Carta al Señor MSc. Rafael Gutiérrez Rojas Director Area de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC) Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Solicitándole información ante la preocupación de SITRAMINAE sobre la administración de la Isla San

Señor
MSc. Rafael Gutiérrez Rojas
Director
Area de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC)
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)
Su Despacho

Estimado señor:

Reciba su digna autoridad, en primer término, un atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Queremos unirnos por esta vía a la sensible y válida preocupación que expresa la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio del Ambiente y Energía e Instituciones Afines de Conservación (SITRAMINAE); en torno a lo que estaría ocurriendo con la Isla de San Lucas, al contravenirse un mandato constitucional en cuanto a que su administración y manejo corresponde al MINAE y no a la Municipalidad de Puntarenas; entidad ésta que habría tomado posesión del área protegida de dicha isla.

Al igual que lo hacen los compañeros de SITRAMINAE, la ANEP desea obtener una copia del expediente respectivo, para proceder según lo consideremos conveniente; petición ésta que, siempre en un marco de respeto, se la formulamos al amparo del Artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Licda. Ana Lorena Brenes E., Procuradora General de la República.
c.:Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
c.:Sres. Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).
c.:Junta Directiva SITRAMINAE.
Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
c.:Archivo.

Gobierno debe pedir la ayuda de Venezuela

La grave crisis socioeconómica que está viviendo el país, motivada en parte por los altos precios del petróleo en el mercado internacional, obliga a las máximas autoridades del Gobierno de la República a manejar un abanico de opciones de sobrevivencia; dentro de las cuales no puede excluirse las gestiones directas ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo Presidente Constitucional, el Dr. Hugo Chaves Frías, ha mostrado una gran sensibilidad para entender las dificultades de las economías de los países latinoamericanos.

Resultaría inaceptable que por consideraciones políticas transnochadas y por una excesiva servidumbre para con los intereses de los Estados Unidos de América, los y las costarricenses tengamos que sufrir una escalada de precios sin control, la cual se origina justificada o malintencionadamente, en el vaivén hacia arriba de las cotizaciones internacionales del precio del petróleo; precios que se dispararon luego la invasión estadounidense a Irak.

Sería inaudito someterse a cavernarias posiciones ideológicas internas, cuando el propio Gobierno de El Salvador, también constitucional, conocido por su docilidad inquebrantable a los intereses estadounidenses, ha decidido tocar las puertas del Gobierno de Venezuela en tal sentido.

El actual Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, es producto de elecciones democráticas y libres, cuya legitimidad está más que certificada por un pueblo que tiene una herramienta constitucional de la cual en Costa Rica se carece: el referéndum revocatorio. El mandatario venezolano Dr. Hugo Chaves Frías se sometió al mismo y fue contundentemente ratificado en el cargo.

Vistas así las cosas, si el Gobierno de la República y, particularmente, el Presidente Dr. Abel Pacheco de la Espriella, realmente están preocupados por la acongojante situación del precio de los combustibles, deben proceder de inmediato a entablar negociaciones directas con el Gobierno constitucional de Venezuela, apelando a la solidaridad del mismo, ya muchas veces demostrada en el escenario internacional.

Paralelamente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben actuar con celeridad y con real voluntad política, para revisar la injusta estructura impositiva que pesa sobre el precio de los combustibles en nuestro país.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 5 de setiembre de 2005.

I ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

CONSTATAMOS QUE:

– Las violaciones a los derechos humanos en la región centroamericana se agravan con la implementación de políticas neoliberales agudizadas por la imposición de tratados de libre comercio, y por políticas hemisféricas de seguridad, impulsadas por los Estados Unidos, e implementadas por los gobiernos de la región, que colocan a los defensores y defensoras de derechos humanos en la misma categoría de terroristas y narcotraficantes.

– En la región, los gobiernos se han apartado progresivamente del paradigma democrático de la seguridad y el desarrollo, teniendo como resultados evidentes el aumento de la pobreza, una ola creciente de asesinatos de jóvenes y mujeres, la adopción de legislaciones de mano dura y de restricción a los derechos, la criminalización y penalización de la manifestación y movilización social y, el aumento sistemático de los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos.

