Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa con la tramitación del Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949. Se trata de una agresión de carácter ideológico a la institucionalidad fundamental de los postulados fundacionales de lo que la historia oficial registra como la Segunda República.

Por una parte, tenemos que las personas diputadas conformantes de la Asamblea Constituyente que, en 1949, promulgaron la actual Carta Magna de la República, decidieron que no debería Costa Rica seguir teniendo un Estado central, vertical-autoritario, con una figura presidencial todopoderosa.

Se optó por distribuir el poder público, mismo que hasta la llegada del doloroso conflicto-guerra civil de 1948, tenía el control total “de vidas y haciendas”, hasta el conteo de votos de las elecciones presidenciales. Tal estado centralista, verticalista-autoritario, tiene mucho que ver con la voladera de balazos entre compatriotas, ocurrida en ese año 1948.

Por tanto, establecieron que la administración pública del país dispersara su poder y se caracterizara por las autonomías; naciendo las autonomías de las universidades públicas, la de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las propias instituciones autónomas y la del régimen municipal. Tales autonomías se caracterizaron por diversos grados de independencia con relación al poder central del Estado.

Lamentablemente, tales corrientes ideológico-políticas, de un Estado central, todopoderoso, han vuelto a tomar fuerza después de muchos intentos en estos años de lucha cívico-popular en defensa del Estado Social de Derecho. Esta denominación, Estado Social de Derecho, es el concepto filosófico, político y jurídico para calificar la institucionalidad republicana que nació el 7 de noviembre de 1949, cuando se promulgó, repetimos, la Constitución Política todavía vigente.

Con el proyecto Ley Marco de Empleo Público, están impulsando este Golpe de Estado parlamentario al carácter del Estado que quedó plasmado en la Constitución Política de 1949.

Por otra parte, con la Ley Marco de Empleo Público se ataca el corazón del sistema democrático reconocido universalmente: la separación de poderes. “Según Montesquieu, que es quien plasma con claridad por primera vez la separación de poderes, el reparto del poder del estado es necesario para evitar la acumulación en una sola mano que pueda ejercerlo de manera despótica. Para ello, debe dividirse en tres partes, cada una con una misión específica y diferente, que supongan un equilibrio y contrapesen la actuación de las demás”. Así consignado en su obra máxima El espíritu de las leyes. (https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/el-origen-y-la-evolucion-de-la-separacion-de-poderes).

Tal equilibrio y contrapeso entre los tres poderes supremos del Estado (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), es vulnerado, de manera peligrosa, en el proyecto Ley Marco de Empleo Público; puesto que será uno de ellos, el Ejecutivo, el que tenga el poder sobre los otros dos, el Legislativo y el Judicial, en todo el ámbito de las políticas de gestión de los recursos humanos, integralmente conceptuada, teniendo implicaciones profundas que contaminarán los procesos administrativo-financieros de esos dos poderes que, de un modo u otro, pasarán a sufrir un control ejecutivo desde la Casa Presidencial de turno (Poder Ejecutivo: Ministerio de Planificación y Política Económica -Mideplan- y Dirección General de Servicio Civil).

Este Golpe de Estado parlamentario, actualmente en desarrollo en el propio seno del primer poder de la República, el Legislativo, tiene mucho que ver con la acción política de gran agresividad que se ejecuta en el país en contra del bien común y en contra de la inclusión económica y social, por parte de las fuerzas del gran capital.

Éste se ha empoderado demasiado luego de la estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada y la traición del Partido Acción Ciudadana (PAC) a sus postulados fundamentales fundacionales: enfrentar al neoliberalismo en la política pública, especialmente; e imponer la ética y la transparencia en la función pública atacando sin piedad a la corrupción. Hacia el término del segundo gobierno PAC, es contundente el juicio ciudadano de que se entregó al neoliberalismo y de que terminó coludido con la corrupción como sucedió con el PLN y con el PUSC.

La campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica desplegada en los últimos años en contra del empleo público, creó el escenario “ideal” que posibilita el trámite parlamentario del actual proyecto Ley Marco de Empleo Público; notándose un comportamiento legislativo de rebaño en la mayoría de las actuales personas diputadas que, con gran desconocimiento de la historia Patria, mocionan y votan según un titular de periódico.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General  (ANEP)

Durante cada hora de cada uno de los 365 días del pasado año 2020, los intereses de la deuda pública del país, obligaron al Gobierno Central-Ministerio de Hacienda, a erogar la gigantesca cantidad de 195 millones de colones cada 60 minutos. El impacto negativo en los más diversos programas gubernamentales del Estado central, especialmente los más sensibles como Seguridad, Educación y Salud, tiene ya manifestaciones claras.

