Página 478 – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Continúa el acoso sindical en Correos contra la dirigencia de ANEP

Publicada el 18/07/2006 | por | Dejar un comentario

San José, 17 de julio del 2006.
S.G. 05-07-0695-06
¡URGENTE!

Señor
Luis Alberto Morera Solórzano
Asistente
Gerencia de Operaciones
Correos de Costa Rica S. A.
Su Oficina

Estimado señor:

Reciba un cordial y respetuoso por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

De la manera más atenta y respetuosa, solicitamos nos indique las razones por las cuales la Gerencia de Operaciones se encuentra actualmente gestionando la anulación de los permisos sindicales que gozan los integrantes de nuestro Comité Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.

La consulta obedece al hecho de que el pasado 4 de julio, en un correo electrónico enviado por su persona a la Licda. Maritza Solís Vega, Directora de la Región Central Dos, a raíz del permiso sindical que disfruta el trabajador Asdrúbal Marchena Gómez, se procede a informar que se está gestionando la anulación de dichos permisos sindicales porque los efectos de los mismos en el servicio son “muy negativos”.

No omitimos manifestarle que nuestro sindicato se encuentra muy preocupado por ese hecho, toda vez que dicho proceder estaría violentando los Convenios 135 y Recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporados en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Número 5968.

El Convenio 135 dispone expresamente el deber de toda empresa de disponer a favor de los representantes sindicales, facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones.

En igual sentido, la Recomendación 143, establece una serie de facilidades que se le deben otorgar a los representantes de los trabajadores, entre ella señala la recomendación lo siguiente: “Los representantes de los trabajadores en la empresa deberían disfrutar, sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales, del tiempo libre necesario para desempeñar las tareas de representación en la empresa”. (Artículo 10, inciso 2).

Asimismo, dichos principios han sido incorporados en la Convención Colectiva de Trabajo, firmada el 28 de abril del 2006, y homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mediante la Resolución DRT-190-2006 con fecha del 30 de mayo del 2006. Específicamente el artículo 12 que establece la obligación por parte de Correos de Costa Rica S.A. y de los sindicatos partes, de otorgar las facilidades a los representantes de los trabajadores (miembros de Juntas Directivas y de Seccionales) contenidos en los Convenios citados anteriormente.

Contempla la Convención Colectiva –que tiene fuerza de ley- en su artículo 30 expresamente lo siguiente:

Artículo 30- La Empresa, otorgará permiso con goce de salario a sus trabajadores para el ejercicio de la función sindical de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) (….)
b) Un día por semana para los miembros de la Junta Directiva de los Sindicatos que lo requieran para atender las reuniones de la Junta Directiva Nacional o Seccional, o de las Federaciones o Confederaciones sindicales en las cuales resulten electos (…)

Por todo lo anterior, solicitamos nos aclare cuales son esos efectos negativos sobre el servicio, puesto que una eventual anulación de los permisos implicaría una práctica laboral desleal sancionada por nuestro Código de Trabajo.

La respuesta que requerimos a la presente, misma que reiteramos está planteada respetuosamente, la amparamos al Artículo 27 Constitucional y al 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

De usted con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Lic. Álvaro Coghi Gómez, Gerente General de Correos de Costa Rica S. A.
Señores Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oficina en Costa Rica.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S.A.
Archivo.

TLC y Gobierno Central: Colapso de ¢60 mil millones

Publicada el 18/07/2006 | por | Dejar un comentario

Las perversidades inherentes al denominado tratado de “libre” comercio con Estados Unidos no terminan de aparecer. La realidad de este TLC cada vez queda más al desnudo: completamente anticristiano, ateo y deshumanizado. La naturaleza de las desventajas para nuestro país, en verdad, asusta. Veamos ahora una de los aspectos más perjudiciales del carácter de la negociación entreguista a que nos sometieron: la reducción arancelaria.

La eliminación de aranceles, impuestos aduaneros, que supone este TLC es verdaderamente impresionante: ¡sesenta mil millones de colones al año! Esta enorme cantidad de dinero desaparecerá, como por arte de magia, de las arcas públicas del Gobierno Central.

Es decir, dentro del cómputo de los ingresos anuales del fisco, habrá que eliminar la pérdida que significa la reducción de aranceles por culpa de este TLC; reducción que, como acabamos de indicar, se ha cuantificado en esa gigantesca cifra que, en números se expresa así: 60.000.000.000 de colones. Saquemos ahora conclusiones de lo que esa reducción significa para los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y entes adscritos a los mismos.

Un gran golpe sufrirá la Educación Pública. Aquí queda al descubierto la falacia de la propaganda oficial de elevar el presupuesto para el Ministerio de Educación Pública y para todo sistema educativo público, de un 6 a un 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Igualmente, habrá considerables impactos presupuestarios en otros ministerios donde ya, de por sí, a raíz de las restricciones de gasto, sólo queda plata para pago de salarios. Por ejemplo, en la Fuerza Pública y en el Sistema Penitenciario Nacional. Ni hablar de otros ministerios como el MAG, el MINAE, Gobernación y Policía; Cultura, Juventud y Deportes; y otros.