– La impunidad se manifiesta y profundiza en la región centroamericana. La mayoría de violaciones de derechos humanos del pasado y del presente, así como los asesinatos y los actos de corrupción, no tienen investigaciones serias que conduzcan al conocimiento pleno de la verdad, a la identificación de los responsables y a su enjuiciamiento y sanción. La impunidad impide la construcción de la paz y de un estado democrático de derecho.

– Un agravamiento de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en toda la región.

AFIRMAMOS QUE:

– Los defensores y defensoras de derechos humanos somos todas las personas, grupos, comunidades y movimientos que trabajamos y luchamos por la vigencia plena de los derechos humanos, y que hacemos una contribución significativa al desarrollo de la cultura democrática y a las propuestas de reforma del Estado, rendición de cuentas y ampliación de la participación a nivel local y nacional.

RECONOCEMOS LAS SIGUIENTES TENDENCIAS REGIONALES
a) Tendencias negativas:

* El aumento de la difamación como forma de intimidación y deslegitimación del trabajo de los defensores y defensoras.

* La criminalización de los defensores y defensoras teniendo como resultado su inmovilización y en consecuencia, actos de represión, prisión y hostilidad.

* La criminalización del derecho de manifestación que ha sido vedado durante estos últimos años.

* El señalamiento de los defensores y defensoras como antisistema por parte de los gobiernos por no coincidir con sus políticas y no participar o retirarse de los diálogos, que legitiman el sistema y no resuelven las causas de las violaciones a los derechos humanos.

* El aumento de las amenazas, intimidaciones y asesinatos en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos en el último año. Destacamos que los pueblos indígenas y afrodescendientes son los que se encuentran en mayor vulnerabilidad.

* La utilización de archivos policiales, de inteligencia militar o judicial para la persecución e intimidación de los defensores.

* La participación de agentes de Estado en la ejecución y organización de operativos en contra de los defensores y defensoras.

* La difamación de los defensores y defensoras por parte de las grandes empresas que controlan la mayor parte de los medios de comunicación social. Es difícil que estas empresas reproduzcan con objetividad y amplitud notas periodísticas que reflejen nuestro quehacer.

* La reducción del financiamiento a programas y actividades de los defensores y defensoras de derechos humanos; así como el de los organismos estatales e internacionales de protección de los derechos humanos.

b) Tendencias positivas

“ El desarrollo de estrategias en redes para responder e implementar mecanismos de protección.

* El fortalecimiento de alianzas y articulación de acciones en busca de la solidaridad nacional e internacional.

* El reconocimiento y la inclusión de la diversidad sexual como parte del movimiento de los derechos humanos.

* Un mayor profesionalismo en el ejercicio de los mecanismos formales, nacionales e internacionales, para la protección de los defensores y defensoras, y una mejor sistematización de las violaciones en su contra.

* Atención integral a los defensores y defensoras, en particular a su salud mental.

PROPONEMOS:

A los Estados:

a) Visibilizar y reconocer el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en cada país y en el ámbito regional.

b) Promover que los candidatos y candidatas a las Procuradurías o Defensorías de Derechos Humanos sean personas con reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.

c) Aumentar y asegurar el presupuesto de las instancias estatales de protección de derechos humanos.

d) Asegurar la existencia de un cuerpo legal adecuado para la dignificación y protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.

e) Aumentar las líneas de financiamiento a los mecanismos internacionales de protección, en particular a los que tutelan los derechos de los defensores y defensoras.

A los Órganos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos:

a) Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cree una relatoría sobre defensores de derechos humanos.

b) Mientras se crea la Relatoría, la Unidad de Defensores de la CIDH debe realizar informes temáticos sobre la situación de defensores y defensoras en la región con énfasis en la situación de defensores y defensoras de medio ambiente, de los derechos de los pueblos indígenas, de la diversidad sexual y de los y las sindicalistas.

c) Realizar Informes sobre la práctica de la difamación contra los defensores y defensoras de los Derechos Humanos.

d) Exhortar a los estados a investigar eficazmente las violaciones a los derechos de los defensores y defensoras, en la aplicación de las medidas cautelares otorgadas a éstos.

