Autor: ANEP

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Vistas las cosas desde el escenario de la lucha social y sindical, tal y como éste se ha venido presentando en las diversas coyunturas sociopolíticas y económicas de los últimos dos gobiernos a cargo del Partido Acción Ciudadana (PAC), aunque con fuerte antecedente en las administraciones precedentes a éstos, a cargo de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC); uno puede plantear varias consideraciones al momento de dar el voto para la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, misma que funcionará en el nuevo período constitucional, a partir del 1 de mayo de 2022 y hasta el 30 de abril de 2026.

Primera: La Asamblea Legislativa actual, que terminará su (desafortunada) gestión el próximo 30 de abril de 2022, ha sido la más anti-obrera desde que rige la actual Constitución Política, misma que entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949. Tanto por la conformación partidaria que ha tenido, como por la calidad de la legislación emitida, los sectores mayoritarios de la población costarricense, han sido las víctimas socioeconómicas del trabajo parlamentario del presente período constitucional, 2018-2022.

Segundo: Como nunca antes se había manifestado en el plano parlamentario, en los últimos 72 años de vida institucional del país, a partir de la imposición de la llamada “Segunda República”, en 1949; la mayoría de la actual integración de la Asamblea Legislativa en funciones todavía, actuó políticamente bajo el dictado de los denominados poderes fácticos; es decir, entregaron su soberanía autonómica-constitucional como representantes populares y se entregaron a promover medidas legislativas facilitadoras de la concentración del capital. La única ideología que imperó en el presente parlamento costarricense fue la de la plata, la del mercado total, la de la exclusión económica… en síntesis, la de la corrupción desenfrenada a partir de mantener y fortalecer la estructura perversa y corrupta de la fiscalidad tributaria del país.

Tercero: Efectivamente, nunca antes se vio la tendencia política de “legislar desde afuera” tan fuerte, clara y cínica como en el actual período parlamentario; es decir, diputados y diputadas que, congruentes con su docilidad entreguista al gran capital, actúan en el seno parlamentario según el titular de prensa, el comentario televisivo o la estridencia radiofónica de los medios de comunicación oficiales de la plutocracia.

Cuarto: La presente Asamblea Legislativa, anti-obrera y pro-capital, ha estado promoviendo legislación que cuestiona las piedras angulares de la Constitución Política de 1949, como la división de poderes. Igualmente, han estado bajo ataque sagradas legislaciones conquistadas con sangre, como la jornada de ocho horas. Particularmente, el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, por su contenido de fondo vino a representar una especie de Golpe de Estado parlamentario. Éste, tan abiertamente detectable y por su tendencia de fuerte autoritarismo-totalitarismo fue, de alguna manera, frenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia… por ahora.

Quinto: Dentro de las 57 diputaciones actuales, y como era de esperarse, ha habido algunas de enorme dignidad y de lealtad firme a los valores de la Constitución de 1949. Son la excepción, ¡la gran excepción! No llegan a diez las personas legisladoras que han tenido diversos comportamientos que merecen destacarse, frente al poder político de la plutocracia y sus medios que han venido “legislando desde afuera”. Sin embargo, a estas diputaciones les faltó una mayor articulación estratégica con los movimientos sociales y a éstos entre sí, como para haber establecido el contra-poder fáctico que requería la ofensiva de la plutocracia que, de una manera u otra, ha contado con unas 50 diputaciones fieles; sin hablar de lo que ha representado la acción ejecutiva de Carlos Alvarado Quesada. Hubo intentos y no pueden menospreciarse; hubo acciones que respondían a la necesidad de esta articulación, intra y extra-muros parlamentarios, pero no fue suficiente. Gran autocrítica está pendiente para muchos de nosotros y de nosotras.

Sexto: A pocos días de que arranque la campaña electoral de manera oficial (pues ya todos los partidos están en campaña), ya han empezado a hacerse notar las personas aspirantes que pretenden darle continuidad a la nefasta gestión parlamentaria actual; tanto las que responden a los partidos de la plutocracia con representación parlamentaria en la actual Asamblea Legislativa (Liberación, Unidad, PAC, Restauración, Nueva República); como otros que, también ideológicamente plutocráticos, buscan ansiosamente el “hueso” parlamentario para garantizarse un ingreso económico atractivo y la posibilidad de incrementarlo actuando a favor de intereses de alto corporativismo que suelen comprar votos diputadiles.

Sétimo: Así las cosas, el voto ciudadano para el próximo parlamento revista enorme importancia estratégica para la propia paz de la República, para la misma Democracia, para el fortalecimiento de la institucionalidad deteriorada, para el retorno del bien común a la cosa pública que no es más que la aplicación integral de los Derechos Humanos. Tenemos una gigantesca obligación ético-moral con Costa Rica, ahora que ha llegado al Bicentenario (y ya tenemos absoluta noción en qué condiciones están las mayorías ciudadanas de hoy), de que las próximas personas diputadas que vayamos a elegir, antes que todo, se le paren duro a la plutocracia y a su prensa de odio; por una parte; y, por otra, que conformen (o que ayuden a conformar), el necesario músculo social-popular, la fuerza cívico-patriótica que les ayude en el impulso de esa legislación multifactorial que requiere la introducción estratégica de la promoción del bien común en todas las líneas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hoy, miércoles 15 de setiembre de 2021, llegamos a los 200 años de vida “independiente” (intencionadamente entrecomillado), con respecto al decadente imperio español de entonces. La noticia de este acontecimiento llegó a nuestras tierras hasta el día 29 de octubre de 1821 y para muchos estudiosos de nuestra historia ésta, en realidad, debería ser la verdadera fecha magna de la nación costarricense. Nosotros pensamos lo mismo.