Indudablemente, el colapso presupuestario de semejante reducción arancelaria se trasladará a entidades de servicio público como el mismísimo Poder Judicial y las universidades públicas, pues financieramente se sostienen a partir de las transferencias que el Ministerio de Hacienda les hace para su funcionamiento anual. Gran parte de tales transferencias se sustentan en una cuantificación de ingresos fiscales vía imposiciones arancelarias que ahora todavía existen pero que, como indicamos, desaparecerán con ese TLC.

Se nos queda sin mencionar una amplísima lista de entidades públicas de todo tipo que, de una manera u otra, de manera indirecta o indirecta, ejercen funciones de servicio público vía Presupuesto Nacional, ese que dejará de percibir 60 mil millones de colones anuales por culpa del anticristiano y ateo TLC que nos quieren imponer a toda costa.

La situación es así de grave por cuanto los grandes ricos de este país no están dispuestos a aceptar una transformación tributaria estructural que, entre otras cosas, vía impuestos directos, sustituya o reponga esos 60 mil millones de colones anuales que ya no podrán contabilizarse como ingresos del fisco por culpa del TLC. La catástrofe institucional es más que evidente. Varios miles de empleos en el Gobierno Central tienen sus días contados si permitimos que el anticristiano y ateo TLC sea aprobado. “En guerra avisada…

Salarios: Al Presidente Arias ya le “REAJUSTARON” el suyo

Publicada el 18/07/2006 | por | Dejar un comentario

Se da cuenta en este día, que el salario del señor Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, es mayor que el de su antecesor en el cargo, en 1.313.837 de colones. Efectivamente, según datos oficiales, el hoy Expresidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, terminó su mandato con un salario de 3.150.799 de colones.

Lo anterior quiere decir, más allá de los rubros componentes del salario presidencial, que el nuevo mandatario recibió, al momento de empezar su gestión, un reajuste del 42 %, pues ahora su salario total es de 4.464.636 de colones.

Pareciera que al primer funcionario de la República en el Poder Ejecutivo sí se le hizo verdadera justicia salarial, si analizamos el sistemático proceso de deterioro del poder de compra de los salarios de los empleados públicos, ocurrido en las últimas administraciones.

Para la generalidad de la clase trabajadora del Sector Público, su salario ha perdido, prácticamente, un 50 % de poder de compra en las últimas cuatro administraciones gubernativas, razón más que suficiente para rechazar el 2 % que las nuevas autoridades están ofreciendo.

Sin duda alguna que la discusión, ya en desarrollo, del aumento salarial para el Sector Público se pondrá mucho más “interesante” por las razones ya apuntadas. La segunda reunión con el Gobierno sobre este tema, prevista para este jueves 20, será más que polémica, considerando además la presencia del Ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga.

De nuestra parte en esta cita, presentaremos un serio documento sobre el tema del aumento salarial, aportando para que éste resulte digno y sostenible financieramente hablando.

San José, 18 de julio de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Diputado José Merino interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por fondos de FODESAF

Publicada el 18/07/2006 | por | Dejar un comentario

El Ministerio de Hacienda ha incumplido reiteradamente durante los últimos años con la legislación tributaria que le obliga a trasladar el 20% de lo recaudado por concepto del impuesto general sobre las ventas, al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), con el fin de atender a los programas de ayuda a los más pobres.

La Asamblea Legislativa presupuestó en el año 2005 la suma de 25 mil millones de colones para FODESAF, sin embargo según el informe de ejecución presupuestaria remitido al diputado José Merino del Río, Hacienda no giró ni un solo cinco para los programas sociales.

Este informe indica que una situación similar se ha presentado durante el año 2006. Hasta finales de mayo el Ministerio de Hacienda no había transferido recursos del presupuesto de FODESAF por 10 mil millones de colones, presupuesto ya recortado porque en realidad si se cumpliera la ley le hubieran correspondido 106 mil millones de colones.

Merino solicitó a la Sala Constitucional que ordene al Ministro de Hacienda girar de inmediato los recursos presupuestados para el año 2006 (10.000 millones) y hacer los trámites para modificar el presupuesto o gestionar uno extraordinario, con el fin de entregarle a FODESAF los 96.000 millones más que le corresponden, suma en total equivalente al 20% de la recaudación del impuesto de ventas prevista.

Recurso en Archivos Adjuntos

Cuestionada reestructuración en la Contraloría General de la República

Publicada el 17/07/2006 | por | Dejar un comentario

San José, 3 de julio de 2006.