A los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos:

a) Profundizar y generalizar el conocimiento sobre los distintos mecanismos internacionales y la forma de acceder a ellos.

b) Socializar entre las organizaciones y países con experiencias en la utilización de los mecanismos internacionales, las prácticas exitosas y las lecciones aprendidas en su implementación. Dicha socialización busca encontrar formas de aplicación creativas de los mecanismos en la práctica cotidiana de nuestro trabajo.

c) Promover la elaboración de un caso emblemático centroamericano de defensores y defensoras de derechos humanos como una estrategia para impulsar cambios en las políticas públicas en el ámbito nacional e internacional.

d) Establecer alianzas con las organizaciones y redes de derechos humanos que puedan influir en la aplicación de las directrices de la Unión Europea.

ACORDAMOS

a. Crear una red que desarrolle y fortalezca lazos de solidaridad y acciones para la protección y el reconocimiento de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos del área centroamericana que incida en la sociedad, el Estado e instancias internacionales.

b. Implementar un mecanismo nacional de sistematización de la situación de las y los defensores de derechos humanos y de articulación de mecanismos creativos de protección.

c. Establecer vínculos de comunicación ágiles entre el mecanismo nacional y los mecanismos internacionales.

d. Fortalecer la coordinación de organizaciones de derechos humanos para la presentación de denuncias integrales y amplias tanto a nivel nacional como regional e internacional.

e. Desarrollar talleres de salud mental para defensores y defensoras de derechos humanos que se realicen de forma permanente y preventiva. Así como buscar los medios electrónicos para desarrollar acciones en esta línea.

f. Impulsar los mecanismos de acompañamiento internacional solidarios en los distintos países centroamericanos.

Finalmente, solidarizarnos con las familias de los defensores y defensoras que han sido asesinadas, y con los defensores y defensoras que sufren privación de libertad, demandas judiciales, atentados, amenazas, allanamientos, persecución y cualquier otra forma de hostilidad como medio de intimidación para impedirles su trabajo, muchos /as de los y las presentes en este encuentro somos víctimas de algunas de estas acciones de intimidación.

La Antigua Guatemala, 2 de Septiembre de 2005

Pretendía contratar a WPP

Mediante oficio DAGJ-2463-2005 del 26 de agosto de 2005, la Contraloría General de la República, denegó la autorización para que el Alcalde de Tibás, Percy Rodríguez Argüello, contrate en forma directa a la WPP para que brinde el servicio de recolección de basura.

Según este oficio, acceder a esa solicitud, constituiría un despilfarro de recursos públicos, puesto que implicaría mantener a los trabajadores de recolección de basura que han sido reinstalados por la Sala Constitucional, sin trabajar mientras se les paga el salario, y al mismo tiempo, pagar ¢12 millones mensuales a una empresa privada para que brinde el servicio.

En ese mismo oficio, la Contraloría le ordena a Percy Rodríguez que en tres días, presente la solicitud de contratación directa para la reparación de los camiones recolectores de la Municipalidad, así como para el alquiler de camiones para prestar el servicio de recolección con las cuadrillas municipales, en el tanto se reparan los del municipio.

Además, trascendió el día de ayer, que la Contraloría General de la República ha destinado a 4 de sus auditores, para que realicen un estudio especial en la Municipalidad de Tibás en los próximos días, lo anterior debido a la serie de anomalías que se han denunciado ante el órgano fiscalizador.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 1 de setiembre de 2005.
S.G.05-07-0093-05

¡¡¡Lo logramos!!!

1) En el plazo máximo de un mes, se recuperará la jornada laboral de 40 horas.

2) Se honrarán las deudas salariales acumuladas, una vez resuelta una controversia con la Autoridad Presupuestaria.

Tal y como estaba previsto, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se efectuó la crucial reunión entre las altas autoridades políticas y administrativas de Correos de Costa Rica S. A., con las representaciones laborales y, por supuesto, con la ANEP y su Seccional ANEP-Correos de Costa Rica, S. A.

La máxima representación institucional expresó su voluntad política, por medio de un acuerdo de la Junta Directiva, para restaurar, en el plazo máximo de un mes, la jornada laboral de 40 horas. Además, la Auditoría Interna Institucional presentó un informe sobre el cálculo estimado del presupuesto global que se requerirá para la cancelación de las deudas salariales acumuladas. La Administración, por su parte, indicó que ya está trabajando en el estudio, persona por persona, acerca del monto a pagar; estudio que estará listo en un tiempo prudencial y necesario. Las deudas salariales incluirán a personas trabajadoras que ya no laboran en la institución (ya sea por renuncia, despido o pensión).

