Autor: ANEP

Ante la petición de declaración de alerta roja por las gerencias de la Caja: ¿y de dónde cogemos la plata que demandará tal situación?

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  • ANEP propone moratoria parcial del obsceno pago de intereses de la deuda pública
  • Se podría disponer de hasta unos 630 mil millones de colones

Las máximas cúpulas político-gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): gerencias General, Médica, Administrativa, Financiera, Logística, Pensiones, Infraestructura y Tecnología; así como la dirección del Centro de Atención de Emergencias y Desastres; enviaron una desesperada carta al Dr. Román Macaya Hayes, en su condición de Presidente Ejecutivo de la institución, planteando lo que para tales autoridades es la Saturación Hospitalaria ante el estado actual de la situación de la pandemia del covid-19.

Solicitan a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) “…la declaratoria que corresponde en razón del nivel de emergencia en que nos encontramos frente a la saturación de los servicios de salud, que ha ocasionado el aumento exponencial de casos COVID 19; estando dicha comisión facultada por Ley para declarar la alerta que se requiere de manera urgente”.; pues, “…ya se ha manifestado de forma reiterada que se ha materializado el riesgo y se ha producido la saturación de los servicios de salud y por lo tanto, se tienen suficientes elementos objetivos,…” para una alerta roja.

Se indica en la carta al presidente ejecutivo de la CCSS que, la “Alerta Roja se reserva para momentos donde se determine la saturación en la capacidad de respuesta, por ejemplo, saturación de los servicios de salud”.

Una eventual declaratoria de alerta roja como lo plantean las cúpulas gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), implicará una mayor movilización de recursos humanos: profesionales, técnico-especializados, asistenciales y de servicio; y, a la vez, de recursos financieros que, presuntamente, no estarían disponibles para enfrentar el mayúsculo reto de una alerta roja por saturación hospitalaria.

Y es aquí, en tal situación, que Alvarado y su gobierno deben hacer una escogencia fundamental: la salud y la vida de las personas; ó, la salud del sistema bancario-financiero que se encuentra tan excesivamente robusto que llegó la hora de pedirle un aporte solidario con la urgencia requerida.

ANEP propone, así las cosas, que se decrete una moratoria del pago de intereses de la deuda pública, al menos por un trimestre, 90, días de manera tal que el país y su sistema de salud dispongan de una cantidad de dinero fresco por la cantidad de 630 mil millones de colones, equivalentes a un 1.75 % de Producto Interno Bruto (PIB).

Bien se sabe que la impagable deuda pública ha llegado a tal nivel que está demandando un obsceno pago diario, cada 24 horas, de, prácticamente, 7 mil millones de colones, según lo ha reconocido el propio Ministerio de Hacienda.

Es hora de decisiones estratégicas, realmente heroicas, en función del bien común y de la salud de las personas trabajadoras, principalmente; las cuales, por ejemplo, no tienen dinero para salir del país a vacunarse.

«La élite económica en estas circunstancias debiera concertarse para patrocinar planes de ayuda al sector más vulnerable de nuestra población. La gente pierde su trabajo, pierde su remuneración, carece de medios y, encima, los obligan a encerrarse en sus casas». De manera atinada, lo ha planteado el pensador latinoamericano, filósofo chileno, Gastón Soublette, en su reciente entrevista para BBC-Mundo.

Si el 75 % de la deuda pública costarricense está centrada en deuda pública interna; y si ésta es, en gran parte, entre entes del sector estatal (“se coge plata de un bolsillo para pasarlo a otro del mismo pantalón”), no habrá grandes riesgos de descalabro financiero y, mucho menos, de que se diga que esta operación de reingeniería financiera intra-sector Público, es una especie de default; considerándose que el principal de la deuda se mantendrá intocado.

