Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ya se decidió a votar? ¿Tiene dudas de presentarse a las urnas el próximo domingo 6 de febrero? ¿Todavía no sabe a quién darle su voto en la elección presidencial?

¡Estamos a 10 días! Una inmensa cantidad de ciudadanía votante está dispuesta a PASAR FACTURA, así, en mayúscula, a los partidos del bipartidismo tradicional, conocido como el PLUSC (Liberación-Unidad); ahora tripartidismo PLUSC-PAC.

A partir de 1990, ajustan 8 gobiernos sucesivos: Calderón Fournier, Figueres Ferrer, Rodríguez Echeverría, Pacheco de la Espriella, Arias Sánchez, Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada. Y este último incluso ha contado con el respaldo y el apoyo del partido religioso que se partió en dos: el de Cruickshank y el de Fabricio. ¿Y cómo nos tienen?

Nos tienen metidos en un proceso acelerado de polarización, desde el punto de vista de concentración de la riqueza: cada vez son menos los que tienen más, por un lado; por otro, cada vez son más los que tienen menos. La clase media, sostén de la democracia en los mejores tiempos de esta, está en desaparición. Estamos ya en el octavo lugar del planeta en desigualdad. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!

Nos tienen con un sistema tributario perversamente corrupto. Su profunda injusticia se ha hecho más crónica desde que todos ellos juntos nos impusieron un ajuste fiscal en contra de los y de las de abajo, para favorecer a la gente de más arriba; acostumbrada esta a evadir sus responsabilidades tributarias, a eludirlas, a escamotear su pago y a mantener mucho capital fuera de nuestras fronteras, en paraísos fiscales. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!

Nos tienen bajo el gobierno real, con todo su peso político, de la plutocracia (el grupo de los más ricos dentro del segmento de los ricos). No es la agenda de la verdadera inclusión social, ni de la necesaria reactivación económica, ni la de generación de trabajos decentes, ni tampoco la de la justicia salarial, la que han venido impulsando los gobiernos del PLUSC-PAC y sus adláteres. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!

Nos tienen con una amplia presencia político-delictiva del crimen organizado y del negocio del narcotráfico, avanzando en el control social-territorial de una manera espeluznante; y, por el contrario, unos cuerpos policiales debilitados, mal pagados, agredidos salarialmente, con dramáticos casos de hambre familiar y de gran precariedad de existencia. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!

Nos tienen con, prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) en el desempleo, en la informalidad, en el “cuenta-propismo”, en el “come cuando hay”; al margen todos estos grupos laborales de la Seguridad Social.

La otra mitad de la PEA, en la cual está la gran masa de gente trabajadora con empleo formal, el salario está congelado, va a la baja, no compensa el alza en el costo de la vida y se atreven a decir que el salario mínimo debe ser rebajado en un 10 %. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!

El espacio es pequeño y las razones para PASAR FACTURA son demasiadas. Han venido renegando de las Garantías Sociales conquistadas en los años 40 del siglo pasado, así como de la propia Constitución Política de 1949.

Quebraron el Estado y nos endeudaron tantísimo que hasta los no nacidos ya deben demasiado. ¡Y tienen el cinismo de pedirnos que les volvamos a dar nuestro voto!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“ARESEP archivó estudio tarifario de oficio para el servicio de acueducto del AyA”, es el título del comunicado de prensa que, con fecha 20 de enero en curso, emitió la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en el cual leemos esta especie de sentencia política que, con toda sinceridad, nos causa escalofríos:

“…la ausencia total o parcial de la información solicitada al AyA, específicamente en materia de inversiones, atenta contra la prestación óptima y continuidad del servicio de acueducto”.

Nos preguntamos: ¿Se le oculta información a la ARESEP? ¿Existe alguna conjura contra la estabilidad y contra la transparencia institucional? ¿Será que, de manera deliberada, habrá alguna orientación política perversa para que AyA no preste en condiciones óptimas y con la necesaria continuidad el servicio de acueducto?

Estamos obligados a pensar lo peor, considerando que la hegemonía política dominante en el seno del actual Gobierno de la República es la del todo mercado-nada Estado, de manera tal que un fracaso estratégico de AyA, por una parte; y que, por otra, tal fracaso se vuelva irreversible, es una extraordinaria oportunidad para privatizarlo.

