1 2021 Derechos Humanos Opinión Consultiva Corte Idh Mayo 2021 by EugenioGuerrero on Scribd
1 2021 Derechos Humanos Opinión Consultiva Corte Idh Mayo 2021 Resumen by EugenioGuerrero on Scribd
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La plutocracia reinante, nuevamente, se sale con la suya. Su coalición parlamentaria co-gobernante, con Alvarado Quesada a la cabeza del Poder Ejecutivo, votó en segundo debate el préstamo, de amplio rechazo popular, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 1.778 millones de dólares.
Recordemos que esta coalición co-gobernante con Alvarado Quesada está compuesta, a nivel parlamentario, por los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana (ambos, popularmente, denominados el PLUSC); más, Acción Ciudadana (PAC) y los dos partidos religiosos (Restauración Nacional y Nueva República).
Por supuesto que todavía quedan “partículas” de decencia político-legislativa, como lo han sido las 7 personas diputadas que votaron contra este préstamo del FMI, en segundo debate.
Merecen que sus nombres los tengamos presente: Dragos Dolanescu Valenciano, Daniel Ulate Valenciano, Shirley Días Mejías, José María Villalta Florez-Estrada, Wálter Muñoz Céspedes, Sylvia Villegas Álvarez y Melvin Núñez Piña.
Tales partidos, con mucho camino recorrido (los tres principales), en cuanto a estafa política se refiere (han sido gobierno en los últimos 20 años), tienen una profunda comunidad ideológica con lo que conocemos como la plutocracia reinante; es decir, el poder real en la sociedad que está por encima de la institucionalidad democrático-formal de la República.
Esa plutocracia reinante, está compuesta por personas de carne y hueso como usted que lee esto, con la diferencia de que tienen muchísimo dinero acumulado, poseen grandes capitales que (por lo general), esconden en paraísos fiscales y, además, son grandes evasores-elusores de impuestos.
De manera reciente, dos personas integrantes de esa plutocracia reinante han salido mucho en los medios de comunicación colectiva del país: Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, dueños de las mega-empresas constructores MECO y HSOLÍS, respectivamente.
Hoy, ambos están en prisión preventiva por sus implicaciones en las presuntas multimillonarias operaciones delictivas con los negocios de construcción de infraestructura vial, calificadas por el Ministerio Público como crimen organizado. Hablamos, por supuesto, del caso Cochinilla.
La plutocracia reinante logró hacerse con el control político-ideológico de, básicamente, los partidos Liberación, Unidad y PAC, así como también de los religiosos. Éstos, aunque todavía no han sido administración gobernante, han sido piezas relevantes del accionar parlamentario que promueve legislación a favor de los mega-intereses corporativo-empresariales de esa plutocracia reinante.
Estas gentes del real poder en nuestra sociedad, con su coalición parlamentaria co-gobernante con Alvarado Quesada y sus sucesivas administraciones gubernativas en los últimos 20-25 años; son responsables directas del estado actual de nuestra amada Costa Rica, ubicada en los primeros diez lugares de los países más desiguales del planeta.
Ninguna necesidad había de endeudar más al país con este nuevo empréstito de 1.778 millones de dólares que, dada la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense -que es injusto y que es corrupto-, terminará siendo pagado por la clase trabajadora y por los sectores medios de la sociedad; en particular, las micro-pequeñas y medianas empresas de las más diversas actividades.
Nosotros insistimos en que la ciudadanía no sabe, con total exactitud, la realidad de la deuda pública del país. La verdad es que los gobiernos del PAC son especialistas en maquillar el estado verdadero de las finanzas públicas. Y el pago de los intereses que esa deuda pública demanda es más que monstruoso.
El último dato en nuestro poder y según cifras oficiales (con datos oficiales de dudosa credibilidad), es que se está pagando un promedio diario, ¡sí!, cada 24 horas, de 11 millones de dólares.
Por eso el principal timo político de la plutocracia reinante y de su coalición parlamentaria-cogobernante con Alvarado Quesada a la cabeza del Poder Ejecutivo, para imponernos este préstamo FMI, por 1.778 millones de dólares es para cambiar deuda cara por barata.
Este argumento no tiene la menor credibilidad por cuanto, repetimos, el estado real del endeudamiento público es un misterio para el grupo de la población costarricense. Esto, por una parte. Por otro lado, los partidos políticos y sus sucesivos gobiernos al servicio de la plutocracia reinante, nunca han aceptado la tesis cívico-popular de la realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública costarricense; planteamiento que ha sido reiterado muchas veces en el seno de la corriente sindical en la cual militamos y, también, en otros sectores sanos de la sociedad costarricense actual.
Finalmente, la desastrosa política tributario-fiscal y económica-productiva que nos ha sido impuesta por parte de la plutocracia reinante, operativizada mediante sus partidos políticos a lo largo de las últimas administraciones gubernativas; pero, especialmente, agravada tal circunstancia por las medidas legislativas de la coalición parlamentaria co-gobernante con Alvarado Quesada a la cabeza; tiende a profundizarse ante la ausencia de un contra-poder civil y político social que todavía no surge, dada la desunión de los diversos sectores sociales componentes de la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, especialmente los organizados en una amplia diversidad de entidades. Es ésta la tarea histórica pendiente, hoy más urgente que nunca.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud), presentaron este martes por la tarde, una carta a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), solicitando una verdadera mesa de diálogo para discutir el futuro del régimen de pensiones de Invalides, Vejez y Muerte (IVM).