MII
Enrique Muñoz
Jefe
Unidad de Recursos Humanos
Contraloría General de la República

Estimado señor:

Reciba un atento y cordial saludo. En atención al oficio DEI-RH-316 de 26 de junio del 2006, por medio del cual usted se refiere a la misiva que nosotros enviamos al Lic. Walter Ramírez sobre el proceso de reestructuración que se piensa implantar en la Dirección de Fiscalización Operativa y Evaluativa, nos permitimos manifestar que el mismo, nos provoca una gran desilusión por que lejos de constituirse en un documento en el cual se de respuesta a nuestras inquietudes, que a todas luces son legítimas y válidas, se insiste nuevamente, en indicarnos cosas que ya conocíamos y que por supuesto analizamos a la hora de estructurar nuestra misiva y petitoria.

Cabe, de previo a realizar algunos comentarios, indicar que como Seccional Sindical de esta Contraloría General de la República, no emitimos juicios escritos sobre comentarios realizados en forma verbal, tal cuales fueron las reuniones de exposición de la propuesta en su parte conclusiva que se realizaron con la Contralora General de la República y el Gerente de la División de Fiscalización Operativa. En esas oportunidades nuestra posición fue clara ~~y sí lo expresamos en dichas reuniones~~ sobre la preocupación de la inexistencia de estudios técnicos que justificaran los cambios propuestos y sobre los costos que estos cambios representan, siendo por tanto que pedimos esos justificantes, para que una vez recibidos por nosotros, proceder a analizarlos y luego poder emitir por escrito los comentarios que consideremos oportunos y atinentes.

Sobre su posición reiterada de que ustedes, ante estos cambios, no deben dar audiencia a las organizaciones gremiales, basándose en una resolución emitida por la propia División Jurídica de esta Contraloría General, nosotros tenemos un criterio totalmente contrario y ante esa situación, en el momento que consideremos oportunos, es un asunto que dirimiremos ante las instancias que correspondan.

En este sentido nos permitimos manifestar que dentro de un marco ético, de transparencia y rendición de cuentas, el funcionario de esta Contraloría General de la República y sus autoridades tienen una gran responsabilidad, por estar dentro de la entidad promotora principal del buen manejo de los recursos públicos, y que se ve más que justificada en el interés de poder dar respuesta satisfactoria a un grupo de compañeros y servidores públicos, y por que no decirlo de la ciudadanía en general por conocer el origen y el destino de los recursos públicos, esto como un derecho constitucional. Derecho que, debería generar a lo interno de esta Contraloría General de la República, la construcción de formas y modos que garanticen su adecuada atención.

Producto de este interés, se ha acuñado el término de democracia participativa, entendida ésta, como el privilegio que se otorga para que los ciudadanos organizados, puedan hacerse presente en la toma de decisiones públicas (democratización de las decisiones, transparencia). Guardando las circunstancias, en esta institución Contralora, ante cambios tan fundamentales, en la División que concentra la realización de su función principal, debería generarse en principio políticas y procedimientos en los cuales se promueva la participación de las personas, ya que la opinión de la gente cuenta.

No obstante lo anterior, la respuesta dada se aleja en mucho al manejo de estos conceptos. Reiteramos que la ostentación de un cargo público, significa que el respaldo y el sustento de un buen desempeño de ese ejercicio, pasa por el planear, organizar, dirigir y controlar un sistema que identifique y señale el buen proceder y los aciertos de la política y el accionar definidos así como un mal acto y las sanciones que correspondan, con lo cual se cristalice la transparencia, se permita la adecuada fiscalización de ese desempeño y se retroalimente la rendición de cuentas.

Huelga manifestar que en realidad el hecho que diversas autoridades de la CGR hayan presentado la referida propuesta de reestructuración, sea ante esta Seccional o ante la Asociación de Profesionales o bien en reuniones generales del personal, no representa para nosotros el haber dado las audiencias preliminares que jurídicamente, según nuestro criterio, corresponden, ya que en esos reuniones el único objetivo de parte de ustedes fue de dar a conocer lo ya decidido.

Es por ello, y dado que como funcionarios públicos, especialmente tratándose de funcionarios de esta Contraloría General de la República y conociendo que el acceso a la información pública es una condición necesaria para el pleno desarrollo democrático del estado y para que los poderes públicos rindan cuentas sobre su desempeño solicitamos que se nos de respuesta a nuestras inquietudes planteadas en nuestras notas del 14 y 20 de junio del año en curso, de previo a implantar un proceso de reestructuración.

Por otra parte y en relación a su cita sobre nuestra nota del 13 de junio por medio de la cual se le hicieron llegar nuestros comentarios a las posibles modificaciones al Estatuto Orgánico, esta Seccional tampoco la considera una respuesta a las consideraciones ahí establecidas, ya que en el cuerpo de su oficio no se hace referencia expresa y concreta a las observaciones externadas por nosotros.

