El pueblo trabajador se merece diputaciones leales

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡A votar el domingo! El pueblo trabajador necesita que, para la próxima Asamblea Legislativa, queden electas el mayor número posible de diputaciones amigas a las causas obreras y sociales; personas luchadoras que, de una manera u otra, en escenarios diversos, en el campo y en la ciudad, han venido ejerciendo las más distintas y creativas formas de lucha en contra de las más grandes injusticias de estos tiempos, como lo son la desigualdad, la exclusión económica, la corrupción, la concentración abusiva de la riqueza, el desempleo, la precariedad salarial (entre otras).

Injusticias cometidas por los partidos políticos que se entregaron al gran capital, que se doblegaron a los poderes fácticos de la plutocracia; que renegaron de sus valores fundamentales de la Socialdemocracia verdadera y del real Humanismo Cristiano.

Debemos llevar al próximo Congreso a personas luchadoras que tengan como objetivos centrales, por ejemplo:

A) una nueva política salarial, especialmente en cuanto al salario mínimo, para aportar a mejorar la distribución de la riqueza y los beneficios del crecimiento económico.

B) La transformación estructural del sistema tributario para que deje de ser injusto y corrupto, teniendo como bandera el informe “escondido” de Los papeles de Panamá.

C) Impulsar legislación para el relanzamiento de la producción agropecuaria nacional con seguridad y soberanía alimentaria nutritiva.

D) Defensa del empleo público destinado a la seguridad ciudadana, a la provisión de servicios sociales para impulsar la movilidad y el ascenso social, al que se ejecuta desde la institucionalidad de las empresas estatales que facilitan servicios estratégicos accesibles para toda la población, defendiendo la propiedad pública de estas.

E) Legislación para la realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública y de su abusivo y obsceno pago de intereses; que, por una parte, facilite derogar la feroz regla fiscal; y, por otra, libere recursos sanos para reconstruir el servicio público llevado hasta un estado caótico, pese a que fue diseñado para el bien común.

Varias de estas personas líderes sociales se acercaron a diversos partidos políticos que las acogieron y que este domingo las postulan al Parlamento, provenientes todas de las siete provincias; haciéndose notables en luchas locales en sus propias comunidades, así como en luchas de alcance nacional. En este último, las vimos en primera línea contra el combo fiscal (en 2018); y también contra la primera tanda de imposiciones derivadas de compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2020.

Los partidos políticos de la coalición gobernante que ha tenido Alvarado en estos cuatro años, aspiran a seguir controlando la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa. De esto no hay la menor duda.

En este sentido, por ejemplo, las fuerzas sanas y no alineadas de los sectores sociales, necesitan un colectivo de representaciones diputadiles que, aunque tengan procedencia partidaria distinta, tienen una comunidad de visiones construidas en la lucha social de estos tiempos de la hegemonía plutocrática.

Por tanto, hay mucho potencial de construcción de una agenda legislativa compartida para impulsarla, dentro de y fuera del escenario parlamentario; mediando, en este caso, la movilización ciudadana pacífica y estratégicamente coordinada. Téngase presente, además, que la propuesta de este lado de la acera es abundante, diversa y consistente.

Miembros de la policía penitenciaria no deberán reponer tiempo por asistir a citas médicas

Luego de una consulta realizada por la ANEP sobre esta práctica, la directora de la Policía Penitenciaria, Daisy Matamoros Zúñiga, indicó que debe eliminarse.

Candidatos presidenciales se olvidan de la seguridad ciudadana y de policías en sus planes de Gobierno

La seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en la Fuerza Pública (ANEP-Fuerza Pública) cuestionó y criticó fuertemente a los 25 candidatos y candidatas presidenciales por no contar con propuestas claras o ninguna en sus planes de gobierno con respecto a la inseguridad ciudadana que atraviesa el país, así como medidas “no populistas” para fortalecer a los cuerpos policiales.

Los cuestionamientos de la seccional ANEP-Fuerza Pública fueron realizados este jueves en conferencia de prensa, donde incluso critican que muchos candidatos y candidatas desconocen el tema presupuestario del Ministerio de Seguridad Pública y las falencias existentes.    

“Eso es lo que hemos encontrado al analizar los planes de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República.  No encontramos en los planes de gobierno en materia de seguridad el ¿Cómo?, por ejemplo, varios hacen mención de contratar más policías, unos hablan de 1000 por año, otros de 2000 y alguno mencionó 5000 en los cuatro años. ¿Habrá presupuesto para llenar esas plazas, para dotar a esos miles de nuevos policías de equipo, botas, uniformes, chalecos antibalas, vehículos, armas, delegaciones dignas, alimentación y buenos salarios?”, aseveró Mainor Anchía Angulo, Asesor Sindical de la ANEP en la Fuerza Pública y ex policía.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el año 2020 se presentaron 40.672 delitos, mientras que el año anterior se cometieron 43.525 delitos.