El envío de la misiva se da luego de que la Presidencia Ejecutiva de la CCSS solicitara este martes una reunión virtual para mañana miércoles 21 de julio, con estas organizaciones sindicales, sin clarificar cuales sería los objetivos a tratar en dicha reunión.
“No podemos ver la atenta invitación de conexión vía zoom, como única relación de parte de sus reconocidas autoridades (Presidencia, Cuerpo Gerencial, Actuarial, Jurídico, Asesores y de la Secretaría de Junta Directiva), y que luego sea consignada como el espacio y audiencia dada a nuestra representación, para luego tomar las decisiones unilaterales e internamente institucionales, sin un verdadero espacio de discusión y negociación efectiva”, indica el documento enviado por Fectsalud.
Para las organizaciones sindicales agrupadas en Fectsalud, donde ANEP es parte, es necesario convocar a una verdadera mesa de diálogo, para conocer todas las propuestas presentadas por las diferentes organizaciones.
“Al respecto, habiendo presentado formal y oportunamente nuestra propuesta alternativa, el pasado 7 de julio de 2021, reiteramos nuestra petitoria principal en cuanto a la necesidad urgente de que se convoque a una mesa formal de negociación, que retome las diferentes propuestas que se hayan presentado hasta la fecha, para debatir y construir ese necesario y urgente fortalecimiento de la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, vejez y muerte (IVM)”, indica la carta.
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General-ANEP
Transcribo, seguidamente, con gran respeto para su autor y con la autorización de él, el siguiente comentario, escrito por don Luciano Mendoza Vargas. Le hicimos algunas correcciones ortográficas, con su venia.
“Indudablemente para nosotros, los dirigentes y afiliados, la convención colectiva lograda en Bandeco Del Monte Chira #4, para nosotros es un gran logro. Y esto gracias al gran trabajo y unión de nuestra organización ANEP-OBAS-Sarapiquí. Gracias a esto, pues, hemos logrado hacer entender a estas grandes empresas que, nosotros como trabajadores, tenemos nuestros derechos e invito a muchos trabajadores que todavía no han tenido la oportunidad de afiliarse a que nos busquen. Estamos a su disposición, cuando así lo deseen”.
Es sumamente interesante lo que viene ocurriendo en esa zona del país, Sarapiquí, pues el gran desarrollo de la producción agrícola de exportación, especialmente el banano, está generando, a su vez, fuertes inquietudes obreras con la finalidad de que, a través de la organización sindical, haya una plenitud de condiciones dignas de empleo y de trabajo, integralmente conceptuadas para beneficio de la persona trabajadora obrera y de su familia.
Don Luciano, con esa conciencia de clase, natural, inherente a su condición obrera, empieza a desarrollarla cuando expresa: “…nosotros, como trabajadores, tenemos nuestros derechos e invito a muchos trabajadores que todavía no han tenido la oportunidad de afiliarse a que nos busquen”.
Con contundencia nos señala él que, como trabajadores-obreros tienen derechos; y, avanza hasta llamar a sus compañeros de clase a unirse, a afiliarse, resaltando, de manera tácita, que es la organización sindical la que les puede permitir alcanzar metas de justicia social y económica.
Como está sucediendo, don Luciano alude a un novedoso proceso de aglutinamiento sindical que viene ocurriendo en la región, ANEP-OBAS; es decir, una filial-seccional de un sindicato nacional ampliamente reconocido como lo es la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados; y que, en lo específico llama a cerrar filas a los obreros y a las obreras de la producción bananera y agrícola de la zona de Sarapiquí (OBAS).
Abierto que ha sido el diálogo social con la empresa transnacional-patronal correspondiente, Del Monte-Bandeco, don Luciano nos habla del proceso tendiente a la suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo (CCT), en una de las fincas en las cuales se desarrolla la experiencia de organización sindical ANEP-OBAS, la finca Chira No. 4.
Tenemos aquí, dos elementos fundamentales de un proceso democrático hacia la reivindicación obrera de un grupo laboral tan especializado como el bananero. Por un lado, la conciencia de que el obrero tiene derechos y de que, otros como él, también; por tanto, hay que proceder a la organización, a afiliarse al sindicato nos dice don Luciano.
El otro elemento a resaltar es que don Luciano está consciente del proceso de sensibilización a la parte empresarial en cuanto a los derechos legales-constitucionales (e, incluso, los de orden internacional), a los cuales la clase trabajadora tiene acceso; para que, mediante el diálogo social parte obrera-parte patronal, exista en la finca Chira No. 4, una Convención Colectiva de Trabajo; un instituto éste del Derecho del Trabajo en Costa Rica, que tiene hasta rango constitucional y que está protegido en el Derecho Internacional, tanto que tiene categoría de Derecho Humano fundamental, universalmente reconocido.
Don Luciano, con sus sencillas palabras, hace alusión a un elemento fundamental y estratégico de la lucha obrera, de la lucha social de la clase trabajadora; tanto en nuestro país como en el plano internacional: es la unión, el concepto de la unidad obrera. Además, él está consciente de que esa unión debe ir de la mano de la organización laboral: Veamos cómo lo siente él: “…la convención colectiva lograda en Bandeco Del Monte Chira #4, para nosotros es un gran logro. Y esto gracias al gran trabajo y unión de nuestra organización ANEP-OBAS-Sarapiquí”.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,

