ciudadana siguió un fallo de la Sala IV, que objetó el proyecto por errores de procedimiento; pero en vista de la gran tensión social, en lugar de retomarlo, la entonces administración Rodríguez optó por dejarlo en el archivo.

Más recientemente, el pasado 19 de julio, y después de cinco años de trabajo, la UCR dio a conocer su posición frente a este tema, cuando su rectora, Yamileth González, presentó la alternativa “Propuesta de marco conceptual y jurídico para el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)”, la cual tiene como prioridad fortalecer las funciones del ICE y limita la apertura a servicios de valor agregado como las redes privadas, buscapersonas, troncalizados y/o información y difusión. (Ver UNIVERSIDAD 1676).

Otros aspectos de esta propuesta son: los servicios estratégicos (telefonía móvil e Internet) quedan reservados al ICE, el cual podrá desarrollarlos en alianzas con municipalidades, cooperativas y empresas privadas; el ICE se mantiene como operador único y no solo dominante; el Ministerio de Ciencia y Tecnología tendrá la rectoría de estos servicios, en vez del MINAET; la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ejercerá la supervisión, en vez de una Superintendencia de Telecomunicaciones; la Presidencia Ejecutiva del ICE desaparecerá; se mantienen los subsidios a la telefonía básica y se incluyen nuevos subsidios para Internet, a través del Fondo de Servicio Universal; ARESEP asume el control de radio; y la capacidad de endeudamiento del ICE pasará del 23% al 60% del valor de sus activos.

Fuente: Semanario Universidad