Llega el Bicentenario y nos encuentra sumidos en varias crisis que, de un modo u otro, indican que somos un país fragmentado. Al menos, consideramos que hay tres de enorme relevancia y profundas consecuencias negativas para la mayoría de la población costarricense.

Empecemos por plantear que desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico parece que tenemos dos países en uno: el de las costas (Puntarenas, Limón y Guanacaste), rezagados completamente; el del Valle Central (San José, Alajuela, Cartago y Heredia), con aparentes mejores condiciones de vida, pero la calidad de ésta va en retroceso para miles de compatriotas de esta zona geográfica del país. Esto indica que somos un país fragmentado y que hay una crisis en cuanto a políticas públicas que no logran nivelar, hacia arriba, esa gran diferenciación geográfica en el plano socioeconómico. Todo lo contrario: todas las zonas van hacia abajo.

Llega el Bicentenario y, también, parece que somos dos países, si nos fijamos en la concentración de la riqueza. Está el país de los ricos y de los mega-ricos: la plutocracia. Ésta tiene el control real de las políticas públicas y, de un modo u otro, ha venido imponiéndonos su visión de mundo, centrada ésta en la exclusión social y económica. Ha logrado esta plutocracia influenciar a la abrumadora mayoría de los partidos políticos actuales, especialmente los que han venido administrando la cosa pública: Liberación, Unidad y PAC. Se ha generado así lo que conocemos como la clase política que operativiza el control social a favor de los ricos y de los mega-ricos.

En la contracara del proceso de la distribución-concentración de la riqueza, está el otro país: el de los ya excluidos y los que van en camino de serlo, como la muy golpeada clase media. Aquí están, por ejemplo, las personas trabajadoras asalariados que tienen su ingreso congelado y que gran parte de él se los consume su alto endeudamiento; y están las que están en el desempleo y en la informalidad: prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA).

Tal y como lo planteó la encuesta internacional Ipsos, en esta otra Costa Rica, la ciudadanía piensa“que la élite política y económica no se preocupa por las personas trabajadoras”, por una parte. Por la otra, “que la principal división en nuestra sociedad es entre personas comunes y la élite política y económica”.

Esto indica que somos un país fragmentado y en crisis por la gran desigualdad que se ha generado a partir del proceso de concentración de la riqueza.

Llega el Bicentenario y nos encuentra con la más alta deuda pública de la historia de estos 200 años de vida “independiente”. Y también en este asunto podríamos decir que hay dos países: el que recibe los beneficios del pago exorbitante, escandaloso, obsceno y abusivo de los intereses de esa deuda pública y que es de los más altos de la región latinoamericana. Se trata de los sectores bancario-financiero que ganan capital de manera escandalosa a través del negocio privado de la deuda pública. En este caso, este tipo de sectores son parte esencial de lo que llamamos la plutocracia y, paradoja de paradojas, están entidades del sector público que uno no logra comprender su rol en este caso.

La contracara de esto, el otro país, se caracteriza por la circunstancia de que la abrumadora cuantía de la plata que están utilizando para tal pago de intereses, la cogen de los dos impuestos más relevantes en cuanto a potencial recaudatorio: el de ventas, que es el más injusto de todos pues se lo cobran a la gente por igual sin discriminar su capacidad de ingreso, por una parte. Por la otra, el de renta que, se carga sobre las espaldas de los golpeados sectores medios puesto que los sectores de la plutocracia o cercanos a ésta tienen múltiples formas de evasión tributaria y de elusión fiscal. Como vemos, en este asunto de la deuda pública y del pago indecente de sus intereses, la crisis de la misma nos tiene fragmentados en cuanto a la carga que ésta representa: quienes pagan la deuda y sus intereses (la mayoría), y los que ganan con ella (la minoría).

Llega el Bicentenario y nos encuentra con una democracia representativa muy descalificada, muy desacreditada, muy desprestigiada. En término generales, la ciudadanía no tiene confianza en los partidos políticos, está sin una tendencia clara con respecto a las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero entrante. La mencionada encuesta Ipsos, apunta que “los políticos siempre terminan encontrando maneras de proteger sus privilegios” y que “los partidos y políticos tradicionales no se preocupan por la gente común”. El país, desde el punto de vista de la democracia representativa está no solamente en crisis; sino, peor aún, fragmentado: el país de la clase política tradicional no es el país de la gente común.

He aquí un amplio escenario de actuación para que las fuerzas sanas de la sociedad, que son muchas pero que no están articuladas, entren en acción cívica contundente para evitar la caída al precipicio de lo que algunos denominan Estado fallido. Desde el escenario en que desarrollamos nuestra lucha, hoy estamos proponiendo el Manifiesto del Sindicalismo Sociopolítico del Bicentenario.