Autor: ANEP
ANEP solicita a la Municipalidad de San José resolver deficiencias de Salud Ocupacional en nuevas instalaciones en Pavas
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Municipalidad de San José, solicitan a la administración municipal josefina subsanar una serie de deficiencias que han detectado en las nuevas instalaciones del plantel, ubicado en Pavas, antes de trasladar al personal de recolección de basura.
Según detalló Bolivar Sánchez Alvarado, presidente de la seccional ANEP-Municipalidad de San José, se trata de 10 puntos fundamentales que se deben de resolver ante de trasladar a todo el personal.
A continuación, indicamos algunos de estos aspectos:
1- Disponibilidad de planta de tratamiento para el lavado de camiones recolectores, tal lo dispone la normativa del ministerio de Salud.
2- Logística para el traslado del personal, desde ANEP hemos venido insistiendo en este aspecto, desde hace más de un año. la administración ya había instruido a la jefatura de recolección para la adquisición de un autobús.
3-Tema de taller o mantenimiento mecánico para las unidades.
4-Falta de relojes marcadores para personal.
5-Fuleo de combustible de las unidades.
6- Roles, horarios del personal.
7-Atención Médica del personal.
8-La seguridad en las instalaciones. ¿a cargo de empresa privada o personal municipal?.
9- Limpieza y desinfección de la nueva sede
10- información oportuna y amplia al colectivo laboral, sobre el traslado.
Sánchez manifestó que han tratado de solucionar estas situaciones con la Alcaldía, sin embargo, no han recibido una respuesta positiva, y precisamente la falta de información sobre el traslado ha sido la característica principal durante el proceso.
Finalmente, la seccional considera oportuno que se pueda dar una reunión con todas las partes involucradas en el nuevo plantel, de ser posible con autoridades del Ministerio de Salud, con el objetivo de poder tratar estos aspectos y una vez subsanados, lograr la programación del traslado de este segmento laboral.
Los trabajadores no descartan realizar un paro de labores como medida de presión para que la administración municipal resuelva estas falencias.
ANEP reitera el llamado de defensa de las municipalidades
Seccional ANEP-Cruz Roja denuncia anomalías en contratación y aumentos de salarios injustificados.
ANEP – Campaña PASAR FACTURA: Cuatro propuestas en busca de una CANDIDATURA PRESIDENCIAL
Con ocasión de las elecciones presidenciales del próximo 6 de febrero de 2022, vista esta circunstancia con lente obrero-social y sindical no alineado, surgen varios temas de gran profundidad para el impulso de políticas públicas en la dirección contraria que le ha impuesto al país esa plutocracia reinante, la alta tecnocracia de la institucionalidad que le es funcional, sus matrices mediáticas principales y las repetidoras sumisas; así como la acción ejecutiva del grupo gubernativo que encabeza Carlos Alvarado Quesada y los partidos representados en la actual Asamblea Legislativa: Liberación, Unidad, Acción Ciudadana y los “religiosos”.
ANEP y Unión Nacional de Gobiernos Locales acuerdan revisar y actualizar escala salarial del régimen municipal
Representantes de la ANEP, junto a dos integrantes de seccionales de la ANEP en el sector municipal, presentaron a la Unión Nacional de Gobiernos Locales un estudio técnico con respecto a la situación que se presenta con las escalas salariales del sector municipal, donde detectaron una desactualización de al menos 10 años.
En el estudio presentado por la ANEP, se logró identificar una desactualización desde el percentil 10 hasta el percentil 25, a partir del 2008, año en que entró a regir la escala salarial.
Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales manifestaron conocer de la situación y detallaron que diversas situaciones han imposibilitado una actualización de la escala salarial y se mostraron muy satisfechos por la apertura de la ANEP sobre el tema.
Por su parte, la ANEP reconoció la importancia de estos acercamientos, ya que permiten trabajar en conjunto para mejor las condiciones de los trabajadores del sector municipal, a la vez, agradeció el compromiso de la Unión Nacional de Gobiernos Locales por revisar y actualizar la situación
Ambas partes no descartan mantener las reuniones.
Contraloría ordena e impone fuertes restricciones presupuestarias a las municipalidades para el 2022
- ¡Régimen municipal sigue bajo ataque!
- ANEP reitera su llamado de defensa institucional a las comunidades municipales del país.
- Congelamiento salarial y riesgo de despidos se asoman en los municipio.