Téngase en cuenta que la Alerta Roja podría potenciar, todavía más, el autoritarismo gubernamental de seguir impulsando cierres económico-sociales para afectación de las más amplias mayorías de la población costarricense; con los efectos multidimensionales (sociales y culturales y ya no solamente económicos) que hacen que la pandemia, sin dejar de serlo, ahora sea una sindemia; según lo ha denunciado el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en su carta oficio CICDE-023-021, fechado 7 de mayo, dirigido a la Presidencia de la República y su Ministro de Salud, así como a las presidencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Repetimos, la propuesta de ANEP para destinar el pago de obscenos intereses de la deuda pública, al menos por 90 días, para enfrentar la Alerta Roja de la Saturación Hospitalaria que está generando la pandemia y ante la transición de ésta (sin dejar de serlo), a la situación de sindemia (como lo plantea el CICDE-UNED); no implicará riesgo de colapso financiero ni mucho menos asomo de un default.

San José, domingo 10 de mayo de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Empleo Público: doce perversidades y una conclusión

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Aunque venimos hablando del tema del Empleo Público en este importante espacio y en otros; ya podemos, con seria y fundamentada contundencia, puntualizar las mayores perversidades o aberraciones políticas que contiene el denominado proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336.

En el seno del grupo diputadil “multipartidista” que lo impulsa, la tramitación parlamentaria de este proyecto exhibe una combinación de perniciosos aspectos tales como: ignorancia a todo nivel, prosternación (arrodillamiento), prejuicios, oportunismo, desprecio por los valores de la idiosincrasia costarricense, desdén por las argumentaciones sólidas producto del conocimiento y de la experiencia; desprecio por la normativa del Derecho Internacional; y doble moral en cuanto a los postulados fundamentales de los Derechos Humanos, universalmente reconocidos. Además, enorme prepotencia, peligrosa arrogancia, lealtad para con intereses espurios y carente de transparencia.

Incluso, en estos días, un legislador oficialista denunció que la fracción del Partido Liberación Nacional le ofreció poner el pie en el acelerador de la tramitación de este proyecto sí él no presentaba una moción para investigar el negocio sucio del narcotráfico en el cantón de Corredores, en el cual estarían figuras políticas liberacionistas.

A continuación, citadas a modo muy general para mejor comprensión, doce de las perversidades o aberraciones políticas más notables, contenidas en el proyecto Ley Marco de Empleo Público:

1) Sienta las bases para un Estado totalitario, autoritario, electoral-clientelar. Impone un súper-ministerio de corte dictatorial: Mideplan.

2) Está cargado de inconstitucionalidades: Violenta la autonomía municipal (gobiernos locales), la de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la de las cinco universidades públicas y la del Poder Judicial.

3) Violenta la separación de poderes: El Ejecutivo controlará al Judicial y al Legislativo. Así dictaminado por los especializados servicios técnicos parlamentarios y por prestigiosos juristas constitucionalistas.

4) Es un proyecto que no puede exhibir ninguna base social de legítimo respaldo. Por ejemplo, es rechazado por la totalidad de los sindicatos costarricenses; incluso, por varias agrupaciones laborales-gremiales que han estado alineadas con el gobierno de Alvarado Quesada.

5) Es un proyecto que violenta tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica; tanto a nivel del continente americano como a escala universal.

6) Es un proyecto que contradice la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues violenta su artículo 3 que establece la separación de los poderes públicos.

7) Es un proyecto que expresa un contenido de odio de clase jamás visto en la historia moderna del país, contra grupo laboral alguno (el sector laboral del Empleo Público).

8) Es un proyecto potenciado por el periodismo de odio y su sistemática campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de la clase trabajadora estatal.

9) Es un proyecto que no pudo fundamentar que el déficit fiscal se debe al salario que devengan las personas trabajadoras del sector público, pero sí es concebido para ocultar las verdaderas causas de ese déficit: sistema tributario injusto y corrupto; por una parte. Por la otra, la espantosa realidad del endeudamiento público y su correspondiente y obsceno pago de intereses.