¡¡¡Lo logramos!!! Se hizo justicia, por fin.

Gracias por confiar en ANEP.

Necesitamos mantenernos en alerta por si la Autoridad Presupuestaria persiste en una posición que no se puede sostener, ni política ni jurídicamente, lo cual nos obligaría a movilizarnos.

Manténgase en atención. ANEP brindará asesoría directa a sus afiliados y afiliadas en cuanto a la estimación correcta del pago a recibir, una vez recibidos los cálculos preliminares que elaborará la Administración en fecha próxima.

ANEP hace público reconocimiento que tanto la Junta Directiva, como la Gerencia General y la Administración Superior, abordaron de manera muy responsable esta delicada situación y honraron su palabra empeñada ante el MTSS.

Además, dejamos constancia que como organización sindical estamos con mucho interés en discutir y aportar sobre temas como productividad y competitividad, de cara al entorno amenazante que tiene la empresa; motivo por el cual el futuro estratégico y financiero de la institución debe ser una preocupación de esencial prioridad para sus trabajadores y trabajadoras. Sobre esto también hablaremos en el futuro próximo.

Otra buena noticia: la Convención Colectiva de Trabajo es ya una realidad. Espere un comentario específico en fecha próxima.

Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP

San José, 26 de agosto de 2005.

Correos: Grave conflicto laboral en ciernes

Mañana viernes 26 de agosto, en el sétimo piso de la sede oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tendrá lugar una crucial reunión de conciliación laboral, a fin de evitar la inminencia de un grave conflicto socioeconómico que podría derivar en una Huelga General en Correos de Costa Rica, S. A.

Luego de la transformación institucional del anterior CORTEL a Correos de Costa Rica S. A., poco más de 300 trabajadores sufrieron un ilegal cambio de jornada, la cual se les aumentó de 40 a 48 horas, sin mediar retribución económica alguna.

Los tribunales de justicia han venido fallando a favor de las demandas laborales que ya se han tramitado, por lo cual el proceso conciliatorio abierto con la intervención del MTSS, busca soluciones negociadas que no encarezcan más la implantación de justicia.

Las autoridades políticas y administrativas de Correos de Costa Rica S. A. se comprometieron en audiencia anterior, a presentar mañana viernes un informe que establezca la forma de restauración de la jornada de 40 horas y el detalle, persona por personal, del monto individualizado de la deuda salarial acumulada, así como el sistema de pago que se hará en cada caso.

Valga indicar que el actual diputado Lic. Ricardo Toledo Carranza, hoy Candidato Presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), es el responsable político máximo de la situación difícil que hoy está afrontando Correos de Costa Rica, S. A.; por cuanto él era el Gerente General de la institución, cuando ocurrió el ilegal cambio que afectó a los trabajadores de la institución.

Si fracasase la reunión de mañana, porque la institución deshonra el compromiso asumido y firmado hace varias semanas, los trabajadores quedarán liberados de cualquier responsabilidad y deberán actuar conforme a la mejor protección de sus intereses económico-sociales, contando ya con la legalidad de su lado en forma incuestionable.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, 25 de agosto de 2005.
S.G. 05-07-0073-05

Apoyamos proyecto de ley del Diputado Patterson

Hacemos público nuestro más decidido respaldo a la iniciativa jurídica del diputado Edwin Patterson Bent, para emitir una ley que reduzca el monto del impuesto único a los combustibles por un período de cinco años.

La descarnada cadena de alzas en el costo de la vida que estamos sufriendo a diario, tiene a la clase trabajadora asalariada como una de sus principales víctimas; trayendo dolor, nerviosismo, tristeza y desestabilización familiar en miles de hogares del pueblo costarricense.

Si bien es cierto el alza internacional en los precios del petróleo es un factor que escapa al control de un pequeño país como el nuestro; el tema de los precios de los combustibles en Costa Rica está manejado con criterio fiscalista en contra de los intereses de la gente.

