Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La plutocracia reinante, nuevamente, se sale con la suya. Su coalición parlamentaria co-gobernante, con Alvarado Quesada a la cabeza del Poder Ejecutivo, votó en segundo debate el préstamo, de amplio rechazo popular, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 1.778 millones de dólares.
Recordemos que esta coalición co-gobernante con Alvarado Quesada está compuesta, a nivel parlamentario, por los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana (ambos, popularmente, denominados el PLUSC); más, Acción Ciudadana (PAC) y los dos partidos religiosos (Restauración Nacional y Nueva República).
Por supuesto que todavía quedan “partículas” de decencia político-legislativa, como lo han sido las 7 personas diputadas que votaron contra este préstamo del FMI, en segundo debate.
Merecen que sus nombres los tengamos presente: Dragos Dolanescu Valenciano, Daniel Ulate Valenciano, Shirley Días Mejías, José María Villalta Florez-Estrada, Wálter Muñoz Céspedes, Sylvia Villegas Álvarez y Melvin Núñez Piña.
Tales partidos, con mucho camino recorrido (los tres principales), en cuanto a estafa política se refiere (han sido gobierno en los últimos 20 años), tienen una profunda comunidad ideológica con lo que conocemos como la plutocracia reinante; es decir, el poder real en la sociedad que está por encima de la institucionalidad democrático-formal de la República.
Esa plutocracia reinante, está compuesta por personas de carne y hueso como usted que lee esto, con la diferencia de que tienen muchísimo dinero acumulado, poseen grandes capitales que (por lo general), esconden en paraísos fiscales y, además, son grandes evasores-elusores de impuestos.
De manera reciente, dos personas integrantes de esa plutocracia reinante han salido mucho en los medios de comunicación colectiva del país: Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, dueños de las mega-empresas constructores MECO y HSOLÍS, respectivamente.
Hoy, ambos están en prisión preventiva por sus implicaciones en las presuntas multimillonarias operaciones delictivas con los negocios de construcción de infraestructura vial, calificadas por el Ministerio Público como crimen organizado. Hablamos, por supuesto, del caso Cochinilla.
La plutocracia reinante logró hacerse con el control político-ideológico de, básicamente, los partidos Liberación, Unidad y PAC, así como también de los religiosos. Éstos, aunque todavía no han sido administración gobernante, han sido piezas relevantes del accionar parlamentario que promueve legislación a favor de los mega-intereses corporativo-empresariales de esa plutocracia reinante.
Estas gentes del real poder en nuestra sociedad, con su coalición parlamentaria co-gobernante con Alvarado Quesada y sus sucesivas administraciones gubernativas en los últimos 20-25 años; son responsables directas del estado actual de nuestra amada Costa Rica, ubicada en los primeros diez lugares de los países más desiguales del planeta.
Ninguna necesidad había de endeudar más al país con este nuevo empréstito de 1.778 millones de dólares que, dada la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense -que es injusto y que es corrupto-, terminará siendo pagado por la clase trabajadora y por los sectores medios de la sociedad; en particular, las micro-pequeñas y medianas empresas de las más diversas actividades.
Nosotros insistimos en que la ciudadanía no sabe, con total exactitud, la realidad de la deuda pública del país. La verdad es que los gobiernos del PAC son especialistas en maquillar el estado verdadero de las finanzas públicas. Y el pago de los intereses que esa deuda pública demanda es más que monstruoso.
El último dato en nuestro poder y según cifras oficiales (con datos oficiales de dudosa credibilidad), es que se está pagando un promedio diario, ¡sí!, cada 24 horas, de 11 millones de dólares.
Por eso el principal timo político de la plutocracia reinante y de su coalición parlamentaria-cogobernante con Alvarado Quesada a la cabeza del Poder Ejecutivo, para imponernos este préstamo FMI, por 1.778 millones de dólares es para cambiar deuda cara por barata.
Este argumento no tiene la menor credibilidad por cuanto, repetimos, el estado real del endeudamiento público es un misterio para el grupo de la población costarricense. Esto, por una parte. Por otro lado, los partidos políticos y sus sucesivos gobiernos al servicio de la plutocracia reinante, nunca han aceptado la tesis cívico-popular de la realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública costarricense; planteamiento que ha sido reiterado muchas veces en el seno de la corriente sindical en la cual militamos y, también, en otros sectores sanos de la sociedad costarricense actual.
Finalmente, la desastrosa política tributario-fiscal y económica-productiva que nos ha sido impuesta por parte de la plutocracia reinante, operativizada mediante sus partidos políticos a lo largo de las últimas administraciones gubernativas; pero, especialmente, agravada tal circunstancia por las medidas legislativas de la coalición parlamentaria co-gobernante con Alvarado Quesada a la cabeza; tiende a profundizarse ante la ausencia de un contra-poder civil y político social que todavía no surge, dada la desunión de los diversos sectores sociales componentes de la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, especialmente los organizados en una amplia diversidad de entidades. Es ésta la tarea histórica pendiente, hoy más urgente que nunca.