10) Es un proyecto que profundiza la vulnerabilidad de la clase media, altamente endeudada, lanzándola a la pobreza, a la exclusión social y económica.

11) Es un proyecto precarizador laboral, precarizador laboral-salarial, que afectará los propios servicios públicos, ya en condición de prestación deteriorada.

12) Es un proyecto que facilitaría situaciones de acoso laboral y despidos políticos en la función pública. Exigiría, por el contrario, lealtades partidarias para conservar el puesto de trabajo.

Conclusión: El proyecto Ley Marco de Empleo Público deroga, de facto, piedras angulares de la Constitución Política de 1949. Está ocurriendo, en la práctica, un Golpe de Estado parlamentario que cercena las bases de lo que conocemos como Estado Social de Derecho. Este proyecto lleva en su contenido fundamental la extremista posición neoliberal del todo mercado-nada Estado; misma que pretende, al final del camino, la privatización-venta de las empresas públicas de gran rentabilidad que todavía siguen siendo propiedad estatal.

“Narco empoderado, PCD debilitada”

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Jonathan Flores Mata, Criminólogo y Directivo Nacional de ANEP

Respecto a la diferencia desproporcional, entre la evolución de las narco-estructuras organizadas y la Policía de Control de Drogas, las cosas siguen siendo tema de preocupación. Anteriormente ya me había referido a este tema, lo sé, en varias ocasiones, y en distintos espacios, también lo sé, pero no es majadería, es solo que este no es un asunto que se pueda solo dejar de lado y ya, se debe tener el dedo en el renglón. Porque mientras el aumento en la producción de sustancias ilícitas, así como la demanda de este sucio mercado, sigue en crecimiento, también incrementan sus secuelas de sangre y destrucción social. Y las barreras formales policiales, contrario a la impresión que quieren dar a la opinión pública, están estancadas.

Vamos a dejar momentáneamente de lado que Costa Rica mantiene un plan antidrogas reciclado, no cuenta con verdaderas políticas de seguridad ciudadanas, y por alguna razón inexplicable, ni siquiera se dignan las autoridades a declarar el problema de las drogas como un asunto de salud pública. Esos serán temas que veremos en otra ocasión.

Con el contexto por todos y todas conocido, sobre los homicidios, familias destruidas, asaltos, sobre población carcelaria, imposibilidad de reinsertar a quien nunca estuvo dentro de la sociedad, y demás, la lógica nos dicta que el Estado debe tener una atención prioritaria en los Cuerpos Policiales, especialmente en la Policía de Control de Drogas. No obstante, el diálogo con las y los valientes que ejecutan estas arriesgadísimas labores, así como las conversaciones con quienes ocupan cargos jerárquicos en el Ministerio de Seguridad Pública, más las respuestas a nuestras consultas desde ANEP, me permiten, lamentablemente, afirmar con completa seguridad, que esta policía (PCD) se rezaga cada vez más.

¿En qué ámbitos se requiere de un fortalecimiento de la PCD? En todos, la pregunta es necia. No alcanza con que las y los oficiales cuenten con una infraestructura adecuada, punto que si se le debe reconocer a la Administración. Las condiciones de salud, motivación, equipamiento, cantidad de personal y demás, son trascendentales para que ellos y ellas presten el más óptimo servicio en sus labores.

Empecemos por el equipamiento. Servidores y servidoras que se desenvuelven en las fronteras acuden al sindicato para externar su molestia por la falta de uniformes (recordemos que se tienen que “tirar” al piso a revisar camiones, en medio de un clima caliente). También demandan que sus labores las ejecutan con solamente, un punzón y un foco, que son comprados con su propio dinero.