Esta presunción nuestra exhibe toda su potencia cuando leemos en el indicado comunicado de la Aresep lo siguiente: “… de continuar la situación descrita representa un riesgo muy alto para la continuidad del servicio y la atención de nuevas inversiones en el mediano plazo, dado que esas inversiones realizadas en los últimos cinco años no han sido capitalizadas vía tarifa, significando una carga financiera excesiva por el alto costo de la deuda y la demanda de flujos para el repago de la obligación, y que de continuar con esta práctica le restará capacidad de gestión de nuevas inversiones para atender la gran cantidad de problemas de infraestructura que aquejan al servicio que prestan”.

Particularmente, para la ARESEP es muy necesario realizar una fiscalización técnica, financiera y de gestión de todos los proyectos de inversión que fueron aprobados por la Junta Directiva de AyA para el período 2016-2020; es decir, durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís Rivera y de Carlos Alvarado Quesada, ambos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

¿Será el PAC el “enterrador” de AyA, aunque bien sabemos del gran poder que tienen en la gestión institucional, mandos de alto relieve y de gran peso jerárquico muy afines al bipartidismo tradicional PLUSC?

¡Qué va! La conjura contra la institucionalidad de AyA tiene fuerzas oscuras muy enraizadas en esta entidad, considerando que el agua representa un negocio de gigantescas ganancias. Si no, cómo nos explicamos que nunca se ha viabilizado que la institución venda agua embotellada.

Por el contrario, de sus propias fuentes y manantiales se nutre el actual alto corporativismo empresarial privado, que realiza ese gran negocio que es el servicio de provisión privada de ese vital líquido para todas las formas de vida, especialmente la humana.

En lo concreto inmediato, ARESEP archivó el reciente estudio tarifario de AyA, puntualizando tres razones que, al analizarlas de manera concienzuda, nos muestran que es imposible que haya tal impericia en sus niveles de alta gerencia y de selecto profesionalismo, a no ser, repetimos, de malas intenciones ocultas. Dice ARESEP:

• No se justificó ni se dio trazabilidad a los proyectos de inversión que realizó el AyA durante los últimos 5 años.

• No capitalizó el 54,7% de los recursos aprobados vía tarifa para proyectos de inversión para el periodo 2019 (₡14.560 millones), además de que no aportó la debida justificación o su aplazamiento para periodos subsiguientes.

• No presentó las justificaciones técnicas que permitan respaldar las variaciones significativas entre los montos proyectados de las inversiones y el monto real ejecutado.

Lleva ya bastantes meses la corriente sindical en la cual militamos, a través de su expresión concreta a nivel interno de AyA, denunciando de manera sistemática y con fuerte solidez argumental y documental, la gravedad de la situación que está viviendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; al punto de que creemos que es la grave de toda su historia, desde que éste fuera establecido mediante la ley de la República No. 2726, de 14 de abril de 1961, bajo la administración Echandi Jiménez.

Conscientes de que AyA está ante el peligro más grave de toda su historia, damos fe de nuestro compromiso sindical para aportar, con sentido estratégico, todo lo que podamos en su defensa, ofreciendo al apoyo más decidido en tal sentido a sus fuerzas internas sanas, en el plano obrero, técnico-profesional y político, de la mano con las comunidades y bajo el alero inspirador del Sindicalismo Ciudadano que hemos adoptado para esta parte de nuestro quehacer por una verdadera Democracia.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Durante las últimas semanas hemos venido haciendo un gran esfuerzo, para sensibilizar en el ámbito de la lucha social y sindical que ocupa nuestro quehacer diario, el significado de la palabra plutocracia.

Al colocar este vocablo en el buscador digital Google, encontramos las dos siguientes definiciones: “Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos”. Y, “Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza”.

Muchas personas en este país, incluido quien esto escribe, tenemos la certeza de que las políticas públicas, especialmente las económicas, que se han venido impulsando en las últimas administraciones gubernativas, responden a los intereses de grupos plutocráticos; interesados éstos en una apropiación total, por diferentes mecanismos, de servicios públicos y de empresas públicas que ofrecen jugosas rentas. Esto, por una parte.

