Autor: ANEP
Trabajadores del Laboratorio de Parenterales de la CCSS crean seccional de ANEP
Desactualización de la escala salarial para el régimen municipal de la UNGL
Municipalidad de Talamanca es obligada a dar información a ANEP
Como parte de las acciones que pretende efectuar la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dentro de las municipalidades para garantizar la transparencia en el desarrollo de las funciones de las mismas, se presentó un amparo ante la Sala Constitucional contra la Municipalidad de Talamanca a fin de que se entreguen una serie de documentos que permitan conocer detalles sobre presuntas irregularidades dentro del gobierno local.
Además, existe una gran cantidad de incógnitas sobre las acciones internas, de los cuales, la ciudadanía también se ha manifestado preocupada, como por ejemplo la infraestructura vial, que es pésima.
Tras ser analizado por parte de los Magistrados se resolvió con lugar lo solicitado y se le dio un plazo a la Municipalidad para que entregue la siguiente información:
- Asfalto de caminos Paraíso y la Unión.
- Copia manual puestos y nombramientos.
- Lista de pagos tiempo extra.
- Nombre de trabajadores enviados por covid y criterio para hacerlo.
- Nombre de la persona designada como director.
- Reglamento y publicación de caja chica y vales solicitados
- Acuerdo donde se modificó la caja chica por parte del Concejo Municipal.
Jonathan Cascante Torres, presidente de la seccional se refirió a la información que debe brindar la municipalidad en los cuales hay preocupación por la forma en la que se está actuando, y en donde por parte de la municipalidad no hay intervención.
El primero refiere a la forma en la que dos funcionarios están cobrando viáticos, sin siquiera cumplir con los requisitos correspondientes “El reglamento que ellos tienen especifica una hora para la cena, pero ellos lo pasaron por alto. La cena es por decir a las 8:00p.m y ellos lo cobraban desde las seis de la tarde y así sucesivamente. Lo que presuntamente están haciendo es sacar algo similar a un salario mensual de esta forma.”, indicó.
Así mismo, el vicepresidente de la seccional, Cristian Rivera González, fue enfático en que debe haber transparencia en los diferentes procesos que desarrolla la municipalidad, ya que llama la atención que ante las diversas solicitudes que se presentaron para pedir información, la mayoría fueron negadas por parte de la administración.
“Buscamos que se llegue al fondo de las consecuencias y buscamos que la municipalidad se apegue a brindar claridad. Esperamos que muy pronto con el fallo de la Sala Constitucional se pueda dar ante la ciudadanía y la opinión pública un desglose de todas las situaciones”, manifestó.
CARTAS COVID
Uno de los puntos principales de la denuncia radica en que el alcalde Rugeli Morales Rodríguez, sin tener la potestad, envió, curiosamente, a quienes son afiliados de la ANEP para la casa, emitiendo una especie de orden sanitaria relacionado a la covid 19.
Deiby Porras Arias, asesor sindical de ANEP, indicó que este tipo de acciones no se pueden permitir ni pasar por alto, puesto que el jefe del municipio se brincó al Ministerio de Salud y a los médicos para tomar esta determinación.
De parte de la seccional y de la ANEP central se van a presentar las acciones judiciales que correspondan ante las constantes negativas de la administración junto a las actuar irregular, por lo que se irá hasta las últimas consecuencias.
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Juzgado de Trabajo da curso a proceso contra Pilar Garrido y Elian Villegas por infracciones a las leyes de trabajo
El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José dio curso a un proceso de investigación contra La Ministra de Planificación, Pilar Garrido González y contra el Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, por infracciones a las leyes de trabajo y previsión social.
La decisión del Juzgado de Trabajo de elevar el caso a audiencia oral se da luego de la demanda presentada por el representante sindical Luis Leal Ruiz, quien funge como Presidente de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional, por incumplimiento del Estado en el pago de reajuste salarial por costo de vida durante el año 2020.
Los hechos se remontan al 17 de diciembre del año 2019 cuando se publicó el decreto Nº 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, en el cual se dispuso un aumento salarial anual al salario base de todas las categorías del sector público de 7.500 colones, que se haría efectivo de forma retroactiva en la segunda quincena del mes de febrero del año 2020. Sin embargo, luego en el decreto Nº 42286-MTSS-H-MIDEPLAN, se suspendió el aumento establecido.
Ante esta situación, la ANEP y el presidente de la seccional ANEP-Imprenta Nacional acuden al Jugado de Trabajo al no realizarse el reajuste salarial establecido, a pesar de que existe la partida presupuestaria para proceder con su aplicación.
Dentro de los alegatos presentados por la ANEP ante el Juzgado de Trabajo, se indica que la conducta adoptada en el decreto Nº 42286-MTSS-H-MIDEPLAN es disconforme con el ordenamiento jurídico laboral, ya que violenta lo dispuesto en el artículo70, inciso i, del Código Trabajo, así como los artículos 167,177 y 178 ídem.
A estos argumentos, se suma “la transgresión cometida también violenta normas prohibitivas de carácter supra constitucional y de naturaleza legal, destinadas a proteger el salario y el patrimonio como derechos fundamentales de todos los servidores y servidoras públicas y como elemento esencial del contrato de trabajo, pues según lo establece el numeral 167 del Código, a trabajo igual corresponde salario igual, prohibición que surge de una interpretación armónica de este numeral, más los cánones 83 inciso i) y 70 inciso i) ibídem”.
Además, indican que “el actuar de estos servidores públicos, transgrede los mandatos de la Constitución Política y del Código de trabajo y esto constituye una infracción a las leyes laborales; sin dejar de lado las normas que permiten actualizar los salarios por costo de vida. Además de convenios internacionales referentes a la protección del salario”.