Lo siguiente que les externa son los tiempos de descanso, y las odiosas diferencias en materia de jornadas de trabajo, en comparación con los demás cuerpos policiales. Este personal (y tenemos los registros de asistencia que lo comprueba), de manera muy frecuente, se ve obligado a trabajar jornadas de 18, 20 y hasta 32 horas seguidas (hay casos que alcanzan más horas). Se les convoca a presentarse en sus días libres para participar en allanamientos. Les obligan a presentarse desde el día antes de su entrada oficial. Por motivos de seguridad personal y de su familia (para no ser reconocidos por los narcos) todos y todas están destacados lejos de su residencia. Y a pesar de todas estas circunstancias, tienen 2 días menos de descanso que los demás Cuerpos Policiales, sin que exista ningún argumento técnico al respecto, solo la prepotencia de una Dirección General que parece empeñada en desmotivar al personal.

Vinculado con el punto anterior, debemos decir que las y los compañeros de PCD están sufriendo de desintegración familiar, sus núcleos sociales y afectivos se están desgastando considerablemente, (con ello su motivación y parte psicológica). Sus extenuantes y autoritarios roles de trabajo tampoco les permiten estudiar, ese derecho lo han perdido. Producto de esto, desde hace poco más de 3 años que por mes renuncian 1 o 2 personas, números que afectan claramente a una policía tan pequeña. Me disculpo con las y los funcionarios de PCD por todas las otras situaciones que no mencioné, pero de hacerlo terminaría escribiendo un libro y ese no es el fin de este espacio.

Finalmente, aunque los números son fríos, la verdad nos presentan una realidad objetiva. Por ello, me voy a apoyar en ellos, para reforzar mi punto. Según los datos que aportan los documentos oficiales proporcionados por el mismo Ministerio de Seguridad Pública, se visualiza que en los últimos 5 años hay un incremento del recurso humano en PCD de 0 (sí, cero). Mientras en 2015 se contaba con menos de 155 plazas policiales, para el 2021 hay la misma cantidad, pero con menos investigadores, o sea, según la perspectiva, podría incluso decir que son menos. El ministro está al tanto de la situación, se le ha informado, por escrito y personalmente, desde hace dos años que se le insiste en el tema. Lastimosamente, no se ha visto que mueva un solo dedo para cambiar la situación.

En síntesis, mientras la producción de cocaína en el cono sur del continente aumenta, se incrementan los homicidios (en su mayoría por rencillas referente a drogas), el equipo, cantidad de personas y estrategias que usa el crimen organizado, es mayor y más especializado; en Costa Rica tenemos una Policía de Control de Drogas que no crece en personal, en equipo y con funcionarios y funcionarias cada vez más desmotivados. Esto debe salir a la luz y lo debe conocer el pueblo.

Señores; Ministro de Seguridad Pública y Director General de PCD, si este panorama solo beneficia a las narco-estructuras y ustedes lo saben: ¿Qué esperan para actuar? ¿O es que en sus puestos están defendiendo los intereses del narco…?

Solicitan respetar lineamientos de distanciamiento en ambulancias que trasladan pacientes con cita programada

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Así lo manifestó la seccional ANEP-Cruz Roja en una nota enviada a la Gerencia de Recursos Humanos de la Cruz Roja Costarricense y al Departamento de Gestión del Instituto Nacional de Seguros (INS), ya que actualmente en el traslado en ambulancia de pacientes con citas programadas, se irrespetan los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud con respecto al distanciamiento por la pandemia Covid-19.

Ricardo Castro Calderón, Presidente de la seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense, detalló que en varias oportunidades han dialogado sobre el traslado de los pacientes de citas programadas del INS y la CCSS durante la pandemia, sin embargo, no han tenido un cambio por parte de las autoridades, esto a pesar de que el país se encuentra atravesando la tercer ola de contagio del Covid-19.