Por otra, hay una concatenación ideológica entre esa finalidad y lo que viene planteando el neoliberalismo como plataforma político-programática para la asunción plena de las relaciones sociales en la comunidad, por parte del mercado y, por ende, del retiro del Estado de la mayor cantidad posible de ámbitos de desempeño, directo e indirecto.

Para el caso costarricense, la plutocracia ha logrado permear los otrora principales partidos políticos que han venido administrando la cosa pública en los últimos 30 años; básicamente a Liberación Nacional y a la Unidad Socialcristiana. Pero, lo que a no pocos sorprendió, ha logrado controlar al Partido Acción Ciudadana, notablemente así constatable con la gestión presidencial del señor Carlos Alvarado Quesada.

Pero, ¿es posible saber con exactitud quiénes son esas personas, de carne y hueso, que forman parte de la plutocracia en Costa Rica? ¡Sí! Por ende, se podría constatar que, de un modo u otro, tendrían responsabilidades políticas directas en el desastre nacional actual que nos tiene como uno de los diez países más desiguales del planeta.

Ahora bien, pensamos que esto de personalizar a la plutocracia es una tarea que va a quedar pendiente, dado que requiere de mucho cuidado y de gran exactitud. Lo que sí es real es que es algo urgente acometerla.

A los y a las plutócratas, gente de carne y hueso como uno, sí resulta posible empezar a identificarles a partir de las actividades económico-lucrativas en que se vienen desempeñando; destacando las mismas por su impacto en la sociedad. Veamos algunos pocos ejemplos, aunque “sustanciosos”:

Sin duda alguna, la plutocracia se muestra desde algunas corporaciones del negocio de las noticias, lo que hemos dado en llamar latifundios mediáticos.

En el sector financiero-bancario y su expresión de operación cotidiana, el mercado bursátil, la plutocracia tiene gran presencia. De hecho, se considera a este sector el realmente hegemónico-político dominante y de gran peso en los gobiernos de turno. En Costa Rica, se señala a la denominada Asociación Bancaria Costarricense (ABC), como la expresión de organización formal de la plutocracia financiera.

En el Régimen de Zonas Francas, la plutocracia encuentra una fuente de poder que ha venido incidiendo muy fuerte en los gobiernos de turno y en los sucesivos parlamentos. Las zonas francas son un tema tabú. Ni una milésima de impuesto tributario solidario, al menos, tiene viabilidad política.

Encuentra uno poderes plutocráticos en los procesos de compras del Estado. Particularmente, una reconocidísima marca de carros suele ganar todas y cada una de las licitaciones y a la familia dueña de la franquicia se le considera de mucha influencia en la esfera política tradicional.

En el negocio inmobiliario, la plutocracia tiene bastante asidero. Alquileres de edificios al Estado, proyectos multimillonarios de vivienda, la construcción-venta de condominios y edificios inteligentes, muestran a personajes que, aunque se esfuerzan por permanecer ocultos, algunos son bastante conocidos, pues han dejado en la ruina a no pocos inversionistas pequeños y medianos.

La evasión de impuestos, la elusión del pago de tributos, el sistema de exenciones y exoneraciones, ha generado poderes plutocráticos. Es indudable que a algún lado van a parar los, al menos, 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), que al año el fisco no puede captar, considerando que el sistema tributario costarricense es radicalmente injusto y vergonzosamente corrupto. Hay plutocracia aquí, sin duda.

En la gestión de construcción y de infraestructura vial, se generaron plutocracias, las que, por presunta corrupción y comisión de ilícitos quedaron con sus principales rostros en el ojo público durante muchos días del año pasado 2021. Ya se conocía cómo ejercían influencia en los gobiernos de turno, incluido el actual.

Como es lógico suponer, la identificación plena de los y de las plutócratas, los nichos de mercado que controlan, así como la vastedad y la profundidad de sus influencias políticas, es una cuestión que no ha sido investigada con plenitud.

Lo aquí indicado parte de una percepción producto del cotidiano seguimiento que procuramos hacer de la evolución de los más relevantes movimientos dentro de la realidad nacional. Sin duda, estamos de cara a una tarea cívica de corte estratégico.