Expresamos nuestra más rotunda oposición, como organización altísimamente representativa del conglomerado laboral de las municipalidades de Costa Rica, a lo que representa una nueva agresión a la autonomía constitucional del régimen municipal; esta vez, mediando un ataque proveniente de la Contraloría General de la República (CGR), imponiendo ésta un “crecimiento” de tan solo un 1.96 % de los presupuestos institucionales de cada gobierno local para el año 2022, con relación al que ha estado vigente para el presente año 2021.
La titular de la CGR, Marta E. Acosta Zúñiga, está dirigiendo carta-ordenanza a las 82 alcaldías municipales, basándose en el concepto ideológico de regla fiscal, estableciendo que “…para efectos de la formulación de los presupuestos ordinarios 2022, el crecimiento del gasto total (gasto corriente más gasto de capital) no podrá sobrepasar el 1.96 % con respecto al año 2021…”. Se invoca, entre otra cuestionable normativa, la Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como combo fiscal).
La indicada jerarca contralora, en su oficio, no tiene empacho alguno en indicar que obedece órdenes políticas del Ministerio de Hacienda para que, repetimos, la ideológica regla fiscal se les aplique a las municipalidades.
ANEP alerta a la comunidad institucional de las municipalidades de Costa Rica de la gravedad que implica la consolidación de esta directriz nefasta del ente contralor en contra del desarrollo socioeconómico de los 82 cantones del país, al restringir la inversión y el gasto de sus correspondientes municipios.
Desde el punto de vista obrero-laboral, 1.96 % de límite draconiano para el incremento presupuestario municipal para el año venidero 2022, implica altísimo riesgo de despidos, por una parte; y, por otra, práctico congelamiento salarial, sin descartar la eventualidad de riesgos de rebajas salariales.
Otro aspecto a resaltar es que la indica Ley 9635 está cuestionada por varias acciones de inconstitucionalidad que todavía tramita la Sala IV, precisamente porque ésta violentó la autonomía e independencia que la Constitución Política de 1949 le otorgó a los gobiernos locales; autonomía que, por cierto, también fue violentada, nuevamente, con el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, votado ya en primer debate por la actual Asamblea Legislativa y que, precisamente, está revisando el indicado tribunal constitucional de la República, en estos momentos.
Igualmente, la contralora Martha Acosta violenta una legislación específica que fue votada por el actual parlamento con la cual, precisamente por lo nefasto de sus implicaciones, se excluyó a las municipalidades de la aplicación de los aspectos de intervención financiera del Ministerio de Hacienda establecidas en la Ley 9635. Entonces, ¿en qué quedamos?
La señora Contralora Marta E. Acosta Zúñiga debe entender que la entidad que dirige ha venido perdiendo mucha legitimidad y credibilidad ante la opinión pública: ya no solamente por su “inactividad” (para decirlo con mesura), durante el desarrollo de lo que luego conoceríamos como caso Cochinilla, en el cual los multimillones involucrados pasaron por sus ojos y sus narices sin ver ni oler nada; sino que, ha recibido condenatorias judiciales por extralimitarse en sus funciones (casos ICE e INFOCOOP).
Condenamos la insensibilidad de la jerarca contralora Marta E. Acosta Zúñiga pues pone por encima de cualquier consideración social, su militancia ideológica en esto del fanatismo fiscalista del recorte fundamentalista del gasto y de la inversión públicas que, como nunca antes, se necesitan para incrementar un rol mucho más protagónico de los gobiernos locales en cuanto a reactivación económica e inclusión social.
Hacemos, finalmente, un vehemente llamado, a las autoridades políticas municipales (alcaldías y concejos), al personal de las mismas, a sus organizaciones, así como a las fuerzas vivas cívicas y comunales de cada cantón, para cerrar filas ante este nuevo ataque en contra de la autonomía constitucional de las municipalidades y de su mismísima estabilidad financiero-económica e institucional.
A la vez, apelamos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), así como a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), para que dispongan de las diversas opciones que tienen para enfrentar el despótico mandato ideológico de la Contraloría, que es el del desprestigiado y desacreditado gobierno de Alvarado, pues se explicita que la orden política superior proviene del Ministerio de Hacienda.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Corte IDH, Derechos Humanos y huelga
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, emitió un documento de trascendental importancia, política e histórica, que establece un vínculo estratégico entre los derechos fundamentales de la clase trabajadora, la actividad de los sindicatos y los propios Derechos Humanos (DD.HH.).