Fuente: OIJ

Para Anchía, algunos de los planes de gobierno no muestran claridad, como si únicamente los aspirantes a la silla presidencial estuvieran cumpliendo con un requisito. Además, no hacen

referencia alguna del combate al narcotráfico, este último cada vez con mayor penetración, incluso en el ámbito político e institucional, como ya ha quedado demostrado.

“Otros proponen reformas al Código Penal, a la Ley General de Policía, de unificar las policías bajo una única línea de mando, aducen que de esa manera se tendrán mejores resultados. Sin embargo, un mando único puede resultar sumamente peligroso, en momentos en que nuestro país es bodega y centro de operaciones del narcotráfico”, manifestó el representante sindical de los oficiales de la Fuerza Pública.

Aunque algunos de los candidatos hacen mención del uso de la tecnología y de los recursos presupuestarios, para la ANEP, lo cierto es que sus partidos políticos en la actual legislatura “hicieron todo para debilitar a los cuerpos policiales” con recortes presupuestarios, afectación de derechos laborales con la inclusión de los policías en la Ley 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y, además, en el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que vendría a congelar salarios, a afectar el pago de anualidades y, a debilitar la estabilidad laboral de nuestros policías con un modelo de evaluación subjetivo, en caso de ser aprobado.

Falencias en Capacitación

La Seccional también cuestionó que los aspirantes a la presidencia tampoco hacen referencia al fortalecimiento de los cuerpos policiales desde el punto de vista de capacitación o mejores condiciones laborales.

“Posiblemente los candidatos a la presidencia de la República, desconocen que la seguridad ciudadana podría mejorar muchísimo, si el Estado invirtiera en una mayor y mejor capacitación policial, así como en dotar a nuestros cuerpos policiales de los equipos necesarios”, detalló Anchía.

Lo anterior ante las falencias existentes que no se han corregido en la Academia Nacional de Policía (ANP), a pesar del aumento de la criminalidad y de las nuevas modalidades de crimen organizado.

Anchía explicó que, actualmente se capacita a los oficiales en 40 horas para mantenimiento y restablecimiento del orden público, 40 horas para defensa personal, uso y manejo de armas de fuego (del Estado) 100 horas, de las cuales únicamente 50 horas son para principios de puntería y prácticas de tiro en Polígono, luego, pasan entre cinco y diez años para que los policías vuelvan al polígono. Además, de que no se cuenta con una adecuada capacitación en manejo de crisis, lo cual se podría solventar coordinando con el Ministerio de la Presidencia, para que los oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI) brinden capacitación en la materia.

Normalización de la inseguridad ciudadana

Desde la ANEP consideramos que durante la actual campaña política se ha invisibilizado el tema de la inseguridad ciudadana, como si los candidatos no se estuvieran dando cuenta de que el año anterior cerró con un incremento en los homicidios dolosos, que en nuestro país es penetrado cada vez más por el narcotráfico, que están violando y matando mujeres. En ese contexto, también debemos tomar en cuenta lo que concierne a la materia de tránsito, tema totalmente ausente en los planes de gobierno, como si la seguridad vial no fuera un tema importante y que se relaciona con la seguridad común.

El IVM-CCSS y la defensoría

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Trate usted de comprender bien la magnitud de esta cantidad: 50 billones. ¡Difícil!, ¿verdad? Se escribe así: 50.000.000.000.000. El número 50 seguido de 12 ceros. También se puede decir 50 millones de millones. Hablamos de plata. De dinero en colones. Sin duda, es una cifra extraordinariamente grande, muy compleja para comprenderla, para asimilarla: 50 millones de millones de colones.

El ciudadano don Rodrigo Arias López, profesional experto en Matemática Actuarial, académico de la Universidad de Costa Rica (UCR) y quien ha sido profesor en la Escuela de Matemática, ha estado estudiando por mucho tiempo el problema de la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según su acendrado conocimiento en este campo de la Matemática Actuarial, al IVM-CCSS le hacen falta esos 50 billones de colones que deberían estar en sus reservas financieras en estos momentos, pero que no es así.

¿Por qué tan grande, enorme y de difícil comprensión para las mentes sencillas como las nuestras, esa cantidad de plata no está, en la actualidad, en las reservas financieras de este fondo de pensiones? ¡Es éste el corazón del problema!

