Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al digitar la palabra tabú, el buscador Google nos muestras estas dos definiciones: 1) Prohibición de comer o tocar algún objeto, impuesta por algunas religiones polinésicas. 2) Prohibición de hacer o decir algo determinado, impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico.

Quienes en Costa Rica mandan, realmente, muestran una gran hipersensibilidad política cuando el asunto del régimen de Zonas Francas aparece en la agenda del debate público.

A quien lo plantee, se le vienen en contra como en manada, desplegándose una jauría de escribidores, de amanuenses que le lapidan, metafóricamente hablando. El tema de las zonas francas es un tema tabú en el país.

Semanario Universidad publicó por estos días un reportaje que, rompiendo tal tabú, abre muchísimo espacio para que nos preguntemos muchas cosas acerca del tema de las zonas francas: “Presidente de UCCAEP estrenó 4 empresas de Zona Franca en histórico ingreso al régimen libre de impuestos”, por una parte; y, por otra, “12 de 20 empresas que migraron de pagar impuestos hacia Zonas Francas son ticas”. Son estos los titulares de las dos notas de prensa del reportaje en mención.

En el seno del mundo de los y las de abajo, que somos la mayoría en este país, siempre se ha creído que el Régimen de Zonas Francas es para que vengan al país inversionistas del exterior; capitalistas extranjeros que reciben grandes “estímulos” en cuanto a exonerarlos de que paguen impuestos (especialmente, el de la renta), a fin de que, básicamente, generen trabajos y bien remunerados.

En principio, no habría por qué oponerse ni criticar que eso sea así. Aunque, como ya se sabe, los niveles de concentración de riqueza a nivel planetario son tan descomunales, especialmente en el ámbito de las empresas multinacionales, que algo de eso podría estar cambiando en los próximos años. Y las megacorporaciones ubicadas en zonas francas podrían ser gravadas para que paguen alguito en materia de impuestos en los países donde explotan fuerza obrera.

Cuesta, entonces, comprender que empresarios criollos, capitalistas nacionales, instalen sus negocios en esas zonas francas y, por tanto, queden exonerados de pagar los impuestos que han venido cancelando (y si es que lo han venido haciendo como se debe), por estar sus empresas en lugares geográficos del territorio nacional que están sujetos a tributos como el de la renta.

Luego de tantos meses y meses de un furibundo ataque contra el sistema salarial del empleo público, dentro de lo cual ha sido satanizado el asunto de los pluses salariales; que un empresario nacional pase su negocio a un régimen de zona franca exonerado de impuestos, ¿no es acaso un plus de otro tipo para que agrande la cuantía de plata en su bolsillo y el monto de su capital?

Bien haría el presidente de la UCCAEP, gremio empresarial muy militante en contra del sistema salarial del empleo público, explicarle a la opinión pública eso de que su presidente “…estrenó 4 empresas de Zona Franca en histórico ingreso al régimen libre de impuestos”, según nota de prensa de Semanario Universidad. Él, don José Álvaro Jenkins, no pudo ser localizado para que diera su versión pues estaba “en un lugar con poco acceso a Internet”. ¿Han de creer ustedes esto?

Esto es parte del tabú que implica, en Costa Rica, hablar del tema del Régimen de Zona Franca, el cual, por cierto, tienen grandes defensores dentro de la clase política del PLUSC-PAC y “partidos” adjuntos a la misma.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Al considerar la actual realidad política, social y económica de la Costa Rica del Bicentenario; y, a las puertas de unas elecciones presidenciales y diputadiles que, con sinceridad hay que admitirlo, nada bueno prometen para la abrumadora mayoría del pueblo costarricense; conviene posicionar el accionar obrero-social organizado en sindicatos como una poderosa y oportuna herramienta de lucha a fin de que, al menos, le cerremos el paso al avance impetuoso de la desigualdad social y económica que nos han impuesto los y las de arriba; gente, que pertenece a la plutocracia, que quiere lanzarnos al abismo de la desesperanza total que supondría el triunfo definitivo de las fuerzas del mercado totalitario.

Pero, ¿cuál debe ser el accionar obrero-social organizado en sindicatos? He aquí el punto que marcan nuestras convicciones luego de tantos años de participación activa en las luchas sociales de estos tormentosos tiempos contemporáneos, bajo bandera sindical.

Hablamos, en consecuencia, de lo que podemos denominar como Sindicalismo Sociopolítico a fin de diferenciarlo del sindicalismo corporativo-gremialista que solamente ve el árbol y no el bosque; aunque éste, a veces, haga gala de una palabrería y de una fraseología desafiante del dogma neoliberal, pero termina acomodado, alineado, a él.

Adicionalmente, es absolutamente incuestionable que el monopolio de la política dejó de ser patrimonio exclusivo de los partidos políticos. Se sabe de esto ya desde hace bastante tiempo y, por tanto, no estamos descubriendo el agua tibia.

Lo que pasa es que si consideramos que hay 25 partidos políticos disputándose la Presidencia de la República para las elecciones del próximo domingo 6 de febrero de 2022; la relevancia de la organización obrero-social que trasciende lo corporativo-gremial, emerge con toda potencia.

Al menos, en el tránsito hacia la construcción del nuevo sujeto histórico destinado a relevar el totalitarismo de mercado, para dar paso a una sociedad de real inclusión social y económica, inspirada en el bien común.

Así planteado, ¿qué es el sindicalismo sociopolítico que practica la ANEP?