Atentamente;

Ci: Licda Rocio Aguilar Montoya , Contralora General de la República.
Licda. Marta Acosta, Subcontralora General de la República.
Lic. Walter Ramírez Ramírez, Gerente DFOE
Jefes de Fracción Asamblea Legislativa.
Jta Directiva ANEP Central
Funcionarios Contraloría General de la República.

William Gómez y la prensa popular

Publicada el 17/07/2006 | por | Dejar un comentario

Por Francisco Escobar

Colorido, conversador apasionado, observador agudo, salpicando siempre sus palabras con el comentario incisivo, narrador de escenas llenas de personajes vívidos y reales, William Gómez es un señor lleno de energía y vitalidad, que desafía infartos y aventurados proyectos empresariales.

Hijo de empresarios y heredero de un olfato comercial infalible, es un tico
de pura cepa, que refleja en su biografía las historias familiares
solariegas de Alajuela y San José. Trashumante por todo el territorio nacional, tiene una historia y una anécdota que lo liga con todos los lugares en los que creció y vivió su vibrante niñez y su apasionada juventud. Cuenta con una gracia llena de humorismo los escenarios familiares en los que se desenvolvió, y hace retratos hablados de sus abuelos, padres, tíos y primos que saben a gallo pinto y huelen a tacita de café recién chorreado.

Dice que es periodista y empresario, pero yo creo que terminó siendo un sociólogo aficionado, que conoce y comprende el alma popular de los ticos mejor que nadie. No cabe duda que es comunicador innato, sin que lo desvele demasiado la teoría, ni se desviva por las reglas académicas del periodismo. Se formó más en las imprentas que fundían en plomo las noticias, que en las aulas donde se habla de semiología y otros asuntos. Su periodismo es de la escuela tica, que convertía al periodista en un agente secreto, en un detective y si era necesario, en ladrón sin sonrojo de primicias noticiosas. No era solo informar, sino informar antes que nadie lo que otros querían ocultar de primeros. El periodismo astuto, incisivo, malicioso, que convertía una sospecha en una aventura y un safari por dar a conocer lo oculto.

En Costa Rica nunca hemos considerado amarilla la noticia que levanta roncha, que enoja a los poderosos, que incomoda a los corruptos, que indigna a la opinión pública. Para nosotros es noticia y punto. Y William Gómez lo ha comprendido mejor que nadie. Mientras un sector de la prensa evolucionó hacia los lectores de la elite intelectual, y dejó de financiarse con el democrático pregón para depender de los anunciantes, otra elite exigente impuso la censura sutil, previa, preventiva, que tamiza la información noticiosa para que no roce con sus intereses económicos, y que terminó protegiendo a los políticos poderosos que se convirtieron en sus aliados. La masa de los ticos quedamos sin una prensa popular, que le debiera lealtad al pueblo que votaba cada día por el periódico al comprarlo al pregonero.

William Gómez revolucionó la prensa costarricense al lanzar un periódico que podía leer hasta el analfabeto, con una visión gráfica de la vida nacional, con textos que lo decían todo en el solo título, sin pirámides invertidas ni sofisticaciones estilísticas elitescas. El resultado está a la vista.

El periódico La Extra demostró que el mensaje impreso puede estar al alcance del pueblo y que eso es lo que exige y merece un pueblo en una democracia como la nuestra. Al no depender de los grandes anunciantes ni de las contribuciones oficiales a través de la publicidad de los gobiernos, su prensa popular pudo informar de las grandes transformaciones ocurridas en el seno de nuestra sociedad, de los choques de las placas tectónicas políticas y económicas de Costa Rica y de las sacudidas que ocasionaban en la vida social cotidiana de los ticos.

La prensa tradicional elitista levantó la ceja en un gesto de desprecio y horror ante el_ “amarillismo y la vulgaridad”_ de las publicaciones. Se lanzó un ataque a la credibilidad de las noticias “increíbles” y entonces Gómez contraatacó con un canal de televisión también de alcance y estilo popular, que mostrara ante los ojos de los asombrados costarricenses, los hechos que se describían en el periódico. De repente, tuvimos ante los ojos una Costa Rica que no era solariega y apacible, sino violenta, llena de sucesos y acontecimientos que nos hemos negado a reconocer.

El reencause de La Prensa Libre, hacia un espíritu más democrático, más popular, que abre sus columnas a quienes como yo hemos sido exiliados de otros medios, que no pone condiciones ni censuras, ha completado este nuevo camino que toma la prensa democrática de un pueblo libre.

Cada vez que don William se enfrenta con un candidato arrogante, un jerarca intocable o un empresario amenazador, debe recordar que los ticos le damos un voto de confianza cada vez que pagamos por el privilegio de leer un ejemplar de un periódico libre, democrático y popular.