La ANEP también detalló, entre ostros aspectos, que ha existido inflación durante los años 2019, 2020 y 2021 generándose una pérdida del valor adquisitivo de los salarios, de acuerdo con lo indicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Ante estos y otros alegatos por parte del sindicato, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y de conformidad con los ordinales 672 del Código de Trabajo convoca a las partes a una audiencia oral, establecida el 17 de enero del año 2023. No obstante, la ANEP ya está gestionando lo pertinente para el adelanto de la audiencia.
Operatividad de comités de Cruz Roja en riesgo por falta de pago del Gobierno
El 7 de septiembre del 2020 el presidente, Carlos Alvarado firmó una ley en la cual se estipulaba trasladar un aproximado de 3.000 millones de colones a la Cruz Roja por concepto del impuesto a la telefonía móvil y convencional, lo cual permitiría la contratación de unos 300 socorristas nuevos, pero a la fecha no se ha depositado un solo colón.
Ciudadanía le externa molestia a dueño de MECO tras salir de audiencia
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Insistimos: debemos pasar factura
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Faltan 207 días para las elecciones presidenciales y diputadiles del domingo 6 de febrero de 2022. Los y las costarricenses mayores de edad tendremos la delicada responsabilidad de la designación en las urnas de la persona que ocupará el cargo presidencial para el período 2022-2026; así como las 57 personas que estarán en la Asamblea Legislativa para dicho periodo constitucional.
Las revelaciones periodísticas de las últimas semanas en relación con el denominado caso Cochinilla son enfáticamente claras en indicarnos que el sistema democrático, republicano e institucional ha sido infestado por la corrupción política, prácticamente en todas las esferas estatales; a raíz de la colusión de la alianza público-privada para extraer de las arcas públicas la mayor cantidad de recursos posibles; utilizándose herramientas legales de diverso orden, los portillos dejados por éstas, el tráfico de influencias, la compra de conciencias, el amiguismo y el compadrazgos politiqueros, etc.
Aquí, estamos hablando de una infestación de la institucionalidad a partir del marco legal vigente, mismo que ha sido podrido y torcido. La otra infestación, en pleno desarrollo, es la del crimen organizado, la del dinero sucio y la penetración del narcotráfico en el tejido social (por arriba y por abajo); con énfasis en la acción político-partidista.
No se puede desligar ese estado de cosas, que indican la gravedad de la enfermedad del sistema democrático costarricense, de las entidades político-partidistas que han sido Gobierno de la República (Poder Ejecutivo) en los años transcurridos de este siglo XXI; como tampoco es posible eximir de responsabilidades a los diversos parlamentos controlados, de un modo u otro, por esos partidos políticos.
Los partidos políticos Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), en esencia, matriculados ideológicamente con los más que fracasados fundamentos extremistas del Consenso de Washington tienen gigantescas responsabilidades en cuanto a lo siguiente:
a) Tienen ubicada a Costa Rica en el deshonroso grupo de los 10 países más desiguales del planeta.
b) Nos tienen con un endeudamiento público monstruoso y con un pago de intereses diario que está estrangulando la endeble actividad económico-productiva nacional, así como deteriorando una importante cantidad de servicios públicos destinados, precisamente, a atajar la desigualdad y la vulnerabilidad social.
c) A la clase trabajadora la han sometido con altos índices de desempleo y subempleo, precariedad y congelamiento salarial, altísimo endeudamiento y un elevado costo de vida por ser uno de los países más caros para vivir de la región.
d) Un sistema tributario perversamente injusto y corrupto, generando las más altas cifras de evasión y de elusión fiscales de la historia.
e) Le han quitado, le han robado, el futuro a las juventudes.
f) Están dejando perder nuestro patrimonio ecológico.
g) Han “logrado” que la ciudadanía pierda confianza en su sistema judicial, entronizando en él, el compadrazgo político y la componenda partidista en la elección de la alta magistratura.
h) Están llegando a peligrosos niveles de “invitar” al dinero sucio, el del narcotráfico y del crimen organizado, a financiar candidaturas a puestos de elección popular.
Podemos seguir…
Aunque puede ser cuestionable que la búsqueda y la promoción del bien común, en algún momento de sus propias historias, animaran la vida de dichos partidos políticos; lo real es que hoy han quedado totalmente desnudados en cuanto a la naturaleza de los intereses a los cuales responden: son los de la plutocracia, misma que ha sido el poder real en cada uno de los respectivos gobiernos del PUSC, del PLN y del PAC.
Y la verdad es que esos tres partidos no han estado “solos” en la generación de ese gran sufrimiento social de miles y miles de familias: han sido acompañados por partidos que, pese a su “ropaje religioso”, han resultado ser tan pro-plutocráticos como el PUSC, el PLN y el PAC.
En lo personal, como ciudadano, yo tengo un gran poder: el del voto. Lo voy a usar el domingo 6 de febrero de 2022. Yo voy a pasar factura. En mi entorno familiar, hay sufrimiento por la exclusión económica y hay gran estrés financiero debido a las políticas que los gobiernos de esos partidos han propiciado.
Además, los últimos gobiernos de esos tres partidos desdibujaron completamente la Costa Rica de oportunidades en la cual crecí; y las oportunidades que yo tuve no las veo a disposición de cientos y cientos de jóvenes destinados, desde ahora, a esa exclusión económica y social. Definitivamente, yo sí voy a pasar factura el domingo 6 de febrero de 2022.