Se trata de la Opinión Consultiva sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género. Según las normas del Derecho Internacional, el cual debe obedecer un país como Costa Rica, la legislación costarricense deberá corregirse en todo aquello que contradiga lo indicado en dicha Opinión Consultiva de la Corte IDH.
Si las autoridades políticas gubernamentales deciden rebelarse en contra de las indicaciones de este documento que, repetimos, es de obligado acatamiento para los Estados que reconocen la supremacía jurídica en materia de Derechos Humanos de la Corte IDH; entonces el Estado costarricense será acusado y será sometido a un proceso, a un litigio internacional, para el cual la corriente sindical en que militamos se ha venido preparando.
De los contenidos sustanciales de la Opinión Consultiva sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género que ha emitido la Corte IDH, sin duda alguna, es de la huelga el que más está llamando la atención; dado el ataque a este derecho, constitucional y humano, por parte del grupo gobernante actual, el de Alvarado Quesada y la coalición parlamentaria que lo ha venido sosteniendo: los partidos Liberación, Unidad, PAC y los religiosos.
Según el Resumen Oficial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la indicada Opinión Consultiva, en el apartado de Huelga se indica lo siguiente: “El derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, y de sus organizaciones, pues constituye un medio legítimo de defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales. Los Estados deben tener en consideración que, salvo las excepciones permitidas por el derecho internacional, la ley debe proteger el ejercicio del derecho de huelga de todos los trabajadores y las trabajadoras”.
Además, la Corte IDH sentenció: “De esta forma, las condiciones y requisitos previos que la legislación establezca para que una huelga se considere un acto lícito, no deben ser complicados al punto de producir que en la práctica resulte imposible una huelga legal”.
Alvarado Quesada y su coalición parlamentaria gobernante cometieron uno de los más graves atentados al derecho de huelga que, como irrefutablemente ha quedado sentado, es uno de los derechos fundamentales de la clase trabajadora, con el rango de derecho humano.
Recordemos que impusieron Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, No. 9808, sobre la cual pesa una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la corriente sindical en la cual militamos. Popularmente, a esta ley 9808 se le conoce como ley anti-huelgas.
Las prohibiciones y restricciones que contiene tal legislación 9808 tienen tal contenido autoritario y totalitario que, definitivamente, está en abierta contradicción con lo que establece la Corte IDH en materia de huelga.
No tiene Costa Rica otra alternativa al respecto que no sea corregir esa perversa ley y restaurar, sí, restaurar, el derecho humano fundamental a la huelga que tal legislación abolió.
Los promotores de esta ley 9808, contaminados con un odio de clase nunca antes visto, y cegados por la soberbia asumida que les da la circunstancia de ser operadores políticos de la plutocracia reinante, convirtieron todos los servicios públicos en esenciales, tratando de que en estos nunca más se manifestase una huelga.
La monumental ignorancia en materia de Derechos Humanos les llevó a desconocer que la huelga en los servicios públicos esenciales sí se puede hacer, en el tanto estos movimientos no pongan en peligro, INMINENTE y EVIDENTE, la vida, la salud, la seguridad y la libertad de las personas. Noten ustedes estos dos conceptos que pusimos en letras mayúsculas.
Esta es la fórmula internacional conforme a los lineamientos del Comité de Libertad Sindical de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los emitidos por la misma Opinión Consultiva de la Corte IDH, para que se pueda dar una huelga en los servicios públicos esenciales: que no se ponga en peligro INMINENTE y EVIDENTE, la vida, la salud, la seguridad y la libertad de las personas; y, en todos los demás servicios públicos, la huelga se pueda dar sin problemas con observancia de los procedimientos para invocarla.
Los aprendices de dictadorzuelos, esos politicastros (políticos inhábiles, rastreros, mal intencionados, que actúan con fines y medios turbios), tendrían que sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para evitar que el derecho humano y fundamental a la huelga se restaure plenamente. Y, aunque las huelgas son fenómenos político-sociales que cuando prenden en las masas involucradas mediando causas justas, siempre se darán (con ley o sin ley), lo real es que el Derecho Internacional y, en específico, los Derechos Humanos establecidos a nivel interamericano y los procedimientos para defenderlos y restaurarlos cuando han sido violentados, nos brindan el camino jurídico para lograr esa restauración plena, en el caso que nos ocupa, del derecho humano fundamental a la huelga. En eso estamos.