Julio 14, 2006

(La Prensa Libre)

TLC profundizará discriminación y exclusión de la mujer

Publicada el 17/07/2006 | por | Dejar un comentario

La Mesa de Trabajo Sindical de Mujeres, (instancia de coordinación unitaria, conformada por las secretarías de la mujer de ASDEICE y UNDECA, y la Comisión de Género y Diversidad de ANEP), auspiciada y asesorada por la Fundación Friedrich Ebert América Central, intentan posicionar y proyectar el trabajo sindical con perspectiva de género, tanto a lo interno como a lo externo de las respectivas organizaciones sindicales.

La actividad contó con la presentación del estudio, realizado para la Fundación Ebert, de la economista María Eugenia Trejos sobre el “Impactos del TLC sobre la Mujer Trabajadora”. Además los comentarios sobre el tema de Susan Quirós, asesora legal de la ANEP y de Marta Elena Rodríguez, Secretaria General Adjunta de la Unión de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS.

Al foro asistieron 94 mujeres trabajadoras de diversas instituciones públicas y privadas, lo que se considera importante debido a que son trabajadoras, la mayoría de ellas con dobles jornadas y roles.

El TLC no tiene un capítulo sobre las mujeres

El Tratado de Libre Comercio que se negocia no contiene ninguna mención a las mujeres y, sin embargo, de aprobarse, sus impactos serían realmente importantes.

La tendencia fundamental que podemos identificar es a la exclusión de los circuitos del capital en un doble sentido: en primer lugar, como trabajadora extradoméstica se puede esperar un aumento significativo en el desempleo que no va acompañado por una inserción laboral posterior, como sucede cuando se habla de un “ejército de reserva”, sino por la salida de los circuitos de reproducción del capital de manera más sostenida, con la formación de un “ejército de excluidos(as)”.

Así podríamos esperar que aumente significativamente el número de mujeres ubicadas en las unidades económicas de tamaño micro, que sólo son el refugio que encuentran para la sobrevivencia o, como dijimos, la manifestación de su falta de opciones, de su exclusión.

También podríamos esperar que las mujeres trabajadoras extradomésticas que se integran al trabajo asalariado lo hagan cada vez más en empresas donde no se respetan muchos derechos laborales, donde el trabajo es muy inestable y donde las condiciones de trabajo pueden ser muy malas.

Esto corresponde con la tendencia a la eliminación de normas protectoras que los empresarios, gobiernos y organismos internacionales señalan como obstáculos al comercio y a la competitividad de las empresas. Es así porque las empresas industriales “estrella” del TLC son las del tipo maquiladora y en ellas se han denunciado muchos problemas laborales, como la inestabilidad, riesgos a la salud, mal trato, jornadas extenuantes y de salarios bajos cuya fijación obliga a trabajar a ritmos sumamente intensos.

Por el lado de las mujeres habría situaciones de mucha tensión y agotamiento, con el consiguiente desgaste prematuro.

Como trabajadoras extradomésticas las mujeres campesinas recibirían un impacto significativo, de aprobarse el TLC, sobre las posibilidades de sobrevivencia y reproducción pero, sobre todo, sobre su cultura milenaria y sus prácticas de cultivo, que serían amenazadas por las exigencias sobre la propiedad intelectual que tiene el tratado.

En segundo lugar, como trabajadoras domésticas, si se aprobara el TLC, podríamos esperar un menor acceso a los servicios públicos, entre ellos el de telefonía, educación y salud, con lo cual la situación de las mujeres es la más vulnerable porque en la sociedad patriarcal somos las que asumimos la atención de estas necesidades en la familia, pero también porque el menor acceso las afectará de manera directa también a ellas en su salud y en sus oportunidades de formación.

También podríamos esperar que se dejen de producir los alimentos en el país y, en algún momento, aumenten sus precios o se presenten períodos de desabastecimiento.

Sumado a los problemas anteriores, el acceso a los alimentos puede ser más difícil y, nuevamente, serían las mujeres pobres las que más sufrirían las consecuencias.

La mayor pobreza que puede ser resultado de lo anterior, significaría el aumento de muchos problemas sociales, como el trabajo infantil, la delincuencia, la desesperanza, etc. Tendríamos mujeres y hombres más pobres y más mujeres y más hombres pobres.
Las primeras, como trabajadoras domésticas tendrían que lidiar de manera directa con esa mayor pobreza.

En síntesis

El TLC tendría efectos sobre la mujer como trabajadoras extradomésticas y domésticas. Las primeras serían excluidas de los circuitos del capital o serían integraría de tal modo que favorecieran la generación de excedentes sobre la base de menores pagos a la fuerza de trabajo o de mayor intensidad en el trabajo.

Como trabajadoras domésticas, el TLC les reduciría el acceso a los servicios públicos para atender sus necesidades y las de su familia; con ello aumentaría el tiempo que deberían dedicar a ese trabajo invisible, al mismo tiempo que aumentaría su desgaste y se reduciría, aún más, el tiempo disponible para la recreación, la formación, las relaciones interpersonales y la participación en la defensa de sus intereses y los de sus compañeros de trabajo y de vida.