“Con tal de trasladar la mayor cantidad de pacientes posibles y así minimizar el uso al máximo de las unidades es que, por parte del INS, se gira la directriz de que deben de viajar al menos cuatro pacientes en la parte trasera de la ambulancia y de ser necesario uno en la parte delantera, irrespetando con esto la disposición del ministerio de salud sobre los 1.8 metros de distanciamiento social, poniendo en riesgo la salud del personal de la Cruz Roja y pacientes”, explicó Castro.

Actualmente los lineamientos generales (LS-SS-003) establecidos por el Ministerio de Salud para el traslado extra hospitalario (terrestre, aéreo y acuático) de personas en el marco de la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19) indican “que la capacidad máxima del aforo de la ambulancia en el traslado será del 50% de lo indicado en el permiso de circulación”

Además, agrega “en los transportes programados y de no urgencias, el aforo será de un paciente con su acompañante o de dos pacientes. (egresos, citas programadas).

En el documento, la seccional detalla las medidas internas de las ambulancias que se utilizan para el traslado de pacientes con cita programada, donde dejan en claro la capacidad de las unidades con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud.  

Ambulancia Land Cruiser

“Nuestras unidades tienen una medida en su módulo trasero es de 2.93 metros de largo, 1.49 metros de ancho y 1.32 metros de alto, como podemos sacar las cuentas ante las medidas en la parte trasera no deberían de viajar un máximo de dos personas, cabe mencionar que también en dicho espacio hay una camilla telescópica de uso propio de la unidad, además en la parte delantera tenemos unas medidas de 1.44 metros de ancho y 1.32 metros de alto, en dicho espacio no se cumple la disposición del distanciamiento social para llevar a un paciente a la par del conductor, estas son las medidas de las unidades Toyota Hiace techo bajo, también se utilizan las unidades Toyota Land Cruiser doble tracción con espacios más pequeños, entre otras”, indica el documento.

Ante esta situación, la seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense solicita a las autoridades respectivas, que el servicio de traslado de pacientes con cita programa se proceda a ejecutar con lo que dicta el documento emitido por el Ministerio de Salud,  con el fin de salvaguardar la salud de los trabajadores y usuarios.

Intereses de la deuda: ahora son 290 millones de colones por hora

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Por: Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP

Este asunto del pago de los intereses de la deuda pública del país, sigue generando nuestra profunda preocupación. Ésta crece en relación inversamente proporcional al escaso o nulo interés que muestran las máximas autoridades políticas del país, acomodadas en sus diversas agrupaciones partidistas.

624 mil 542 millones de colones fue el pago de intereses durante los tres primeros meses del presente año 2021. Esos tres meses (enero, con 31; febrero con 28; y, marzo con 31), equivalen a 90 días. Tenemos, entonces, que hubo un pago diario de 6 mil 939 millones 355.555 colones (6.939.355.555).

Para mayor comprensión, redondeemos: prácticamente 7 mil millones de colones salen, ¡cada 24 horas!  de las alicaídas arcas públicas que maneja el Ministerio de Hacienda, solamente para pago de intereses de la deuda pública.

Y, en consecuencia, por hora, son 290 millones de colones los que debemos desembolsar para ese obsceno pago de intereses.

Note usted que escribo en “nosotros”, pues es la gente de a pie, las personas integrantes de los sectores populares; quienes conforman la clase trabajadora en todas sus modalidades; las personas que conforman la vulnerabilizada clase media, las que están pagando esta cifra espeluznante.  Es decir, los y las de abajo, y los y las de en medio. Por el contrario, en esencia, las clases altas y, en lo específico, la plutocracia reinante, tiene poco a nula voluntad tributaria.

¿Se habla de esto en la Asamblea Legislativa? ¡No! ¿Se escandaliza por esto el periodismo de odio?, ¡no! ¿Ha notado usted a alguna persona precandidata presidencial hablar de esto? ¡No! ¡Esto es monstruoso!

Ahora, hablemos de esta monstruosidad numérica pero convertida a dólares estadounidenses. Vamos a utilizar el tipo de cambio actual que, centavos más-centavos menos, anda por el valor de 615 colones ticos por un dólar.