Es la acción centrada en el fomento, en la defensa y en la promoción de los derechos laborales, económicos y sociales de las personas trabajadoras, asalariadas o no asalariadas; con base en el sistema jurídico-legal nacional y el derecho internacional en la materia. Además, buscamos incidir en el rumbo del país hacia la conquista de una sociedad realmente democrática, de buen vivir, con sólido fundamento en la doctrina universal de los Derechos Humanos; a través del estudio, de la propuesta alternativa, de la formación y de la capacitación político-sindical; de la construcción de organización de base, de la promoción del diálogo social real y/o de la movilización sustentada en los conceptos de la Democracia de la Calle y de los fundamentos del Sindicalismo Ciudadano.

Noten ustedes que el Sindicalismo Sociopolítico que practica la ANEP, está integrado por dos elementos fundamentales.

UNO: el tema de los derechos laborales, económicos y sociales: fomento, defensa y promoción, según nuestras leyes y el Derecho Internacional en la materia.

DOS: la incidencia en el rumbo del país para que tengamos una sociedad realmente democrática: estudiando, proponiendo alternativas, formación y capacitación político-sindical, organización de base, movilización y alianza con la ciudadanía.

Ante el fuerte ataque que vivimos hacia las conquistas sociales que (como dato ya aceptado por todo mundo), nos tiene como uno de los diez países más desiguales del mundo; la doctrina fundamental de los Derechos Humanos (de primera generación, así como los de segunda y hasta los de tercera y cuarta), nos dan una fuerte base de lucha de contenido sólido para estos duros tiempos del todo mercado-nada Estado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el año 2021 terminó con una inflación del 3.30%, que es la más alta desde el año 2014, cuando llegó al 5.13%.

Curiosamente, del 2014 a la fecha solamente un partido político ha estado a la cabeza del Poder Ejecutivo: Acción Ciudadana, con los señores Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada; aunque, como es público y notorio, es el mismo grupo ideológico-hegemónico y político-económico el que ha tenido las riendas del país: la plutocracia.

La publicación de este dato nos genera diversas preocupaciones que, según nuestra perspectiva obrero-social, siguen sin ser planteadas de la manera más dinámica y más contundente, en el marco de una sociedad como la costarricense de la actualidad que, casi sin reversión posible, ya está en el cruel escenario de una desigualdad sistémica.

Si hablamos del salario mínimo de aplicación para el sector privado de la economía, las personas trabajadoras del mismo con empleo formal, tuvieron pérdida de poder adquisitivo en ese salario del 3%.

Durante todo el año 2021, su reajuste por costo de vida fue del 0.30%, así establecido en octubre del 2020, según lo resolvió el Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En octubre pasado, tal entidad resolvió que el reajuste por costo de vida en el salario mínimo para todo el año 2022, sea de 2.09%. Uno puede concluir que quien en la empresa privada está en salario mínimo, inició este nuevo año con un balance negativo de su poder adquisitivo del 4.21%: 3 que es lo que se le habría quedado debiendo del 2021 por una inflación de 3.30 y un reajuste definido del 0.30. A ello agréguese, empieza el año 2022, con un reajuste del 2.09, debiendo haber arrancado este período con 3.30%; es decir, se le quedó debiendo un 1.21%.

Lamentablemente, debemos reconocer lo siguiente, sin ambages, pero planteado como un reto: es que en el mundo obrero del momento no existe la fuerza laboral suficientemente organizada como para forzar el desarrollo de una discusión, abierta y de peso, con el frente patronal-empresarial, en este ámbito de la política salarial.

Es sumamente débil la representación sindical en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), supuesto órgano técnico, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mismo que también tiene representación gubernamental y patronal.

Tal debilidad no solamente es por la realidad del carácter de la representatividad de las siglas sindicales que ocupan un escaño en el CNS; sino porque se adolece de fuerte basamento político-técnico y estructural-metodológico, como para que se tengan indicadores independientes de medición de las variaciones en el costo de la vida, diferentes a las del INEC.

Para los datos de inflación anual correspondiente al 2021, se le critica al INEC que no habría considerado la cadena de aumentos en el precio de los combustibles, la cual anda alrededor de un 50%. Y esto, colateralmente, golpeó el precio de los fertilizantes y de los agroquímicos, de imprescindible consideración en la producción de alimentos para la canasta básica.

Así que, el 3.30% de inflación para el 2021 que nos da el INEC, sin descalificar la extraordinaria calidad profesional de su personal experto, debemos ponerlo en duda, considerando que tiene un superior jerárquico máximo que está por encima de sus fronteras institucionales, como lo es la Casa Presidencial, junto con el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Otros más desconfiados (en la sociedad actual donde el actual gobierno tiene cero credibilidad), plantean que bien podría haberse dado orientación política superior para la consideración metodológica de la medición; estando de por medio un convenio en trámite con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual no le simpatizaría mucho embarcarse con un país que no puede manejar su inflación.

Adicionalmente, el país no tiene una política integral, objetivamente concertada y construida por un diálogo social verdaderamente real que vincule, estratégicamente hablando, la reducción de las desigualdades con una política salarial amplia que esté asociada a la reactivación económica para el mercado interno y que contemple la productividad y la competitividad, especialmente.

En lo inmediato, parece emerger la necesidad de impulsar procesos sindicales de reivindicación salarial, en esto del salario mínimo, para segmentos obreros específicos, como el agrícola (bananero-piñero), el de la conducción de autobuses del transporte colectivo de personas, el de la prestación de servicios de seguridad privada.