Documentos Adjuntos:
Impactos del TLC sobre la mujer trabajadora, María Eugenia Trejos
“El TLC y su impacto en las mujeres trabajadoras”, Susan Quirós

Constitución del Observatorio de la Libertad de Expresión

Publicada el 17/07/2006 | por | Dejar un comentario

Los Presidentes del Colegio de Abogados de Costa Rica, el Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, el Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,

Considerando

1. La necesidad de robustecer el ejercicio ciudadano de las libertades constitucionales de pensamiento, expresión, circulación de las ideas y el derecho a la información;

2. La creciente importancia de las tecnologías de información y comunicación en los procesos democráticos;

3. La conveniencia de promover el pluralismo; y

4. La oportunidad de ampliar la participación institucional de la sociedad civil en todo lo referente a la libertad y la justicia,
Acuerdan

1. Constituir el Observatorio de las Libertades de Pensamiento, Expresión, Circulación de las Ideas y el Derecho a la Información, que se conocerá como Observatorio de la Libertad de Expresión.

2. Establecer estos objetivos del Observatorio:

a) Recoger, sistematizar y divulgar los reclamos e iniciativas de personas físicas y jurídicas, atinentes al ejercicio de estas libertades fundamentales;

b) Proponer soluciones institucionales a las insuficiencias detectadas;

c) Preparar e impulsar legislación positiva que desarrolle los preceptos constitucionales pertinentes;

d) Iniciar acciones que completen, promuevan y fortalezcan la ciudadanía democrática, especialmente la ciudadanía comunicativa y la ciudadanía digital;

e) Promover la formación de las generaciones jóvenes en materia de comunicación, particularmente en la utilización de los medios.

f) Otros afines y concordantes.

3. Instituir estos órganos del Observatorio:

a) Quince Observadores Ciudadanos, que son el órgano supremo, con autonomía normativa y administrativa. Servirán ad honorem el cargo por siete años, reelegibles.

b) La Secretaría Ejecutiva, órgano unipersonal que ejecutará los acuerdos de los Observadores Ciudadanos, y será el enlace con los Delegados Institucionales.

c) La Asamblea de Delegados Institucionales, órgano colegiado que vincula los Observadores Ciudadanos con las instituciones suscribientes y otras que podrán unirse, todas las cuales en justa medida aportarán al sostenimiento del Observatorio. Cada institución designará dos representantes que fungirán como sus Delegados por periodos de dos años reelegibles.

4. Convocar a los siguientes ciudadanos para integrar el Observatorio:

[1] Pablo Barahona Krüger
[2] Giselle Boza Solano
[3] Alberto Cañas Escalante
[4] Alejandra Castro Bonilla
[5] Hilda Chen Apuy
[6] Gerardo Fumero Paniagua
[7] Glenm Gómez Álvarez
[8] Rodrigo Madrigal Nieto
[9] Luis Sáenz Zumbado
[10] Iván Salas Leitón
[11] Armando Vargas Araya
[12] Joaquín Vargas Gené
[13] Enrique Villalobos Quirós
[14] Propuesto por los Observadores
[15] Propuesto por los Observadores

5. Residenciar el Observatorio en el Colegio de Abogados con la concurrencia solidaria de las instituciones constituyentes, las cuales brindarán el apoyo logístico y material requerido.

Firmamos comprometidos y conformes, en San José, el 12 de julio de 2006.

Olga Marta Mena, Vicedecana de la Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
Marco Castro Alvarado, Presidente Colegio de Abogados
Heriberto Valverde, Presidente Colegio de Periodistas
Alexander Miranda Rivera, Presidente Colegio de Ciencias Políticas y # Relaciones Internacionales.

Julio 12 de 2006
Tribuna Democrática

POSICIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL COSTARRICENSE ACERCA DE LA POLITICA SALARIAL PARA EL SECTOR PUBLICO

Publicada el 16/07/2006 | por | Dejar un comentario

En el contexto de la discusión sobre la fijación salarial para el Sector Público, la primera en la Administración Arias Sánchez; el Gobierno de la República, por boca de su Ministro de Trabajo y Seguridad Social, informó al país que_ “un aumento salarial superior al 2% sólo sería posible mediante la aprobación del TLC ( incluida la apertura de los servicios público de telecomunicaciones y de seguros hoy en manos del ICE y el INS respectivamente), la aprobación de la reforma fiscal, la disminución de la inflación y una mayor productividad del Estado”_, frase que en términos generales se consignó en varios medios de prensa.

Al respecto, al Movimiento Sindical Costarricense le interesa destacar lo siguiente:

• Primero: El Movimiento Sindical Costarricense rechaza tajantemente las desafortunadas declaraciones del señor Ministro de Trabajo, mismas que al día de hoy no han sido desmentidas por el Gobierno de la República.