624 mil 542 millones de colones (pago de intereses de los primeros 90 días del año), se convierten en mil quince millones, quinientos quince mil cuatrocientos cuarenta y siete dólares: 1.015.515.447.

MIL QUINCE MILLONES DE DÓLARES (lo ponemos en mayúsculas), salieron del Ministerio de Hacienda, en el primer trimestre del 2021, solamente por pago de intereses, para las arcas de las entidades/personas acreedoras de la deuda pública nacional: ¿quién serán?, ¿quiénes son sus bolsinistas del mercado de valores?, ¿cuáles bufetes representan a esas personas/entidades acreedoras? Es el secreto de Estado mejor guardado en estos momentos.

Y, al día, en estos 90 días del primer trimestre del 2021, el pago fue de $11.283.504 dólares (once millones doscientos ochenta y tres mil quinientos cuatro trece dólares). ¡Esto no es sostenible!

En este primer trimestre del año, ya en dólares, el pago de intereses, por hora, fue de casi medio millón; exactamente, $470.146 (cuatrocientos setenta mil ciento cuarenta y seis dólares).

Las motivaciones ocultas de la plutocracia reinante, así como las que tiene la clase política gobernante (básicamente, la del tripartidismo PLUSC-PAC), para mantener este estado de cosas, totalmente perversas y contrarias al bien común; es una tarea que urge abordar por parte de los sectores políticos decentes que todavía quedan, sin hablar de la gigantesca responsabilidad de quienes estamos en la lucha social, de buena fe y con convicción.

No parece ser difícil acometer tal tarea si nos vamos al recetario ideológico del neoliberalismo en su fase más aguda y criminal: el capital financiero-bancario; y, por otro, lado, ya se han desenmascarado algunos de sus voceros políticos en cuanto a plantear que enfrentar esa realidad monstruosa de la deuda pública del país, solamente será posible mediando la venta de activos-privatización de las todavía existentes empresas públicas rentables de propiedad estatal.

Todo listo para la Gran Manifestación Laboral en defensa de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal

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• Fuera manos de Alvarado de las municipalidades

Un fuerte conglomerado del personal municipal costarricense se manifestará este martes 23, exigiendo que el gobierno de Carlos Alvarado Quesada saque sus manos de las municipalidades.

Los y las manifestantes, procedentes de las municipalidades metropolitanas y de zonas rurales, se juntarán, a partir de las 9 a. m., en el parque La Merced, en San José (centro), para desfilar, de manera pacífica, hacia la horrible sede de la Asamblea Legislativa.

Nunca antes un gobierno había intentado tanto, de manera insistente pero torpe y peligrosamente, acabar con la autonomía constitucional del régimen municipal, como lo ha hecho la administración de Carlos Alvarado Quesada.

De manera más que lamentable, en el ataque anti-municipal, han participado los partidos del co-gobierno con el PAC, Liberación, Unidad, Restauración y Nueva República.

El proyecto Ley Marco de Empleo Publica, expediente legislativo 21.336, representa el más grave intento por acabar con la autonomía constitucional de las municipalidades desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949.

El clamor cívico-obrero e institucional en la práctica totalidad de los gobiernos locales del país es fuertemente abrumador: las municipalidades debe ser excluidas de la pretendida e inconstitucional Ley Marco de Empleo Público.

Se espera la presencia activa de grandes delegaciones de, al menos, 60 municipalidades del país; mostrándose así lo que podría ser la más grande muestra de la cultura socopolítica del municipalísmo costarricense de toda su historia.

ANEP invita a organizaciones amigas y a ciudadanía patriótica a solidarizarse con la defensa de los valores democráticos de la Constitución de 1949 que representa la manifestación de las municipalidades este martes 23 de marzo.

Albino Vargas Barrantes
Wálter Quesada Fernández
ANEP