Exigimos a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y todas las fracciones parlamentarias, atender con prontitud el incesante clamor popular contra el abusivo proceso de alza en el costo de la vida, muchas veces fundamentado falsamente en el alza en los precio de los combustibles.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 24 de agosto de 2005.
S.G. 05-07-0069-05

¡URGENTE!

Antecedentes:

1- El Alcalde Municipal, Percy Rodríguez Argüello, a la fecha no ha cancelado el ajuste de salarios correspondiente al primer semestre del año en curso, así como el rubro correspondiente a la retención por concepto de Salario Escolar.

2- El Alcalde Municipal no había presupuestado en las partidas correspondientes a los salarios de noviembre, diciembre y el aguinaldo de los y las trabajadoras; es decir que a partir de noviembre ya no había partida para salarios y aguinaldo.

3- Los equipos como las vagonetas, carros y tractores, sin ningún mantenimiento y sin los derechos de circulación.

4- Los trabajadores y la trabajadora: sin uniforme, guantes y equipos de trabajo.

Propósito:

Desmantelar servicios y privatizarlos, lo que tiene preparado en una primera fase con la empresa WPP, a la que ya le contrató los servicios de recolección de la basura.

Por estos motivos los trabajadores van a huelga, y se firma un acuerdo con el Concejo Municipal, el cual Percy Rodríguez Argüello lo desconoce y sin el debido proceso despide a los 64 compañeros y compañera que participaron en la huelga.

Este martes 23 de agosto esperamos que el Concejo Municipal, tome tres acuerdos, los cuales serían:

1- Desconocer el acto administrativo por medio del cual el Alcalde despide a los trabajadores.

2- Se apruebe una moción para realizar un plebiscito para revocar el mandato de Percy Rodríguez Argüello.

3- Se apruebe una moción contra la privatización de los servicios.

El Alcalde Municipal de Tibás ha demostrado no escuchar razones, incluso ha dejado plantado al señor Ministro de Trabajo y de Seguridad Social en 2 ocasiones; también rehusó la mediación que se planteara con el Arzobispo de San José.

Únicamente con el apoyo de todo el Movimiento Sindical Costarricense, podremos derrotar la soberbia y prepotencia de este Alcalde.

Acompáñenos este martes 23 de agosto, desde las 2:00 p.m. ya que a las 7:00 p.m. inicia la sesión del Concejo Municipal, en el Parque de Tibás.

¡PERCY SERÁ DERROTADO!

Cordialmente,

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 22 de agosto del 2005.
S.G. 05-07-0066-05

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c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Archivo.

Trabajadores de campo de Municipalidad de Tibás en huelga de hambre

Estos trabajadores, muchos de ellos con más de treinta años de trabajo en las comunidades de Tibás, se dedican a la limpieza y aseo de calles, reparación de parques y otros oficios fundamentales para la salud y el bienestar de los habitantes de este popular cantón josefino.

Los trabajadores intentaron por muchos meses negociar con el Concejo Municipal y el Alcalde la solución a su problemática, sin embargo el Alcalde Percy Rodríguez siempre se retiró de las sesiones del Concejo.

En el mes de julio y por tres semanas, los 67 trabajadores de campo decidieron entrar en huelga, como protesta contra al no pago del aumento de salarios y del salario escolar, situación que vino a colmar la paciencia de estos humildes trabajadores y trabajadoras costarricenses. Esta huelga, fue levantada en medio de irregularidades judiciales, de la incapacidad de negociar por parte del alcalde municipal, pero con la promesa del Consejo Municipal de pagar los salarios caídos, y especialmente por el apoyo incondicional y expreso de los vecinos de Tibás.

Después varias semanas de haber vuelto al trabajo, los 67 trabajadores fueron despedidos ayer sin responsabilidad patronal por una medida del alcalde Rodríguez. Estos trabajadores, los más humildes entre aquellos que trabajan el sector municipal, han sido llevados a tomar una decisión extrema: 12 compañeros han iniciado una huelga de hambre, como protesta ante la represión edil y como forma de reafirmar su dignidad y fortaleza como seres humanos, en medio del dolor y la incertidumbre.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha acompañados a estos compañeros y compañera en este proceso de lucha. Hoy denunciamos ante la comunidad nacional e internacional estos hechos, que en contexto, tienen gran significado para el Estado de Derecho en Costa Rica.