• Segundo: Esa concepción política en materia salarial carece radicalmente de contenido, son un sin sentido, porque se ha demostrado hasta la saciedad que ese TLC profundiza el denominado modelo neoliberal de desarrollo que se ha tratado de imponer a la sociedad, en los últimos veinte años con resultados que saltan a la vista: alta inflación, salarios a la baja y con deteriorado poder de compra, concentración de la riqueza, injusta estructura impositiva persistente, evasión tributaria sin control, deterioro de los servicios sociales esenciales, promoción de privatización de las entidades más rentables del patrimonio público; corrupción galopante y crecimiento del deterioro de la legitimidad del sistema institucional; amén de un sistemático desbalance comercial con la serie de tratados firmados en los últimos años: México, Chile, Canadá y otros.

• Tercero: Específicamente en cuanto a lo salarial, este modelo, nos ha llevado a un empobrecimiento salarial en todos estos años, de más del 50% del salario real. Además, la tasa de pobreza pasó de un promedio del 20% al 23% de las familias; la tasa de vulnerabilidad de pobreza llega casi al 60 ; la tasa de desempleo en promedio, aumentó en este periodo de un 5.4 a un 7%; y la inflación ha superado con creces los ajustes salariales de los últimos años.

• Cuarto: La concentración de la riqueza muestra signos alarmantes. Por ejemplo, las exportaciones han crecido por 10 en estos años, pero la estructura tributaria sigue igual o peor que antes. La inversión extrajera se ha cuadriplicado y sólo en lo que va de este año, según informe del propio Banco Central, la economía creció a un ritmo del 7%, sin embargo, no hay encadenamientos productivos internos como para estimar que esa inversión ha sido integralmente beneficiosa para el desarrollo nacional.

• Quinto: En consecuencia no lleva razón el Gobierno de la República al estimar que la aprobación del TLC y un mayor crecimiento económico lleve, automáticamente, a mayores salarios. Tampoco es cierto como lo revelan los números, que una mayor inversión extrajera y, por tanto, mayores exportaciones impliquen un incremento en los salarios. Algo no está funcionando bien cuando las cifras de crecimiento económico no se están reflejando en mejores ingresos salariales, en la disminución del empleo ni en un desarrollo económico integrado plenamente.

Es en función de todo lo anterior es que el Movimiento Sindical Costarricense en su conjunto, rechaza radicalmente el chantaje de condicionar la discusión de una política salarial decente a la aprobación del TLC con EEUU, o en su defecto que el tema del TLC sea manipulado para justificar un paupérrimo aumento salarial al sector público.

Ahora bien, si en realidad le interesa al Gobierno de la República que se hable en profundidad del TLC, lo instamos a abrir debates democráticos de cara a la sociedad civil, pues en el movimiento sindical y social estamos más que listos para una discusión seria y de semejante calibre en cualquier otro escenario de discusión.

Por tanto,

Si de verdad hay interés político del Gobierno de la República en torno a una política salarial para el Sector Público durante el desarrollo de su gestión, será imprescindible disociar el tema del TLC del tema salarial. Este elemento es de fundamental aclaración por parte del Gobierno de la República en aras de proseguir y mantener la negociación salarial, caso contrario el Gobierno asumirá la responsabilidad de no poder concertar con el movimiento social de los trabajadores y trabajadoras de Costa Rica.

San José, 13 julio de 2006

Movimiento Sindical Costarricense

El “modelo de desarrollo” de La Nación

Publicada el 16/07/2006 | por | Dejar un comentario

Entre fines de junio y mediados de julio, La Nación quiso dibujarnos su “modelo de desarrollo”. Es decir, el “modelo” que se nos ha impuesto a lo largo de los últimos veinte y tantos años, que es el mismo que ahora se quiere radicalizar por medio del TLC con Estados Unidos. Varios reportajes durante esos días pintaban en tonos rosáceos, y con trazos de jardín de niños, el boom de los privilegios que está rehaciendo la geografía física y el paisaje social de Costa Rica. Una mirada analítica ligeramente crítica, podría fácilmente desentrañar la destructiva irracionalidad que subyace tras la crónica complaciente y corronga.

El 24 de junio nos hablan del auge de la construcción, sin omitir aclarar que la cosa mucho tiene que ver con centros comerciales en el Valle Central y suntuosos desarrollos habitacionales en las costas. Esto se amplía en reportaje del 13 de julio, donde se hace panegírico del auge urbanístico en el cantón de Santa Cruz, con torres de 15 pisos frente al mar y condominios que se venden por $1 millón a acaudalados ciudadanos extranjeros. Un paso más allá, sería fácil constatar que esto tiene que ver también con el negocio bancario especulativo, inclusive las sustanciosas ganancias de la banca pública que acostumbran citar como indicador de éxito de la “apertura” bancaria.