Es cruel realidad socioeconómica comprobar que cuando la persona trabajadora se pensiona por el IMV-CCSS, se empobrece. Un altísimo porcentaje de las pensiones que este régimen otorga quedan por debajo del monto del salario mínimo y éste, como bien sabemos, en Costa Rica es un muy bajo confrontado con el alto costo de la vida.

El IVM-CCSS siempre fue conceptuado como un sistema de capitalización. Es decir, el aporte obrero, el patronal y el Estatal, al caer en un fondo común, se empezaron a capitalizar, a reproducirse los dineros depositados. Sin embargo, los sucesivos gobiernos y administraciones de las últimas, al menos durante las últimas 4 décadas, le empezaron a meter mano, a repartir la plata capitalizada; dictando resoluciones de política pública, ejecutiva y legislativa, para que, con los dineros acumulados en el IVM, se financiaran diversos programas, en el mejor de los casos. En otros casos, se manejaron los fondos de maneras inapropiadas, como malas inversiones que le acarrearon más pérdidas.

Con el paso del tiempo y con la acumulación de los desvíos de fondos y las malas decisiones de gestión, al IVM solamente le quedó una reserva de menos de 3 billones de colones cuando debió tener, repetimos, cerca de 50 billones. Es éste el fondo del problema; no es la edad para pensionarse. Por el contrario, subir la edad para pensionarse, es una medida facilona e injusta, socialmente hablando, para tratar de enmendar el gran error cometido a lo largo del tiempo con la plata IVM.

Con la guía experta e intelectual de don Rodrigo, la corriente sindical en la cual militamos se ha propuesto luchar porque la verdad del problema del IVM salga a la luz, que se puedan determinar las personas responsables del colapso y, desde luego, se puedan implementar alternativas de solución, aunque el grueso del daño ya está hecho. Estamos en el plano legal, dando la pelea correspondiente; pero, a la vez, apostamos a que la gente trabajadora dé su apoyo activo a esta causa, en el momento oportuno.

La directiva política de la Caja, una vez más, mediando un falso diálogo con sectores, impuso medidas más injustas para tratar de salvar al IVM: edad de retiro de 65 años para hombres y 63 años para mujeres; reducir el monto a recibir por la pensión en hasta un 15% de la actualidad; y, en el futuro cercano, no se descarta, aumentar la cotización obrera y poner a pagar a las personas pensionadas, seguro de enfermedad.

En tal marco de cosas, nos llena de satisfacción la posición de la Defensoría de los Habitantes de la República, en la persona de su titular, la señora Catalina Crespo Sancho, de interpelar a la Gerencia de Pensiones de la Caja al respecto de este tema; interpelación que podríamos resumir en una frase: el pueblo trabajador necesita saber toda la verdad sobre el colapso financiero del IVM.

La Defensoría, a la vez, critica el falso proceso de diálogo promovido por la directiva política de la Caja y del propio gobierno actual, cuando plantea las siguientes conclusiones de su interpelación:

Primera: El proceso de socialización que culmina con la audiencia pública de la reforma al Reglamento del IVM, le deja a la Defensoría un sin sabor de poca transparencia y de irrespeto al principio de participación ciudadana. Segunda: Las propuestas de reforma en análisis son una solución temporal e incompleta que solamente procrastina la solución para el futuro, cargando la responsabilidad de la sostenibilidad financiera del sistema en los actuales cotizantes y obviando que hay decisiones país que ni si quiera se discuten. Tercera: Las propuestas en análisis tienen debilidades desde el punto de vista de equidad y progresividad, razón por lo cual al Defensoría de los Habitantes no está acuerdo con su aprobación.

De alguna manera, el pronunciamiento de la Defensoría nos valida el camino de lucha que hemos decidido transitar en esto del Régimen IVM-CCSS. Nos negamos a cohonestar este otro ataque neoliberal contra los derechos de las personas trabajadoras asalariadas.

Defensoría de los Habitantes también cuestionó cambios realizados en régimen IVM

Así quedó plasmado en el oficio que la Defensoría de los Habitantes envió en noviembre anterior a la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, luego de conocer las modificaciones que se le realizarían al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

ANEP solicita apertura de negociación de convección colectiva en la Municipalidad de León Cortes

Para los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de León Cortes, afiliados y afiliadas a la ANEP, la convención vendría a dar un orden en muchos temas laborales de los cuales carece la municipalidad, como por ejemplo los contratos de trabajo.