Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Plutocracia: 1) Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos.
2) Clase social formada por las personas más ricas de un país, que gozan de poder o influencia a causa de su riqueza.
Hemos venido planteando que, en las últimas Administraciones gubernativas, son los grupos plutocráticos los que han venido marcando el rumbo del país, imponiendo su visión de mundo al resto de la sociedad.
De manera particular, esto ha quedado muy contundentemente visible en la gestión del Poder Ejecutivo a cargo de Carlos Alvarado Quesada, por una parte. Por la otra, en la articulación que la plutocracia ha logrado para que la actual Asamblea Legislativa le sea dócil a sus principales iniciativas, en el marco de la gestión fiscal y económica del país, con fuerte ataque a las garantías sociales y a elementos centrales de los Derechos Humanos.
Según nuestra propia vivencia en la cotidianeidad de la lucha social y sindical de los últimos tiempos, la plutocracia tiene el control político esencial en los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana, formándose, de facto, una coalición ideológico-neoliberal cuyo objetivo estratégico es el desmontaje total del Estado Social-Benefactor, incluyendo el impulso a las grandes privatizaciones de activos públicos que todavía siguen siendo propiedad estatal. Tal coalición se “reforzó” con las diputaciones de las dos alas del partido religioso (Restauración Nacional y Nueva República).
Como ya lo experimentan en carne propia miles y miles de compatriotas, las políticas de la plutocracia y su coalición de partidos políticos han potenciado el incremento doloroso de la desigualdad y de la exclusión sociales, la concentración abusiva de la riqueza, la pauperización dramática de las zonas costeras, el desempleo y el subempleo, el avance del control territorial del crimen organizado y el retroceso de las fuerzas policiales, el congelamiento salarial, más defraudación fiscal y evasión tributaria; con un endeudamiento público fuera de control que, prácticamente, nos hace hablar de un Estado quebrado, por una parte; por la otra, cuasi fallido.
Para empeorar las cosas, en la detestada legislación del combo fiscal, que tanto se combatió en las calles, la hoy nefasta Ley 9635, se incluyó un arma mortífera contra el arrinconado Estado Social: la regla fiscal. Este instrumento de violencia neoliberal contra el bien común muestra, ya sin la menor duda, que la plutocracia y sus agentes político-tecnocráticos no tendrán misericordia alguna con la gente, al punto de que la Educación y la Salud dejan de ser estrategias de integración social y de movilidad social ascendente, para convertirse en entidades parasitarias del Estado neoliberal que nos están imponiendo.
En tal sentido, la composición diputadil de la próxima Asamblea Legislativa que se elegirá el domingo 6 de febrero de 2022 adquiere una connotación tan relevante, superior a cualquier otra elección parlamentaria desde que se estableció la Constitución Política actual, el 7 de noviembre de 1949.
Hemos notado que un importante número de personas y de personajes de los sectores sindicales, sociales y económicos que, de una manera u otra, han venido resistiendo que la plutocracia culmine su propio objetivo estratégico, el Estado neoliberal; están proponiendo sus respectivos nombres al electorado para ocupar el mayor número posible de las 57 curules legislativas en disputa.
Varias de estas figuras connotadas de la lucha social y afines al campo de lo popular se han formado en la lucha de las calles, en distintos momentos y circunstancias; otras se han venido destacando en la formulación de sólidas argumentaciones en pro del bien común y de la inclusión social, así como en defensa de la institucionalidad republicana del Estado Social y denunciando la corrupción de las figuras gobernantes de los partidos plutocráticos.
Aunque se han inscrito como aspirantes diputadiles por diversos partidos políticos no plutocráticos, pudiera ser que, al lograr alcanzar un escaño parlamentario, se junten y se articulen en el nuevo parlamento para gestionar políticas públicas de diverso orden en la línea de potenciar un fuerte valladar, una sólida contención al avance de la desigualdad, de la exclusión social y económica, de la corrupción y del narcotráfico.
Somos testigos de privilegio de los procederes de estas personas candidatas diputadiles no plutocráticas, en cuanto a su lealtad para con los mejores valores forjadores de la idiosincrasia y de la institucionalidad costarricense, pues a lo largo de estos duros años de lucha social hemos podido aquilatar su ética social y sus diversas sensibilidades al haber asumido posiciones de primera línea, en diferentes frentes, espacios y momentos. Hemos estado con ellos y con ellas en diversas circunstancias, pudiendo afirmar que, sólo buenas cosas para el pueblo, se podría esperar de sus respectivas conductas y aportes, cuando estén en la Asamblea Legislativa.
De nuestra parte, congruentes con el planteamiento del Manifiesto del Sindicalismo Sociopolítico del Bicentenario, nuestro aporte concreto y sincero es insistir la campaña PASAR FACTURA, todos estos días, y hasta el propio día de las elecciones del 6 de febrero de 2021.
Los partidos políticos de la plutocracia ya definieron sus respectivas candidaturas diputadiles y, prácticamente todas, van por la línea ideológica de profundizar el desastroso estado de cosas que tiene a la mayoría del pueblo costarricense sufriendo. PASAR FACTURA es la respuesta cívica más acorde a la magnitud de la elección venidera.