Otro reportaje, publicado el 3 de julio, ofrece una como al modo de coronación de esta crónica de despojo y despilfarro. Nos dicen en el título: “Foráneos compraron $400 millones en propiedades”. Y amplían en el texto: “Los extranjeros invirtieron cerca de $400 millones en la compra de villas, casas, condominios, terrenos, locales y hoteles en Costa Rica en los últimos dos años”. Inocentes y alelados, lo dicen como si cantaran “los pollitos dicen…”

De lo que estas informaciones nos hablan es, a fin de cuentas, de una operación económicamente irracional –porque implica despilfarro del escaso ahorro nacional- la cual, además, enajena y extranjeriza los recursos nacionales, inclusive nuestras playas. El proceso conlleva clarísimas consecuencias ambientales y odiosos efectos de exclusión social, ya que, en efecto, cada hotel playero de lujo y cada condominio frente al mar, son retazos de naturaleza destruida y espacios de belleza escénica negados al disfrute del pueblo costarricense.

El 25 de junio, las páginas del matutino amanecen inspiradas y fructíferas. Dos reportajes nos vociferan las “bondades” del “modelo”. En uno se informaba acerca de la “gran terminal aérea” que se construirá en Liberia. De paso narran los sufrimientos que acongojados turistas han de sobrellevar en las incómodas instalaciones del aeropuerto actual. Ese es el turismo de enclave: desde Nueva York o Chicago llegarán a la “gran terminal” (como hoy llegan al incómodo aeropuertito), para luego irse a meter en un mega-hotel de lujo, propiedad de una cadena transnacional, donde, como en sus casas, verán los mismos canales de televisión, se bañarán en tina con agua caliente y se arrebujarán en camas grandotas y mullidas. Y, as usual, para_ “ejercitarse”_ irán a jugar al verdísimo campo de golf. No sabrán nada de la gente que vive en las casuchas a la vera de la carretera y, al final, solo una fracción insignificante de los muchos dólares que desembolsan llegará alguna vez a manos de un lugareño.

En el otro reportaje de ese 25 de junio, nos hablan de un proyecto de ley que busca incentivar la construcción de marinas, es decir, atracaderos para yates. Se reducen plazos; se simplifican trámites; se minimizan requisitos…se amplían plazos de concesión. Desprendidos y manirrotos, ofrecen nuestras costas a precio de sobrantes de enero. Los libertarios son sus promotores en instancias legislativas y el Ministro de Turismo de Arias su abanderado entusiasta.

La información indica que, hasta ahora, tan solo podemos “presumir” de tener una de tales marinas: en playa Herradura, cantón de Garabito. Una señora del lugar alguna vez me contó cómo fue construida: a punta de dinamita, y en medio de estruendos, despedazaron los peñascos hasta “domesticarlos” y convertir el mar en plácida ensenada donde reposan los caros “juguetitos” sobre los cuales los privilegiados ventean su estatus.

¿Pretenderán acaso que no nos demos cuenta que con esto nos gritan que nuestra casa ya no es nuestra casa y que nos están lanzando de puertas afuera? ¿Y encima exigen nuestro aplauso y regocijo? Su “modelo” nos deja un ambiente destruido, dilapida el ahorro, enajena nuestros recursos más preciados, y, así, abre la llave para que ríos de divisas salgan a futuro de Costa Rica.

Como en el 1984 de Orwell, Bush y La Nación quiere hacer creer que las cosas no significan lo que significan. Si para Bush la guerra es la paz y la tortura los derechos humanos, para este matutino el despojo es regalo, la expulsión bienvenida, la exclusión un abrazo. Y la riqueza sin medida de unos pocos es la mayor bendición a que pueden aspirar todos los desheredados.

He aquí el “modelo” neoliberal en la plenitud de su irracionalidad anti-vida. Los libertarios son su escuadrón de choque, con estómago para hacerse cargo del trabajo sucio. La Nación es su centro neurálgico de generación de ideología y propaganda. Arias, su mascarón de proa, a conveniencia de los imperativos del momento político. El Partido Liberación la momentánea plataforma para un proyecto político que conoce una sola ideología: la del enriquecimiento sin límites para unos cuantos.

Y, desde luego, el TLC es su proyecto estrella y, en particular, el poderosísimo motor destinado a acelerar el proceso y lanzarlo hasta las estrellas. Su combustible será el mismo que alimenta estos excesos ofensivos de los que se nos hace crónica rosa: el trabajo malbaratado de nuestras clases trabajadoras; la ruina del productor de alimentos; el ejercito de los desempleados e informales; el hacinamiento en los tugurios; niños con hambre; ancianas abandonadas; violencia en las calles y en las casas; ríos como cloacas y ciudades como campos de guerra.

Julio 15, 2006
Tribuna Democrática