Al inicio de la huelga de hambre un trabajador se encadenó a la verja del edificio municipal.

Las ilegalidades y arbitrariedades en que ha caído el alcalde Percy Rodríguez, en su gestión municipal, unido a las decisiones judiciales que se dieron por parte del Tribunal de Trabajo, para declarar ilegal la huelga de julio, son una muestra de la fragilidad institucional costarricense. En ese sentido, esta huelga de hambre, que tiene como telón de fondo la dignidad de ciudadanos costarricenses, es el resultado de irregularidades de parte de las autoridades municipales, de los entres contralores nacionales y de los tribunales judiciales, que en conjunto nos ponen ante un retroceso de las garantías individuales y colectivas reconocidas en nuestra Constitución Política y en la normativa internacional que sobre derechos humanos, civiles, políticos y sociales, ha ratificado nuestro país.

JUSTICIA CUESTIONADA
Las irregularidades del trámite que declaró la ilegalidad de la huelga ,
denunciadas por ANEP, no fueron atendidas debidamente por la autoridades del Tribunal de Trabajo.
Además los trabajadores fueron despedidos cuando ya hacía dos semanas regresaron a sus funciones y se había logrado un acuerdo con el Concejo Municipal que el Alcalde irrespetó.

Irregularidades del procedimiento
– La inspección al centro de trabajo hecha por la jueza, para determinar las condiciones del movimiento, no fue notificada oportunamente a los trabajadores, lo que hizo imposible su presencia, de forma tal que la jueza se hizo acompañar únicamente por el Alcalde y los asesores de este.

– A pesar de que la huelga era un movimiento exclusivo de los trabajadores del Platel Municipal, la jueza tomo en cuenta a los trabajadores administrativos que se encontraban laborando para determinar el número de trabajadores holgados, determinando luego en sentencia que la huelga no cumplía con 60 por ciento de trabajadores que exige la ley.

– La jueza declara en sentencia de primera instancia la ilegalidad de la huelga, basándose únicamente en los alegatos de la patronal, y esto porque no conoció los argumentos de defensa presentados por los trabajadores. La razón: ¡ El escrito de descargo y defensa de los trabajadores fue extraviado en las oficinas del Juzgado, de manera tal que la jueza no tuvo noticia del escrito de defensa!

– Los jueces del Tribunal de Trabajo, rechazaron del recurso de apelación interpuesto por los trabajadores contra la sentencia de la jueza de primera instancia. Resolvieron que no existía nulidad alguna en la sentencia impugnada, que a los trabajadores no se les puso en estado de indefensión esto por cuanto ¡la jueza era garante del proceso!…., y lo más grave: El fundamento jurídico dado por los jueces, no guarda relación alguna con los alegatos expuestos en el recurso. Así por ejemplo, en la sentencia los señores jueces señalan que no llevan razón los trabajadores cuando alegan la inconstitucionalidad del l artículo 373 inciso c) y que por esta razón la huelga era ilegal. Lo sorprendente es que esa supuesta inconstitucionalidad nunca fue alegada en el recurso, esa norma ni siquiera se menciona. Por otro lado en relación a los argumentos que sí fueron expuestos por los trabajadores, los jueces no mencionan palabra alguna. ¡ La huelga es ilegal y punto! Para colmo de males, por disposición legal, contra las resoluciones judiciales no procede el Recurso de Amparo sin importar el derecho fundamental que esté de por medio.

– Por tratarse de un proceso de tipo sumario, la sentencia de los jueces no tiene ulterior recurso. ¡Su decir es santa palabra!

– El Alcalde ejecuta el despido cuando ya no existe movimiento de huelga, todos los trabajadores se encuentran laborando y cumpliendo fielmente sus obligaciones.

– El despido se hizo de manera intempestiva, de ejecución inmediata, sin seguirse el procedimiento regulado en la ley, y sin otorgársele a los trabajadores oportunidad alguna para defenderse, lo representa una violación flagrante a las garantías procesales del debido proceso. ¡Los trabajadores a la calle y punto….!

San José, 19 de agosto de 2005.