La línea ideológica principal de la clase plutocrática gobernante es, primero que todo, pagar intereses de la deuda. Todo lo demás es secundario; incluyendo las necesidades más apremiantes de las personas ya excluidas o en proceso de serlo, de la exitosa integración social y económica que el país tuvo antes de que el fundamentalismo fiscalista de corte neoliberal empezara a envenenar las acciones de política pública basadas en la búsqueda y en la promoción del bien común.

Para este año 2021, el año del Bicentenario, el pago por hora de intereses de la deuda pública es de 230 millones de colones por hora; calculados con base en que esa erogación representará 5.6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); y que cada punto porcentual del PIB representó, en el 2020, una cantidad de 359.800.000.000 millones de colones, según dato que nos proporcionara el doctor en Economía, don Luis Paulino Vargas Solís, prestigioso académico de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Se dio a conocer en pasadas horas que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le otorgó a Costa Rica un nuevo préstamo, por la cantidad 1.778 millones de dólares, lo cual implica dos cosas: crecerá la deuda pública del país y crecerá la carga de intereses de la misma. Por cierto, siempre estuvimos convencidos de que tal préstamo no era necesario, que acudir al FMI no se necesitaba. Connotadas personalidades también lo estuvieron planteando.

Debemos hacer un esfuerzo para comprender qué persigue la clase plutocrática gobernante y sus personajes operadores políticos instalados en la Casa Presidencial y en la Asamblea Legislativa, con esta carrera loca en estar propiciando más endeudamiento público.

Lo primero que tenemos que tener presente es que este asunto de la deuda pública, del brutal pago de intereses que la misma exige, ahora a razón de 230 millones de colones cada 24 horas, es un gran negocio en el seno de los sectores oligárquico-financieros de la plutocracia gobernante. Las operaciones de bolsa, mediando firmas de valores y bufetes “selectos”, dejan jugosísimas ganancias para pequeños grupos de poder con conexiones políticas al más alto nivel.

Por tanto, no hay interés objetivo alguno en que el problema fiscal del país se arregle; por el contrario, lo que se busca es que el mismo esté dentro de parámetros controlables para evitar que a esos sectores oligárquico-financieros se le salga de control. Garantizar esto, es tener la seguridad de que el flujo de recursos a esos sectores pudientes se mantenga y se acreciente.

Lo segundo que tenemos que tener en mente es que, de conformidad con la ideología de la clase plutocrática gobernante, esa que podemos resumir en la frase-concepto todo mercado-nada Estado, no es concebible que todavía existan como propiedad pública una serie de instituciones estatales que generan altas rentas. Hablamos del ICE, del INS, de AyA, de los bancos públicos (de Costa Rica y Nacional, especialmente), de Correos, de FANAL, de Recope y, por supuesto, de la Caja.

Según la Contraloría General de la República (CGR), cuya jerarquía política máxima trabaja, de manera ideológica, al servicio de la clase plutocrática gobernante, varias de estas empresas públicas generaron, de manera conjunta, al 30 de octubre recién pasado, un superávit de 7 mil millones de dólares; suma está más que apetecida por esos sectores plutocráticos, hoy en el control total de la hegemonía política de la institucionalidad funcional de la República.

Así las cosas, no es nada descabellado pensar que existe una articulación ideológicamente diseñada, materializada en una estrategia política operativizada mediando el control de los poderes formal del Estado (especialmente, el Ejecutivo y el Legislativo), e impulsada a través de la intensa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del sector Público (a partir del tema del empleo público); para llevar al país al borde de una deuda pública imposible de pagar y de una amortización de intereses más que explosiva de las debilitadas finanzas públicas del Estado central, a fin de decirle a la ciudadanía que la única forma de evitar el “cataclismo apocalíptico del fin de los tiempos”, es vender los activos del Estado, básicamente los que acabamos de mencionar.

Esta articulación ideológicamente diseñada incluye, por supuesto, no hacer nada en materia de evasión y de elusión fiscal-tributaria; como tampoco, en no hacer nada en el campo de las exenciones-exoneraciones empresariales abusivas. Todo esto junto, anda por el orden de los 14 puntos PIB. Si tan sólo se intentara recuperar la mitad; o tan sólo un tercio, otro gallo cantaría en el ámbito de las alicaídas finanzas públicas del Estado central. La conspiración de la plutocracia gobernante está en pleno desarrollo.